En el marco del 29 aniversario de la conformación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se llevó a cabo el foro,
en donde se trataron problemáticas actuales del estado de Jalisco en
conjunto con especialistas en el tema a fin de “reflexionar sobre las
consecuencias que acarreó la reforma en 1992 y compartir experiencias”.
Los participantes,
investigadores y afectados, coincidieron en que en los últimos 20 años
se han intensificado las prácticas del despojo a causa de “las reformas
neoliberales”, pues se permite privatizar tierras que anteriormente eran
comunales y ejidales para que empresas nacionales y transnacionales
realicen proyectos de intervención para obtener recursos.
José Casillas,
moderador de la mesa de diálogo y representante de los Pueblos de la
Barranca del Río Santiago afectados por los vertederos Picachos y
Hassar’s, explicó que se han identificado al menos siete intereses a los
que se enfrentan las comunidades que sufren despojo: Los intereses del
capitalismo turístico en la costa, los negocios inmobiliarios en zonas
urbanas, el capitalismo industrial, la intensificación reciente del
capitalismo minero, los negocios agro-ganaderos, los proyectos de
infraestructura de los gobiernos al servicio de la acumulación de
capital y la incorporación del narcotráfico y la delincuencia
organizada.
De este último
punto, señaló, se han presentado nuevas formas “para arrebatarnos
tierras ejidales o comunales, ríos o cuerpos de agua, montes, playas,
bosques, espacios públicos y bienes comunes”, que van emparejadas al
crecimiento de la delincuencia que se transforma en grupos paramilitares
que amenazan, persiguen, detienen y asesinan “a quienes resisten el
despojo”.
Un caso muy claro,
señaló la periodista Gloria Muñoz Ramírez, es lo que sucede en Cherán.
En donde los talamontes llegaron a terminar con el 80 por ciento de sus
bosques, posteriormente los habitantes vieron la necesidad de
organizarse de manera autónoma desde 2011 contra cualquier tipo de
despojo, por lo que paramilitares han hostigado a la comunidad.
Según Muñoz, si se
ve un mapa de la militarización de México, los sitios de despliegue de
fuerzas militares concuerdan con lugares en los que se pretenden
construir grandes proyectos y en los que existen conflictos con
poblaciones que luchan por sus derechos.
Para el experto en
derecho agrario, Rubén Ávila Marín, las leyes se hacen para beneficiar a
los poderosos, y la citada reforma al artículo 27 provocó una serie de
despojos en contra de los “originales propietarios de las tierras”, ante
los cuales muchos movimientos han prosperado en la recuperación de
tierras, pero otros no.
César Díaz, de la
Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas (UACI) de la Universidad de
Guadalajara, relató el caso de la Sierra de Manantlán, en donde los
indígenas nahuas de la comunidad de Ayotitlán han perdido sus tierras
por la explotación de la empresa Peña Colorado de los yacimientos de
hierro.
Explicó que el ex
gobernador Marcelino García Barragán, “permitió a las madereras
norteamericanas iniciar un despojo”. Y en 1963, asegurando que sus
títulos virreinales eran falsos, las autoridades les otorgaron el
derecho de constituirse como ejido con 50 mil hectáreas de las cuales
solamente se les entregaron 31 mil, sin hacerse la reposición hasta
estos días.
Otro caso
presentado, el cual ha provocado movilizaciones en los últimos años, fue
la invasión al bosque de El Nixticuil-San Esteban-El Diente. De 2005 a
la fecha se han documentado 10 proyectos que afectarían la zona
protegida: siete son inmobiliarios (con empresas con figuras políticas
como el priista Raymundo Gómez Flores y la familia Vázquez Aldana); un
centro de investigación de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG);
y dos proyectos gubernamentales que sería la ampliación de un tanque
del SIAPA y una avenida para los fraccionamientos que ya han invadido la
zona.
Los desarrolladores han provocado incendios forestales a fin de facilitar el cambio de uso de suelo, como ha señalado en diferentes ocasiones el comité; Sofía Herrera recordó las 21 conflagraciones de los últimos ocho años.
Por
otro lado, la costa de Jalisco también se ha visto afectada por los
intereses comerciales. 280 kilómetros de litorales de los 351 con que
cuenta Jalisco están concesionados, advirtió Salvador Magaña, quien
relató los desalojos en Chamela (marzo de 2010), Tenacatita (agosto de
2010) y la privatización de Careyitos (2012), con sus respectivas
violaciones a los derechos humanos, más las amenazas y asesinatos que se
han registrado de quienes se han opuesto a esos proyectos.
De forma similar
el pueblo wiaxárika, representado en el foro por Santos de la Cruz
Carrillo, presidente del comisariado de Bancos de San Hipólito, ha
sufrido la reducción de sus tierras y las afectaciones por la minería y
las empresas agroindustriales.
Santos
relató respecto a la invasión del sitio sagrado Wirikuta que pretenden
hacer las mineras, y del que se anunció que la empresa First Majestic no
invadiría las zonas sagradas, el 75% sigue concesionado y solamente se
retiraron 45 mil hectáreas del área protegida.
Felipe Echenique,
secretario general del sindicato de investigadores del Instituto
Nacional de Antropología e Historia (INAH), relató cómo desde el sexenio
presidencial de Miguel de la Madrid se comenzó a tener la idea de los
bienes nacionales como productos que podían ser explotados, afectando la
identidad de los pueblos originarios.
Esto
sería, relató, otra forma de despojo y destrucción de los sitios
arqueológicos que deberían ser conservados y no utilizados por
particulares que lucran con ellas, y recordó el caso de Chichen Itzá con
los conciertos que ha ofrecido la gobernadora Ivonne Ortega.
Por último, los
ponentes, que sostuvieron un diálogo con los asistentes, manifestaron su
preocupación por la desaparición de Celedonio Prudencio Monroy, de
Ayotitlán, secuestrado el 23 de octubre de 2012; y de los pescadores de
Cruz de Loreto, José de Jesús Romero Quintero, Jorge Ruiz López y Rafael
Espinosa Díaz, desaparecidos el 24 de marzo de 2011.
“Exigimos además
el esclarecimiento y castigo a los responsables del asesinato del líder
de las cooperativas pesqueras de La Huerta, Aureliano Sánchez Ruiz,
abatido el 13 de julio de 2011; exigimos el cese de las agresiones
contra los dirigentes de las comunidades wirárika; de los compañeros de
El Salto, Temacapulín, Ayotitlán, Cajamapa, Ixcatán, Atmajac de Brizuela
y otros representantes de todos los pueblos que luchan contra el
despojo”, expresó José Casillas.
