• Las autoridades buscan evitar surgimiento de grupos de autodefensa; los habitantes insisten en que es necesaria
Ayer se realizó la primera reunión sobre la creación de una policía comunitaria. Foto: Arturo Campos Cedillo.
Darío Pereira/La Jornada Jalisco.- Con
posiciones encontradas inició la discusión entre habitantes de la
comunidad indígena nahua y autoridades sobre la pertinencia de instaurar
una policía comunitaria en localidades de la Sierra de Manantlán, en el
municipio de Cuautitlán de García Barragán, en los límites con Colima.
Desde el secuestro del activista
Celedonio Monroy, ocurrido el 23 de octubre en la localidad de Loma
Colorada, ejido de Ayotitlán, la comunidad vive angustiada, ya no sólo
por el desgaste ecológico del que han sido objeto sus tierras a causa
del saqueo ilegal de minerales y madera de la biósfera de la Sierra,
sino por su seguridad.
Durante la
asamblea del Consejo de Mayores de la Sierra de Manantlán que se celebró
el 27 de noviembre del 2012 –en donde participó la comisión legislativa
de Asuntos Indígenas, encabezada por el diputado Clemente Castañeda
Hoeflich, así como personal de la Unidad de Apoyo a Comunidades
Indígenas de la Universidad de Guadalajara–, los habitantes de Ayotitlán
pidieron el apoyo de las autoridades para crear su propia policía
comunitaria.
Con esa petición, la comisión legislativa
avaló analizar su creación y la posible presencia del Ejército en los
ingresos de Cuautitlán de García Barragán y Minatitlán. Por ello, la
tarde de ayer en la Casa de la Cultura de la cabecera municipal, con la
participación de representantes del Ejército, la Secretaría de Seguridad
Pública, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) y
académicos, se llevó a cabo la primera reunión de trabajo para analizar
la creación de la policía comunitaria.
En la reunión, Castañeda Hoeflich planteó
una propuesta que avala la creación de una fuerza policial comunitaria
para funciones primordialmente de vigilancia y que atienda delitos de
bajo impacto, a la par de trabajar en un reforzamiento de las fuerzas de
seguridad con presencia en la zona.
“La policía comunitaria no sustituiría al
resto de las instancias, sólo trabajaría en otro nivel de procuración y
administración de justicia (…) No se está pensando aquí en promover
grupos de autodefensa, como ha sucedido en otros puntos del país”,
expuso.
Sin embargo, las posturas de los habitantes parecen no entrar en el punto medio propuesto por el Poder Legislativo.
En conjunto con funcionarios municipales,
que pidieron no dar por hecho la creación de la policía comunitaria,
algunos habitantes de las localidades afectadas insistieron en que la
procuración de seguridad recaiga sólo en las fuerzas policiales de los
tres niveles de gobierno, además del Ejército.
“Aquí han asesinado hasta policías, ¿qué
creen que pase con una policía comunitaria? No es de la competencia de
la comunidad meterse a la investigación, es de competencia del gobierno
(…) Si yo mando a un amigo, ¿Para qué? ¿Para mandarlo como carnada?”,
expuso uno de ellos.
Sin embargo, ante el reconocimiento de
las autoridades de que no ha habido ningún avance en la investigación
para dar con el paradero de Monroy, y las denuncias de su esposa, Blanca
Estela González, quien confirmó que la presencia de grupos armados
sigue siendo una constante en la zona –el pasado domingo se apostaron a
la entrada de Loma Colorada–, para otros la creación de esta figura
resulta urgente.
Entre ellos se cuenta Gaudencio Mancilla,
presidente del Consejo de Mayores de la Sierra de Manantlán, quien
insistió en que si no se toman medidas extraordinarias, las
consecuencias podrían ser graves.
“Si el presidente (municipal) no cede,
porque lo estamos haciendo con gente profesional, con diputados, con el
Ejército, y si ellos no ven legal eso… Si se revienta la comunidad, es
culpa de ellos, no es culpa de la comunidad, porque la comunidad está
viendo por su seguridad, porque de a huevo tiene que defenderse”, aseveró.
La última palabra podría tomarse el 17 de
marzo, día en que se acordó, se realizará una consulta entre los
ejidatarios de Ayotitlán para definir el siguiente paso.
En tanto, la comisión de Asuntos
Indígenas se comprometió a realizar un proceso de sociabilización de los
alcances, objetivos y lineamientos bajo los que operaría.
