Informador Redacción / HJ
La asamblea en Ayotitlán. Habrá una segunda reunión para analizar la idea de crear una policía comunitaria. ESPECIAL
- Autoridades locales aceptan solicitar vigilancia militar en la zona
“Estamos sufriendo y viendo un tiempo difícil,
crítico, la verdad, cómo le quiero decir, ¡lamentable!”. Tanto, que los
nahuas de la comunidad de Ayotitlán (Cuautitlán de García de Barragán,
Jalisco) piden la presencia urgente de militares que inhiban el saqueo
de hierro y maderas preciosas y la posibilidad de crear su propia
policía comunitaria.
Es verdad que la región de la Sierra de Manantlán ha vivido tiempos
muy violentos, cuenta don Gaudencio Mancilla, líder nahua del Consejo de
Mayores, “pero no’ bíamos sufrido eso de que se llevaran a nuestra
gente”.
Don Gaudencio se refiere a la reciente desaparición del activista Celedonio Monroy, el pasado 23 de agosto —quien días antes había tratado de frenar la tala ilegal de madera rosamorada—, y de su hermano Agustín Mancilla Partida, hace casi cinco meses, hechos que motivaron la visita de los diputados locales Clemente Castañeda y Jaime Díaz; del alcalde de Cuautitlán de García de Barragán, Pedro Sánchez; e integrantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco y de la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas (UACI) de la Universidad de Guadalajara.
A la reunión, que se realizó esta semana en la comunidad de Ayotitlán y con resguardo de policías estatales y municipales, asistió la esposa de Celedonio Monroy, Blanca Estela González.
“Anteriormente llegaron madereros, robándose madera y saqueando, preguntábamos que qué permiso tenían del ejido, porque aquí todo se autoriza en Asamblea (la máxima autoridad de la comunidad) y no había ninguna autorización. Por ahí se vino el problema, recibimos amenazas y nosotros también estábamos en la lista. Les pedimos que se busque a Celedonio, no decimos que por ‘ai’ venga el hilo, a lo mejor es política, a lo mejor otra cosa, pero queremos saber dónde está y quiénes y cuántos se lo llevaron”, arrancó Gaudencio con la primera exigencia, que aparecía en el orden del día —en una cartulina verde— como la más importante, seguida del juicio agrario, la amenaza de la minería y la tala ilegal, la Comisión Estatal Indígena y la legislación indígena.
Entonces habló Blanca Estela. A su casa entró gente encapuchada, “prepotente”, agarraron a su esposo, lo golpearon, “a mí me encañonaron”. Y se lo llevaron… Y ahí empezó el suplicio que miles de familias sufren en este país: el de buscar a sus desaparecidos.
Empezó por la policía municipal. Por la estatal. Con los militares. En el Semefo. En otro municipio. En otro estado. Y nada. Se pensaron hasta brigadas comunitarias para buscarlo, “porque las autoridades nos han negado todo el apoyo, no lo quieren buscar; les pido que lo traten como gente, él no es un animal…”.
La mujer, con un crucifijo de madera en el pecho, aclaró que no busca culpables, que ella sólo quiere encontrar a Celedonio, a quien conoció en Colima, donde él estudió Ciencias Políticas con la idea de regresar a su comunidad.
Luego se levantó Miguel Monroy, se recargó en la pared donde hay una foto de los que refundaron en los años noventa la figura del Consejo de Mayores, con don Zeferino a la cabeza (quien antes de fallecer dejó el encargo de resolver el problema agrario a don Gaudencio Mancilla), y leyó un poco de la historia de Celedonio. De ahí en adelante salieron testimonios de las camionetas “raras” por la zona, especialmente por la casa de donde se llevaron a don Celedonio, de “corretizas” que les han dado, de atentados al comisariado de Bienes Comunales, de la desconfianza en los policías municipales y de que “hay el rumor” de que por ahí hay autoridades que saben quién se llevó a don Celedonio Monroy…
Don Gaudencio luego habló de que de sus tierras se han llevado mineral hasta en burro (este diario publicó el 24 de noviembre el problema de minería ilegal en la región) y que últimamente ya le entró gente armada al saqueo de maderas preciosas (un problema que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ha detectado en Nayarit y Jalisco, pero que ha frenado gracias al decomiso de este producto en el puerto de Manzanillo, con destino a China).
Por todo el contexto de impunidad y de incremento del espiral de violencia, los nahuas creen que es urgente la presencia de militares y, por qué no, de crear una policía comunitaria, como la que existe en Guerrero desde los años noventa. Las autoridades municipales dijeron sí a la presencia militar y, al segundo punto, pidieron una reunión para analizarlo con detalle. Don Gaudencio coincidió: “Es un tema a analizar, porque no es así a lo loco”.
Los diputados acordaron regresar. El alcalde de Cuautitlán de García de Barragán, Pedro Sánchez, se comprometió a brindar apoyo a la familia de Celedonio.
Gaudencio, antes de terminar la reunión, insistió en que la policía comunitaria es urgente, “por que qué tal que luego ya no esté…”.
—No diga eso, no diga eso, Gaudencio—, dijo Blanca Estela, la esposa de Celedonio Monroy.
FRASE
“Yo lo quise convencer de que se fuera a trabajar a Colima, allá le ofrecían trabajo, pero no, él siempre terco que quería regresar a la sierra para trabajar con su gente. ¿Y para qué? ¿Para que ahora me lo quiten? Por eso les pido: ayúdenme a buscarlo…“
Blanca Estela González, esposa de Celedonio Monroy.
Don Gaudencio se refiere a la reciente desaparición del activista Celedonio Monroy, el pasado 23 de agosto —quien días antes había tratado de frenar la tala ilegal de madera rosamorada—, y de su hermano Agustín Mancilla Partida, hace casi cinco meses, hechos que motivaron la visita de los diputados locales Clemente Castañeda y Jaime Díaz; del alcalde de Cuautitlán de García de Barragán, Pedro Sánchez; e integrantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco y de la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas (UACI) de la Universidad de Guadalajara.
A la reunión, que se realizó esta semana en la comunidad de Ayotitlán y con resguardo de policías estatales y municipales, asistió la esposa de Celedonio Monroy, Blanca Estela González.
“Anteriormente llegaron madereros, robándose madera y saqueando, preguntábamos que qué permiso tenían del ejido, porque aquí todo se autoriza en Asamblea (la máxima autoridad de la comunidad) y no había ninguna autorización. Por ahí se vino el problema, recibimos amenazas y nosotros también estábamos en la lista. Les pedimos que se busque a Celedonio, no decimos que por ‘ai’ venga el hilo, a lo mejor es política, a lo mejor otra cosa, pero queremos saber dónde está y quiénes y cuántos se lo llevaron”, arrancó Gaudencio con la primera exigencia, que aparecía en el orden del día —en una cartulina verde— como la más importante, seguida del juicio agrario, la amenaza de la minería y la tala ilegal, la Comisión Estatal Indígena y la legislación indígena.
Entonces habló Blanca Estela. A su casa entró gente encapuchada, “prepotente”, agarraron a su esposo, lo golpearon, “a mí me encañonaron”. Y se lo llevaron… Y ahí empezó el suplicio que miles de familias sufren en este país: el de buscar a sus desaparecidos.
Empezó por la policía municipal. Por la estatal. Con los militares. En el Semefo. En otro municipio. En otro estado. Y nada. Se pensaron hasta brigadas comunitarias para buscarlo, “porque las autoridades nos han negado todo el apoyo, no lo quieren buscar; les pido que lo traten como gente, él no es un animal…”.
La mujer, con un crucifijo de madera en el pecho, aclaró que no busca culpables, que ella sólo quiere encontrar a Celedonio, a quien conoció en Colima, donde él estudió Ciencias Políticas con la idea de regresar a su comunidad.
Luego se levantó Miguel Monroy, se recargó en la pared donde hay una foto de los que refundaron en los años noventa la figura del Consejo de Mayores, con don Zeferino a la cabeza (quien antes de fallecer dejó el encargo de resolver el problema agrario a don Gaudencio Mancilla), y leyó un poco de la historia de Celedonio. De ahí en adelante salieron testimonios de las camionetas “raras” por la zona, especialmente por la casa de donde se llevaron a don Celedonio, de “corretizas” que les han dado, de atentados al comisariado de Bienes Comunales, de la desconfianza en los policías municipales y de que “hay el rumor” de que por ahí hay autoridades que saben quién se llevó a don Celedonio Monroy…
Don Gaudencio luego habló de que de sus tierras se han llevado mineral hasta en burro (este diario publicó el 24 de noviembre el problema de minería ilegal en la región) y que últimamente ya le entró gente armada al saqueo de maderas preciosas (un problema que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ha detectado en Nayarit y Jalisco, pero que ha frenado gracias al decomiso de este producto en el puerto de Manzanillo, con destino a China).
Por todo el contexto de impunidad y de incremento del espiral de violencia, los nahuas creen que es urgente la presencia de militares y, por qué no, de crear una policía comunitaria, como la que existe en Guerrero desde los años noventa. Las autoridades municipales dijeron sí a la presencia militar y, al segundo punto, pidieron una reunión para analizarlo con detalle. Don Gaudencio coincidió: “Es un tema a analizar, porque no es así a lo loco”.
Los diputados acordaron regresar. El alcalde de Cuautitlán de García de Barragán, Pedro Sánchez, se comprometió a brindar apoyo a la familia de Celedonio.
Gaudencio, antes de terminar la reunión, insistió en que la policía comunitaria es urgente, “por que qué tal que luego ya no esté…”.
—No diga eso, no diga eso, Gaudencio—, dijo Blanca Estela, la esposa de Celedonio Monroy.
FRASE
“Yo lo quise convencer de que se fuera a trabajar a Colima, allá le ofrecían trabajo, pero no, él siempre terco que quería regresar a la sierra para trabajar con su gente. ¿Y para qué? ¿Para que ahora me lo quiten? Por eso les pido: ayúdenme a buscarlo…“
Blanca Estela González, esposa de Celedonio Monroy.
