Alejandro Velazco.-/ Periódico La Jornada Jalisco
El Comité Salvabosque El Tigre II dio a conocer la afectación de 15
hectáreas del bosque El Nixticuil, en Zapopan, a causa de un incendio
provocado, según los activistas, por los dueños de la Universidad
Autónoma de Guadalajara (UAG) el pasado 11 de abril.
Explicaron que la casa de estudios ha hecho este tipo de acciones de
“terrorismo ambiental” en los últimos seis años para la construcción del
Parque de Investigación Científica y Tecnológica, anunciado desde el
año 2005.
El fuego duró poco más de tres horas y consumió una gran cantidad de árboles de pino y encino, adultos y de renuevo.
La asociación exigió a Antonio Leaño, rector de la UAG, que cesen los actos de terrorismo contra al bosque. Además los miembros de la organización denunciaron que la familia Leaño marcó más de 17 mil árboles dentro del área forestal, presumiblemente para ser talados.
Un día antes de que el ayuntamiento de Zapopan emitiera el Decreto de Protección del Área Natural Protegida del bosque El Nixticuil-San Esteban-El Diente (Bensedi) en 2006, las 51 hectáreas propiedad del corporativo UAG fueron excluidas. Por eso Salvabosque Tigre II pide al gobierno local que promueva la anexión de esta parte al dictamen Bensedi.
Este incendio es el octavo del que se tiene registro en esta parte del bosque y el segundo que mayor afectación ha provocado. El 31 de diciembre de 2007 fue el primer siniestro que se registró en el área, en donde se incineraron poco más de 28 hectáreas de vegetación.
Los vecinos de la zona, agrupados en una brigada de protección, dieron a conocer que los guardias de la universidad trataron de impedir su paso para combatir la deflagración.
El fuego fue sofocado gracias a la acción del colectivo y a las brigadas del ayuntamiento zapopano que llegaron poco después de que se detectaran las primeras señales a las 17 horas.
Los activistas señalaron que los incendios forestales de este tipo son motivo de multa administrativa y los responsables incurren en delitos en materia ambiental según las fracciones VIII y XXI del artículo 163 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, y el artículo 420 Bis. Del Código Penal Federal, que señala penas de dos a 10 años de prisión o hasta tres mil días de multa a quien provoque incendios en un bosque, selva, vegetación natural o terrenos forestales.
El fuego duró poco más de tres horas y consumió una gran cantidad de árboles de pino y encino, adultos y de renuevo.
La asociación exigió a Antonio Leaño, rector de la UAG, que cesen los actos de terrorismo contra al bosque. Además los miembros de la organización denunciaron que la familia Leaño marcó más de 17 mil árboles dentro del área forestal, presumiblemente para ser talados.
Un día antes de que el ayuntamiento de Zapopan emitiera el Decreto de Protección del Área Natural Protegida del bosque El Nixticuil-San Esteban-El Diente (Bensedi) en 2006, las 51 hectáreas propiedad del corporativo UAG fueron excluidas. Por eso Salvabosque Tigre II pide al gobierno local que promueva la anexión de esta parte al dictamen Bensedi.
Este incendio es el octavo del que se tiene registro en esta parte del bosque y el segundo que mayor afectación ha provocado. El 31 de diciembre de 2007 fue el primer siniestro que se registró en el área, en donde se incineraron poco más de 28 hectáreas de vegetación.
Los vecinos de la zona, agrupados en una brigada de protección, dieron a conocer que los guardias de la universidad trataron de impedir su paso para combatir la deflagración.
El fuego fue sofocado gracias a la acción del colectivo y a las brigadas del ayuntamiento zapopano que llegaron poco después de que se detectaran las primeras señales a las 17 horas.
Los activistas señalaron que los incendios forestales de este tipo son motivo de multa administrativa y los responsables incurren en delitos en materia ambiental según las fracciones VIII y XXI del artículo 163 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, y el artículo 420 Bis. Del Código Penal Federal, que señala penas de dos a 10 años de prisión o hasta tres mil días de multa a quien provoque incendios en un bosque, selva, vegetación natural o terrenos forestales.
