Ciudad de México a 25 de enero de 2012.
A las organizaciones populares del país,
A los periodistas y representantes de los medios de
comunicación,
A la opinión Pública Nacional e Internacional,
De la manera más atenta hacemos de su conocimiento los hechos
violentos que han venido ocurriendo desde 2008 en la comunidad de San José del
Progreso, Oaxaca a raíz de la entrada en operación de la minera Cuzcatlán,
filial de la empresa canadiense Fortuna Silver Inc.; los cuales tienen como
último capítulo lo ocurrido el pasado 18 de enero de 2012 donde perdió la vida
el compañero Bernardo Méndez Vásquez y sufrió graves heridas la compañera
Abigaíl Vásquez Sánchez.
San José del Progreso, Oaxaca es sólo una de tantas
comunidades agredidas por la minería. En más de 13 estados de la república se
han suscitado conflictos socio-ambientales: Chihuahua, Baja California Sur,
Sonora, Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí,
Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas. México se ha convertido en el principal
destino de Latino América para la inversión minera y el cuarto destino a nivel
mundial. El 26% del territorio nacional se encuentra concesionado a proyectos
mineros, se encuentran operando 757 proyectos mineros de capital extranjero, de
los cuales el 73% son empresas canadienses. Gran parte de la superficie
entregada a las mineras es propiedad ejidal lo que ha ocasionado conflictos
socio-ambientales.
Si es verdad lo que afirma el gobierno del Estado de Oaxaca, respecto
a que el día 18 de enero de 2012 se ejecutaba la introducción de agua potable a
través de un pozo tipo “noria” y una línea de conducción de agua potable para
el beneficio de todos los habitantes de la población, no parece congruente que
el presidente municipal, Alberto Mauro Sánchez, junto con el regidor, Gabriel
Pérez Ruiz y otros sujetos, abrieran fuego con armas de alto poder y uso
exclusivo del ejército (R-15) contra la población que sería supuestamente
beneficiada con la obra hidráulica.
Queremos hacerles saber que San José del Progreso fue una
comunidad tranquila hasta la llegada de la empresa canadiense Fortuna Silver
Inc., conocida localmente como Minera Cuzcatlán, y es cierto, como manifiesta
el gobierno del estado, que existe un problema de carácter político. Sólo le
faltó agregar que en el mismo tiene las manos metidas la citada empresa minera,
ya que de todos es sabido cómo incidió en el proceso electoral para que
personas afines a su proyecto minero ocuparan los cargos políticos municipales,
con el único interés de seguir conservando sus lucrativos negocios con las
autoridades municipales, pues como el mismo apoderado legal lo declarara
públicamente en el año 2010, que por petición del expresidente municipal Amadeo
Alejo Vásquez Rosario en el año 2007, no consultaron a la población para el
inicio de las operaciones de exploración de dicha empresa, lo cual deriva en una falta de legitimidad de
esas autoridades que se hace más evidente cuando se dedican a cuidar y defender
los intereses de la empresa minera que de ninguna manera son los de la
población. Esto por consecuencia ha generado un vacío de poder y una pugna con
las organizaciones comunitarias y las organizaciones no gubernamentales que
practican las formas de organización provenientes de su experiencia histórico,
política y cultural, que buscan rescatar su vida comunal, el estado de derecho,
desarrollo sustentable y la paz social secuestrada desde la llegada de la minera
Cuzcatlán.
Consideramos que no es función del estado oaxaqueño atemperar
ánimos, como dice hacerlo, sino hacer cumplir el estado de derecho plasmado en
las normas constitucionales y las que de ella emanan; no dudamos de su buena
voluntad a fin de conciliar a los grupos en pugna, mas, de esa forma, lo que se
está atacando son los efectos mientras que las causas quedan intocadas. Los
diversos problemas que se han suscitado y seguirán, son originados y
estimulados por la presencia y actividades de la multicitada minera, cuyos
impactos no se constriñen a lo ambiental, inciden por consecuencia en lo
político y social como está ampliamente demostrado.
La complicidad de las autoridades de los tres niveles de
gobierno con la Minera Cuzcatlán se hacen más evidentes cuando en reiteradas
ocasiones se les informó e hizo llegar las evidencias fotográficas y
filmaciones de las agresiones cometidas en diversos momentos, tanto por la
llamada asociación civil San José Defendiendo Nuestros Derechos (creada y
financiada por la minera) presidida por Servando German Arango, así como por
las mismas autoridades municipales y de los cuerpos policiacos de la policía
estatal y federal en contra de los integrantes de la Coordinadora de Pueblos
Unidos del Valle de Ocotlán (COPUVO) por lo que denunciamos que el objetivo principal de la empresa minera
ha sido la obtención de excesivas ganancias económicas por encima de la vida y
la tranquilidad de nuestro pueblo. A manera de ejemplo, citamos cuatro de
los principales conflictos suscitados en nuestra comunidad:
Desalojo 6 de Mayo 2009.
Artemio Lidio MuñozVásquez,
miembro de la Asociación civil San José Defendiendo Nuestros Derechos,5 de
Abril 2010.
Amador Vásquez Gómez,
Sindico Municipal de San José del progreso, 6 de Marzo 2011.
Albindo Gómez Rodríguez,
Policía Municipal y demás elementos de la policía municipal y uno de los
actores directos de la muerte de Bernardo Méndez Vásquez, 18 de Enero del 2012.
En este contexto nos resultan aberrantes los reportes sobre
el beneficio económico de la empresa, quien ha comunicado recientemente que
los costos de producción de una onza de plata en la mina “San José” es
de 7.40 dólares; Según la bolsa de Valores, el precio actual de compra de una
onza de plata es de 32.20 dólares, por lo tanto la empresa minera Cuzcatlán
obtendría una ganancia de 24.80 dólares por cada onza de plata que produce.
Según estimaciones de la empresa, la “mina” estaría
produciendo anualmente cinco millones de Onzas de plata, lo cual se
traduciría en 124 millones de dólares de
ganancias anualmente.
Queremos manifestar que estas ganancias excesivas no se han
traducido en mejores condiciones de vida para el municipio de San José del
Progreso. Por el contrario, se encuentra amenazado el principal recurso natural
con el que contamos: el agua y se ha
provocado un conflicto social que, a la luz de los últimos acontecimientos,
tiende a agravarse.
Para San José del Progreso no hay ley, justicia o poder que
pueda contra la empresa minera Cuzcatlán, ya que los agravios cometidos a la
población son amparados por las autoridades municipales y estatales de Oaxaca.
También es demostrable técnicamente el consumo excesivo de
agua que requieren este tipo de proyectos, y es lógico que la empresa busque a
como de lugar el abastecimiento requerido. Este es un hecho y en este caso el
fondo del asunto, la diferencia de intereses y conceptos, mientras que para los
habitantes de la zona el agua significa la vida y la preservación de las
especies, para la empresa y sus incondicionales, el agua significa ganancias
monetarias privadas.
Creemos necesario referir que este conflicto es sólo una
muestra del futuro que nos espera. En Oaxaca hay varias docenas de proyectos
mineros similares al de San José de Progreso. Conforme llegan a la etapa de
explotación, por necesidad se genera un nuevo conflicto socio-ambiental y
político, contaminación y agotamiento de las diversas fuentes hídricas
superficiales y subterráneas, incremento en actos de represión de los
defensores ambientales, que como fue el caso que nos ocupa, defienden los derechos
colectivos, de toda la sociedad como es el derecho inalienable al agua.
En este contexto exigimos:
Ø Cierre definitivo de la mina
Cuzcatlán que es el origen del conflicto de San José del Progreso.
Ø COPUVO responsabiliza a la empresa
minera Cuzcatlán, filial de la empresa canadiense Fortuna Silver Inc. de las
violaciones a los derechos humanos, confrontaciones, heridos y muertos
suscitados en la comunidad desde 2008.
Ø Desaparición de poderes en San José
del Progreso.
Ø Audiencia inmediata con el gobernador
del estado de Oaxaca.
Ø Se garantice justicia para el pueblo
de San José del Progreso y el castigo a los responsables del crimen cometido
contra los compañeros Bernardo Méndez Vásquez y Abigaíl Vásquez Sánchez.
Ø Reparación del daño a los deudos de
Bernardo Méndez Vásquez.
Ø Solución de fondo a la problemática
de San José del Progreso.
Ø Alto a la represión contra los
luchadores sociales en todo el país.
Ø Expulsión a todas las mineras
canadienses de nuestro país, aplicación inmediata del artículo 33
Constitucional por atentar contra nuestra Soberanía, nuestra Paz social y
contra la Integridad y la Vida misma de los mexicanos.
Como medida de protección para los habitantes de la región y
protesta por tan terribles actos violentos iniciaremos una campaña a nivel
nacional e internacional, demandando no sólo el castigo de los responsables de
tan vil atentado, sino también una solución de fondo como sería la salida de
nuestras tierras de la transnacional canadiense, Fortuna Silver Inc., como causante
intelectual de los acontecimientos.
Atentamente
Coordinadora
de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (COPUVO); Colectivo Oaxaqueño en Defensa
de los Territorios; Asamblea Nacional de Afectados
Ambientales; La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental; Consejo de
Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota; Centro "Fray Julián
Garcés" Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C.; Centro de Derechos
Indígenas Flor y Canto; Coordinadora de Pueblos Unidos por la Defensa del
Agua de los Valles Centrales de Oaxaca; Pro San Luis Ecológico ;Movimiento
de Liberación Nacional; Sección XVIII SNTE-CNTE Michoacán; El Pregón-MLN;
RADAR, Colectivo de
Estudios Críticos en Derecho; Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y
Palmarejo ; Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario A.C.; Red en
Defensa del Maíz; Prevención, Capacitación y Defensa del Migrante A.C.;
Agrupación Un Salto de Vida A.C., Jalisco; El Frente de Pueblos Indígenas en
Defensa de la Madre Tierra, Estado de México; El Consejo Indígena del Trueque,
Estado de México;
Colectivo
Hoja Verde; Comunidad de Huaxtla; Mexicanos Creando Consciencia A.C.
EL INFORMADOR / ALEJANDRA GUILLÉN
