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lunes, 10 de diciembre de 2012

Abordan en foro el despojo en México a 20 años de la reforma del artículo 27

 

En el marco del 29 aniversario de la conformación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se llevó a cabo el foro, en donde se trataron problemáticas actuales del estado de Jalisco en conjunto con especialistas en el tema a fin de “reflexionar sobre las consecuencias que acarreó la reforma en 1992 y compartir experiencias”.

Los participantes, investigadores y afectados, coincidieron en que en los últimos 20 años se han intensificado las prácticas del despojo a causa de “las reformas neoliberales”, pues se permite privatizar tierras que anteriormente eran comunales y ejidales para que empresas nacionales y transnacionales realicen proyectos de intervención para obtener recursos.

José Casillas, moderador de la mesa de diálogo y representante de los Pueblos de la Barranca del Río Santiago afectados por los vertederos Picachos y Hassar’s, explicó que se han identificado al menos siete intereses a los que se enfrentan las comunidades que sufren despojo: Los intereses del capitalismo turístico en la costa, los negocios inmobiliarios en zonas urbanas, el capitalismo industrial, la intensificación reciente del capitalismo minero, los negocios agro-ganaderos, los proyectos de infraestructura de los gobiernos al servicio de la acumulación de capital y la incorporación del narcotráfico y la delincuencia organizada.

De este último punto, señaló, se han presentado nuevas formas “para arrebatarnos tierras ejidales o comunales, ríos o cuerpos de agua, montes, playas, bosques, espacios públicos y bienes comunes”, que van emparejadas al crecimiento de la delincuencia que se transforma en grupos paramilitares que amenazan, persiguen, detienen y asesinan “a quienes resisten el despojo”.

Un caso muy claro, señaló  la periodista Gloria Muñoz Ramírez, es lo que sucede en Cherán. En donde los talamontes llegaron a terminar con el 80 por ciento de sus bosques, posteriormente los habitantes vieron la necesidad de organizarse de manera autónoma desde 2011 contra cualquier tipo de despojo, por lo que paramilitares han hostigado a la comunidad.

Según Muñoz, si se ve un mapa de la militarización de México, los sitios de despliegue de fuerzas militares concuerdan con lugares en los que se pretenden construir grandes proyectos y en los que existen conflictos con poblaciones que luchan por sus derechos.
Para el experto en derecho agrario, Rubén Ávila Marín, las leyes se hacen para beneficiar a los poderosos, y la citada reforma al artículo 27 provocó una serie de despojos en contra de los “originales propietarios de las tierras”, ante los cuales muchos movimientos han prosperado en la recuperación de tierras, pero otros no.

César Díaz, de la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas (UACI) de la Universidad de Guadalajara, relató el caso de la Sierra de Manantlán, en donde los indígenas nahuas de la comunidad de Ayotitlán han perdido sus tierras por la explotación de la empresa Peña Colorado de los yacimientos de hierro.

Explicó que el ex gobernador Marcelino García Barragán, “permitió a las madereras norteamericanas iniciar un despojo”. Y en 1963, asegurando que sus títulos virreinales eran falsos, las autoridades les otorgaron el derecho de constituirse como ejido con 50 mil hectáreas de las cuales solamente se les entregaron 31 mil, sin hacerse la reposición hasta estos días.

Otro caso presentado, el cual ha provocado movilizaciones en los últimos años, fue la invasión al bosque de El Nixticuil-San Esteban-El Diente. De 2005 a la fecha se han documentado 10 proyectos que afectarían la zona protegida: siete son inmobiliarios (con empresas con figuras políticas como el priista Raymundo Gómez Flores y la familia Vázquez Aldana); un centro de investigación de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG); y dos proyectos gubernamentales que sería la ampliación de un tanque del SIAPA y una avenida para los fraccionamientos que ya han invadido la zona.

Los desarrolladores han provocado incendios forestales a fin de facilitar el cambio de uso de suelo, como ha señalado en diferentes ocasiones el comité; Sofía Herrera recordó las 21 conflagraciones de los últimos ocho años.

Por otro lado, la costa de Jalisco también se ha visto afectada por los intereses comerciales. 280 kilómetros de litorales de los 351 con que cuenta Jalisco están concesionados, advirtió Salvador Magaña, quien relató los desalojos en Chamela (marzo de 2010), Tenacatita (agosto de 2010) y la privatización de Careyitos (2012), con sus respectivas violaciones a los derechos humanos, más las amenazas y asesinatos que se han registrado de quienes se han opuesto a esos proyectos.

De forma similar el pueblo wiaxárika, representado en el foro por Santos de la Cruz Carrillo, presidente del comisariado de Bancos de San Hipólito, ha sufrido la reducción de sus tierras y las afectaciones por la minería y las empresas agroindustriales.

Santos relató respecto a la invasión del sitio sagrado Wirikuta que pretenden hacer las mineras, y del que se anunció que la empresa First Majestic no invadiría las zonas sagradas, el 75% sigue concesionado y solamente se retiraron 45 mil hectáreas del área protegida.

Felipe Echenique, secretario general del sindicato de investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), relató cómo desde el sexenio presidencial de Miguel de la Madrid se comenzó a tener la idea de los bienes nacionales como productos que podían ser explotados, afectando la identidad de los pueblos originarios.

Esto sería, relató, otra forma de despojo y destrucción de los sitios arqueológicos que deberían ser conservados y no utilizados por particulares que lucran con ellas, y recordó el caso de Chichen Itzá con los conciertos que ha ofrecido la gobernadora Ivonne Ortega.
Por último, los ponentes, que sostuvieron un diálogo con los asistentes, manifestaron su preocupación por la desaparición de Celedonio Prudencio Monroy, de Ayotitlán, secuestrado el 23 de octubre de 2012; y de los pescadores de Cruz de Loreto, José de Jesús Romero Quintero, Jorge Ruiz López y Rafael Espinosa Díaz, desaparecidos el 24 de marzo de 2011.

“Exigimos además el esclarecimiento y castigo a los responsables del asesinato del líder de las cooperativas pesqueras de La Huerta, Aureliano Sánchez Ruiz, abatido el 13 de julio de 2011; exigimos el cese de las agresiones contra los dirigentes de las comunidades wirárika; de los compañeros de El Salto, Temacapulín, Ayotitlán, Cajamapa, Ixcatán, Atmajac de Brizuela y otros representantes de todos los pueblos que luchan contra el despojo”, expresó José Casillas.