Informador Redacción / HJ
Dos grupos pugnan por el manejo de los residuos en la planta de transferencia de La Cajilota, en Tlajomulco
El bloqueo vial de pepenadores ante la oficina
de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (Semades)
puso al descubierto confrontaciones gremiales no resueltas en el manejo y
tratamiento de los residuos, al enfrentarse los sindicatos afiliados a
la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), que se
disputan el control de la separación de la basura en la planta de
transferencia de La Cajilota, en el municipio de Tlajomulco.
El conflicto sindical lo protagonizan las dirigentes Anaí Puga
Casillas (lideresa de la planta en Tlajomulco y respaldada por Alfredo
Barba Hernández) y su contraparte Araceli Batres (dirigente de los
rellenos del camino
a Matatlán y Los Laureles y apoyada por Antonio Álvarez Esparza), las
que se adjudican tener el respaldo legal a su favor para operar la
pepena de la basura.
De parte de la Semades, el titular de la Dirección General de Protección Ambiental, Ernesto Naranjo Castellanos, refirió que su dependencia no puede actuar ante lo que es un conflicto laboral entre las partes involucradas, como la concesionaria del tratamiento de la basura y los sindicatos de pepenadores.
Araceli Batres se queja de que la concesionaria ha perjudicado a su sindicato al negarles la pepena en Tlajomulco. Por su parte, Anaí Puga acusa que de parte de Batres “hay una actuación de avaricia, dado que no se conforma con manejar a los pepenadores de Matatlán y los Laureles”. Puga dice actuar “con respaldo legal en su sindicato que integra a 150 pepenadores”.
Puga incluso acusó a Batres “de invadir propiedad privada en Los Laureles”. La acusada negó tal argumento: “Se tiene contrato para el trabajo mientras dure la vida útil de este relleno. Trabajamos conforme a derecho”.
Naranjo Castellanos refirió que al menos la planta de la Cajilota recibe unas 120 toneladas al día y ha cumplido la tarea de reducir viajes de residuos desde Tlajomulco al relleno de Los Laureles en el municipio de El Salto; ya antes se tenían que dar de 20 a 25 viajes, mientras que ahora sólo se hacen de cinco a seis.
De parte del Ayuntamiento de Tlajomulco, su director jurídico, Eric Tapia, aseveró que la autoridad municipal es ajena al conflicto entre la concesionaria y los pepenadores. Explicó que la planta de transferencia instalada en La Cajilota tiene permiso de Semades y licencia municipal, y trabaja con normalidad, y su funcionamiento ha sido positivo para el municipio.
”PRESIONES”
Caabsa Eagle no cede
La concesionaria Caabsa Eagle, operadora del tratamiento de residuos, indicó que no cederá a las presiones “de una mafia que quiere controlar la valoración de los residuos en la Zona Metropolitana de Guadalajara”, en referencia al grupo que se manifestó afuera de las oficinas de la Semades.
De parte de la Semades, el titular de la Dirección General de Protección Ambiental, Ernesto Naranjo Castellanos, refirió que su dependencia no puede actuar ante lo que es un conflicto laboral entre las partes involucradas, como la concesionaria del tratamiento de la basura y los sindicatos de pepenadores.
Araceli Batres se queja de que la concesionaria ha perjudicado a su sindicato al negarles la pepena en Tlajomulco. Por su parte, Anaí Puga acusa que de parte de Batres “hay una actuación de avaricia, dado que no se conforma con manejar a los pepenadores de Matatlán y los Laureles”. Puga dice actuar “con respaldo legal en su sindicato que integra a 150 pepenadores”.
Puga incluso acusó a Batres “de invadir propiedad privada en Los Laureles”. La acusada negó tal argumento: “Se tiene contrato para el trabajo mientras dure la vida útil de este relleno. Trabajamos conforme a derecho”.
Naranjo Castellanos refirió que al menos la planta de la Cajilota recibe unas 120 toneladas al día y ha cumplido la tarea de reducir viajes de residuos desde Tlajomulco al relleno de Los Laureles en el municipio de El Salto; ya antes se tenían que dar de 20 a 25 viajes, mientras que ahora sólo se hacen de cinco a seis.
De parte del Ayuntamiento de Tlajomulco, su director jurídico, Eric Tapia, aseveró que la autoridad municipal es ajena al conflicto entre la concesionaria y los pepenadores. Explicó que la planta de transferencia instalada en La Cajilota tiene permiso de Semades y licencia municipal, y trabaja con normalidad, y su funcionamiento ha sido positivo para el municipio.
”PRESIONES”
Caabsa Eagle no cede
La concesionaria Caabsa Eagle, operadora del tratamiento de residuos, indicó que no cederá a las presiones “de una mafia que quiere controlar la valoración de los residuos en la Zona Metropolitana de Guadalajara”, en referencia al grupo que se manifestó afuera de las oficinas de la Semades.