Érika Ramírez / Rubén Darío Betancourt, fotos / enviados Contralinea / Zapateando
Temacapulín, Jalisco. Vive a salto de mata,
amenazado de muerte. Dice que su trabajo con los pobladores de seis
comunidades en Mazatlán, Sinaloa, ha incomodado a funcionarios de
gobierno del estado y del federal. El temor que le sobresalta se
justifica luego del asesinato de 19 de sus compañeros de lucha. Las
autoridades dicen que fueron víctimas del fuego cruzado en la “guerra”
contra el narcotráfico, emprendida por la Presidencia de la República
desde diciembre de 2006. Él lo atribuye al activismo en contra de la
construcción de la presa Picachos.
Octavio Román Tirado es uno de los 4 mil
desplazados de las comunidades Copales, El Placer, San Marcos, Puerta de
San Marcos, Casas Viejas e Iguanas y los municipios de Mazatlán y
Concordia. La migración forzada de 800 familias inició luego de que las
aguas de la presa construida por la Comisión Nacional del Agua (Conagua)
y el gobierno estatal inundaron sus viviendas en octubre pasado.
Presidente de la Comunidad de San Marcos,
Román Tirado no puede regresar al lugar donde fue reubicado. Ahí dejó a
su esposa e hijos, casa, ganado, empresa. “¡Tienes que quitarte de en
medio; el que sigue eres tú!”, dijo una voz masculina que había marcado a
su teléfono móvil. La advertencia lo dejó frío. Sabe que la amenaza
podría cumplirse en cualquier momento, pues ya ha sido golpeado y
allanada su vivienda.
“Tenemos pueblos que fueron masacrados
por un gobierno insensible, que construyó una presa sin darle a la gente
lo más elemental. Son cinco años de lucha permanentemente”, dice a Contralínea.
El 22 de mayo de 2005, representantes de
los tres niveles de gobierno –municipal, estatal y federal– hicieron un
compromiso con los pobladores que serían afectados por la presa que se
levantaría en una cortina de 35 metros de altura y una longitud de
corona de 817 metros.
Ofrecieron vivienda digna, desarrollo
social, carreteras, pueblos urbanizados, con servicios médicos, escuelas
e indemnización por las pérdidas económicas que sufrieran. La
resistencia de los pueblos no se hizo esperar. Ahí comenzó todo un
movimiento social que tomó las playas de Mazatlán, el Congreso estatal,
avenidas principales y edificios de gobierno.
Nada echó para atrás el proyecto
gubernamental financiado a través del Fondo de Infraestructura
Hidráulica de Sinaloa –constituido por el gobierno federal a través de
la Conagua y el gobierno de Sinaloa–, y que significó una inversión de
802 millones de pesos.
La presa, concluida en 2009, se llenó con
las lluvias que dejó a su paso el huracán Alex. Carente de estudio de
impacto ambiental, cambio de uso de suelo y trámite expropiatorio de los
terrenos afectados, las aguas de la construcción arrasaron con las
primeras comunidades que se encontraban a su paso.
El desalojo no sólo ocurrió por la
inclemencia del tiempo. Elementos de las policías federal y estatal
sacaron a los colonos de sus viviendas. “Lo hicieron con mucha
violencia: con gases lacrimógenos, golpearon mujeres embarazadas, hubo
compañeros a quienes les quebraron sus brazos y pies”, recuerda Octavio.
“Hoy, tenemos a más de 100 personas que
se tuvieron que salir del pueblo por las amenazas. Son gente que ha
luchado contra el gobierno y por amenazas de muerte han tenido que huir
del pueblo, para no ser asesinados”, relata.
Millones de afectados por grandes diques
Cálculos
de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente indican
que, hasta 2000, en México se registraron más de 170 mil desplazados por
la construcción de represas, resultado del levantamiento de tan sólo 20
de más de 4 mil proyectos que hay en el país. Mientras, los afectados
por este mismo tipo de edificaciones en América Latina llegan a 580 mil
595 personas, con 62 obras de este tipo.
La organización internacional
–representada en México por Astrid Puentes Riaño– calcula que son 170
mil 625 mexicanos los que han tenido que abandonar sus lugares de origen
para dar paso a la construcción de estos grandes diques. Es decir que
el 29 por ciento de la población damnificada en Latinoamérica radica en
el país.
Estadísticas del agua en México, edición 2010. 10 años de presentar el agua en cifras,
informe editado por la Conagua, indica que la infraestructura
hidráulica con que cuenta el país tiene 4 mil 462 presas y bordos de
almacenamiento, de las cuales 667 están clasificadas como grandes
presas, de acuerdo con la definición de la Comisión Internacional de
Grandes Presas.
“La capacidad de almacenamiento de las
presas del país es de aproximadamente 150 mil millones de metros
cúbicos”. En tanto que el volumen almacenado anualmente en las 100
principales presas representa casi el 79 por ciento a nivel nacional.
Tres de la primera centena fueron
edificadas en las administraciones panistas de Vicente Fox Quesada y
Felipe Calderón Hinojosa: El Cajón, 2006; Rompepicos, 2004; Las Blancas,
2000.
El documento Proyectos estratégicos de la Conagua
–elaborado por la Subdirección General de Agua Potable, Drenaje y
Saneamiento– indica, al 20 de agosto de este año, que entre las
principales construcciones que tiene planeadas concluir la
administración de Felipe Calderón se encuentran El Zapotillo y El
Purgatorio, en Jalisco; El Realito, en San Luis Potosí, y Paso Ancho, en
Oaxaca.
Además, el 22 de octubre pasado, la
Comisión Federal de Electricidad anunció que, durante 2011, se licitará
el proyecto hidroeléctrico La Parota, en el estado de Guerrero. El
director de la paraestatal, Alfredo Elías Ayub, aseguró que este
proyecto es “prioritario”, por lo cual fue integrado al Presupuesto de
Egresos de la Federación 2011.
Los desplazados
Gustavo Castro, director de la
organización ambientalista Otros Mundos, expone que el principal impacto
social que provoca la construcción de presas es el abandono del trabajo
en la tierra y los diversos modos de producción que dependen de ella, y
de los lugares en donde la población vive y se alimenta. “Cuando la
población es desplazada, por lo general sale con lujo de violencia, con
mucha represión. Los afectados son enviados a viviendas que son de muy
mala calidad”, dice.
El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF,
por sus siglas en inglés), la organización ambientalista más grande del
mundo, calcula que el impacto social por la construcción de represas en
todo el planeta es de 500 millones de personas, según indica en su
informe Planeta vivo 2010-biodiversidad, biocapacidad y desarrollo.
El WWF indica que “la creciente demanda
por la energía baja en carbono, el almacenamiento de agua y el control
de las inundaciones son nuevas motivaciones para construir presas y
otras infraestructuras en el mundo… Las infraestructuras hídricas pueden
tener beneficios, pero también tienen impactos muy graves sobre los
ecosistemas dulceacuícolas y sobre las personas que dependen de los
servicios que proporcionan dichos ecosistemas”, muestra el documento.
Daños ambientales
El director de la organización Otros
Mundos explica que también existe un impacto ambiental, ya que el agua
de las presas es altamente contaminada, “consecuencia del arrastre de
agroquímicos, la salinización de las obras, la muerte de peces en los
embalses, la generación de gases de efecto invernadero y metano. Estos
efectos tienen otras implicaciones, como problemas de salud, ya que las
grandes presas generan enfermedades gastrointestinales, plagas y
moscos”.
Juan Pablo Soler, integrante de la Red
Latinoamericana Afectados por Represas y representante de Otros Mundos,
capítulo Colombia, añade que, a nivel mundial, se ha demostrado que el
impacto de las represas es el mismo en términos sociales y ambientales.
El ambientalista colombiano explica que
algunas de las consecuencias que trae la construcción de represas son
una gran ruptura del tejido social de las comunidades: tradiciones y
valores culturales. También se acaba con los medios de subsistencia o
sobrevivencia que tienen las comunidades, que generalmente viven en la
rivera, los ríos o el cultivo de las comunidades rurales.
En Colombia, comenta, “la mayor parte de
proyectos afectan a personas que carecen de ingresos, viven en extrema
pobreza y no tienen títulos de propiedad. Esto ocasiona que no se les
considere como afectados”.
Toda edificación de los contenedores de
agua o generación de energía eléctrica, dice, “se basa en el discurso
del desarrollo, de la atracción de progreso a las comunidades; en el
marco de lo que plantea el Banco Mundial: los países tienen que ser
competitivos e insertarse en la economía global”.
Luchas sociales
Marco Ramírez, originario de la comunidad
de Ixcan, Guatemala, dice que, en el país centroamericano, actualmente
la población se enfrenta a “cinco grandes problemas” y por los que
luchan comunidades enteras.
El gobierno guatemalteco, dice, tiene
planeada la construcción de las represas hidroeléctricas Xalalá y San
Luis, mismas que hasta ahora están detenidas debido a la movilización
social que se ha generado en esta zona. Éstas despojarían de sus tierras
a alrededor de 50 comunidades, una población cercana a los 10 mil
habitantes.
“Además, la construcción de una carretera
que conforma la franja transversal del Norte. La siembra de la planta
africana está provocando la venta de tierras a gente rica. A ello se
suma el problema de la militarización y el narcotráfico; se está
militarizando Ixcan con la intención de darle protección a estas
empresas”.
El ambientalista chileno Antonio Belmar,
de la Agrupación por Defensa del Corredor Biológico Nevado de Chillán,
dice que, en el país suramericano, el agua se ha convertido en “un bien
comercial, ya que el 99 por ciento de las aguas de los ríos está en
manos de empresas extranjeras. La mayoría de los proyectos en Chile está
financiado por fondos internacionales de Europa, principalmente con
capitales de España, Noruega e Italia”.
Como efecto de la construcción de
represas en Chile, dice Antonio Belmar, han sido desplazados los
territorios mapuche, se han inundando cementerios y aldeas enteras, pese
a la promesa de la Organización de las Naciones Unidas de que no se
volverían a construir más diques en la zona.
Alcides Díaz, afectado por el proyecto
hidroeléctrico San Francisco, en Ecuador, comenta que esta obra ha
despojado a 700 personas en aquel país. “Se abandonaron los terrenos y
ahora terminan con la minería y el petróleo que se generaba en la zona”.
Dice que el gobierno de Rafael Correa
tiene contemplado instalar nueve hidroeléctricas más en la comunidad de
Baños, una de las localidades más visitadas a nivel mundial. Con estos
diques, critica, “de aquí a unos 15 años los niños van a tener que
comprar garrafones de agua para poderse bañar”.
Esto demuestra que “no existe la
democracia. Todo es un despilfarro de dinero. Favorecen a los que están
al frente y el resto de la gente no les importa. Somos utilizados cada
año que vienen las votaciones”.
Violaciones a los derechos ambientales y humanos
Los daños ambientales por la construcción
de represas causan un “impacto grave y repetido a los derechos humanos
de las personas y comunidades afectadas”, dice el informe Grandes represas en América. ¿Peor el remedio que la enfermedad?, de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente.
La organización indica que este tipo de
proyectos desconocen las normas del derecho internacional ambiental, así
como diversos estándares internacionales sobre el desarrollo y
operación de represas.
Entre los impactos, destaca: afectaciones
a la salud, pérdida de fuentes de alimentación y formas de vida
tradicionales, desplazamientos forzados, inexistencia de evaluaciones de
impacto ambiental y social integrales, carencia de procesos de consulta
y participación pública, falta de acceso a la información, afectación a
los derechos de los pueblos indígenas y tribales, criminalización de la
protesta social, hostigamiento de las personas y comunidades que
defiende sus derechos.
Los daños al ambiente
El informe Grandes represas en América. ¿Peor el remedio que la enfermedad?,
editado por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente
con la organización International Rivers, indica que los principales
impactos ambientales de las grandes represas son:
• Empeoramiento de la calidad y
salubridad de las aguas, río arriba y río abajo por la modificación
artificial de las cuencas hidrográficas.
• Degradación de los ecosistemas
acuáticos. Al menos 400 mil kilómetros cuadrados de los ecosistemas
ribereños más diversos del mundo se han perdido al ser inundados para
crear represas.
• Impactos a la biodiversidad: afectaciones a especies de peces migratorios.
• Impactos en el cambio climático por el
aumento en la emisión de gases de efecto invernadero, causados por la
descomposición de materia orgánica inundada por la obra.
• Efectos sísmicos que las grandes
represas y los embalses pueden producir por la alta presión del agua del
embalse, lo cual puede lubricar las fallas tectónicas y reducir el
rozamiento entre las superficies de las rocas subterráneas.
ONU estudia a México
Carlos de la Torre Martínez, oficial de
Derechos Humanos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos, anuncia que la organización mundial
emitirá en 2011 un estudio sobre el derecho a la consulta en México.
El informe tendrá como eje principal la
construcción de la presa El Zapotillo, en Temacapulín, Jalisco –que
despojará de su lugar de origen a unas 800 personas–, y 10 proyectos más
que se desarrollan en México, relacionados con presas, minas,
concesiones de agua.
Lo que la oficina ha observado, dice de
la Torre Martínez, “es que este tipo de proyectos tiene un impacto muy
fuerte en las comunidades: se afectan su derechos al agua, a la
vivienda, a la educación y a un nivel de vida adecuado.
“Desde el derecho internacional de los
derechos humanos se ha construido un derecho a la consulta que les
permite a las comunidades tener un diálogo directo con las autoridades,
para ser tomados en cuenta cuando se hacen estos proyectos. En México,
existe un vacío, es decir, nuestra Constitución tiene un reconocimiento
débil de este derecho a la consulta.
“El impacto social que tienen estos
proyectos tienen que ser parte de la política pública del Estado. No se
rechaza la construcción de grandes proyectos, pero éstos deben de estar
en el marco de la protección a los derechos humanos y de las personas”,
dice el funcionario de la ONU.
Se solicitó entrevista con Felipe
Arreguín, subdirector técnico de la Conagua, a través de Fernando Melo,
jefe de Atención a Medios. Asimismo, con Alfredo Elías Ayub, director de
la Comisión Federal de Electricidad, mediante Gerardo Cubos, subgerente
de Información, sin que hasta el cierre de la edición se haya obtenido
respuesta.
