EL INFORMADOR / ALEJANDRA GUILLÉN
Se trata de un fraccionamiento que pretende construir a un lado del Bosque El Nixticuil-San Esteban-El Diente
La Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) delegación Jalisco emitirá en
los próximos días la resolución del cambio de uso del proyecto
Mirasierra, un fraccionamiento que pretende construirse a un lado del
Bosque El Nixticuil-San Esteban-El Diente, que ha sido polémico ya que
en algunos polígonos ha habido incendios forestales y el permiso debería
negarse por 20 años a partir del incidente, de acuerdo con la Ley
General de Desarrollo Forestal.
Desde 2009, el desarrollo fue
cuestionado porque algunos de los polígonos invadían el área natural
protegida y por el impacto hidrológico de la urbanización de más de 60
hectáreas. El 8 de marzo de 2010, los constructores solicitaron el
desistimiento, ya que detectaron que era necesario hacerle
modificaciones a la Manifestación de Impacto Ambiental. Posteriormente
lo reingresaron y el 3 de mayo de 2011, la Dirección General de Impacto y
Riesgo Ambiental de Semarnat emitió la autorización a favor del
fideicomiso Mirasierra BBVA Bancomer, que integra a empresas como
Consorcio G, Gómez Vázquez Aldana GVA y Tierra y Armonía.
Ahora, lo único que le falta a la empresa para empezar a operar es el cambio de uso de suelo.
El Comité Salva Bosque Tigre II señala a través de un comunicado que esa autorización no debe otorgarse, ya que ellos registraron y reportaron a los medios locales distintos incendios en los polígonos 1, 5 y 7.
Además de ese impedimento legal, de otorgarse el cambio de uso de suelo, “el bosque se verá severamente afectado por la disminución en la capacidad de captación de agua al acuífero, pues sufrirá la devastación de áreas donde la infiltración de agua es media-alta o alta”.
La MIA, que puede consultarse en la página web de Semarnat (en el apartado consulta tu trámite), señala que al año serán extraídos casi dos millones de metros cúbicos de agua de nueve pozos profundos, lo cual es “una clara violación al Área de Protección Hidrológica que es El Nixticuil, cuya integridad depende en gran medida de garantizar el respeto por el decreto estatal que así la ha catalogado. Y aunque esta figura de ANP no existe a nivel federal, Semarnat, como instancia máxima en materia ambiental del país, debe también sujetarse al cumplimiento de dicho decreto.
Por otro lado, la consultora Biosferazul, que realizó la MIA y el documento para solicitar el cambio de uso de suelo, es la misma que realizó el proyecto de la Villa Panamericana, el cual también ha sido polémico por las descargas de aguas residuales a cielo abierto en una zona de recarga de acuíferos.
El director de la empresa, el biólogo Luis Osvaldo Toro Vaca (quien antes trabajó en el área forestal de la Semarnat), minimizó en diciembre de 2011 las afectaciones por las descargas.
En la misma empresa labora Patricia Fregoso Cruz, ex secretaria técnica de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (Semades) durante la gestión de Martha Ruth del Toro. Esa misma dependencia estatal, coincidentemente, es la que revisó y autorizó el proyecto de la Villa Panamericana.
Por ello, el Comité Salva Bosque “exige públicamente a la Semarnat” que dé cumplimiento a la normatividad ambiental vigente y emita una resolución negativa para los cambios de uso de suelo solicitados por los promoventes de Mirasierra, “pues de otra manera antepondría el interés del gran capital y la clase político al respecto de uno de los últimos bosques cercanos a la ciudad”.
Ahora, lo único que le falta a la empresa para empezar a operar es el cambio de uso de suelo.
El Comité Salva Bosque Tigre II señala a través de un comunicado que esa autorización no debe otorgarse, ya que ellos registraron y reportaron a los medios locales distintos incendios en los polígonos 1, 5 y 7.
Además de ese impedimento legal, de otorgarse el cambio de uso de suelo, “el bosque se verá severamente afectado por la disminución en la capacidad de captación de agua al acuífero, pues sufrirá la devastación de áreas donde la infiltración de agua es media-alta o alta”.
La MIA, que puede consultarse en la página web de Semarnat (en el apartado consulta tu trámite), señala que al año serán extraídos casi dos millones de metros cúbicos de agua de nueve pozos profundos, lo cual es “una clara violación al Área de Protección Hidrológica que es El Nixticuil, cuya integridad depende en gran medida de garantizar el respeto por el decreto estatal que así la ha catalogado. Y aunque esta figura de ANP no existe a nivel federal, Semarnat, como instancia máxima en materia ambiental del país, debe también sujetarse al cumplimiento de dicho decreto.
Por otro lado, la consultora Biosferazul, que realizó la MIA y el documento para solicitar el cambio de uso de suelo, es la misma que realizó el proyecto de la Villa Panamericana, el cual también ha sido polémico por las descargas de aguas residuales a cielo abierto en una zona de recarga de acuíferos.
El director de la empresa, el biólogo Luis Osvaldo Toro Vaca (quien antes trabajó en el área forestal de la Semarnat), minimizó en diciembre de 2011 las afectaciones por las descargas.
En la misma empresa labora Patricia Fregoso Cruz, ex secretaria técnica de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (Semades) durante la gestión de Martha Ruth del Toro. Esa misma dependencia estatal, coincidentemente, es la que revisó y autorizó el proyecto de la Villa Panamericana.
Por ello, el Comité Salva Bosque “exige públicamente a la Semarnat” que dé cumplimiento a la normatividad ambiental vigente y emita una resolución negativa para los cambios de uso de suelo solicitados por los promoventes de Mirasierra, “pues de otra manera antepondría el interés del gran capital y la clase político al respecto de uno de los últimos bosques cercanos a la ciudad”.
