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jueves, 26 de enero de 2012

Fuera minera Cuzcatlán, filial de Foturna Silver Inc. ¡No más muertos!

Ciudad de México a 25 de enero de 2012.
 
A las organizaciones populares del país,
A los periodistas y representantes de los medios de comunicación,
A la opinión Pública Nacional e Internacional,
 
De la manera más atenta hacemos de su conocimiento los hechos violentos que han venido ocurriendo desde 2008 en la comunidad de San José del Progreso, Oaxaca a raíz de la entrada en operación de la minera Cuzcatlán, filial de la empresa canadiense Fortuna Silver Inc.; los cuales tienen como último capítulo lo ocurrido el pasado 18 de enero de 2012 donde perdió la vida el compañero Bernardo Méndez Vásquez y sufrió graves heridas la compañera Abigaíl Vásquez  Sánchez.
San José del Progreso, Oaxaca es sólo una de tantas comunidades agredidas por la minería. En más de 13 estados de la república se han suscitado conflictos socio-ambientales: Chihuahua, Baja California Sur, Sonora, Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas. México se ha convertido en el principal destino de Latino América para la inversión minera y el cuarto destino a nivel mundial. El 26% del territorio nacional se encuentra concesionado a proyectos mineros, se encuentran operando 757 proyectos mineros de capital extranjero, de los cuales el 73% son empresas canadienses. Gran parte de la superficie entregada a las mineras es propiedad ejidal lo que ha ocasionado conflictos socio-ambientales.
Si es verdad lo que afirma el gobierno del Estado de Oaxaca, respecto a que el día 18 de enero de 2012 se ejecutaba la introducción de agua potable a través de un pozo tipo “noria” y una línea de conducción de agua potable para el beneficio de todos los habitantes de la población, no parece congruente que el presidente municipal, Alberto Mauro Sánchez, junto con el regidor, Gabriel Pérez Ruiz y otros sujetos, abrieran fuego con armas de alto poder y uso exclusivo del ejército (R-15) contra la población que sería supuestamente beneficiada con la obra hidráulica.   
Queremos hacerles saber que San José del Progreso fue una comunidad tranquila hasta la llegada de la empresa canadiense Fortuna Silver Inc., conocida localmente como Minera Cuzcatlán, y es cierto, como manifiesta el gobierno del estado, que existe un problema de carácter político. Sólo le faltó agregar que en el mismo tiene las manos metidas la citada empresa minera, ya que de todos es sabido cómo incidió en el proceso electoral para que personas afines a su proyecto minero ocuparan los cargos políticos municipales, con el único interés de seguir conservando sus lucrativos negocios con las autoridades municipales, pues como el mismo apoderado legal lo declarara públicamente en el año 2010, que por petición del expresidente municipal Amadeo Alejo Vásquez Rosario en el año 2007, no consultaron a la población para el inicio de las operaciones de exploración de dicha empresa,  lo cual deriva en una falta de legitimidad de esas autoridades que se hace más evidente cuando se dedican a cuidar y defender los intereses de la empresa minera que de ninguna manera son los de la población. Esto por consecuencia ha generado un vacío de poder y una pugna con las organizaciones comunitarias y las organizaciones no gubernamentales que practican las formas de organización provenientes de su experiencia histórico, política y cultural, que buscan rescatar su vida comunal, el estado de derecho, desarrollo sustentable y la paz social secuestrada desde la llegada de la minera Cuzcatlán.
Consideramos que no es función del estado oaxaqueño atemperar ánimos, como dice hacerlo, sino hacer cumplir el estado de derecho plasmado en las normas constitucionales y las que de ella emanan; no dudamos de su buena voluntad a fin de conciliar a los grupos en pugna, mas, de esa forma, lo que se está atacando son los efectos mientras que las causas quedan intocadas. Los diversos problemas que se han suscitado y seguirán, son originados y estimulados por la presencia y actividades de la multicitada minera, cuyos impactos no se constriñen a lo ambiental, inciden por consecuencia en lo político y social como está ampliamente demostrado.
La complicidad de las autoridades de los tres niveles de gobierno con la Minera Cuzcatlán se hacen más evidentes cuando en reiteradas ocasiones se les informó e hizo llegar las evidencias fotográficas y filmaciones de las agresiones cometidas en diversos momentos, tanto por la llamada asociación civil San José Defendiendo Nuestros Derechos (creada y financiada por la minera) presidida por Servando German Arango, así como por las mismas autoridades municipales y de los cuerpos policiacos de la policía estatal y federal en contra de los integrantes de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (COPUVO) por lo que denunciamos que el objetivo principal de la empresa minera ha sido la obtención de excesivas ganancias económicas por encima de la vida y la tranquilidad de nuestro pueblo. A manera de ejemplo, citamos cuatro de los principales conflictos suscitados en nuestra comunidad:

Desalojo 6 de Mayo 2009.
 
 
Artemio Lidio MuñozVásquez, miembro de la Asociación civil San José Defendiendo Nuestros Derechos,5 de Abril 2010.
 
Amador Vásquez Gómez, Sindico Municipal de San José del progreso, 6 de Marzo 2011.
 
Albindo Gómez Rodríguez, Policía Municipal y demás elementos de la policía municipal y uno de los actores directos de la muerte de Bernardo Méndez Vásquez, 18 de Enero del 2012.
 
 
En este contexto nos resultan aberrantes los reportes sobre el beneficio económico de la empresa, quien ha comunicado recientemente  que  los costos de producción de una onza de plata en la mina “San José” es de 7.40 dólares; Según la bolsa de Valores, el precio actual de compra de una onza de plata es de 32.20 dólares, por lo tanto la empresa minera Cuzcatlán obtendría una ganancia de 24.80 dólares por cada onza de plata que produce.
Según estimaciones de la empresa, la “mina” estaría produciendo anualmente cinco millones de Onzas de plata, lo cual se traduciría  en 124 millones de dólares de ganancias anualmente.
Queremos manifestar que estas ganancias excesivas no se han traducido en mejores condiciones de vida para el municipio de San José del Progreso. Por el contrario, se encuentra amenazado el principal recurso natural con el que contamos: el agua  y se ha provocado un conflicto social que, a la luz de los últimos acontecimientos, tiende a agravarse.
Para San José del Progreso no hay ley, justicia o poder que pueda contra la empresa minera Cuzcatlán, ya que los agravios cometidos a la población son amparados por las autoridades municipales y estatales de Oaxaca.
También es demostrable técnicamente el consumo excesivo de agua que requieren este tipo de proyectos, y es lógico que la empresa busque a como de lugar el abastecimiento requerido. Este es un hecho y en este caso el fondo del asunto, la diferencia de intereses y conceptos, mientras que para los habitantes de la zona el agua significa la vida y la preservación de las especies, para la empresa y sus incondicionales, el agua significa ganancias monetarias privadas.
Creemos necesario referir que este conflicto es sólo una muestra del futuro que nos espera. En Oaxaca hay varias docenas de proyectos mineros similares al de San José de Progreso. Conforme llegan a la etapa de explotación, por necesidad se genera un nuevo conflicto socio-ambiental y político, contaminación y agotamiento de las diversas fuentes hídricas superficiales y subterráneas, incremento en actos de represión de los defensores ambientales, que como fue el caso que nos ocupa, defienden los derechos colectivos, de toda la sociedad como es el derecho inalienable al agua.
En este contexto exigimos:
Ø  Cierre definitivo de la mina Cuzcatlán que es el origen del conflicto de San José del Progreso.
Ø  COPUVO responsabiliza a la empresa minera Cuzcatlán, filial de la empresa canadiense Fortuna Silver Inc. de las violaciones a los derechos humanos, confrontaciones, heridos y muertos suscitados en la comunidad desde 2008.
Ø  Desaparición de poderes en San José del Progreso.
Ø  Audiencia inmediata con el gobernador del estado de Oaxaca.
Ø  Se garantice justicia para el pueblo de San José del Progreso y el castigo a los responsables del crimen cometido contra los compañeros Bernardo Méndez Vásquez y Abigaíl Vásquez Sánchez.
Ø  Reparación del daño a los deudos de Bernardo Méndez Vásquez.
Ø  Solución de fondo a la problemática de San José del Progreso.
Ø  Alto a la represión contra los luchadores sociales en todo el país.
Ø  Expulsión a todas las mineras canadienses de nuestro país, aplicación inmediata del artículo 33 Constitucional por atentar contra nuestra Soberanía, nuestra Paz social y contra la Integridad y la Vida misma de los mexicanos.
Como medida de protección para los habitantes de la región y protesta por tan terribles actos violentos iniciaremos una campaña a nivel nacional e internacional, demandando no sólo el castigo de los responsables de tan vil atentado, sino también una solución de fondo como sería la salida de nuestras tierras de la transnacional canadiense, Fortuna Silver Inc., como causante intelectual de los acontecimientos.
 
Atentamente
Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (COPUVO); Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios; Asamblea Nacional de Afectados Ambientales; La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental; Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota; Centro "Fray Julián Garcés" Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C.; Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto;  Coordinadora de Pueblos Unidos por la Defensa del Agua de los Valles Centrales de Oaxaca; Pro San Luis Ecológico ;Movimiento de Liberación Nacional; Sección XVIII SNTE-CNTE Michoacán; El Pregón-MLN; RADAR, Colectivo de Estudios Críticos en Derecho; Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo ; Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario A.C.; Red en Defensa del Maíz; Prevención, Capacitación y Defensa del Migrante A.C.; Agrupación Un Salto de Vida A.C., Jalisco; El Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra, Estado de México; El Consejo Indígena del Trueque, Estado de México; Colectivo Hoja Verde; Comunidad de Huaxtla; Mexicanos Creando Consciencia A.C.

Denuncian presencia de hombres armados en comunidad de Mezcala

  enero 25, 2012
Informador Redacción / GJD
Pobladores afirman que son amedrentados, por lo que han acudido a todas las autoridades sin obtener respuesta
CHAPALA, JALISCO (25/ENE/2012).- En los últimos 10 años, la comunidad de Mezcala ha denunciado la invasión de nueve hectáreas del cerro El Pandillo por parte del empresario Guillermo Moreno Ibarra, situación que se ha agravado recientemente por la presencia de hombres y mujeres armados que amedrentan a la población. En rueda de prensa, los indígenas coca mostraron fotografías de sujetos vestidos de militares, encapuchados y con armas de uso exclusivo del Ejército, al interior del predio que Moreno Ibarra invadió desde 1999. La comunidad teme por su integridad, ya que han denunciado la presencia de este grupo paramilitar ante el Ejército, la Procuraduría General de la República, la Procuraduría General de Justicia del Estado, y los municipios de Poncitlán y Ocotlán, pero ninguna dependencia ha actuado al respecto.
“Se supone que hay una campaña contra el crimen organizado y con estas personas no hacen nada, a pesar de que son civiles que usan armas de uso exclusivo del Ejército. Hay una falta de autoridad contra este empresario, en cambio a nosotros, por defender nuestro territorio sí actúan y nos criminalizan”, explicó Rocío Moreno, una de las jóvenes coca más activas en la comunidad, quien en septiembre de 2011 fue detenida con engaños y por una denuncia que interpuso un hombre que trabaja para Guillermo Moreno. La acusó de robo calificado, pero salió libre porque no había elementos para acreditar el delito.
El problema inició como un asunto agrario, cuando Moreno Ibarra cercó nueve hectáreas de la zona boscosa de Mezcala, desde donde se tiene una vista al lago de Chapala. Ese año, la comunidad interpuso un juicio ante el Tribunal Unitario Agrario de Atotonilco para denunciar la invasión y este año el proceso entró en etapa de sentencia. Debido a que es probable que el empresario pierda (la tierra comunal no se puede privatizar y sólo pueden acceder a ella comuneros de Mezcala), los indígenas consideran que por ello se han incrementado las intimidaciones.
Las denuncias están respaldadas por 700 habitantes de este sitio ubicado en la Ribera de Chapala. Las autoridades argumentan que no intervienen porque es un problema interno de Mezcala, ya que algunos de los que trabajan para Moreno Ibarra son de la comunidad.
FRASE
Estamos alarmados porque ya fuimos a todas las autoridades y nada. ¿A dónde más podemos ir para pedir seguridad?
Rocío Moreno,

residente de Mezcala.

Vecinos de Eucaliptos estallan por falta de agua

enero 26, 2012
Foto Víctor Hugo Ornelas
Víctor Hugo Ornelas / Milenio
Alrededor de 60 habitantes del fraccionamiento Eucaliptos, en Tlajomulco, se manifestaron ayer en la presidencia municipal para quejarse por las fallas en el servicio de agua potable desde hace tres años: “Lo que nos hacen no son tandeos, es una grosería”, comentó una de las vecinas de este conjunto habitacional.
Los vecinos se mostraron molestos por vivir en un fraccionamiento en donde la mayor parte del tiempo padecen por el servicio. Además, arremetieron contra el ayuntamiento, del que, aseguran, se ha mostrado “pasivo” al momento de exigirle a la constructora, Ke casas, que cumpla: “Dicen que van a presionar a la inmobiliaria, que no hacen más porque no han recibido el fraccionamiento, pero eso mismo nos han dicho cada que venimos, nada más se echan la bolita”, reclamó otra de las manifestantes.
Ante la falta del líquido, los vecinos solicitaron al municipio que clausure las etapas del fraccionamiento en construcción; sin embargo, dijeron que la respuesta que recibieron de Fabiola Loya, titular de la Dirección de Atención Ciudadana, fue: “Si hacemos eso, la constructora nos puede demandar y meternos en problemas legales”.
Alrededor de las cinco de la tarde, más de 80 vecinos bloquearon el ingreso al fraccionamiento. Y ya por la noche, el alcalde, Alberto Uribe, giró la orden de clausurar las zonas en construcción del fraccionamiento y la oficina de ventas, por lo que la inmobiliaria tendrá que llegar a un acuerdo si quiere continuar operando en Eucaliptos.
Mientras, la medida que tomaron fue llenar la cisterna del fraccionamiento y abastecer los tinacos, para que al menos de aquí al fin de semana, los habitantes puedan contar con agua.
Tlajomulco • Víctor Hugo Ornelas

Indígenas coca denuncian presencia de grupo armado en Mezcala

enero 25, 2012 b

EL INFORMADOR / ALEJANDRA GUILLÉN
La acusación está respaldada por 700 habitantes de este sitio ubicado en la Ribera de Chapala
En los últimos 10 años la comunidad de Mezcala ha denunciado la invasión de nueve hectáreas del cerro El Pandillo por parte del empresario Guillermo Moreno Ibarra, situación que se ha agravado recientemente por la presencia de hombres y mujeres armados que amedrentan a la población.
En rueda de prensa, los indígenas coca mostraron fotografías de sujetos vestidos de militares, encapuchados y con armas de uso exclusivo del Ejército, al interior del predio que Moreno Ibarra invadió desde 1999. La comunidad teme por su integridad, ya que han denunciado la presencia de este grupo paramilitar ante el Ejército, la Procuraduría General de la República, la Procuraduría General de Justicia del Estado,  y los municipios de Poncitlán y Ocotlán, pero ninguna dependencia ha actuado al respecto.
“Estamos alarmados porque ya fuimos a todas las autoridades y nada. ¿A dónde más podemos ir para pedir seguridad? Se supone que hay una campaña contra el crimen organizado y con estas personas no hacen nada, a pesar de que son civiles que usan armas de uso exclusivo del Ejército. Hay una falta de autoridad contra este empresario, en cambio a nosotros, por defender nuestro territorio sí actúan y nos criminalizan”, explicó Rocío Moreno, una de las jóvenes coca más activas en la comunidad, quien en septiembre de 2011 fue detenida con engaños y por una denuncia que interpuso un hombre que trabaja para Guillermo Moreno. La acusó de robo calificado, pero salió libre porque no había elementos para acreditar el delito.
Este problema inició como un asunto agrario, cuando Guillermo Moreno Ibarra cercó nueve hectáreas de la zona boscosa de Mezcala, desde donde se tiene una vista al lago de Chapala.  Ese año, la comunidad interpuso un juicio ante el Tribunal Unitario Agrario de Atotonilco para denunciar la invasión y este 2012 el proceso entró en etapa de sentencia. Debido a que es probable que el empresario pierda (la tierra comunal no se puede privatizar y sólo pueden acceder a ella comuneros de Mezcala), los indígenas consideran que por ello se han incrementado las intimidaciones.
Las autoridades argumentan que no intervienen porque es un problema interno de Mezcala, ya que algunos de los que trabajan para Moreno Ibarra son de la comunidad. Rocío Moreno señala que se trata de personas armadas “y no es posible que dejen correr sangre por un invasor que es poderoso”.
Las denuncias están respaldadas por 700 habitantes de este sitio ubicado en la Ribera de Chapala. Vicente Paredes, uno de los indígenas que asistió a la rueda de prensa y que ha escuchado las detonaciones cuando suben al cerro El Pandillo, cuestionó a las autoridades de los tres niveles. “¿Qué están esperando? ¿Qué haya muertes? ¿Qué harían si una persona ajena se mete en su casa y llega a destruir a su familia?  Esta gente es parte de la delincuencia organizada”.

La criminalización de los comuneros
En febrero de 2010, los trabajadores de Guillermo Moreno Ibarra extendieron la invasión de nueve a 11 hectáreas, talaron árboles, instalaron una celda solar y desviaron arroyos para realizar una pequeña represa. En Asamblea, los indígenas coca decidieron desinstalar la celda solar y hacer que los ríos regresaran a su cauce.
A pesar de que esto sucedió dentro de las más de tres mil hectáreas del territorio comunal de Mezcala, Guillermo Moreno Ibarra denunció penalmente por robo calificado y daño en las cosas, y  los jueces de Ocotlán Jesús Alejandro Ortega Reynoso y Óscar Martín Morales Vázquez ordenaron la  aprehensión de Rocío Moreno y otros 10 comuneros. Actualmente falta que el Supremo Tribunal de Justicia del Estado emita la sentencia.
Distintos organismos defensores de derechos humanos denunciaron que este caso (EL INFORMADOR / 06-09-11) estuvo “burdamente montado”, pues se acusó a la estudiante de maestría en Historia de la Universidad de Guadalajara (UdeG) de participar en hechos ocurridos en terrenos comunales de Mezcala el domingo 10 de abril, cuando ella se encontraba en Guadalajara con familiares, como pueden atestiguar una decena de personas. Además, los comuneros lo único que hicieron fue desmontar una celda solar que estaba en sus tierras.
A Detalle
¿Cómo fue la invasión?
En 1999, Guillermo Moreno se aprovechó de una relación de trabajo con el comunero Cresenciano Santana para invadir las tierras comunales. Primero se apoderó de nueve hectáreas y luego de otras tres en el cerro de El Pandillo, donde se tiene una de las vistas más preciadas del lago de Chapala, según se explica en la publicación El Ingobernable (enero 2012), periódico comunitario de Mezcala.
El terreno invadido está cercado y adentro se construyó una finca de descanso.
La presencia de hombres armados se detectó desde el 3 de febrero de 2008. En un recorrido que hubo por la zona invadida, en el que este diario estuvo presente, hubo detonaciones de un grupo de alrededor de 15 hombres armados que estaban encapuchados.
Denuncias presentadas:
Juicio agrario por restitución de bienes comunales: 653/167 / 2006, ante el Tribunal Unitario Agrario no. 16.
Denuncia ante el procurador agrario en la ciudad de México (expediente 285-2011).
Denuncia ante la Profepa por la desviación de arroyos. PFPA / 21.7/2C282/0139-11
Acción urgente emitida por el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo en contra de la detención de Rocío Moreno y las denuncias en contra de 10 comuneros.
Juicio penal por la libertad de 10 comuneros y pobladores de Mezcala (318 / 2011).
Denuncias anónimas al Ejército Mexicano por la operación de un grupo armado patrocinado por el invasor.

Grave la situación del campo en Jalisco


Posted: enero 26, 2012

Víctor Manuel Chávez Ogazón /El Occidental
Minimiza la autoridad la sequía en Jalisco y mientras se calcula sólo recursos para unos cuatro municipios, por otro lado son más de 34 los que ya sufren la carencia de agua e incluso hay algunos en donde tienen 20 meses sin una gota de lluvia, calculan en 40 mil las cabezas de ganado muertas o sacrificadas y los productores de leche están enviando su ganado a los rastros. Lo anterior fue denunciado por la Federación de Propietarios Rurales de Jalisco que solicitaron al Gobierno Federal “baje” pronto los recursos y amplíe tanto las cantidades como las regiones favorecidas.
“El problema es muy grave, por que son no solo los municipios de la zona Norte, Altos Norte y Altos Sur, que en totalidad sería como 34 municipios, sino que no se está incluyendo a otros que ya fueron alcanzados por el fenómeno, como Zapotlanejo, Acatic y Teocaltiche. Hay municipios en el Estado que tienen 20 meses sin una gota de lluvia”, añadió.
Advirtió que ya todo este escenario es “de un alto impacto para la agricultura, para la ganadería, los pastos y el propio forraje e incluso ahora para los humanos”.
Tras un recorrido que hicieron rumbo a la región de Los Altos, “vimos como toda la zona de los llanos está abatida, incluyendo los mantos friáticos; han muerto más de 40 mil cabezas de ganado y muchos de los productores lecheros de Los Altos, al no encontrar la respuesta, más del 25% de la ganadería de leche están metiendo su vacas en la Chona, por que ya no les es costeable, ya que además de que no hay agua les siguen pagando a cinco pesos el litro, mientras que aquí en la ciudad lo encontramos a 12 pesos”.
Pidió entonces que se amplíen los apoyos y se les den más de los mil pesos que les están dando por hectárea a los sembradores de plátano afectados por el huracán Jova, que apenas les están alcanzando apenas para limpiar las plantaciones.

Protestan ribereños vs nuevo acueducto


Posted: enero 26, 2012
Foto: Marco A. Vargas
Maricarmen Rello | Agustín del Castillo / Milenio
Un contingente variopinto —más de mil personas, según los organizadores— que lo mismo reunió a pescadores y lancheros, que a amas de casa y otros habitantes de comunidades asentadas de la ribera del lago de Chapala, además de ambientalistas y hasta trabajadores del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), protestó en contra de la construcción de un segundo acueducto que tome agua de este vaso lacustre.
Los ribereños temen que esta obra hidráulica implique la extracción de mayor líquido al lago y no sirva sólo como sustitución al acueducto uno, que las autoridades aseguran que van a reparar y a darle mantenimiento.
Muy temprano, una treintena de personas arribaron a las oficinas del SIAPA, donde se les prometió una reunión con su titular a las 11:30 am. Su visita a la ciudad incluyó poco antes un mitin en la Plaza de Armas de Guadalajara, donde llegaron por grupos desde las 10:00 am. “Sin el lago no hay vida ni futuro, mejor busquemos otra solución”; “Donde muere un lago nace un desierto”; “El 60% que utiliza la ZMG es del lago de Chapala, busca alternativas”; y “Fuera Conagua, CEA y SIAPA por corruptos”, fueron algunos de los mensajes de las decenas de pancartas con que rechazaron el segundo acueducto.
Carlos Rosales, regidor del Ayuntamiento de Chapala y representante del Movimiento Ciudadano Sí al lago de Chapala No al Acueducto, lamentó que en 25 años, los gobiernos federal y estatal no hayan encontrado alternativas para resolver el tema del abasto de agua para la zona metropolitana de Guadalajara: “No es posible que sea la corrupción la que rija los tres niveles de gobierno que se encargan de administrar el agua en este país”.
Carlos Rosales fue quien exigió, a nombre de los manifestantes, hablar con el director del SIAPA, José Luis Hernández Amaya, intentando inicialmente abrir a la fuerza una de las puertas de cristal de la zona de cajas de las oficinas.
Manuel Villagómez, quien preside la Fundación Cuenca Lerma Chapala también se hizo presente en el lugar así como opositores a la presa de Arcediano y de El Zapotillo.
Ante la negativa de que una comisión de los manifestantes pasara a dialogar, el director del SIAPA los recibió en la puerta del área de cajas, donde les explicó que la infraestructura no pretende extraer más agua de la que ahora se le tiene asignada a la zona metropolitana de Guadalajara (240 millones de metros cúbicos de los ocho mil millones de capacidad del lago). Se les mencionó que los dos acueductos no operarían al mismo tiempo cuando esté listo el segundo.
No hubo acuerdo alguno y Carlos Rosales comentó que ésta podría haber sido la última manifestación pacífica, que se han acercado con ellos grupos radicales, que no quiso identificar y que incluso les han planteado la posibilidad de afectar el envío de agua a Guadalajara.
Los manifestantes se retiraron a las 13:30 horas.
Ponen calificación en revisión
La firma calificadora Fitch Ratings colocó en observación negativa la nota crediticia del estado de Jalisco (A+), Tlaquepaque (BBB+) y Tonalá (B+), así como la de trece financiamientos bancarios calificados que tiene el Ejecutivo estatal (por un monto de 10,476 millones de pesos), ante el posible efecto que pudiera tener en la deuda estatal y la de los municipios, el que un crédito contratado por el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), con Banco Interacciones y avalado por el gobierno del estado, sea declarado en aceleración y/o vencimiento anticipado por la institución financiera.
Según Fitch Ratings, el saldo del crédito del SIAPA ascendía a 1,269 millones de pesos al cierre de 2011 y aunque su vencimiento es hasta 2028, Interacciones está exigiendo que se le pague antes o a una mayor tasa por un presunto incumplimiento. (Guadalajara • Redacción)
Guadalajara • Maricarmen Rello | Agustín del Castillo

Denuncian comuneros a grupo armado


  enero 25, 2012

Comuneros del poblado de Mezcala, ubicado en la Ribera del Lago de Chapala denunciaron presencia de hombres armados. Foto: Andrés Martínez
Mural
Señalan que “grupo de tipo paramilitar” es dirigido por el empresario Guillermo Moreno Ibarra
Comuneros del poblado de Mezcala, ubicado en la Ribera del Lago de Chapala, en el Municipio de Poncitlán, denunciaron hoy la presencia en la zona de un grupo de cerca de 50 personas armadas que respondiendo a las órdenes de un supuesto invasor, intimidan y amenazan a la población.
De acuerdo con los señalamientos difundidos, el “grupo de tipo paramilitar” es dirigido por un empresario tapatío identificado como Guillermo Moreno Ibarra, quien es señalado por haber invadido desde hace más de una década, 9 hectáreas del Cerro El Pandillo, pertenecientes a la comunidad.
Según se detalló, el grupo que incluye a una decena de mujeres y que se pasean en camionetas sin placas por el poblado, usando pasamontañas y algunos inclusive vestidos como militares, son los responsables de vigilar la finca de lujo que construyó el empresario en el predio supuestamente invadido, así como de brindarle seguridad personal.
El grupo de comuneros que se identifica como indígenas cocas resaltó que además del juicio agrario que lleva más de 10 años en proceso, se ha denunciado la presencia del grupo armado ante la Policía Municipal, el Ejército Mexicano y la Procuraduría General de la República, sin que ninguna autoridad haya hecho algo.
“No sé qué es lo está esperando el Gobierno, no sé si está esperando que haya muertos”, expresó Rocío Martínez Moreno, una habitante de Mezcala que se opone la supuesta invasión.
“Ellos se lavan las manos diciendo que es un conflicto interno de la comunidad, pero no es un conflicto de la comunidad, es un grupo armado, es crimen organizado porque son varias decenas de hombres los que están armados y agrediendo a una comunidad”.
De acuerdo con los comuneros de Mezcala, detrás de la supuesta invasión de Moreno Ibarra, quien además es señalado como socio del Fraccionamiento Vistas del Lago, lo que hay es la intención de hacer un desarrollo inmobiliario sobre una parte de las 3 mil 600 hectáreas que tiene la comunidad, según consta en una resolución presidencial de 1971.
“Nosotros queremos defender nuestra comunidad, somos conscientes del legado que nos han dejado nuestros antepasados desde tiempos inmemoriales, queremos seguir preservando nuestro territorio”, comentó José Luis Claro Rosales, comunero de Mezcala.

Velma se va a la campaña e incumple convenio

Queja ante CEDHJ: en vez de resarcir daño a cuencas, Zapopan dio “circo a la gente”

Jorge Covarrubias.-
Por incumplir el convenio de resarcimiento de daños a las cuencas del río Verde, El Ahogado, Copala, los Camachos, la Soledad y el Arroyo Grande de Milpillas, los habitantes de los pueblos de la Barranca del río Santiago interpusieron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) en contra del Ayuntamiento de Zapopan.
Los expedientes quedaron radicados en el organismo el jueves de la semana pasada con los números 180/2012 y 181/2012, debido a que el municipio que encabeza el alcalde con licencia Héctor Vielma Ordóñez no ha realizado el total de obras sociales que acordaron con las comunidades de Huaxtla, San Francisco Ixcatán, Milpillas, y San Lorenzo –entre otras- para compensar las afectaciones que generan los lixiviados del vertedero de Picachos.
Teódulo Orozco representante de la primera población mencionada, precisó que las autoridades sólo cumplieron con 2 de las 17 obras pactadas, y no aceptaron establecer un sistema de extracción, captación, conducción y control de biogás, ya que el acalde argumentó que no es competencia del municipio.
“Han cumplido con obras pequeñas, un bordo en Ixcatán y otro en La Soledad y ya”, dijo Teódulo Orozco, habitante de Huaxtla.
“Se aventaron, más de seis millones de pesos se gastó el Ayuntamiento contratando a dos artistas para darle circo a la gente con lo que se hubiera completado una obra social, por ejemplo la carretera que va de Milpillas a Huaxtla y que está pactada, mejor prefieren gastárselo en un baile”, añadió José Casillas, representante de la comunidad indígena de San Francisco Ixcatán.
Apenas ayer, luego de casi diez meses  de espera el Ayuntamiento de Zapopan inauguró la planta de control de lixiviados en el vertedero de Picachos, pero no invitó a ninguno de los representantes de los pueblos afectados por la contaminación.
El año pasado los pobladores interpusieron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por violación a tener un ambiente sano, sin embargo la entidad se declaró incompetente y derivó el expediente al organismo estatal en la materia,  el cual a su vez resolvió con una iniciativa de conciliación entre pobladores y autoridades de Zapopan.
El problema, dice Casillas, es que la institución que encabezará por segundo periodo consecutivo Felipe de Jesús Álvarez Cibrián les ocultó el documento con el pretexto de que no encontraron su domicilio para notificarles.
Como parte de esos acuerdos en los que se invita al Ayuntamiento a asumir una serie de compromisos para reparar los daños por contaminación, la CEDHJ solicitó al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses la realización de un examen a los caudales de las cuencas contaminadas, y a las descargas de lixiviados que se concentran en una laguna.
Los resultados se entregaron al organismo en noviembre del 2011, pero en el informe final, la dependencia admite que es incapaz de determinar si los elementos que sometió a análisis se encuentran en los rangos permitidos porque la CEDHJ no le señaló bajo que normatividad tenía que cotejar los datos obtenidos.
Casillas dijo que se trata de un peritaje hecho a modo, y muy distinto del que realizó el laboratorio particular LAICA SA de CV, donde se descubre la presencia de cromo, arsénico  y mercurio en cantidades que rebasan los límites permitidos.

martes, 17 de enero de 2012