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viernes, 7 de diciembre de 2012

“Las autoridades nos niegan apoyo, no lo quieren buscar”

diciembre 7, 2012
Celedonio Monroy Prudencio, desde el pasado 23 de octubre, fue secuestrado por un grupo de hombres encapuchados en su domicilio, ubicado en un caserío cercano a Telcruz, una de las cabeceras del ejido de Ayotitlán de la comunidad de Loma Colorada, municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco; hasta ahora se desconoce su paradero.
Monroy Prudencio es un indígena nahua que representa a su comunidad ante el Consejo de Mayores en Ayotitlán. Se ha destacado por ser un defensor de su territorio en contra de empresas madereras y talamontes clandestinos que operan armados dentro de la Reserva de la Biósfera Sierra de Manantlán.
Nació en la comunidad de Los Sauces el 3 de marzo de 1975. Egresó en 2005 de la licenciatura en Administración Pública por la Universidad de Colima. Como estudiante se distinguió por su activa participación en la institución educativa. Fue jefe de grupo en la carrera, integrante, en varias ocasiones, de los comités de Sociedad de Alumnos de la Federación de Estudiantes Colimenses (FEC) en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, también formó parte de la Asociación Nacional de Estudiantes de Ciencias Políticas y Administración Pública (ANECOAP). Se ha desempeñado en diferentes secretarías del Comité Directivo de la Juventud Popular Revolucionaria de la CNOP del PRI. En la recién concluida administración municipal de Cuautitlán de García Barragán formó parte del Consejo Estatal Indígena, en representación de la comunidad Loma Colorada.
Activistas y defensores de derechos humanos, además de los Congresos de Jalisco y Colima, han enviado exhortos a las autoridades estatales y federales para que se conozca del paradero del luchador social. El pasado 22 de noviembre, el pleno del Congreso local aprobó solicitarle al procurador, Tomás Coronado Olmos, acelere la investigación sobre la desaparición. Además, se formó una Comisión Especial para dar seguimiento a este caso, la cual presentó un informe ayer (ver Ciudad y Región, página 11).
En la misiva que hace un mes las organizaciones civiles hicieron pública, piden al gobernador Emilio González Márquez, a la Procuraduría General de la República, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco y la Comisión Estatal de Derechos Humanos.