Darío Pereira/La Jornada Jalisco
Los representantes de los pueblos de la
barranca del Río Santiago acusaron al ayuntamiento de Zapopan, a la
Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable (Semades) y a
la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa) de incumplir
con el acuerdo firmado hace tres años para solucionar los conflictos
causados por la contaminación generada por los tiraderos Picachos y
Hassar’s
En un comunicado emitido por la Asamblea
de Afectados Ambientales, denunciaron que las autoridades sólo han
realizado tres de las 17 obras sociales en las comunidades afectadas que
se pactaron como “pago de daños” y, agregaron, todavía se detecta que
los lixiviados de ambos basureros que son descargados a la cuenca
contienen cianuro, mercurio, arsénico y cromo por encima de la norma
ambiental.
Aseguraron
que de las 11 cláusulas del acuerdo que fue firmado entre pobladores,
empresarios y autoridades el 14 de octubre de 2009 –bajo la
administración de Juan Sánchez Aldana, pero reconocido también por la de
Héctor Vielma–, sólo la que estipuló el respeto al derecho de los
pobladores para manifestarse y fincó la certeza de que no se actuaría
legalmente en su contra, se ha cumplido.
El resto, que tienen que ver con la
realización de mayores estudios para conocer las afectaciones que los
tiraderos tienen en el área, la implementación de mesas de diálogo y
acciones para sanear la cuenca de la polución generada por Picachos,
Hassar´s y los criaderos porcícolas –dijeron– no se han cumplido.
Dado que el convenio también fue suscrito
por el actual alcalde de Zapopan, Héctor Robles Peiro, los afectados le
solicitaron una respuesta puntual de las demandas expuestas, así como
el cumplimento de acuerdos posteriores, como los firmados con el
gobierno local en julio de 2010, así como en febrero y junio de 2012, en
el marco de las movilizaciones que los vecinos realizaron en los
vertederos.
Asimismo, los habitantes de los pueblos
del Río Santiago hicieron un recuento de las asignaciones del
presupuesto 2012 destinadas a la realización de las obras sociales
acordadas, recursos que, aseguran, aún no se aplican de manera íntegra.
Detallan que se presupuestaron 911 mil
pesos para una planta de tratamiento de aguas residuales para Huaxtla;
cuatro millones 200 mil pesos para la construcción de dos pozos
artesianos para Milpillas y San Lorenzo; dos millones 400 mil pesos para
la renovación de la red de agua potable La Soledad-Ixcatán con una
longitud de 7.5 kilómetros; cuatro millones 500 mil pesos destinados a
un puente vehicular en la zona del vado La Soledad; cinco millones para
construir un centro de salud en Ixcatán; dos millones 500 mil pesos para
un centro de salud en La Soledad; y 12 millones 800 mil pesos para un
camino de pavimento con asfalto de Milpillas a Huaxtla.
Finalmente, los afectados exigieron nuevamente el cierre de ambos tiraderos.
