En Ayotitlán no hay acuerdo para crear la policía comunitaria

 

• Las autoridades buscan evitar surgimiento de grupos de autodefensa; los habitantes insisten en que es necesaria

Ayer se realizó la primera reunión sobre la creación de una policía comunitaria. Foto: Arturo Campos Cedillo.

Darío Pereira/La Jornada Jalisco.- Con posiciones encontradas inició la discusión entre habitantes de la comunidad indígena nahua y autoridades sobre la pertinencia de instaurar una policía comunitaria en localidades de la Sierra de Manantlán, en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, en los límites con Colima.

Desde el secuestro del activista Celedonio Monroy, ocurrido el 23 de octubre en la localidad de Loma Colorada, ejido de Ayotitlán, la comunidad vive angustiada, ya no sólo por el desgaste ecológico del que han sido objeto sus tierras a causa del saqueo ilegal de minerales y madera de la biósfera de la Sierra, sino por su seguridad.

Durante la asamblea del Consejo de Mayores de la Sierra de Manantlán que se celebró el 27 de noviembre del 2012 –en donde participó la comisión legislativa de Asuntos Indígenas, encabezada por el diputado Clemente Castañeda Hoeflich, así como personal de la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas de la Universidad de Guadalajara–, los habitantes de Ayotitlán pidieron el apoyo de las autoridades para crear su propia policía comunitaria.

Con esa petición, la comisión legislativa avaló analizar su creación y la posible presencia del Ejército en los ingresos de Cuautitlán de García Barragán y Minatitlán. Por ello, la tarde de ayer en la Casa de la Cultura de la cabecera municipal, con la participación de representantes del Ejército, la Secretaría de Seguridad Pública, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) y académicos, se llevó a cabo la primera reunión de trabajo para analizar la creación de la policía comunitaria.

En la reunión, Castañeda Hoeflich planteó una propuesta que avala la creación de una fuerza policial comunitaria para funciones primordialmente de vigilancia y que atienda delitos de bajo impacto, a la par de trabajar en un reforzamiento de las fuerzas de seguridad con presencia en la zona.

“La policía comunitaria no sustituiría al resto de las instancias, sólo trabajaría en otro nivel de procuración  y administración de justicia (…) No se está pensando aquí en promover grupos de autodefensa, como ha sucedido en otros puntos del país”, expuso.

Sin embargo, las posturas de los habitantes parecen no entrar en el punto medio propuesto por el Poder Legislativo.

En conjunto con funcionarios municipales, que pidieron no dar por hecho la creación de la policía comunitaria, algunos habitantes de las localidades afectadas insistieron en que la procuración de seguridad recaiga sólo en las fuerzas policiales de los tres niveles de gobierno, además del Ejército.

“Aquí han asesinado hasta policías, ¿qué creen que pase con una policía comunitaria? No es de la competencia de la comunidad meterse a la investigación, es de competencia del gobierno (…)  Si yo mando a un amigo, ¿Para qué? ¿Para mandarlo como carnada?”, expuso uno de ellos.

Sin embargo, ante el reconocimiento de las autoridades de que no ha habido ningún avance en la investigación para dar con el paradero de Monroy, y las denuncias de su esposa, Blanca Estela González, quien confirmó que la presencia de grupos armados sigue siendo una constante en la zona –el pasado domingo se apostaron a la entrada de Loma Colorada–, para otros la creación de esta figura resulta urgente.

Entre ellos se cuenta Gaudencio Mancilla, presidente del Consejo de Mayores de la Sierra de Manantlán, quien insistió en que si no se toman medidas extraordinarias, las consecuencias podrían ser graves.

“Si el presidente (municipal) no cede, porque lo estamos haciendo con gente profesional, con diputados, con el Ejército, y si ellos no ven legal eso… Si se revienta la comunidad, es culpa de ellos, no es culpa de la comunidad, porque la comunidad está viendo por su seguridad, porque de a huevo tiene que defenderse”, aseveró.

La última palabra podría tomarse el 17 de marzo, día en que se acordó, se realizará una consulta entre los ejidatarios de Ayotitlán para definir el siguiente paso.

En tanto, la comisión de Asuntos Indígenas se comprometió a realizar un proceso de sociabilización de los alcances, objetivos y lineamientos bajo los que operaría.

Unión de Pueblos de la Costa Chica, Guerrero celebrará tribunal comunitario

Al pueblo de México:
A los periodistas honestos:
A las organizaciones sociales:
A todos los pueblos indígenas:
A los organismos civiles de Derechos Humanos:

Los pueblos y comunidades organizados en torno a nuestro legítimo derecho a la autodefensa, hacemos la más cordial invitación para asistir el día 31 de Enero del 2013 “AL TRIBUNAL DE JUSTICIA COMUNITARIA” en la comunidad mixteca de El Mezón, Municipio de Ayutla de los Libres. Donde se realizará a través de nuestros usos y costumbres, una impartición de justicia comunitaria a los resguardados, que a partir del día 6 de enero del presente año, han sido señalados como parte del crimen organizado que ha azotado a nuestra región.

Esta es una asamblea pública, pero cuyas decisiones recaen en los pueblos organizados. Les adelantamos que así como sucedió en la Costa-Montaña, nos alejaremos de todas las formas corruptas de lo que le dicen justicia en nuestro país. Estamos pensando en reeducación y no en prisión, estamos pensando en las familias afectadas y eso incluye a las de los resguardados, estamos pensando en que reparen el daño que hicieron con trabajo comunitario y no con dinero. Invitados están para observar de cerca como nos organizamos y como estamos empezando a impartir justicia en esta región.

El pasado 18 de Enero nos visitó el LIC. JUAN ALARCÓN HERNÁNDEZ de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado, para constatar el estado de los resguardados, porque tenía mucha preocupación por ellos, pero ya vio que están bien.
Sin embargo las familias, de quienes fueron asesinados, abusadas sexualmente, extorsionados, secuestrados, nunca recibimos visita alguna. Por eso hoy la justicia la ejercemos nosotros, pero no de forma cualquiera, sino que de una forma comunitaria. Que no es con ganas de destruir a ninguna persona, es con ganas de que enderece su camino.

Nahuas de Jalisco piden policía comunitaria en Manantlán

 Informador Redacción / HJ

 

La asamblea en Ayotitlán. Habrá una segunda reunión para analizar la idea de crear una policía comunitaria. ESPECIAL

• Autoridades locales aceptan solicitar vigilancia militar en la zona

Reciben al alcalde de Cuautitlán, diputados locales, Derechos Humanos y académicos de la UdeG para denunciar tala ilegal y desapariciones

“Estamos sufriendo y viendo un tiempo difícil, crítico, la verdad, cómo le quiero decir, ¡lamentable!”. Tanto, que los nahuas de la comunidad de Ayotitlán (Cuautitlán de García de Barragán, Jalisco) piden la presencia urgente de militares que inhiban el saqueo de hierro y maderas preciosas y la posibilidad de crear su propia policía comunitaria. Es verdad que la región de la Sierra de Manantlán ha vivido tiempos muy violentos, cuenta don Gaudencio Mancilla, líder nahua del Consejo de Mayores, “pero no’ bíamos sufrido eso de que se llevaran a nuestra gente”.
Don Gaudencio se refiere a la reciente desaparición del activista Celedonio Monroy, el pasado 23 de agosto —quien días antes había tratado de frenar la tala ilegal de madera rosamorada—, y de su hermano Agustín Mancilla Partida, hace casi cinco meses, hechos que motivaron la visita de los diputados locales Clemente Castañeda y Jaime Díaz; del alcalde de Cuautitlán de García de Barragán, Pedro Sánchez; e integrantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco y de la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas (UACI) de la Universidad de Guadalajara.
A la reunión, que se realizó esta semana en la comunidad de Ayotitlán y con resguardo de policías estatales y municipales, asistió la esposa de Celedonio Monroy, Blanca Estela González.
“Anteriormente llegaron madereros, robándose madera y saqueando, preguntábamos que qué permiso tenían del ejido, porque aquí todo se autoriza en Asamblea (la máxima autoridad de la comunidad) y no había ninguna autorización. Por ahí se vino el problema, recibimos amenazas y nosotros también estábamos en la lista. Les pedimos que se busque a Celedonio, no decimos que por ‘ai’ venga el hilo, a lo mejor es política, a lo mejor otra cosa, pero queremos saber dónde está y quiénes y cuántos se lo llevaron”, arrancó Gaudencio con la primera exigencia, que aparecía en el orden del día —en una cartulina verde— como la más importante, seguida del juicio agrario, la amenaza de la minería y la tala ilegal, la Comisión Estatal Indígena y la legislación indígena.
Entonces habló Blanca Estela. A su casa entró gente encapuchada, “prepotente”, agarraron a su esposo, lo golpearon, “a mí me encañonaron”. Y se lo llevaron… Y ahí empezó el suplicio que miles de familias sufren en este país: el de buscar a sus desaparecidos.
Empezó por la policía municipal. Por la estatal. Con los militares. En el Semefo. En otro municipio. En otro estado. Y nada. Se pensaron hasta brigadas comunitarias para buscarlo, “porque las autoridades nos han negado todo el apoyo, no lo quieren buscar; les pido que lo traten como gente, él no es un animal…”.
La mujer, con un crucifijo de madera en el pecho, aclaró que no busca culpables, que ella sólo quiere encontrar a Celedonio, a quien conoció en Colima, donde él estudió Ciencias Políticas con la idea de regresar a su comunidad.
Luego se levantó Miguel Monroy, se recargó en la pared donde hay una foto de los que refundaron en los años noventa la figura del Consejo de Mayores, con don Zeferino a la cabeza (quien antes de fallecer dejó el encargo de resolver el problema agrario a don Gaudencio Mancilla), y leyó un poco de la historia de Celedonio. De ahí en adelante salieron testimonios de las camionetas “raras” por la zona, especialmente por la casa de donde se llevaron a don Celedonio, de “corretizas” que les han dado, de atentados al comisariado de Bienes Comunales, de la desconfianza en los policías municipales y de que “hay el rumor” de que por ahí hay autoridades que saben quién se llevó a don Celedonio Monroy…
Don Gaudencio luego habló de que de sus tierras se han llevado mineral hasta en burro (este diario publicó el 24 de noviembre el problema de minería ilegal en la región) y que últimamente ya le entró gente armada al saqueo de maderas preciosas (un problema que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ha detectado en Nayarit y Jalisco, pero que ha frenado gracias al decomiso de este producto en el puerto de Manzanillo, con destino a China).
Por todo el contexto de impunidad y de incremento del espiral de violencia, los nahuas creen que es urgente la presencia de militares y, por qué no, de crear una policía comunitaria, como la que existe en Guerrero desde los años noventa. Las autoridades municipales dijeron sí a la presencia militar y, al segundo punto, pidieron una reunión para analizarlo con detalle. Don Gaudencio coincidió: “Es un tema a analizar, porque no es así a lo loco”.
Los diputados acordaron regresar. El alcalde de Cuautitlán de García de Barragán, Pedro Sánchez, se comprometió a brindar apoyo a la familia de Celedonio.
Gaudencio, antes de terminar la reunión, insistió en que la policía comunitaria es urgente, “por que qué tal que luego ya no esté…”.
—No diga eso, no diga eso, Gaudencio—, dijo Blanca Estela, la esposa de Celedonio Monroy.
FRASE
“Yo lo quise convencer de que se fuera a trabajar a Colima, allá le ofrecían trabajo, pero no, él siempre terco que quería regresar a la sierra para trabajar con su gente. ¿Y para qué? ¿Para que ahora me lo quiten? Por eso les pido: ayúdenme a buscarlo…“
Blanca Estela González, esposa de Celedonio Monroy.