Foro: La intensificación del despojo en Jalisco y México. A 20 años de la reforma al artículo 27 constitucional
17 noviembre, 2012
Guadalajara, México
Resumen de algunos casos recientes en Jalisco
El despojo en doce pueblos de la barranca del río Santiago
Milpillas,
San Lorenzo, Huaxtla, La Soledad, Ixcatán, Paso de Guadalupe, San José,
Los Camachos, Ex hacienda del Lazo, San Isidro, San Esteban-Tateposco y
Copala son algunos de los pueblos en la barranca del río Santiago que
están luchando por evitar el despojo al que están siendo sometidos por
parte del gobierno. Desde hace una década el gobierno y los empresarios
decidieron ubicar varios basureros (tanto municipales como privados) en
esa zona, con lo que “condenaron a muerte” a los ríos y sus alrededores,
llenándolos de contaminantes y provocando la muerte de la flora y fauna
autóctonas. También construyeron granjas de cerdos que generan una gran
cantidad de materiales tóxicos que van a parar a los ríos, por lo que
estos pueblos carecen ya de agua limpia para su consumo o el de sus
animales. A pesar de los numerosos plantones, bloqueos y denuncias, el
gobierno no hace nada por poner remedio a esta situación, por lo que los
pueblos antes mencionados se unieron para luchar juntos contra los
abusos de poder y amenazas que sufren sus pobladores.
La defensa del bosque El Nixticuil contra el despojo
El
Nixticuil es uno de los dos últimos bosques originarios que quedan en
Guadalajara; se extiende por más de 1,800 hectáreas de los cerros del
Nixticuil y la Sierra de San Esteban y es un espacio natural que provee
de agua a varias comunidades. La conquista de territorios como el
Nixticuil se ha convertido en objetivo del capital; espacios como estos
nos están siendo despojados y usados como nuevos medios de acumulación,
para luego ser presentados como nuevas mercancías por los grandes
corporativos inmobiliarios, que las hacen parecer como meros recursos y
elementos decorativos de los espacios urbanos mercantilizados. En el
2005, como respuesta a un intento de construir sobre una parte del
bosque, nació el Comité Salvabosque, un colectivo de varias familias que
desde la cotidianeidad y de forma horizontal emprenden diferentes
acciones para defenderlo de forma comunitaria. Desde entonces han
realizado iniciativas de acción directa y de autodefensa, como el
cuidado y restauración del propio bosque, mediante la agroecología, las
reforestaciones y combatiendo incendios forestales para detener la
urbanización. La difusión y denuncia de la situación mediante la
creación de algunos medios autónomos muy sencillos de información y
comunicación también es parte muy importante de esta lucha. Gracias a
estas movilizaciones han logrado detener algunos proyectos del capital
inmobiliario que han asediado al bosque a través del despojo “legal” que
los poderosos hacen a través de las legislaciones ambientales del
Estado, aunque todavía quedan muchos que siguen amenazando al bosque y a
sus habitantes.
Resistencia del pueblo de Santa Cruz de las Flores, Tlajomulco de Zúñiga
El
municipio de Tlajomulco ha pasado a ser una de las orillas de la ciudad
de Guadalajara, bajo el dominio del mercado inmobiliario especulativo
global/local; es uno de los municipios que ha registrado un mayor índice
de crecimiento en pocos años, al margen de un esquema de ordenamiento y
de formación de un tejido urbano. Pese a tener este municipio desde el
año 2009 un Plan de Ordenamiento Ecológico y Territorial, se observa la
omisión de medidas de protección del ambiente y de los recursos
naturales de este entorno metropolitano. Los cambios en los usos del
suelo, como en el caso del pueblo de Santa Cruz de las Flores, se han
llevado a cabo, generalmente, a espaldas de las personas. Desde la
década de los ochenta estos cambios han ido evolucionando, desde la
explotación de bancos de material geológico, pasando por la instalación
de empresas manufactureras y corredores industriales en los noventa y
2000 hasta la explosión inmobiliaria de crecimiento exponencial en el
periodo del 2001 y 2006. Por este motivo, algunos de los pobladores
decidieron ocupar sus parcelas con la siembra de maíz y regresar al
conocimiento ancestral, y comenzar desde el principio, lo que ahora
llaman producción agroecológica. La alternativa de la agroecología cobra
sentido en el retorno a la antigua relación de nuestros antiguos con la
naturaleza basada en el respeto de los ciclos de regeneración de los
recursos naturales.
Despojo y devastación ambiental en la zona metropolitana de Guadalajara
Cuando
se habla de despojo y destrucción de bienes o recursos naturales se
suele pensar que es algo propio de las zonas rurales. Sin embargo, dada
la situación de las ciudades, se puede afirmar que es justamente en las
ciudades en donde el despojo y la destrucción de los bienes naturales
han tenido y tienen su mayor expresión. En Guadalajara el despojo ha
sido permanente. La intervención del capital ha terminado por
convertirla en otro paradigma de la sociedad del consumo depredador,
víctima del “desarrollo”, la “civilización” y la “modernización”. La
Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) está integrada por ocho
municipios: Guadalajara, Tlaquepaque, Zapopan, Tonalá, El Salto,
Juanacatlán, Tlajomulco de Zúñiga e Ixtlahuacán de los Membrillos y
juntos hacen una extensión territorial de 2,733 kilómetros cuadrados y
una densidad promedio de 1498.1 habitantes por km2. El crecimiento
urbano e industrial de la ZMG se ha hecho sobre tierra ejidal, comunal o
privada, pero altamente productiva de semillas y granos para alimento
humano, y todo para construir casas habitación de mala calidad y grandes
torres con departamentos y pisos de super lujo. Estos procesos han
traído como consecuencia que en esta área metropolitana se registren
serios problemas ambientales que resultan en una intensa modificación y
destrucción de los ecosistemas regionales locales, deforestación y
pérdida de áreas verdes, así como la contaminación del aire y del agua.
Mezcala, en defensa de la tierra, la historia y la cultura
La
estratégica ubicación del pueblo de Mezcala lo hace un lugar atractivo
para los empresarios y su afán por la construcción de complejos
turísticos. Sin embargo, sus habitantes, acostumbrados a la tierra
comunal y a la lucha, no pretenden vender sus territorios ni permitir la
invasión. En la actualidad ya están en lucha contra un “invasor” que se
hizo con dos hectáreas sin que lo avale ningún documento de la
comunidad que le dé derecho a ocupar esas tierras. También se enfrentan
al despojo cultural e histórico que pretende el INAH, que quiere
modificar la historia de la isla de Mezcala, ejemplo de resistencia del
pueblo coca contra la invasión española. Ya hubo un intento de
privatización, que la población logró detener. Para que toda su lucha
tenga efecto, han ido por la vía legal, aunque saben que su fortaleza
radica en su organización y en la conservación de su cultura y
costumbres.
Los aguacateros y negocios de invernaderos en Tuxpan y el sur
El
cultivo de aguacate en la comunidad de Tuxpan y el sur de Jalisco daña
la tierra con pesticidas, escasea el agua de los mantos freáticos,
infertiliza las tierras, enferma a los trabajadores por el uso de
pesticidas y se cambia la siembra de maíz por el aguacate. Es esta
agroindustria la que trajeron el Grupo Aguacatero Las Tarascas y el
Grupo Aguacatero Los Volcanes, grupos que para lograr cultivar el
aguacate obligan con amenazas y presión para que los ejidatarios renten
sus tierras hasta por 25 años. En caso de que los ejidatarios se nieguen
a rentar sus tierras se ven invadidos por los grupos aguacateros. El
bajo precio del maíz, el alto costo de los fertilizantes y la falta de
asesoría técnica para evitar las grandes plagas, también representan
causas importantes por las que los ejidatarios se ven obligados a rentar
sus tierras a los aguacateros. Entonces, los ejidatarios se ven
amenazados, o en efecto terminan por ser contratados para trabajar sus
propias tierras a 120 pesos diarios, exponiéndose a enfermedades por el
uso intensivo de pesticidas. Paradise Services SA de CV; Driscolls
Services SA de CV, Naturipe Farms Services entre otros productores de
invernadero son otra amenaza para la comunidad de Tuxpan y los pueblos
del sur de Jalisco. Son estas empresas las que bombardean las nubes para
regular la lluvia, contaminan la tierra con pesticidas. Un muchacho del
Santiago, municipio de Tecaltitlán murió de cáncer, llevaba diez años
trabajando como fumigador. Las condiciones laborales que defienden estas
empresas van desde las enfermedades por exposición prolongada a
pesticidas, bajos salarios y horas extra mal pagadas hasta el
hostigamiento laboral al que se resiste a trabajar horas extras y que la
empresa decida cuándo se come y cuando no, sin existir un horario fijo.
El Salto: las empresas despojaron del río a los pueblos
“Los
señores feudales muertos reencarnaron en nuestros pueblos como
hacendados aplastadores, como industriales despojadores de los medios de
subsistencia.”
Un Salto de Vida
Los
pueblos tienen su propia historia, como es el caso de El Salto,
asentado en las márgenes del Santiago. Río, que con paciencia milenaria
trazó su cauce, creó paisajes de inigualable belleza, se desarrollaron
en su lecho, especies endémicas que algunos tuvieron la extraordinaria
suerte de conocer. El Río, fue camino, casa, alimento, diversión,
patria, frontera, y asombro. En 1853, terratenientes construyen la presa
Corona de donde surge el tajo de Atequiza, luego sería el canal que
ahora conocemos y abastece de agua a la ciudad de Guadalajara. Cuando
llegó la presa y los tajos de Zapotlanejo y Atequiza, le comenzaron a
faltar cosas al río, se fue vaciando. De 1866 a 1896, en el Río Santiago
particularmente en El Salto de Juanacatlán se dio uno de lo más
importantes períodos de colonización industrial que culminaría con la
instalación de la textilera “Compañía Industrial Manufacturera” en 1896.
Sesenta y ocho años pasaron desde entonces hasta que Cianamyd se
instaló en Atequiza produciendo suturas, cianuros, antibióticos. La
llegada de Cianamyd marca el inicio de un segundo período que va desde
1958 hasta la década de los 70′s cuando nace el Parque Industrial
Guadalajara, con cientos de industrias como Euzkadi, IBM, Holland
Chemical, acereras y otros. El Río Santiago se convierte en un afluente
BLA para ser contaminado y devastado por las empresas chicas y grandes
que se llegaron a instalar, a tal grado que, en la década de los 90′s se
instalaron alrededor de 400 empresas. Hoy en día, muchas de estas
empresas han desaparecido, otras se han mudado y otras cambiaron su
razón social pero todas ellas han dejado y dejan ahora un río muerto
para los pueblos.
La guerra por despojo en la costa
En
la costa de Jalisco hay cinco municipios: Puerto Vallarta, Cabo
Corrientes, Tomatlán, La Huerta y Cihuatlán. En todos ellos existen
actualmente conflictos por la posesión de la tierra, debido a que los
negocios capitalistas pretenden quedarse con las mejores playas y
terrenos del lugar, y no dudan en emplear a las fuerzas del Estado para
reprimir y criminalizar a sus habitantes. Muchas veces, estos procesos
de despojo son impulsados incluso por el propio gobierno, sea local,
municipal, estatal, etc., a quienes interesa promover los proyectos de
infraestructura que ellos mismos impulsan. En la mayoría de los casos,
utilizan la fuerza represiva para desalojar sin motivo a los habitantes
de las localidades costeras, muy común últimamente por todo el país,
pero cada vez más frecuente en los casos de despojos de tierras. Este
proceso de despojo que se está llevando a cabo en la costa jalisciense
ha provocado que el 82 por ciento de sus playas estén privatizadas. El
caso de la Huerta es de los más graves, pues de 36 playas que tiene el
municipio, únicamente tres están abiertas al público. El proceso de
despojo en la costa de Jalisco, intensificado en los últimos quince años
ha ido acompañado de presión y hostigamiento en contra de los
habitantes de las playas y territorios codiciados por los empresarios
turísticos, inmobiliarios, mineros o de la delincuencia organizada.
Detrás de cada playa o territorio despojada, hay casos de demandas
legales, encarcelamientos, que llegan incluso al destierro, la
desaparición (como el caso de los compañeros de Cruz de Loreto José de
Jesús Romero Quintero, Jorge Ruiz López y Rafael Espinosa Díaz,
desaparecidos el 24 de marzo de 2011) y el asesinato (como en el caso de
Aureliano Sánchez Ruiz, líder de las cooperativas pesqueras de la Costa
Sur de Jalisco, el 13 de julio de 2011).
El despojo en la comunidad indígena nahua de Ayotitlán.
“Y
sabíamos lo que dicen, que todo eso puede ser ilegal, pero como la
gente requiere y siempre han dicho que el Consejo (de Mayores) es el que
no quiere el desarrollo. Y yo les digo a la gente: yo no veo que es
desarrollo. Para mí acabar con la naturaleza, acabar con la tierra,
acabar con el bosque, acabar con el agua… yo no veo desarrollo, yo eso
veo un despojo.”
Trabajadores del INAH: “No hay historia sin sujeto, ni cultura sin sujeto”.
“La
cultura y la historia se hacen desde la cotidianidad y la comunidad.
Así, la defensa del territorio y la cultura no es más que una forma de
hacer historia hoy [...]
Así,
entendemos que la defensa de estos bienes nacionales implica, en la
situación actual, la lucha contra el despojo del territorio y la
cultura, pues no se pueden entender separadas, a menos que desconozcamos
a los sujetos que las producen y a los que las han resguardado durante
siglos.” El despojo generalizado y la privatización del patrimonio han
llevado al gobierno federal a buscar maniatar a los investigadores del
INAH y así, contrarrestar el cumplimiento de las funciones que marca la
Ley Orgánica del INAH; cuidar que no se destruyan los bienes nacionales.
La resistencia que los trabajadores están dando en el INAH Jalisco es
detener e inhibir las políticas estatales de privatización del
patrimonio histórico, es al mismo tiempo, inhibir y desarticular las
condiciones de flexibilización laboral y despojo de su trabajo que se
han impuesto en los últimos años. La materia del trabajo en el INAH
implica la realidad que producen los sujetos en sus formas patrimoniales
e históricas. Es así que los trabajadores del instituto tienen la
necesidad de una conciencia histórica y política sobre el sujeto creador
de cultura, el producto de su trabajo no son artefactos cosificados.
“No hay historia sin sujeto, ni cultura sin sujeto” (Sandoval, 2012).
Por otro lado, el despojo del territorio no solo implica a las zonas
rurales pues las urbes también se encuentran dentro de este panorama.
Las prioridades de quienes ejecutan la guerra del despojo, están
decididas por los intereses trasnacionales que golpean a los pequeños y
medianos comerciantes, al centro histórico y otros, con la construcción
de grandes plazas comerciales y otras edificaciones (fraccionamientos,
centros comerciales, infraestructura, industrias, etc.) que deforman a
la ciudad, afectando la calidad de vida de los habitantes.
Temacapulín defiende su territorio contra la presa El Zapotillo
Las
comunidades de Temacapulín, Palmarejo y Acasico se localizan en la
región denominada los Altos de Jalisco, a 132 kilómetros al noreste de
Guadalajara. En estas tres comunidades viven alrededor de 1,500 personas
que son afectados directos, y cerca de 15,000 afectados indirectos de
los pueblos que habitan aguas abajo. Además de los más de 3,500
migrantes o hijos ausentes, que actualmente residen en grandes ciudades
de Estados Unidos y México, pero cuyo domicilio permanente es en esos
poblados a donde regresan con mucha frecuencia, envían divisas y
recursos y tienen la voluntad de regresar. El Proyecto Presa El
Zapotillo es impulsado por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y los
gobiernos de los estados de Jalisco y Guanajuato, para abastecer de
agua potable a la ciudad de León, en Guanajuato, la ciudad de
Guadalajara y la región de los Altos en el estado de Jalisco. La presa
comenzó a construirse, de manera ilegal, en 2009 por la empresa española
FCC Construcción, La Peninsular Constructora y Grupo Hermes. Los
habitantes de la zona; campesinos y pescadores, dependen de la
agricultura, la pesca y la ganadería a pequeña escala, el comercio local
y de las remesas que son enviadas por los hijos ausentes. El río Verde
es un afluente que todo el año tiene agua y donde los pobladores solían
pescar, pero ahora con el río contaminado, la pesca ha disminuido, sin
embargo, el río sigue siendo parte de la vida de los pequeños
propietarios y pobladores de estas tierras, quienes también usan el río
para riego, para consumo humano y para la cría de animales. Si la presa
El Zapotillo sigue adelante, cientos de personas perderán sus hogares,
su sustento, su historia, su tranquilidad y sus vidas. Se inundarían los
pueblos de Temacapulín, Acasico y Palmarejo y las tierras que los
campesinos necesitan para sobrevivir, comunidades que han habitado
durante siglos por lo que guardan un profundo vínculo espiritual con
ellas. La obra, impulsada por la Comisión Nacional del Agua, ha sido
concesionada a empresas mexicanas y trasnacionales, violando leyes y
derechos fundamentales como son el derecho a la vivienda, a la
alimentación, al desarrollo, al medio ambiente sano, a la seguridad
jurídica, a la propiedad, sin que se haya consultado e informado
debidamente a los afectados. La lucha ha emprendido diversas acciones
jurídicas, desde juicios de amparo, denuncias penales, quejas,
controversias constitucionales, periciales, etc. Sin embargo los
gobiernos estatales y nacionales han hecho caso omiso, incluso a las
recomendaciones internacionales.
Juanacatlán, destrucción del bosque e invasión del Macrolibramiento
En
Juanacatlán la propiedad de la tierra es principalmente ejidal y los
caciques agrarios han controlado política y económicamente al municipio.
En mayo de 1988, Aurelio Franco Torres como presidente del Ejido
Juanacatlán y candidato a presidente municipal por el PRI, inició la
destrucción del bosque El Papantón al fraccionar y repartir las aéreas
comunales del ejido. Provocó el incendio más devastador de la zona que
tenemos noticia y desató la fiebre del cultivo del agave y la
compra-venta de terrenos ejidales; iniciándose la desaparición de los
robles, especies de fauna silvestre, el acaparamiento y concentración de
la tierra en unas cuantas personas. La urbanización suicida de la zona
metropolitana de Guadalajara traspasó el Rio Santiago, en la última
década el pulpo inmobiliario tocó el territorio de Juanacatlán, sus
tentáculos ya están presentes en algunos fraccionamientos y amenazan con
ocupar todo su territorio, cambiando los cultivos de maíz y trigo por
casas infrahumanas. Con el Macrolibramiento de Guadalajara que
actualmente se está construyendo, nuevamente le parten la M… a
Juanacatlán. Engañan a los ejidatarios con la falsa idea del progreso,
les pagan sus parcelas a precios miserables; a cambio dan facilidades a
empresas transnacionales para transportar y comercializar sus productos,
sin importarles que la autopista de cuota, aísle y devalúe parte
importante de los ejidos.
Apuntes para una radiografía sobre el despojo en Amacueca
A
partir de la última orden de repartición de tierra a campesinos en
México, iniciada en 1992 bajo la presidencia de Carlos Salinas de
Gortari; muchos grupos organizados recibieron tierra a lo largo del
país, y a través de la personalidad jurídica de la Unión Campesina
Democrática (UCD). Uno de tantos grupos atendidos por la UCD para la
repartición en el estado de Jalisco, fue el Grupo Campesino de
Chiquilistlán, quien recibiera en 1997, la sesión del predio “La Loma” o
“Lomas del Batán” en Amacueca, Jalisco; después que los ejidatarios del
mismo lugar rechazaran este predio por considerarlo de baja calidad
pues es tierra montosa. En el proceso de entrega y regularización del
predio a los campesinos de Chiquilistlán, quien facilitaría la
escrituración y había sido testigo de la entrega del predio, sería el
representante legal de Demetrio y María Torres quien en ese momento eran
propietarios del predio: Jorge Vera Luna. Transcurridos 5 años y ante
el desconocimiento de los campesinos del proceso jurídico, la confianza
depositada en el abogado y la posesión física de ellos en la tierra, su
trabajo al sembrarla, cosecharla, criar ganado, construir pequeñas casas
y la formación de algunas familias; Jorge Vera luna, se presenta ante
los campesinos con una escritura de propiedad a su nombre y al de sus
esposa Leonor, comenzando así el intento de despojo a los/as campesinos
de la tierra que somos legítimos dueños. Así luchamos primero, como
Grupo Campesino de Chiquilistlán y ahora como la Unión Campesina
Zapatista del Sur (UCaZS)
Pueblo wixárika, historia de resistencia frente al despojo
Las
comunidades wixárika, por su parte, han padecido la intensificación del
despojo de sus tierras de parte de pequeños propietarios, ganaderos,
taladores ilegales e incluso de proyectos del propio gobierno como son
proyectos de electrificación, carreteros o turísticos ordenados por los
gobiernos, sin el consentimiento de las comunidades wixárika. Una
comisión de dirigentes wixaritaris se reunieron en 1994 con el
gobernador Carlos Rivera Aceves para que resolviera la invasión de más
de 30 mil hectáreas en sus territorios por parte de ganaderos y
madereros de Nayarit y Colima. Le dieron de plazo un año para que
resolviera sus problemas, o de otro modo se levantarían en armas: 18
años después los wixaritaris siguen esperando la respuesta. En cambio,
lo que sí ha llegado son presiones y más despojos. Por esa razón
indígenas huicholes y tepehuanos de Durango anunciaron alianzas para
defender sus tierras en marzo de 2003; y en junio del mismo años
llevaron a cabo un plantón en la sierra en defensa de su madera. En 2010
la comunidad wixárika de Tuapurie denunció ante el representante en
México de la Alta Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), Javier Hernández Valencia, que en 2008
padecieron la “imposición del ilegal tramo carretero
Amatitán-Bolaños-Huejuquilla, con un largo expediente de actos
delictivos perpetuados por instancias de gobierno, donde el acoso,
persecución, presiones, falsificaciones de una presunta acta de asamblea
en la que la comunidad daba su anuencia y una represión diversificada,
ha sido la constante del conflicto. Además de la destrucción del lugar
sagrado conocido como Paso del Oso, que quedó sepultado bajo toneladas
de tierra”. Wixaritari de Santa Catarina y San Andrés Cohamiata
denunciaron que el 15 de abril de 2010, policías de Huejuquilla
dispararon sobre siete indígenas que viajaban e hirieron a dos personas.
En respuesta a esta agresión, alrededor de 250 indígenas huicholes de
la sierra norte de Jalisco tomaron la presidencia municipal de
Huejuquilla el Alto. El agravio más reciente en contra de la comunidad
wixárika por la apertura de una mina en Wirikuta, en Real de Catorce,
San Luis Potosí, que es uno de los cinco sitios sagrados para este
pueblo originario. El gobierno federal de Felipe Calderón Hinojosa
otorgó 22 concesiones sobre 6,326 hectáreas del territorio sagrado,
abriéndole paso a una mina de plata de la multinacional canadiense First
Majestic Silver Corp. Pero la amenaza sobre este sitio sagrado
continúa.
Pueblos de Jalisco en contra del Despojo / Noviembre de 2012
