LA MINA es de hierro y desecha material ferroginoso tóxico.
Elsa Arenas/El occidental
El pasado 23 de septiembre la lluvia torrencial que se registró al
sur del estado de Jalisco en sus límites con Colima propició el colapso
de tres cortinas de contención de material de desecho de la mina Peña
Colorada -la segunda más grande del país- ocasionando una “tragedia
ecológica” dos tómbolas (aludes) de lodos contaminantes cayeron sobre
cultivos, poblados, arbolado y ojos de agua de varios poblados nahuas,
afectando a decenas de familias indígenas, quienes que desde hace 98
años están en conflicto por sus tierras usurpadas por caciques en la
cuenca del río Marabasco.El presidente de la Red Jaliscienses de Derechos Humanos AC, Óscar González Garín, ha presentado denuncias sobre el hecho al gobernador Emilio González Márquez, la Comisión Nacional del Agua, la Comisión Indígena, la Profepa, Semarnat, la Unidad Estatal de Protección Civil, CEDHJ “y hasta ahorita repito, no ha habido respuesta” lo que denota el grave desinterés ambiental de las autoridades sobre este ecocidio.
La tragedia no se ha hecho pública, a pesar de que tres poblados están amenazados con desaparecer y de las afectaciones ambientales graves que sufrió territorio jalisciense; y es que la mina es de hierro desecha material ferroginoso tóxico, todo lo que toca lo contamina, y el derrumbe de toneladas de lodo, tierra, árboles cayeron al río Marabasco del lado de Jalisco.
González Garín declaró que los afectados han sido 18 familias del poblado El Mameyito, ya que se contaminó el manantial de agua termal de donde se surtían de agua; 350 familias del poblado Las Maderas que perdieron sus brechas de pastoreo y quedaron semi incomunicados; una familia en Los Potros, tres casas en La Coconal aplastadas; cinco familias que perdieron todo en Las Parotas por lo que fueron reubicados sin ninguna pertenencia, aunque la mina pagó 350 mil pesos a don David Ramos de la Cruz, el señor más grande de edad y ejidatario de Ayotitlán, sin embargo en el documento estipulan que el señor se desiste de cualquier reclamación de daños, perjuicios, acción civil, penal, ambiental por los daños ocasionados por el siniestro y se compromete a irse de ese lugar que habitaba, “el señor no supo lo que firmó”, lamentó Óscar González.
“Recibió el cheque por salir del apuro, pero ¿40 años de vida laboral invertidos en tierras y cultivos valen realmente 350 mil pesos? ¿fue consultado en sus derechos? Nadie de los pobladores fue consultado, simplemente llegó la mina e hizo sus tiraderos mal hechos”, dijo el representante de los derechos humanos; por lo que no descarta la intención “criminal” de provocar que los tiraderos se cayeran para que la gente se fuera y sólo indemnizar a uno o dos, aseguró.
Y es que desde que la mina construyó sus represas de desechos, los indígenas pobladores vieron el riesgo que significaba y días antes de la tragedia se trasladaron río abajo.
Para Óscar González, Peña Colorada prefabricó el accidente para no indemnizar y desplazar a la gente a la fuerza; pues ahora la mina se ha posicionado de los terrenos afectados (801 hectáreas) con unos convenios firmados en julio y agosto con el ejido de Ayotitlán, donde el comisariado ejidal a través de una comisión negociadora establecieron acuerdo con representantes de Peña Colorada para acrecentar sus tiraderos del lado de Jalisco, pese a que la mina siempre ha dicho que está asentada en Colima.
Cabe recordar que la Red Jalisciense de Derechos Humanos AC trabaja en apoyo de 14 poblados nahuas en los límites con Colima, pertenecientes al ejido Ayotitlán y al ejido Plan de Méndez, al margen norte del río Marabasco; por lo que son conocedores de la problemática en la región.
