El acuerdo principal de la comunidad wixárika de San Sebastían Teponahuaxtlan es contundente: el rechazo tajante “a cualquier tipo de actividad minera, sea cual sea la modalidad o etapa de la misma”.
Gloria Muñoz Ramírez
Fotografía: Prometeo Lucero/desinformemonos.org
Fotografía: Prometeo Lucero/desinformemonos.org
Mesa del Tirador, Jalisco. Encubiertos
bajo cualquier identidad se internan en la sierra huichola, actúan como
delincuentes, sin decir exactamente sus intenciones, y se dedican a
recabar información, casi casa por casa, sobre los minerales que hay en
el territorio de la comunidad wixárika de San Sebastían Teponahuaxtlan y
Tuxpan de Bolaños, perteneciente a los municipios de Mezquitic y
Bolaños, en la mera frontera entre Jalisco y Nayarit.
Así llegan los empleados de las empresas
mineras que pretenden instalarse en estos parajes. Son ellos el primer
eslabón del trabajo sucio para empezar a marcar el terreno. El engaño o
la compra de información abierta es su método para que los pobladores
ancestrales de estas tierras les ofrezcan muestras y les indiquen rutas
de exploración. Es por esto que en su asamblea trimestral, los mil 636
wixaritari concentrados en la localidad de Mesa del Tirador, acordaron
“sancionar a miembros de la comunidad que promuevan o faciliten dichas
incursiones mineras; conforme al propio sistema normativo y formas
tradicionales de toma de decisiones”.
La amenaza
minera es tan grave que la asamblea decidió que “en caso de reincidencia
de estos actos”, los comuneros serás despojados de sus derechos
agrarios de forma definitiva, es decir, se les retirará el predio que
poseen.
El acuerdo principal es contundente: “La
asamblea general de comuneros rechaza tajantemente cualquier tipo de
actividad minera, se cual sea la modalidad o etapa de la misma”. Y a
partir de este punto se desglosan los demás acuerdos.
La asamblea se realiza los días 7, 8 y 9
de septiembre y hasta aquí llegan pobladores de las 36 localidades que
conforman San Sebastían Teponahuaxtlan. Se destaca la presencia de
cientos de jóvenes que llegan en grupo o con sus familias y se instalan
en los lugares destinados por los anfitriones.
Se trata de una reunión como las que se
sostienen cada tres meses para tratar desde asuntos financieros hasta
conflictos agrarios. En esta ocasión los puntos nodales son la amenaza
de las mineras y la presentación del Estatuto Comunal, que justo servirá
para normar los principios que habrán de regir para salvaguardar su
cultura.
Desde Mesa del Tirador, uno de los
pueblos de la comunidad Waut+a (conocida en castellano como San
Sebastián Teponahuaxtlan), se vislumbran las 28 mil hectáreas que estos
pueblos recuperaron entre el 2001 y 2005, y que conforman las más de 240
mil que Pedro de Haro, autoridad moral de los huicholes, logró que se
les reconocieran como tierras comunales en 1954, pues estaban invadidas
por los mestizos de Huajimic y de Puente de Comatlan. Aún con el
reconocimiento permanecieron invadidas hasta que en los setenta don
Trinidad Carrillo se fue a buscar a wixarikas que desde la revolución se
habían ido a vivir a las orillas del río Santiago. Los convenció de
regresar a ocupar sus tierras y fundaron entonces Mesa del Tirador.
Ahora, tan solo sobre el territorio
recuperado de San Sebastián, pesan tres concesiones mineras para
explotación de oro, plata y manganeso, por lo que, para defender sus
tierra y su cultura, la asamblea decidió “que es obligación de los
comuneros, comisarías tradicionales, autoridades tradicionales y
agrarias, vigilar y hacer del conocimiento al órgano de representación
comunal de cualquier indicio o anomalía detectada referente a la
minería”.
“Se trata de que en esta asamblea se vean
los problemas rezagados en nuestra comunidad. Todos tenemos la libertad
de hablar, con las mismas obligaciones y los mismos derechos, pues la
asamblea es de todos, no sólo de las autoridades, y es la oportunidad de
sacar nuestras inconformidades”, dice uno de los oradores en el inicio
de una de las tantas reuniones con las que se organizan estos pueblos
para sacar sus acuerdos, señala al inicio el comisario Octaviano Díaz.
La asamblea dictamina también sanciones
para los que vienen de afuera, como señala uno de los comuneros, pues
“son ellos los que traen la división a la comunidad”. Por eso, acordaron
sancionar a cualquier organización civil o institución gubernamental
“que promueva o facilite dichas incursiones mineras; conforme al propio
sistema normativo y formas tradicionales de toma de decisiones, así
mismo será desconocido de manera definitiva por la comunidad”.
“Me preocupa que algunos wixárika sean
cómplices de las mineras. No podemos permitirlo”, dice otro de los
comuneros, al tiempo que relata que un empresario intentó comprarlo
ofreciéndole la bicoca de 200 pesos por las muestras de minerales que le
entregara, o para servirle de guía. “Pero yo lo rechacé y lo turné a la
autoridad”, señala.
No todos los ofrecimientos son tan
magros. Trascendió que una empresa canadiense ofreció 30 millones de
pesos a la asamblea y 10 millones más al comisariado de bienes comunales
por permitir la exploración del territorio y el establecimiento de
minas.
El derecho a ser consultados es el
principal argumento en su defensa, pues, advierten, es una “obligación
inamovible de todas las autoridades mexicanas, consultar de manera libre
previa e informada, y en su caso la obtención del consentimiento de las
comunidades, sobre el uso y/o explotación de cualquier recurso natural
dentro de los territorios comunales”.