Entre su lista de prioridades dan a
conocer los nombres de sus mejores candidatos(as) para la Cámara de
Diputados y el Senado, asegurando que todos ellos
son indígenas militantes del PRD y considerados como los mejores perfiles, además de tener el compromiso y la agenda política del Movimiento Indígena Nacional.
Los delegados a la asamblea manifiestan su respaldo al PRD en este proceso electoral,
a fin de lograr la transformación verdadera del país con la inclusión, participación y representación política de los pueblos y comunidades indígenas. Sin embargo, acotan –sorprendentemente– que en el caso de que el Partido de la Revolución Democrática incumpla sus obligaciones estatutarias,
tomarán otras medidas para hacerse respetar. Estas medidas, se sostiene, pueden llegar incluso al ejemplo del pueblo purépecha de Cherán, Michoacán, cuyos pobladores
hicieron valer su autonomía, y llamar a oponerse a aceptar candidatos que no representen a los pueblos y comunidades indígenas.
Pese a que en el comunicado se asienta que la Asamblea Nacional Electoral de los Pueblos Indígenas
hace suyo el Manifiesto Político Indígena, de este documento sólo se destaca que
se reclama garantizar la postulación de candidatos indígenas en los 28 distritos electorales federales indígenas, incorporando la cuota de género.
Si se analizan el boletín enviado y el
propio Manifiesto Político Indígena es evidente que se trata de un
movimiento que se deslinda de los acuerdos de San Andrés, el Congreso
Nacional Indígena (CNI), el EZLN, los procesos autonómicos hegemonizados
por los mayas zapatistas, así como la vía de construcción de autonomías
desde abajo y a partir de un quiebre con el sistema de partidos
políticos. Precisamente, la reciente enseñanza de Cherán, que expulsó a
los partidos políticos, no participó en el proceso electoral de 2011 y
optó por elegir a sus autoridades por la vía de usos y costumbres,
confirma los hallazgos de investigaciones en el ámbito latinoamericano
acerca del papel de los partidos como factor heterónomo, esto es,
contrario al desarrollo de las autonomías.
También son significativas la falta de un
planteamiento programático y la distancia del MIN sobre problemas
concretos acuciantes para numerosos pueblos indígenas, que constituyen
incluso cuestiones de vida o muerte, como es la presencia dañina de las
corporaciones mineras, madereras, turísticas, farmacéuticas y de
narcotraficantes, entre otras, en los territorios de las etnorregiones,
como se ha venido documentando en las páginas de nuestro periódico,
tanto en reportajes como en artículos de opinión, limitándose a una
mención formal sobre el derecho a la consulta previa e informada. Nada
sobre el éxodo migratorio, los megaproyectos carreteros, la
militarización, la criminalización de movimientos, la acción de grupos
paramilitares en territorios indígenas, o sobre los presos políticos
detenidos por su oposición a la privatización del agua o los altos
costos de la electricidad.
El diálogo de San Andrés significó el
funeral festivo de las políticas indigenistas sostenidas por el Estado
mexicano para el control político de los pueblos originarios, por lo que
sorprende que en el manifiesto referido se demande nuevamente la
transformación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas (CDI), ahora sí, como una institución de
verdadero servicio para los pueblos y comunidades indígenas.
Es incuestionable que el MIN representa a
ese sector político de los pueblos indígenas que está abocado a la
búsqueda de espacios para sus integrantes dentro de los aparatos del
Estado. Así lo prueba el carácter de estos escritos dados a conocer a la
opinión pública. Por ello, más que una reunión de delegados de 62
pueblos indígenas (recordemos que en el diálogo de San Andrés, con la
más amplia convocatoria zapatista, se lograron reunir representantes de
no más de 30 pueblos o grupos etnolingüísticos), debiera aclararse que
en realidad se llevó a cabo una convención electoral, más
específicamente de la fracción indígena del PRD, que exige,
legítimamente, la observancia de las cuotas para candidatos por
adscripción étnica –ciertamente estipulada en sus reglamentos internos–,
la que nunca ha cumplido ese partido.
Tomando en cuenta que la lucha por las
candidaturas para puestos de elección popular en el interior del PRD es
feroz y sin miramientos, lo más seguro es que las corrientes internas o
facciones de ese partido, mal llamadas
tribus(éstas tienen códigos de honor), nuevamente impidan que las demandas del MIN se cumplan, por lo que se haría efectivo su ultimátum de acrecentar uno, dos, tres Cheranes. Extraña forma de arribar a las autonomías.
