FOTO HÉCTOR JESÚS HERNÁNDEZ
CLAUDIA GÓMEZ GODOY/La Jornada Jalisco
“Cuando nos hablan de expropiación, es como si nos diagnosticaran un cáncer.”
Abigail Agredano, pobladora de Temaca
En la mayoría de las constituciones de tradición social y democrática de derecho se contempla la posibilidad de que el poder público imponga a la propiedad privada una limitante: la expropiación, que sólo podrá hacerse por causas de utilidad pública para beneficio de la sociedad. En México se establecen constitucionalmente causales para limitar los derechos patrimoniales de las personas, por causas de utilidad pública, previa indemnización.
Con mucho orgullo año con año recordamos la expropiación petrolera de 1938, cuando el presidente Lázaro Cárdenas expropió a las corporaciones inglesas y estadunidenses las concesiones petroleras que hasta el momento manejaban, la expropiación se fundamentó en causas de utilidad pública, el beneficio a la colectividad y el retorno de su soberanía energética al pueblo mexicano. Para pagar la indemnización correspondiente, los mexicanos aportaron sus ahorros en una colecta convocada por el presidente Cárdenas. De hecho la Ley de Expropiación, vigente desde 1936, considera causas de utilidad pública, entre otras: “La equitativa distribución de la riqueza acaparada o monopolizada con ventaja exclusiva de una o varias personas y con perjuicio de la colectividad en general o de una clase en particular; y la creación, fomento o conservación de una empresa para beneficio de la colectividad.” En sus orígenes, la Ley de Expropiación protegía los intereses de la colectividad, buscando una mejor distribución de la riqueza, se consideraba una institución de derecho público para beneficiar los intereses de las mayorías.
Sin embargo, en los últimos años, los gobiernos capitalistas neoliberales han desviado y tergiversado completamente la figura de la expropiación, utilizándola para beneficiar intereses privados en perjuicio de los intereses comunes. Los casos más alarmantes son los que tienen que ver con obras de infraestructura, minería y presas. A lo largo y ancho del país es común encontrar casos de comunidades y pueblos que se oponen a obras impulsadas por el gobierno, pagadas con nuestros impuestos para beneficiar intereses privados tanto nacionales como extranjeros, desarrollando obras cuyo objetivo principal no es la colectividad.
El modelo de corporación-nación ha dictado la modificación de leyes y reglamentos para que este desvío de poder sea posible, introduciendo conceptos de interés público y utilidad pública a las actividades extractivas y de explotación de los recursos, facilitando con ello la expropiación de tierras y territorios indígenas y campesinos para dar paso a explotaciones mineras, obras de infraestructura, carreteras y presas, cuyo beneficio es para intereses capitalistas, en perjuicio de los derechos de los pueblos, se trata de obras innecesarias e insustentables que únicamente sirven para la producción, extracción y robo de minerales, agua y mercancías, en donde la gente, los trabajadores y los pueblos es lo que menos importa.
Durante el gobierno de Felipe Calderón, en el año 2009, la Ley de Expropiación fue completamente modificada, eliminando garantías y derechos contenidos con anterioridad, haciendo prácticamente imposible revertir decretos de expropiación, discutir sobre las causales de utilidad pública, exigir dictámenes técnicos que permitan oponerse a expropiaciones que no sean para beneficio de la colectividad permitiendo la ocupación casi inmediata de los bienes expropiados, eliminando en los hechos derechos constitucionales como las garantías de audiencia previa y el derecho a la consulta, no se contempla un recurso efectivo, dejando únicamente el juicio de amparo como mecanismo de defensa, que no suspende el procedimiento de expropiación y la ejecución de la misma, por lo que no hay un recurso judicial efectivo de protección.
En días recientes las comunidades que se oponen a la construcción de la ilegal e ilegítima presa El Zapotillo han sido enteradas por medio de edictos, que el gobierno del estado de Jalisco ha iniciado procesos de expropiación en su contra, esto en respuesta a la persistente resistencia de los pobladores a vender sus tierras y permitir que se inunden los pueblos. Lo que demuestra el fracaso de las negociaciones, al ser necesaria la utilización de mecanismos coercitivos y autoritarios para lograr el objetivo de “convencer” a las comunidades afectadas. Durante los últimos cuatro años, cuando llegan los hijos ausentes, las autoridades lanzan la amenaza de la expropiación a los pobladores, diciendo que ahora sí, quienes no estén dispuestos a negociar, recibirán como castigo un pago a valor catastral de 1 a 4 pesos por metro cuadrado.
La amenaza que una vez más se lanza contra estos pueblos podría considerarse una condición estructural de “desviación de poder”, de uso faccioso del derecho, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha definido como una actitud anómala por parte del Estado mexicano que configura una desviación de poder, lo cual se traduce en un abuso de mandato, un abuso de derecho. Un acto administrativo puede estar afectado de ilegalidad si su autor ha usado de sus poderes para un fin distinto de aquel en vista del cual le han sido conferidos (informe número 43/96, caso 11.430). Cuando las leyes son injustas no deben obedecerse, no se puede seguir confiando en un gobierno que desvía el poder en beneficio de unos cuantos.
Lamentablemente lo señalado por la CIDH como la utilización de los poderes del Estado para perseguir y afectar las garantías de los pueblos es una constante, aun cuando los pueblos de Temacapulín, Acasico y Palmarejo han apelado a la legalidad, al cumplimiento del derecho y exigen el respeto de sus derechos fundamentales, la respuesta de las autoridades ha sido la sistemática imposición y denegación de justicia, cerrándose a la posibilidad de presentar alternativas y oponerse a una obra que no ha demostrado tener causales de utilidad pública suficientes para destruir su patrimonio cultural y ambiental, que es también de todos nosotros.
Mientras, se llega diciembre y con él las fiestas patronales y la reunión con los familiares ausentes y presentes, sin duda serán días de mucha unión y reflexión en las familias de Temaca, quienes finalmente decidirán de manera conjunta con todos los que son, si deciden seguir caminando y desafiando al poder, con sus imposiciones y expropiaciones desviadas, aunque claro está y es algo que no han entendido desde el gobierno, el baile, la fiesta, la risa, la celebración, año con año, los hace más fuertes, más resistentes, más rebeldes.
