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Ayotitlán, cuatitlán. Esta población indígena es una de las más marginadas de Jalisco.
Informador Redacción / RMP
Asamblea indígena de Ayotitlán, en el Sur de Jalisco, aprobó el proyecto
La comunidad indígena de Ayotitlán, en el Sur de Jalisco, autorizó en agosto arrendar 801 hectáreas para depositar los desechos férreos de una nueva mina, La Chula, de la cual, se calcula, pueden extraerse unas 240 millones de toneladas de hierro.
El polígono de 801 hectáreas que utilizará el consorcio Benito Juárez Peña Colorada se encuentra en la zona de influencia de la Reserva de Manantlán y se suma a otras 400 hectáreas que se rentaron a la empresa en el año 1997 y que ahora ya son puro desecho. El pago en aquel entonces fue de 700 pesos por ejidatario. Las tierras quedaron estériles, el arroyo El Mamey quedó enterrado con el remanente de la explotación y se modificó el patrón hidrológico de la cuenca Marabasco, de acuerdo con el Informe de impactos al medio ambiente de Peña Colorada a los terrenos del ejido de Ayotitlán, realizado por el Instituto de Manantlán de la Universidad de Guadalajara en junio de 2009.
El polígono de 801 hectáreas que utilizará el consorcio Benito Juárez Peña Colorada se encuentra en la zona de influencia de la Reserva de Manantlán y se suma a otras 400 hectáreas que se rentaron a la empresa en el año 1997 y que ahora ya son puro desecho. El pago en aquel entonces fue de 700 pesos por ejidatario. Las tierras quedaron estériles, el arroyo El Mamey quedó enterrado con el remanente de la explotación y se modificó el patrón hidrológico de la cuenca Marabasco, de acuerdo con el Informe de impactos al medio ambiente de Peña Colorada a los terrenos del ejido de Ayotitlán, realizado por el Instituto de Manantlán de la Universidad de Guadalajara en junio de 2009.
Área limítrofeCésar Díaz, director de la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas (UACI) de la Universidad de Guadalajara, señala que se trata de un atentado contra el medio ambiente “y sin duda nos involucra a todos, porque será un desastre ecológico; ya sabemos que los daños son irreversibles”. Se prevé que se perderán material fértil, paisaje natural y especies protegidas y que habrá daño a cauces hidrológicos.
Sin embargo, aclara, es una decisión que tomó la Asamblea —el órgano supremo de la comunidad— para obtener un ingreso económico que, “cabe decir, nunca habían tenido”.
La diferencia es que “las condiciones de negociación fueron mucho más favorables para la comunidad que en 1997”, considera César Díaz.
El convenio por las 801 hectáreas para depósito de material estéril contempla un pago anual, durante 10 años, de 14 millones de pesos. Una cantidad será para proyectos de desarrollo comunitario y a cada comunero le tocarán siete mil pesos.
Los basureros mineros se utilizan para depositar las rocas y todo el desecho que resulta del proceso de extracción de hierro. El investigador Luis Manuel Martínez, titular del Departamento de Ecología y Recursos Naturales del Centro Universitario de la Costa Sur de la UdeG, calcula que puede resurgir suelo en un poco más de 100 años, si hay un plan de restauración apegado a la normatividad.
“La gente decidió rentar porque necesita el dinero. Nosotros sólo somos acompañantes y asesores, no tomamos las decisiones; si te dicen que quieren rentar, ni modo que les digamos que no porque se van a perjudicar los arbolitos”.
Con las 801 hectáreas, la superficie para aterramiento alcanza las mil 200 hectáreas, similar a la del laboratorio Las Joyas de la UdeG, que se ubica en la Reserva de la Biosfera de la Sierra de Manantlán.
Ambos polígonos se encuentran justo atrás de la mina Peña Colorada, a unos metros de la localidad Las Pesadas (Ayotitlán, municipio de Cuautitlán de García de Barragán), territorio que se disputan Jalisco y Colima.
El contrato es por 14.5 millones de pesos anuales, aunque la empresa aún tiene que ingresar la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y solicitar el cambio de uso de suelo a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Este monto subirá cada año con la inflación. También se hizo un pago por bienes que existieran de aprovechamiento en las tierras de siete millones de pesos.
En el Ordenamiento Ecológico Terrestre de Jalisco, las 801 hectáreas se encuentran en la Unidad de Gestión Ambiental ff3, de conservación de flora y fauna. Sin embargo, al ser la zona limítrofe en disputa, la empresa puede solicitar la autorización ambiental con base en el ordenamiento ecológico de Colima, que sí permite actividad minera. “La Semarnat tiene que ponerse exigente porque definitivamente son tierras de Jalisco”, enfatiza Díaz.
El convenio también establece que sólo utilizarán 500 hectáreas como depósito y 301 hectáreas serán zona de amortiguamiento, que tiene como finalidad proteger a las comunidades aledañas del desequilibrio ambiental.
Informador Redacción / RMP
Asamblea indígena de Ayotitlán, en el Sur de Jalisco, aprobó el proyecto
La comunidad indígena de Ayotitlán, en el Sur de Jalisco, autorizó en agosto arrendar 801 hectáreas para depositar los desechos férreos de una nueva mina, La Chula, de la cual, se calcula, pueden extraerse unas 240 millones de toneladas de hierro.El polígono de 801 hectáreas que utilizará el consorcio Benito Juárez Peña Colorada se encuentra en la zona de influencia de la Reserva de Manantlán y se suma a otras 400 hectáreas que se rentaron a la empresa en el año 1997 y que ahora ya son puro desecho. El pago en aquel entonces fue de 700 pesos por ejidatario. Las tierras quedaron estériles, el arroyo El Mamey quedó enterrado con el remanente de la explotación y se modificó el patrón hidrológico de la cuenca Marabasco, de acuerdo con el Informe de impactos al medio ambiente de Peña Colorada a los terrenos del ejido de Ayotitlán, realizado por el Instituto de Manantlán de la Universidad de Guadalajara en junio de 2009.
El polígono de 801 hectáreas que utilizará el consorcio Benito Juárez Peña Colorada se encuentra en la zona de influencia de la Reserva de Manantlán y se suma a otras 400 hectáreas que se rentaron a la empresa en el año 1997 y que ahora ya son puro desecho. El pago en aquel entonces fue de 700 pesos por ejidatario. Las tierras quedaron estériles, el arroyo El Mamey quedó enterrado con el remanente de la explotación y se modificó el patrón hidrológico de la cuenca Marabasco, de acuerdo con el Informe de impactos al medio ambiente de Peña Colorada a los terrenos del ejido de Ayotitlán, realizado por el Instituto de Manantlán de la Universidad de Guadalajara en junio de 2009.
Área limítrofeCésar Díaz, director de la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas (UACI) de la Universidad de Guadalajara, señala que se trata de un atentado contra el medio ambiente “y sin duda nos involucra a todos, porque será un desastre ecológico; ya sabemos que los daños son irreversibles”. Se prevé que se perderán material fértil, paisaje natural y especies protegidas y que habrá daño a cauces hidrológicos.
Sin embargo, aclara, es una decisión que tomó la Asamblea —el órgano supremo de la comunidad— para obtener un ingreso económico que, “cabe decir, nunca habían tenido”.
La diferencia es que “las condiciones de negociación fueron mucho más favorables para la comunidad que en 1997”, considera César Díaz.
El convenio por las 801 hectáreas para depósito de material estéril contempla un pago anual, durante 10 años, de 14 millones de pesos. Una cantidad será para proyectos de desarrollo comunitario y a cada comunero le tocarán siete mil pesos.
Los basureros mineros se utilizan para depositar las rocas y todo el desecho que resulta del proceso de extracción de hierro. El investigador Luis Manuel Martínez, titular del Departamento de Ecología y Recursos Naturales del Centro Universitario de la Costa Sur de la UdeG, calcula que puede resurgir suelo en un poco más de 100 años, si hay un plan de restauración apegado a la normatividad.
“La gente decidió rentar porque necesita el dinero. Nosotros sólo somos acompañantes y asesores, no tomamos las decisiones; si te dicen que quieren rentar, ni modo que les digamos que no porque se van a perjudicar los arbolitos”.
Con las 801 hectáreas, la superficie para aterramiento alcanza las mil 200 hectáreas, similar a la del laboratorio Las Joyas de la UdeG, que se ubica en la Reserva de la Biosfera de la Sierra de Manantlán.
Ambos polígonos se encuentran justo atrás de la mina Peña Colorada, a unos metros de la localidad Las Pesadas (Ayotitlán, municipio de Cuautitlán de García de Barragán), territorio que se disputan Jalisco y Colima.
El contrato es por 14.5 millones de pesos anuales, aunque la empresa aún tiene que ingresar la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y solicitar el cambio de uso de suelo a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Este monto subirá cada año con la inflación. También se hizo un pago por bienes que existieran de aprovechamiento en las tierras de siete millones de pesos.
En el Ordenamiento Ecológico Terrestre de Jalisco, las 801 hectáreas se encuentran en la Unidad de Gestión Ambiental ff3, de conservación de flora y fauna. Sin embargo, al ser la zona limítrofe en disputa, la empresa puede solicitar la autorización ambiental con base en el ordenamiento ecológico de Colima, que sí permite actividad minera. “La Semarnat tiene que ponerse exigente porque definitivamente son tierras de Jalisco”, enfatiza Díaz.
El convenio también establece que sólo utilizarán 500 hectáreas como depósito y 301 hectáreas serán zona de amortiguamiento, que tiene como finalidad proteger a las comunidades aledañas del desequilibrio ambiental.
