Isla de Mezcala en Jalisco. Foto Héctor Jesús Hernández
Analy S. Nuño./La Jornada Jalisco
El 2011 fue un año de crisis en materia de derechos humanos, advirtió el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) durante la presentación del Informe sobre la situación de los derechos humanos en Jalisco 2011, en el que se señalan situaciones graves que significan un retroceso en la materia, como la aprobación de la Ley de Información Pública, los ataques a activistas y periodistas, y la situación por la que atraviesan la comunidades de Tenacatita, Temacapulín y Mezcala.
“Lo que vemos son retrocesos: 2011 es un año de crisis en materia de derechos humanos, la violencia es inusitada, ha detonado de por sí la incapacidad de la autoridad y este año vemos esa secuencia de la inacción, incapacidad, corrupción y la impunidad. Asimismo en materia legislativa no hemos visto que el Congreso local, e incluso los órganos municipales, hayan adecuado o armonizado sus legislaciones en materia de derechos humanos en conformidad con las reformas constitucionales en materia de derechos humanos”, señaló Cesár Octavio Pérez Verónica, encargado del área jurídica del Cepad.
Durante la presentación del informe, los integrantes del organismo indicaron que “el 2011 ha sido un año cargado de incumplimientos a las obligaciones de respetar, promover, garantizar y proteger los derechos humanos de los habitantes de Jalisco por las autoridades del gobierno estatal y los municipios”, situación que se refleja en algunos casos que han trascendido por la vulnerabilidad de quienes “padecen la indiferencia y el abuso de autoridad” así como en las decisiones de los órganos públicos con repercusiones “negativas para una sociedad que aspira a una vida democrática plena” y la ausencia del tema de los derechos humanos en la agenda de quienes aspiran a gobernar Jalisco.
En este tenor, Pérez Verónica aseguró que está omisión en las plataformas políticas “es sumamente delicada y grave”, sobre todo por el contexto de violencia e inseguridad generalizada que se registra en el estado.
En este tenor lamentó la situación de riesgo que viven los defensores, defensoras y periodistas del estado, que se ha visto reflejada en los últimos meses; y reprobaron la agresión sufrida por el reportero de este diario Darío Pereira en manos de agentes investigadores, además de las amenazas de activistas de Temacapulín y los ataques difamatorios en contra de Guadalupe Ramos Ponce, defensora de los derechos de las mujeres.
“Exigimos al gobierno federal que se publique la Ley de protección de defensores, defensoras y periodistas y se implemente el Mecanismo Nacional que garantice el libre ejercicio periodístico y la defensa de los derechos humanos”.
De su lado, Juan Larrosa Fuentes, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), indicó que hay hechos muy preocupantes en torno al tema del derecho a la información puesto que se han visto claras violaciones a los derechos de periodistas tanto en el tema de seguridad como en el de transparencia, al aprobarse una reforma legislativa “regresiva” como lo es la nueva Ley de Acceso a la Información Pública.
Asimismo en el informe 2011, tal y como el Cepad lo señaló en el análisis del 2010, se reitera la “inacción e incapacidad” de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ), dependencia que, a su consideración, ha puesto en riesgo a las víctimas en distintos casos.
Finalmente también críticaron la falta de interés de las autoridades, quienes han ignorado las reformas en derechos humanos aprobadas en junio del 2011 por el Senado de la República y que hasta el momento no han sido armonizadas a nivel estatal, “señal de que las y los legisladores están más interesados en sus intereses económicos y partidistas que en legislar en favor de la población a la que dicen respetar”.
