Urgen recursos a humedales

Diciembre 16, 2012

 

Andrés Martínez  Mural  (16 diciembre 2012).- Para que los esfuerzos realizados desde hace cinco años por el Comité Estatal para la Protección Ambiental de los Humedales de Jalisco (CEPAHJ) puedan transformarse en resultados positivos, urge que el Gobierno Federal ponga de su parte y aporte los recursos necesarios.

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable (Semades), para poder realizar las actividades de restauración, conservación e investigación que requieren los humedales que hay en la entidad, se necesita la conformación de una bolsa económica que lo financie. Según Antonio Ordorica Hermosillo, director de Planeación Ambiental y Desarrollo Sustentable de la dependencia estatal, al menos en el caso de los 13 humedales de importancia internacional que fueron inscritos en la Convención Ramsar, los recursos tendrían que venir de la Federación.
“Si el Estado Mexicano se comprometió con la Convención Ramsar, es en principio el Ejecutivo federal el que tendría que hacer frente a esos compromisos internacionales, en principio”, comentó.
“El gran tema es que no ha habido una bolsa económica para atender de manera estratégica las necesidades apremiantes de los humedales”.
El funcionario estatal destacó la importancia de destinar recursos para la conservación de los humedales, pues a diferencia del sexenio pasado, actualmente ya se cuenta con comités locales y programas de manejo en vías de ser publicados, que permitirían hacer un uso más eficiente del dinero.
“Ya hay una coordinación a nivel estatal con diferentes instituciones académicas, de la sociedad civil y de las propias instituciones gubernamentales, trabajando en objetivos comunes”, expresó.
“Se está dejando una base de organización local para que los instrumentos de los programas de manejo que vamos a empujar, que de verdad sean observados por los actores (…) estamos dejando muchas bases muy importantes para la nueva Administración”.
En noviembre pasado MURAL publicó que debido a la falta de recursos económicos y a que carecían de un cuerpo técnico o medidas especiales de conservación, 12 de los 13 humedales jaliscienses que están inscritos en la Convención Ramsar padecían por diversos tipos de problemas ambientales.
Entre otras cosas, los humedales registran contaminación industrial, doméstica y agrícola, así como deforestación, caza y pesca irregular, desvío de los cauces que los alimentan, así como asolvamiento e invasión del vaso lacustre.

Cuento de Navidad. Los Zurdos

Rómpales su piñata a Nieto

Pue/Méx. Boletín de Prensa: Comunidad Indígena Totonaca de Olintla, Puebla, dice NO a proyecto hidroeléctrico

Foto ReddH

Boletín de prensa

Comunidad Indígena Totonaca de Olintla, Puebla,

dice NO a proyecto hidroeléctrico

14 de diciembre 2012, Puebla, Pue.

El 14 de abril de 2011 el gobernador Rafael Moreno Valle firmó el Convenio “Generación de energía limpia” con Javier García de Quevedo, presidente de Minera México. En dicho convenio se acordó la construcción de cuatro hidroeléctricas bajo el esquema de autoabastecimiento de energía eléctrica para la empresa minera con una inversión de 2 mil millones de pesos. El principal accionista de Grupo México es Germán Larrea, uno de los hombres más ricos de México.

A partir de julio del 2011 Grupo México inició actividades reconocimiento de terrenos y trazo de caminos en diversas comunidades indígenas de los municipios de Ahuacatlán, Olintla y Bienvenido sin haber presentado manifestaciones de impacto ambiental ni tener la autorización de los propietarios de los terrenos, cometiendo así el delito de daño a propiedad ajena y daños a la ecología.

Desde el mes de octubre, el presidente municipal de Olintla Héctor Arroyo Bonilla y el síndico municipal Domingo de Jesús Francisco Galndo, haciendo uso indebido de sus funciones, han presionado y amenazado a pobladores de la comunidad de Ignacio Zaragoza para que vendan sus tierras a la empresa y para que acepten el proyecto hidroeléctrico, llegaron incluso a amenazar al juez de paz de esa comunidad para que firmara un documento aprobando la construcción de la hidroeléctrica sosteniendo que de no hacerlo, el gobierno federal enviaría al ejército a la comunidad.

El 5 de diciembre una máquina tipo bulldozer pretendía entrar a Ignacio Zaragoza para abrir un camino hasta el río Ajajalpan pasando sobre las tierras de pobladores de la comunidad sin su autorización. Algunos pobladores se organizaron para detenerla, impidiendo su paso hasta el momento.

El 6 de diciembre el presidente municipal de Olintla con su cuerpo de policías llegó a exigir a Zaragoza que dejaran pasar la máquina, un policía amenazó a la gente con rociarles gas pimienta al no lograr convencer a los pobladores con palabras.
Ante estas situaciones pobladores de Ignacio Zaragoza interpusieron quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por la indebida actuación del presidente municipal y el síndico de Olintla, y denuncias penales por daños a propiedad ajena, abuso de autoridad y daños a la ecología.

Denunciamos que la pretendida construcción de tres hidroeléctricas sobre el río Ajajalpan, afectaría gravemente la vida de los pueblos totonacos al disminuir de manera drástica el caudal de agua del río la cual ha venido disminuyendo año con año, afectándose además, la fauna y flora de la región agravada por la capa vegetal que está siendo removida por la construcción de los proyectos.

Denunciamos también que otros dos proyectos hidroeléctricos están siendo promovidos por empresas privadas en la sierra norte, uno sobre el río Apulco en el municipio de Zacapoaxtla y otro sobre los ríos Zempoala y Ateno afectando los municipios de Xochitlán, Zapotitlán, Zoquiapan y Nauzontla.

Por tales motivos exigimos al gobierno Federal, Estatal y municipal:
1. La inmediata salida de la comunidad de Ignacio Zaragoza de la maquinaria con la que se pretende abrir un camino hasta el río Ajajalpan.
2. Garantizar la reparación de los daños ocasionados en los terrenos que han sido afectados por la empresa privada.
3. La cancelación de los proyectos hidroeléctricos en la Sierra Norte de Puebla, ya que lejos de ser proyectos que benefician a las comunidades a la larga, profundizarán la marginación pues producen graves daños ecológicos y sociales.
4. Respetar el derecho de las comunidades indígenas a ser consultadas de manera previa, libre e informada como lo estipula el Convenio 169 de la OIT ante cualquier proyecto que afecte sus vidas y el territorio donde viven.
5. Garantizar la seguridad de los compañeros que están ejerciendo su pleno derecho a defender sus tierras que son su principal medio de sustento.

Unidad Indigena Totonaca Nahua, Universidad de la tierra en Puebla, Unión de Cooperativas Tosepan Titataniskej, Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, Centro de Estudios Ecuménicos, Pastoral Social Sierra Norte de Puebla, Centro operacional de Vivienda y Poblamiento, Timomachtikan, Naku Skgoy, Centro de Estudios para el Desarrollo Rural, Red de Defensa de los Derechos Humanos (REDDH).

–

___________________________________________________

Dignidad, Justicia, Libertad

Red de Defensa de los Derechos Humanos

REDDH

Web:  www.reddh.org

correo: contacto@reddh.org

Facebook: reddh dh

Twitter: @Reddh_mex

Skype: reddh.mex

La revista ‘Tukari’ expone a los nahuas

 Miguel Ángel Avilés/Milenio

Busca dar a conocer vida de habitantes de la Sierra de Manantlán y su problemática.

Foto: Miguel Ángel AvilésLos nahuas muestran su vida cotidiana en esta exposición.

Guadalajara • El Ex Convento del Carmen aloja la exposición fotográfica Miradas a los nahuas de Ayotitlán, Jalisco, una serie de 97 imágenes de mediano y pequeño formato que es un trabajo colectivo de Sara König y Ramón Michelle Pérez.

La exposición surge como una extensión del trabajo que realiza la revista Tukari, una edición de la Coordinación de Vinculación y Servicio Social del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, la cual cuenta con cinco años de vida y se distribuye en las comunidades indígenas y en su sitio web: http://www.tukari.udg.mx.

Actualmente, en la Reserva Ecologica de la Sierra de Manantlán habita la comunidad más grande de nahuas en el estado, que cuenta aproximadamente, con 7, 400 habitantes que viven en 88 comunidades.

Esta comunidad ha sido explotada de los recursos naturales con los que cuenta. Los bosques y los yacimientos de hierro, oro y plata han llamado la atención de la minera transnacional Peña Colorada, propiedad de las transnacionales Ternium y Mittal Steel, quienes se encargan de extraer los metales.

La muestra fotográfica busca concientizar y dar a conocer la vida de los habitantes de esa zona y los problemas a los que se enfrentan.

“La exposición está pensada como si uno fuera a la comunidad, ingresara a la casa de uno de los miembros, tomara un café y diera miradas. La foto en gran formato es la del habitante y las pequeñas son fotos de detalle. Buscamos adentrarnos a la cotidianidad de la comunidad nahua, observar su riqueza natural y manifestar su problemática y la lucha que está haciendo la comunidad. En particular, el consejo de mayores nahuas, ha sido férreo para poder enfrentar la problemática con las empresas mineras y madereras”, comenta Ramón Michelle, director de la revista, en entrevista para MILENIO JALISCO. La exposición es una llamada de atención a las autoridades, porque el pasado 23 de octubre un comando irrumpió en la casa de Celedonio Monroy Prudencio, líder nahua, que se lo llevó y actualmente se encuentra desaparecido. La exposición estará en exhibición en la Ante Sala de la Capilla Elías Nandino del Ex Convento del Carmen hasta el 10 de febrero de 2013 y se puede visitar de martes a sábado de 11:00 a 20:30 horas y domingos de 11:00 a 20:00 horas.

El Río Santiago, emblema de Greenpeace en campaña contra intoxicación de los ríos

• Documentación oficial obtenida por el grupo revela que las autoridades saben del grado de contaminación en las cuencas
Manifestación de Greenpeace en México. Foto cortesía Greenpeace

Alejandro Velazco/La Jornada Jalisco.- Con actividades como recorridos con bicicleta en municipios por donde pasa el Río Santiago y la difusión del documental Un Salto de Vida, la organización internacional Greenpeace lleva a cabo la campaña Detox para exigir a las industrias que abandonen el uso de tóxicos en sus procesos de producción. En esta etapa, el colectivo se ha concentrado en empresas dedicadas a la industria de la moda, pues muchos proveedores de textiles utilizan tintes que contienen químicos que afectan los cuerpos de agua, la biodiversidad y la salud humana.

La organización internacional encontró que las maquiladoras Lavamex y Kaltex –proveedores de la corporación estadunidense Levi’s–, realizan descargas de contaminantes en sus plantas de Aguascalientes y Querétaro.

Con anterioridad, la asociación internacional ha logrado que empresas multinacionales como Zara (española) se unan al reto Detox y eviten el uso de químicos en sus prendas; ahora están enfocados en lograr que Levi’s se adhiera también a esta tarea por mantener ríos limpios.

El caso de la comunidad de El Salto ha sido usado como emblema para la campaña, tanto a nivel nacional como internacional, debido al espectáculo de contaminación industrial que representa el Río Santiago. El citado documental, dirigido por el cineasta Eugenio Polgovsky, ha servido para crear conciencia sobre lo que sucede en otras partes de México y el mundo.

El caso de Lavamex afecta la cuenca Lerma-Chapala-Santiago pues, según la investigación Hilos tóxicos: al desnudo la planta perteneciente al grupo Inisa, utiliza sustancias tóxicas con impactos peligrosos para el medio ambiente y a la salud, los cuales llegan al Río San Pedro, cuerpo de agua que desemboca en el Santiago.

Desde el año 2000, según la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se cuenta con un permiso de descargas de aguas residuales, sin embargo se detectaron dos tubos más que estarían de manera irregular descargando los residuos industriales de la mezclilla que sale de Lavamex.

El otro caso estudiado afecta la cuenca del río Pánuco. La planta Kaltex –la compañía textil más grande de Latinoamérica y que genera alrededor del 30% de la mezclilla en México– ubicada en San Juan del Río, Querétaro, tiene dos permisos oficiales para descargar sus vertidos, uno al río San Juan y otra descarga más pequeña a un campo. Las licencias están limitados a establecer máximos permisibles para los parámetros de contaminación general y ciertos metales pesados.

Ahí se encontró presencia de químicos dañinos –algunos similares a los de Lavamex–, y además se localizó un tubo de descarga residual directamente al río San Juan.

“El caso del río Santiago es sintomático del tipo de problemas que se enfrentan en muchas de las cuencas de ríos en México”, explica Greenpeace en su informe, lo cual hace que se utilice como símbolo de la campaña, relatando los problemas que este tipo de industrias causan, a través de los ojos de los activistas de la asociación Un Salto de Vida y la familia Enciso González.

Muchas de las fábricas ubicadas en El Salto descargan directamente en tuberías que llevan a cuerpos de agua que desembocan en el Río Santiago y que afectan la cuenca de El Ahogado, en donde se construyó la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del mismo nombre, altamente criticada por solamente tratar desechos orgánicos.

Según la Comisión Estatal del Agua, de las 32 empresas que están ubicadas en el Corredor Industrial El Salto solamente tres cumplen con el requisito de contar con sus propios mecanismos de saneamiento, y pese al grave problema apenas tres industrias han sido apercibidas (y denunciadas ante las autoridades de procuración de justicia) por descargas irregulares.

Desde Guadalajara, el grupo local de Greenpeace ha realizado acciones en las tiendas de la empresa en cuestión en diferentes plazas comerciales de la ciudad, a fin de informar a la ciudadanía sobre el problema que representa.

Así, el pasado domingo realizaron un tour en bicicleta en el municipio de Ocotlán, en donde frente al puente que cruza el Santiago mostraron su rechazo al uso de tóxicos en las prendas de moda de la transnacional Levi’s.

Los habitantes de El Salto han exigido de diversas maneras acciones contundentes por parte del gobierno, y al paso de los años los vecinos mueren, los niños nacen con enfermedades respiratorias, los casos de cáncer aumentan y las descargas continúan.

“Los lugareños no saben exactamente qué tubería contaminante pertenece a cada fábrica, ni los tóxicos que están arrojando, y mucho menos las marcas que están detrás de este sucio suceso. Sin embargo, los documentos gubernamentales que fueron desclasificados por Greenpeace revelan que los funcionarios estatales sí son conscientes de las enfermedades que la contaminación química está dejando a su paso en México”, explica Pierre Terras, coordinador de la campaña de Tóxicos de Greenpeace México, en la presentación del documental que narra la historia de lucha de una comunidad.

Abordan en foro el despojo en México a 20 años de la reforma del artículo 27

  Tukari U de G., 21 de Noviembre de 2012

 

En el marco del 29 aniversario de la conformación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se llevó a cabo el foro, en donde se trataron problemáticas actuales del estado de Jalisco en conjunto con especialistas en el tema a fin de “reflexionar sobre las consecuencias que acarreó la reforma en 1992 y compartir experiencias”.

Los participantes, investigadores y afectados, coincidieron en que en los últimos 20 años se han intensificado las prácticas del despojo a causa de “las reformas neoliberales”, pues se permite privatizar tierras que anteriormente eran comunales y ejidales para que empresas nacionales y transnacionales realicen proyectos de intervención para obtener recursos.

José Casillas, moderador de la mesa de diálogo y representante de los Pueblos de la Barranca del Río Santiago afectados por los vertederos Picachos y Hassar’s, explicó que se han identificado al menos siete intereses a los que se enfrentan las comunidades que sufren despojo: Los intereses del capitalismo turístico en la costa, los negocios inmobiliarios en zonas urbanas, el capitalismo industrial, la intensificación reciente del capitalismo minero, los negocios agro-ganaderos, los proyectos de infraestructura de los gobiernos al servicio de la acumulación de capital y la incorporación del narcotráfico y la delincuencia organizada.

De este último punto, señaló, se han presentado nuevas formas “para arrebatarnos tierras ejidales o comunales, ríos o cuerpos de agua, montes, playas, bosques, espacios públicos y bienes comunes”, que van emparejadas al crecimiento de la delincuencia que se transforma en grupos paramilitares que amenazan, persiguen, detienen y asesinan “a quienes resisten el despojo”.

Un caso muy claro, señaló  la periodista Gloria Muñoz Ramírez, es lo que sucede en Cherán. En donde los talamontes llegaron a terminar con el 80 por ciento de sus bosques, posteriormente los habitantes vieron la necesidad de organizarse de manera autónoma desde 2011 contra cualquier tipo de despojo, por lo que paramilitares han hostigado a la comunidad.

Según Muñoz, si se ve un mapa de la militarización de México, los sitios de despliegue de fuerzas militares concuerdan con lugares en los que se pretenden construir grandes proyectos y en los que existen conflictos con poblaciones que luchan por sus derechos.

Para el experto en derecho agrario, Rubén Ávila Marín, las leyes se hacen para beneficiar a los poderosos, y la citada reforma al artículo 27 provocó una serie de despojos en contra de los “originales propietarios de las tierras”, ante los cuales muchos movimientos han prosperado en la recuperación de tierras, pero otros no.

César Díaz, de la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas (UACI) de la Universidad de Guadalajara, relató el caso de la Sierra de Manantlán, en donde los indígenas nahuas de la comunidad de Ayotitlán han perdido sus tierras por la explotación de la empresa Peña Colorado de los yacimientos de hierro.

Explicó que el ex gobernador Marcelino García Barragán, “permitió a las madereras norteamericanas iniciar un despojo”. Y en 1963, asegurando que sus títulos virreinales eran falsos, las autoridades les otorgaron el derecho de constituirse como ejido con 50 mil hectáreas de las cuales solamente se les entregaron 31 mil, sin hacerse la reposición hasta estos días.

Otro caso presentado, el cual ha provocado movilizaciones en los últimos años, fue la invasión al bosque de El Nixticuil-San Esteban-El Diente. De 2005 a la fecha se han documentado 10 proyectos que afectarían la zona protegida: siete son inmobiliarios (con empresas con figuras políticas como el priista Raymundo Gómez Flores y la familia Vázquez Aldana); un centro de investigación de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG); y dos proyectos gubernamentales que sería la ampliación de un tanque del SIAPA y una avenida para los fraccionamientos que ya han invadido la zona.

Los desarrolladores han provocado incendios forestales a fin de facilitar el cambio de uso de suelo, como ha señalado en diferentes ocasiones el comité; Sofía Herrera recordó las 21 conflagraciones de los últimos ocho años.

Por otro lado, la costa de Jalisco también se ha visto afectada por los intereses comerciales. 280 kilómetros de litorales de los 351 con que cuenta Jalisco están concesionados, advirtió Salvador Magaña, quien relató los desalojos en Chamela (marzo de 2010), Tenacatita (agosto de 2010) y la privatización de Careyitos (2012), con sus respectivas violaciones a los derechos humanos, más las amenazas y asesinatos que se han registrado de quienes se han opuesto a esos proyectos.

De forma similar el pueblo wiaxárika, representado en el foro por Santos de la Cruz Carrillo, presidente del comisariado de Bancos de San Hipólito, ha sufrido la reducción de sus tierras y las afectaciones por la minería y las empresas agroindustriales.

Santos relató respecto a la invasión del sitio sagrado Wirikuta que pretenden hacer las mineras, y del que se anunció que la empresa First Majestic no invadiría las zonas sagradas, el 75% sigue concesionado y solamente se retiraron 45 mil hectáreas del área protegida.

Felipe Echenique, secretario general del sindicato de investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), relató cómo desde el sexenio presidencial de Miguel de la Madrid se comenzó a tener la idea de los bienes nacionales como productos que podían ser explotados, afectando la identidad de los pueblos originarios.

Esto sería, relató, otra forma de despojo y destrucción de los sitios arqueológicos que deberían ser conservados y no utilizados por particulares que lucran con ellas, y recordó el caso de Chichen Itzá con los conciertos que ha ofrecido la gobernadora Ivonne Ortega.

Por último, los ponentes, que sostuvieron un diálogo con los asistentes, manifestaron su preocupación por la desaparición de Celedonio Prudencio Monroy, de Ayotitlán, secuestrado el 23 de octubre de 2012; y de los pescadores de Cruz de Loreto, José de Jesús Romero Quintero, Jorge Ruiz López y Rafael Espinosa Díaz, desaparecidos el 24 de marzo de 2011.

“Exigimos además el esclarecimiento y castigo a los responsables del asesinato del líder de las cooperativas pesqueras de La Huerta, Aureliano Sánchez Ruiz, abatido el 13 de julio de 2011; exigimos el cese de las agresiones contra los dirigentes de las comunidades wirárika; de los compañeros de El Salto, Temacapulín, Ayotitlán, Cajamapa, Ixcatán, Atmajac de Brizuela y otros representantes de todos los pueblos que luchan contra el despojo”, expresó José Casillas.

Escenario de la depredación de la tortuga marina

Playa La Gloria, Jalisco, escenario de la depredación de la tortuga marina (Fotorreportaje)

• Autoridades coludidas con saqueadores, dejan desprotegidas a las siete especies que llegan a anidar a La Gloria, Jalisco

Fotorgrafías: Arturo Campos Cedillo. Texto: La Jornada Jalisco

Hace apenas unos años La Gloria era un paraje solitario, donde las tortugas golfinas salían de las aguas tempestuosas con una lentitud acorde con su historia de millones de años.

 Estos dinosaurios marinos, a aletazos parsimoniosos emergían en cualquier desplome de ola como una paradoja a la violencia del mar, y caminaban por la arena empinada hasta llegar a unos 20, 30 metros de la orilla, para cavar solitarias el círculo de su nido de malas madres que partían dejando hasta cien huevos sepultados a su suerte.

  Los únicos testigos fortuitos eran los especialistas o los estudiantes y ambientalistas que llegaban a este lugar para realizar actividades tendientes a la conservación del quelonio.

 Menos frecuente era la presencia de los saqueadores de huevos, hombres o perros, aunque sus estragos también eran evidentes con la muerte en promedio de 1.5 tortugas en tiempos de arribazón, una temporada de casi seis meses entre agosto y enero.

Hoy la mayor evidencia es que los quelonios tendrán que buscarse nuevos lugares para desovar. La presión inmobiliaria en un ejido que dejó de serlo y ahora se dividió en propiedades privadas, es evidente.

 Una pequeña laguna antes semivirgen ubicada a 200 metros del campamento tortuguero, último brazo de un estero de mangles portentosos que se ve más allá, es ahora sitio de recreo para kayak rentados, para que turistas que llegan a disfrutar como tobogán las laderas que caen al vaso de agua se vayan y dejen su basura. Palapas rodean el lugar que parece emergido de un cuento de los mares del Sur, pero también algunas cabañas hasta con tinacos de plástico salieron de la nada, en franca agresión contra el paisaje.

Colonos molestos por trabajos en Aviación exigen la renuncia del director de Obras Públicas de Zapopan

• El regidor Augusto Valencia consideró que existen suficientes motivos para exigir cambios en el área de Obras Públicas

Analy S. Nuño/La Jornada Jalisco.- Vecinos afectados por las obras de ampliación de la avenida Aviación exigieron al alcalde de Zapopan, Héctor Robles Peiro la destitución del director de Obras Públicas municipal, José Castellanos González, debido a que se ha incumplido la fecha de entrega de los trabajos que se han alargado por más de 18 meses.

Luego de llevar a cabo un recorrido por las obras inconclusas, habitantes de los fraccionamientos de la zona así como el coordinador de los regidores de Movimiento Ciudadano (MC) en Zapopan, Augusto Valencia López, exigieron que el ayuntamiento informe a detalle sobre la obra, que en la etapa de socialización se prometió quedaría concluida en seis meses.

“Se ha quedado corto el proyecto, en el inicio del proyecto se había mencionado que iban a ser ocho carriles, al día de hoy vemos que son tres carriles por lado y la conclusión de la obra no está ni siquiera a la mitad”, refirió el representante de la sociedad de colonos de Solares Residencial, Guillermo Hernández.

A decir de los colonos de la zona, entre las irregularidades destaca la falta de banquetas, alumbrado público, la omisión en la ciclovía y la tala de al menos 50 árboles que las autoridades se comprometieron a reforestar.

“Prácticamente es una zona olvidada, hay muchos problemas, estamos pidiendo que esta nueva administración voltee a ver todos los problemas y que nos den solución”, indicó un vecino de Jardín Real, quien refirió que de no tener respuesta, llevarán a cabo otras acciones de presión.

Por su parte, el regidor Augusto Valencia, luego de sostener un diálogo con los afectados, consideró que existen suficientes motivos para exigir cambios en el área de Obras Públicas así como para que la administración municipal tome cartas en el asunto y multe a la empresa encargada del proyecto que ha incumplido con los tiempos de entrega.

“Es necesario que la administración municipal reflexione sobre la posibilidad de hacer cambios sustantivos en la Dirección de Obras Públicas ante el hecho de que los vecinos son rehenes de la corrupción. Si un proyecto con el que los seducen les prometen que se los van ejecutar en seis meses y al año y medio sigue la obra y no hay un avance claro para su conclusión, tendría que remover al director de Obras Públicas, él quedó de concluirla en noviembre pasado, sancionar a las empresas y posibles actos de corrupción, cuánto va a terminar costando la obra, no sabemos”, expuso.

Valencia López aseguró que se mantendrá alerta a los avances en la obra a fin de valorar las acciones jurídicas que puedan emprenderse ante el incumplimiento de los trabajos en la construcción vial.

“Las autoridades nos niegan apoyo, no lo quieren buscar”

diciembre 7, 2012

Ramón Rivas Uribe/Milenio

Celedonio Monroy Prudencio, líder indígena nahua, fue secuestrado el 23 de octubre pasado y hasta ahora se desconoce su paradero. Tiene 37 años, estudió la licenciatura en Administración Pública; se ha destacado por ser un defensor de su territorio en contra de empresas madereras y talamontes clandestinos que operan en la sierra de Manantlán. Su esposa denuncia que no se ha brindado protección a su familia y que realmente no se ha investigado

Foto: cortesíaMonroy Prudencio es un indígena nahua que representa a su comunidad ante el Consejo de Mayores en Ayotitlán

Celedonio Monroy Prudencio, desde el pasado 23 de octubre, fue secuestrado por un grupo de hombres encapuchados en su domicilio, ubicado en un caserío cercano a Telcruz, una de las cabeceras del ejido de Ayotitlán de la comunidad de Loma Colorada, municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco; hasta ahora se desconoce su paradero.

Monroy Prudencio es un indígena nahua que representa a su comunidad ante el Consejo de Mayores en Ayotitlán. Se ha destacado por ser un defensor de su territorio en contra de empresas madereras y talamontes clandestinos que operan armados dentro de la Reserva de la Biósfera Sierra de Manantlán.

Nació en la comunidad de Los Sauces el 3 de marzo de 1975. Egresó en 2005 de la licenciatura en Administración Pública por la Universidad de Colima. Como estudiante se distinguió por su activa participación en la institución educativa. Fue jefe de grupo en la carrera, integrante, en varias ocasiones, de los comités de Sociedad de Alumnos de la Federación de Estudiantes Colimenses (FEC) en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, también formó parte de la Asociación Nacional de Estudiantes de Ciencias Políticas y Administración Pública (ANECOAP). Se ha desempeñado en diferentes secretarías del Comité Directivo de la Juventud Popular Revolucionaria de la CNOP del PRI. En la recién concluida administración municipal de Cuautitlán de García Barragán formó parte del Consejo Estatal Indígena, en representación de la comunidad Loma Colorada.

Activistas y defensores de derechos humanos, además de los Congresos de Jalisco y Colima, han enviado exhortos a las autoridades estatales y federales para que se conozca del paradero del luchador social. El pasado 22 de noviembre, el pleno del Congreso local aprobó solicitarle al procurador, Tomás Coronado Olmos, acelere la investigación sobre la desaparición. Además, se formó una Comisión Especial para dar seguimiento a este caso, la cual presentó un informe ayer (ver Ciudad y Región, página 11).

En la misiva que hace un mes las organizaciones civiles hicieron pública, piden al gobernador Emilio González Márquez, a la Procuraduría General de la República, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco y la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Habitantes denuncian contaminación por lixiviados en Arroyo Milpillas

4 diciembre, 2012 La Jornada Jalisco

• Ni el tiradero de Picachos ni el de la empresa Hasar´s están exentos de irregularidades, aseguran

Los habitantes comparten una serie de fotografías que aseguran han tomando como registro de la contaminación en la zona . Foto Cortesía pobladores de Milpillas

(Guadalajara).- Habitantes de las cercanías del Arroyo Milpillas señalan que las declaraciones hechas por el titular de la Dirección General del Ecología de Zapopan, Miguel Prado, son falsas, con respecto a la contaminación producida por los lixiviados del tiradero de la empresa Hasar´s.

Señalan que “En fecha reciente hemos escuchado a Miguel Prado, decir que los lixiviados no son tóxicos, ni inflamables, ni corrosivos, por lo tanto no son peligrosos, en cambio los estudios de laboratorio certificado que sacamos en noviembre de 2009 dicen lo contrario, los lixiviados contienen por encima de la norma cromos totales, cianuro, arsénico y mercurio” aseguran.

Ante esto “no hemos escuchado el pronunciamiento de ninguna autoridad como la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (PROEPA) que depende de la Semades del gobierno de Jalisco ni de la empresa Hasar´s” reiteran.

Exigen que la empresa se haga responsable por el daño ecológico que ocasionan al Arroyo Milpillas y a las aves, peces, mamíferos, ganado, árboles frutales y demás especies que habitan alrededor.

Señalan que el tiradero municipal de Picachos, que se encuentra aun lado de Hasar´s, no está excento de estas irregularidades y denuncian que todos sus lixiviados se van al subsuelo, a las corrientes subterráneas de agua que le dan de beber a la barranca y sus pueblos.

Los habitantes comparten una serie de fotografías que aseguran han tomando como registro de la contaminación en la zona en la parte norte del basurero de Hasar´s y con quien aseguran tener firmado un convenio desde el 14 de octubre de 2009 que dice: “no se tirarán lixiviados a ninguna hora del día ni de la noche a la cuenca del Arroyo Milpillas”.

Finalizan asegurando que de forma ilegal queman los desechos por la madrugada.

Regidores denunciarán a responsables de daño ambiental en Picachos

5 diciembre, 2012 / La Jornada Jalisco

• Ediles de AN y MC muestran tres videos del vertedero como pruebas de la contaminación

Augusto Valencia de Movimiento Ciudadano advirtió que sus homólogos priístas podrían estar incurriendo en algún grado de complicidad. Foto: HéŽctor Jesúœs Hern‡ández

Analy S. Nuño.- Los regidores de oposición en Zapopan interpondrán denuncias por delitos ambientales contra quien resulte responsable por la filtración de lixiaviados al subsuelo en el vertedero de Picachos.

El anuncio lo hicieron en rueda de prensa los integrantes de la fracción de Acción Nacional (PAN) en conjunto con el coordinador de los ediles de Movimiento Ciudadano (MC), Augusto Valencia López, un día después de que el ayuntamiento llevó a cabo un recorrido de supervisión por el relleno sanitario, durante el cual el director de Ecología, Miguel Prado Aguilar garantizó que los líquidos que se generan en el vertedero “ni son peligrosos ni están contaminados”.

Como pruebas de la filtración de lixiviados y la omisión del ayuntamiento para atender la problemática, el regidor panista Juan Ramón Ramírez Gloria mostró tres vídeos: uno da cuenta de la situación del vertedero hace dos semanas, el segundo muestra trabajos improvisados de relleno de las zonas por donde pasan los lixiviados y el tercero del recorrido realizado el pasado lunes donde se indica que no hay derrame de lixiviados.

Por ello, a consideración del panista, la autoridad está siendo rebasada en el tema pero no quiere reconocer la situación por “intereses oscuros”.

“El lugar ya estaba cubierto con tierra o basura, eso no quiere decir que aunque no se hayan advertido en el recorrido las filtraciones porque ya estan cubiertas, que no haya una cuestión grave. La razón de que no contaminan la dice un integrante del ayuntamiento que obvio va a proteger intereses. No queremos ir en cacería de brujas o cortar cabezas, sino de manera responsable demandar estos hechos que son graves”, expuso.

De su lado, el regidor panista José Antonio de la Torre afirmó que la fracción “no solapará a nadie”, por lo que las denuncias quedan abiertas a funcionarios de administraciones pasadas como el ex alcalde blanquiazul, Juan Sánchez Aldana, debido a que en su gestión el tiradero presento irregularidades graves que derivaron en su clausura en tres ocasiones.

“Nosotros lo hemos dicho claramente, como partido estaremos presentando las denuncias contra quien resulte responsable, aquí nosotros no vamos a solapar a nadie”, aseveró.

Por su parte, Valencia López consideró que es necesario analizar la actuación de la fracción del PRI que se opuso a presentar denuncias por delitos ambientales, pues a su decir podrían estar incurriendo en algún grado de complicidad.

Paralelamente, los regidores de Acción Nacional en conjunto con la fracción de Movimiento Ciudadano exhortaron al alcalde Héctor Robles Peiro a que gire los oficios pertinentes para solicitar que se realicen estudios técnicos al subsuelo y fijar responsabilidades, pues a su consideración Prado Aguilar ha sido omiso en el tema y aun así fue ratificado en el cargo.

CEA denunciará penalmente a tres empresas en El Salto

7 diciembre, 2012

• Conectaron su drenaje al colector pluvial que desemboca en el arroyo El Ahogado, reduciendo 15 años el tiempo de vida de la insfraestructura

Alejandro Velazco.- La Comisión Estatal del Agua (CEA) interpondrá una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) y denuncias ambientales contra las empresa VIMIFOS, IMI Electronic y Salz Gitter, ubicadas en el Parque Industrial de El Salto, por conectar su drenaje al colector pluvial que desemboca en el arroyo de El Ahogado de manera irregular.

“En la infraestructura pluvial hemos detectado una serie de descargas irregulares (cuatro) a un conductor pluvial, los 365 días del año tiene una descarga continua”, explicó Héctor Castañeda Náñez, director de Cuencas y Sustentabilidad de la dependencia estatal, quien refirió que desde el pasado octubre se realizaron las investigaciones que arrojaron dicho resultado.

Ayer por la mañana, personal de la CEA acompañó al notario público Javier Alejandro Macías Preciado, a realizar un acta que diera fe de los hechos, para así poder proceder legalmente contra las industrias.
Castañeda Náñez señaló que por culpa de estas descargas “el arroyo de El Ahogado no ha mejorado la calidad del agua”, pese al funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de El Ahogado.

La comisión es responsable del abastecimiento de agua para servicios y procesos de 32 empresas ubicadas en el corredor industrial, además presta el servicio de tratamiento de aguas con restos orgánicos.
Sin embargo, las corporaciones deben contar con sus propios mecanismos de tratamiento cuando generan aguas con desechos industriales. De las 32 empresas, solamente tres cumplen con este requisito.
“Las demás han sido omisas en el tratamiento de sus aguas residuales”, señaló.

En las denuncias que serán presentadas se pedirá que las empresas paguen la reparación de los daños que han provocado a la infraestructura del colector pluvial, pues con esto redujeron su tiempo de vida de 30 a 15 años.

Será en la próxima semana cuando se comience el proceso en la PGR y ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua), así como en las procuradurías estatal y federal de Protección al Ambiente (Proepa y Profepa, respectivamente).

Muerte y devastación en el Milpillas, Zapopan

A los medios de comunicación
A los defensores de los derechos humanos ambientales
Al pueblo de Jalisco y México

En fecha reciente hemos escuchado al titular de la Dirección General del Ecología de Zapopan Miguel Prado, que los lixiviados "no son toxicos, ni inflamables, ni corrosivos", por lo tanto "no son peligrosos", los estudios de laboratorio certificado  que sacamos en noviembre de 2009 dicen lo contrario, los lixiviados contienen por encima de la norma cromos totales, cianuro, arsénico y mercurio, empero de la empresa Hasar´s, de sus voceros y dueños, no hemos escuchado nada, tampoco de la autoridad en la materia en el estado, la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (PROEPA) que depende de la SEMADES del gobierno de Jalisco.

Señores de la prensa que replican lo que dice la autoridad sin confirmar los datos, aquí les estamos compartiendo una buena cantidad de fotos que fueron tomadas recientemente en su mayoría en la parte norte del basurero de Hasar´s (de propiedad privada) y con quien tenemos firmado un convenio desde el 14 de octubre de 2009 que dice: que no tirarán lixiviados a ninguna hora del día y ni de la noche a la cuenca del río Milpillas.  Las fotos dicen y prueban que si lo hacen, ahí esta la realidad a la vista, además de que de manera impune, ilegal y desvergonzada bañan con lixiviados las montañas de basura, o queman los desechos en la madrugada como ya lo hemos consignado.

Señor Fernando Montes de Oca y Dominguez, titular de PROEPA, le quedan unos meses antes de que su partido se vaya del gobierno estatal, ¿por qué no se reivindica y cumple lo que  ha dicho en al menos cinco veces frente a nosotros, que está "para que se cumpla la ley ambiental"? Usted sabe que ambos basureros, el de Hasar´s y Picachos ya cumplieron su vida útil y que deben reubicarse de inmediato y para nunca más, colocar estos depósitos en donte tiene origen una cuenca como ahora ocurre.

Por ello reiteramos que esta empresa (Hasar´s) debe pagar por la estela de muerte que sigue provocando en la cuenta del Rio Milpillas, aves, peces, roedores, mamíferos, ganado, arboles frutales, especies de plantas raras, especies de plantas en exitición y enfermedades a los campesinos que vivimos en la zona, sin contar los perjuicios que ocasionan los lixiviados rio Satiago abajo y hasta el mar.

Queremos señalar que Picachos el basurero municipal, tampoco está exento de irregularidades, como por ejemplo, que aun carece de un sistema integral de captación y conducción de lixiviados para su tratamiento, por eso la autoridad municipal no sabe cuánto liquido de la basura se produce cada día, simplemente no conoce el dato porque no se capta y conduce a la planta de tratamiento. ¿a dónde se va ese lixiviado? se va al subsuelo, a las corrientes subterraneas de agua que le dan de beber a la barranca y sus pueblos. Lo mismo ocurre en los basueros cerrados de Copalita y el Taray, urge se les de mantenimiento, se capten y traten los lixiviados que generan. El otro prietote en el arroz, son los fraccionamientos ubicados en el valle de Tesistán, que no tratan sus descargas residuales y que afectan el arroyo de Copala-Los Camachos, Agua Prieta, Río Blanco y el Rio La Soledad.

Ahora es tiempo de estiaje, pero como ha ocurrido otros años, las cabañuelas están por llegar y, de nuevo, veremos escurrir en bastedad las aguas cafesosas por nuestra cuenca del Milpillas. Ya lo platicamos entre los pueblos, los expertos así lo señalan, los basureros deben ser reubicados, no hay otra salida. Nosotros esperamos justicia ambiental, pago de daños, que se hagan las obras sociales conveniadas y el castigo a quienes siguen matando la vida impunemente.

Ni ambientalistas, ni ecologistas, somos pueblos en resistencia.

3 de diciembre de 2012

Enlaces de la Asamblea Regional de Afectados Ambientales, pueblos de la barranca del río Santiago

Huertos comunitarios

Frente en Defensa de Wirikuta expresa su posición ante suspensión judicial del decreto de la Reserva de la Biósfera

http://frenteendefensadewirikuta.org/

Ante los recursos jurídicos interpuestos en contra del procedimiento de decreto de la Reserva de la Biósfera de Wirikuta, mismos que han derivado en una suspensión dictada por el Juez Tercero de Distrito de la ciudad de San Luis Potosí, que obliga al Ejecutivo Federal a detener momentáneamente la emisión del Decreto.

Señalamos lo siguiente:

1. Los derechos de los campesinos y ejidatarios de la zona deben ser respetados y el Frente en Defensa de Wirikuta junto a las autoridades wixaritari que lo encabezan hemos hecho muchas gestiones ante la autoridad federal para que estos sean respetados a cabalidad y que la Reserva de la Biosfera contemplada para Wirikuta debe significar bienestar para los habitantes de la región y de las generaciones futuras.

2. Que los amparos interpuestos en contra del citado procedimiento están basados en una serie de argumentaciones falsas promovidas por el gobierno municipal de Catorce, junto con la empresa minera First Majestic Silver a través de una deshonesta campaña de desinformación, basada en mentiras deliberadas y sin ningún sustento.

3. Es falso que el decreto de la Reserva de la Biósfera este destinado a al despojo, destrucción y privación de las tierras ejidales

4. Es falso que sus terrenos ejidales vayan a ser expropiados para ser entregados al gobierno federal, estatal o la COFEMER.

5. Por el contrario la autoridad federal,  en buena medida por las gestiones de las autoridades wixárika, ha hecho los cambios al proyecto original necesarios para garantizar al mismo tiempo el progreso de los habitantes originarios y el cuidado de la ecología y la salud, seriamente amenazados por los proyectos mineros.

Denunciamos que lo que está detrás de esa campaña de desinformación el interés de las empresas mineras por explotar las riquezas minerales de esas tierras, destruyendo los importantes ecosistemas que constituye el territorio de Wirikuta y que promover la confrontación social es una estrategia usada recurrentemente por las empresas mineras.

Señalamos que las condiciones de pobreza y migración en Wirikuta son graves y son por el abandono en que se ha tenido a esas comunidades y ejidos campesinos por parte de las políticas de desarrollo impuestas en la región, que han apostado por fragmentar el territorio sagrado para entregarlo en forma de tierra barata, minerales, agua y biodiversidad al mejor postor, sin tomar siquiera en cuenta a las poblaciones que ocupan el territorio sea de manera agraria o ceremonial.

Ha quedado comprobada con el mayor rigor científico la inviabilidad de los grandes proyectos mineros que ambicionan las riquezas minerales existentes en el subsuelo de Wirikuta, así como de los proyectos agroindustriales pues ambas alternativas afectan los mantos acuíferos ya sobreexplotados, además de la grave contaminación, deforestación y erosión que han dejado los proyectos mineros desarrollados con anterioridad.

Reiteramos nuestras exigencias:

1. Que sea elevada la protección del Territorio ceremonial de Wirikuta a rango federal; saludando las medidas adoptadas para decretar la modalidad de Reserva de la Biósfera en una superficie de 191 mil hectáreas.

2. Que sea prohibida de manera definitiva la actividad minera en cualquiera de sus modalidades.

3. Que sean prohibidas las actividades agroindustriales.

4. Que la Reserva de la Biosfera debe respetar completamente tanto los derechos culturales de nuestro pueblo wixárika, como los de los habitantes de la región a mejores niveles de vida que los tan destructivos que ofrecen los intereses de la megaindustria.

Continuaremos con la lucha jurídica en todas las formas posibles, siempre de manera pacífica y partiendo de un respeto irrestricto a los pueblos campesinos que habitan Wirikuta, a sus derechos humanos y su territorio.

Nos mantendremos atentos a los acontecimientos en torno a las medidas adoptadas por el nuevo gobierno federal, así como el transcurrir de los procedimientos jurídicos.

ATENTAMENTE

A 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

FRENTE EN DEFENSA DE WIRIKUTA TAMATSIMA WAHA’A