Juan Carlos G. Partida, Periódico La Jornada, Guadalajara,
Jal., 7 de octubre. Nahuas del ejido de Tequesquitlán, municipio de
Cuautitlán, en el sur de Jalisco, acusaron a la minera china Gan-Bo, que
explota yacimientos a cielo abierto, de contaminar a tal grado la zona
que está afectando el cultivo de tamarindo, el producto más importante
de la comunidad, fuente de ingresos para cientos de familias locales y
migrantes.
Gan-Bo, propiedad del empresario chino Liantuan Wu, comenzó a
explotar en 2009 la mina El Ratón, a las afueras de Tequesquitlán. En
los procesos de explotación a cielo abierto se utilizan explosivos,
cianuro y gran cantidad de agua, lo que afecta veneros y pozos cercanos,
y ha obligado a los pobladores a hacer viajes cada vez más largos para
abastecerse del líquido.
El director de la Liga Jalisciense de Derechos Humanos, Óscar
González Gari, quien asesora a los ejidatarios de Tequesquitlán que
interpusieron amparos por violación de garantías individuales y
sociales, alertó sobre la posibilidad de actos violentos ante la
indiferencia de las autoridades para resolver el problema.
En agosto de 2008, cuando Liantuan Wu intentó explotar ilegalmente un
yacimiento de oro y plata en un predio de un ejidatario nahua, provocó
que los indígenas se apoderaran de maquinaria, lo que hizo que se diera
marcha atrás a la concesión.
La región nahua jalisciense se ubica en los límites con Colima. Pese a
su riqueza minera y forestal, es de las más pobres del estado.
Tequesquitlán es una de las pocas comunidades prósperas del municipio de
Cuautitlán; unos 2 mil ejidatarios cultivan alrededor de 5 mil
hectáreas.
Muy cerca, en Mameyito, también comunidad nahua, la minera
italo-argentina Peña Colorada arrojó hace un par de semanas grandes
cantidades de lodos y aguas contaminados, así como piedras de desecho
que afectaron varias casas.
Destruyeron sembradíos, corrales, casas y gallinas, y afectaron gravemente el único manantial de la comunidad, dijo González Gari. La empresa, propiedad del consorcio Ternium, ofreció indemnización a los indígenas,
pero a entregarse en un futuro no precisado, y únicamente a ejidatarios empadronados del ejido de Ayotitlán, donde se asienta Mameyito.
“La empresa Peña Colorada vuelve a lo de siempre, con la anuencia del
gobierno de Colima, su mayor aliado. Discrimina a los comuneros –que
son mayoría en Mameyito– al no reconocerles personalidad o derecho para
recibir indemnización”, agregó.
González Gari pidió la intervención de los gobiernos federal, de
Colima y Jalisco, así como de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de
esta última entidad.
