Agustín del Castillo/Milenio
Las hidroeléctricas y las termoeléctricas destruyen ecosistemas y
desplazan poblaciones. El potencial de la energía solar es generar 50
veces la demanda nacional.
El costo ambiental y financiero de
mantener el crecimiento energético ligado al petróleo y a las
hidroeléctricas, que minimiza el enorme potencial del país en “energías
renovables” —solar, eólica— es descomunal.
Por ejemplo, la presa hidroeléctrica La
Yesca o Alfredo Elías Ayub, inaugurada el pasado 6 de noviembre por el
presidente Felipe Calderón Hinojosa, representa el triple de costo de un
proyecto de generación solar de similares dimensiones y potencial, y su
impacto social y a la naturaleza es permanente, señalaron ayer el
director del Centro Mexicano de Energías Renovables (Cemer), Víctor Hugo
Rangel Hernández, y el promotor del proyecto fotovoltaico de Copala, en
Zapopan, Genaro Martínez Delgadillo.
“Estamos haciendo un mal uso de nuestros
recursos naturales; lo estamos viendo ya con el petróleo, tenemos otras
fuentes de energía como pueden ser la solar y la eólica, o la energía de
la biomasa; es el momento de hacer uso de ellas; Alemania está
invirtiendo muchísimo aunque no tenga la exposición solar de nosotros”,
destacó Rangel Hernández.
Es en buena medida por el peso de los intereses políticos y económicos ligados a la construcción de megaobras, admitió.
El caso de La Yesca es ilustrativo.
“Según los datos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), generará
75 megawatts por hora, pero no aludieron a los efectos ambientales de un
río alterado y los sociales, al ser desplazadas las personas de sus
comunidades y que ni siquiera han acabado de entregarles las
indemnizaciones correspondientes”, explicó Martínez Delgadillo.
A los ejidatarios desplazados se les
entregó equipo para generar energía solar de calidad insuficiente, pero
lo grave es que esta megapresa costó unos 15 mil millones de pesos, “el
costo de su equivalencia en dinero para una planta fotovoltaica con
similar producción es de un tercio de lo que costó La Yesca y un quinto
en el tiempo de construcción”, subrayó.
El director del Cemer señaló que es clave invertir en investigación para aprovechar las fuentes alternativas de energía.
—Pareciera que la política energética va por un carril distinto a la preocupación por el cambio climático.
—De hecho, en la nueva agenda,
supuestamente, va a haber cambios, pero al final, las energías
renovables no las quieren tocar totalmente; va a haber cambios para
Pemex, o sea, toda la parte de combustibles y de petróleo, pero no tocan
el tema de las energías renovables, el presupuesto que se le está
metiendo es muy bajo, es ridículo […] una de las razones es que esa
gente dice, ‘tenemos petróleo, de qué nos preocupamos a 25 o 30 años, o
incluso más, con los nuevos descubrimientos’… creo que mientras tengamos
petróleo, la parte política no va a hacer mucho caso de los renovables.
—La CFE construye hidroeléctricas que son
muy caras, con impactos ambientales brutales en algunos casos, y que
está desplazando a mucha gente, ¿no debería ser la CFE uno de los
líderes en el cambio del modelo?
—La CFE está trabajando en algunos
proyectos, pero no apuesta a este tipo de energía; tiene un centro de
investigación, pero yo siento que quiere aparentar, porque seguimos con
las centrales termoeléctricas e hidroeléctricas, que son de un gran
impacto ambiental.
México provee su electricidad de fuentes
fósiles en 74 por ciento, de megapresas (22 por ciento) y geotermia (2
por ciento). El 2 por ciento restante es repartido en fuentes
renovables, aunque el país tiene, en el caso de la energía solar, un
potencial de generar 50 veces la demanda nacional, según la Semarnat.
Hoy, fallo contra megapresas
En el contexto de la preaudiencia:
“Presas, Derechos de los Pueblos e Impunidad”, del capítulo mexicano del
Tribunal Permanente de los Pueblos, esta mañana se presentará el fallo
contra las megaobras El Zapotillo, Arcediano, La Yesca y Las Cruces, de
la región occidental de México, en una conferencia de prensa en el Ex
Convento del Carmen de esta ciudad.
La preaudiencia se desarrolló el 5 y 6 de
noviembre en Temacapulín, comunidad afectada por la construcción de la
presa El Zapotillo. “El objetivo de este evento fue denunciar la
política sistemática de violación a los derechos de los pueblos
campesinos e indígenas de México ante la construcción de presas y su
relación con los tratados de Libre Comercio implementados en el país”,
señalaron los organizadores.