Ante falta de agua, habitantes de San Pedro Itzicán incluso beben del lago. Foto: Chema Martínez
Agustín del Castillo/Público
La Comisión Estatal de Derechos Humanos
de Jalisco (CEDHJ) dictó el pasado 19 de diciembre, medidas cautelares
al Ayuntamiento de Poncitlán, a la Comisión Estatal del Agua y a la
Secretaría de Salud, en la ribera de Chapala, para garantizar el derecho
a la salud y al agua del poblado de San Pedro Itzicán, que ha recibido
por años aguas de escasa calidad y en volumen insuficiente, con el
posible efecto de enfermedades renales que incluso habrían cobrado la
vida de algunos pobladores.
El oficio respectivo está firmado por
Gaudelio Eduardo García Félix, adjunto a la Tercer visitaduría de la
CEDHJ, bajo el número 5587/11/III, lo que es fruto de una promoción
realizada por la Fundación Cuenca Lerma Lago de Chapala Santiago, que
encabeza Manuel Villagómez Rodríguez.
“Las
condiciones económicas de los habitantes de San Pedro no son las
mejores, y a falta de recursos para beber agua embotellada se ven en la
necesidad de tomar agua de la llave, e incluso a veces, dicen que le
entran a la del propio lago, lo cual es una situación grave, ante el
hecho de que asevere la Comisión Estatal del Agua [CEA] que la totalidad
de las plantas de tratamiento de agua en Chapala están funcionando, y
más grave me parece que el drenaje y el cárcamo se encuentren dentro del
lecho del lago en el caso de esta población”, advirtió María Agustina
Rodríguez, asesora ambiental de la fundación.
La mancha de materia orgánica y las
grasas se acumulan en la orilla, y es ahí en donde los pescadores están
con sus redes y sus líneas para llevarles de comer a la casa, “ya ni
siquiera es pesca comercial, es para la supervivencia. La amibiasis es
otro problema severo en este sitio”, añadió.
La población de San Pedro Itzicán tiene
más de diez años pidiendo al Ayuntamiento de Poncitlán agua potable y no
les han dado respuesta al asunto. Las personas enfermas por problemas
renales, presumiblemente por esta fuente, son Pablo de Jesús, Francisca
Torres, Marcelino de Jesús, María Baltazar Castellanos, Pabla Tolentino,
Gabriela Solano, Manuel Torres, Claudio Baltazar, Martín Baltazar
Navarro, Meño Núñez de Jesús, Julián Zamora González, Nicolás Loza,
Emifrigildo Tolentino, Santos Baltazar, Ernestina Baltazar, Salvador
Gutiérrez de Jesús, Juana de Jesús Baltazar (trasplantada de riñón),
María de las Nieves Luz Torres, Alberto de Jesús (fallecido) y Mario de
Jesús Ávalos, según los datos recabados por la fundación.
Las medidas cautelares obligan a entregar
informes de la calidad del agua, de la calidad de la pesca y prevenir
los daños a la salud en los habitantes de la población ribereña, según
el oficio referido.
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