viernes, 28 de septiembre de 2012
jueves, 27 de septiembre de 2012
Niegan autorización para el monorrelleno en Los Tempizques
Foto: Milenio
EN EL ÁREA DEL TEMPISQUE SE PRETENDE DESARROLLAR EL MONORRELLENO.
EN EL ÁREA DEL TEMPISQUE SE PRETENDE DESARROLLAR EL MONORRELLENO.
AGUSTÍN DEL CASTILLO/Milenio
Los ambientalistas aseguran que los biosólidos no podrán depositarse
en la reserva ecológica del río Santiago, donde se pretende hacer la
planta de tratamiento de aguas.
Por segunda ocasión consecutiva le ha
sido negada a la Comisión Estatal del Agua (CEA) la autorización de
cambio de uso de suelo forestal y de impacto ambiental, por parte de la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), para
establecer al interior del
área de protección hidrológica municipal Barranca del Río Santiago, el
monorrelleno de la planta de tratamiento de aguas negras de Aguaprieta.
De este modo, se le pone un importante escollo al proyecto de saneamiento, que se pretende poner en marcha durante mayo de 2013, y que tratará casi 80 por ciento de las aguas residuales municipales de la zona conurbada de Guadalajara.
En una
resolución, dictada por la Dirección General de Gestión Forestal y de
Suelos de la Semarnat, el pasado 30 de agosto, se determinó dar el peso a
las opiniones en contra vertidas por el Ayuntamiento de Zapopan, por el
Consejo Estatal Forestal y de Suelos, por la Comisión Nacional para
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad y por la Dirección General de
Vida Silvestre de la propia Semarnat, quienes argumentaron que este
cambio se pretende realizar dentro del polígono de protección, y puede
alterar de forma significativa el estado de la flora y fauna silvestres,
pues se trata de un corredor biológico importante para la región, pero
además, ante la falta de información por parte de la CEA de diversas
dudas sobre el manejo de esos problemas.
El monorrelleno es un depósito de
desechos sólidos que se derivan del tratamiento de las aguas negras;
mientras la autoridad afirma que son inertes e incluso pueden ser
excelentes mejoradores de suelo, a los ambientalistas les parece que no
es claro si contienen o no elementos contaminantes de los procesos
industriales de la ciudad, por lo que se deben revisar con cautela esas
posibilidades.
Pero la Semarnat no entró en el tema;
determinó “negar la autorización en materia de cambio de uso de suelo
forestal y de impacto ambiental para una superficie de siete hectáreas y
media […] debido a que no dio cumplimiento a los preceptos normativos
de excepción establecidos en el artículo 117 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, además de que contraviene el artículo 35 párrafo cuarto, fracción III inciso a de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente,
al no dar cumplimiento al decreto y plan de manejo del área natural
protegida Barranca del Río Santiago, publicados en el periódico oficial
El Estado de Jalisco, el 7 de octubre de 2004, así como el Programa de
Ordenamiento Ecológico Territorial del municipio de Zapopan, publicado
en la gaceta municipal el día 23 de mayo de 2011”.
La Dirección General de Política
Ambiental e Integración Regional y Sectorial de la Semarnat, hizo un
análisis de las incompatibilidades en el tema del uso del suelo: Según
el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial de Jalisco, la zona
corresponde a la unidad de gestión ambiental Ff3111, “en esta unidad se
tienen como uso predominante la flora y fauna, pero no incluye los usos
forestal e infraestructura como parte de su estrategia ambiental”, si
bien, no prohíbe el cambio de uso de suelo.
La situación se cierra más en el
ordenamiento municipal (POEL), donde en esa zona (UGA VII_06_BTCS_P) se
establecen “como uno de los usos incompatibles el de servicios”, y como
ese es el destino que busca la CEA, está considerado como incompatible,
ya que las acciones para esa unidad “se encaminan hacia actividades de
reforestación y restauración de suelos, más que a una remoción de
cobertura vegetal” (sic), dice el resolutivo en su página doce. Esto
lleva a que la solicitud de la CEA sea considerada “no congruente”.
Zapopan señala por medio de su Dirección
General de Ecología y Fomento Agropecuario que tampoco hay margen en
términos de la zona protegida, pues “la zona del Tempisque, predio
propuesto para desarrollar el monorrelleno, está dentro de la
zonificación de protección [correspondiente a la] sub zona La Estancia –
El Tempisque y El Lazo – Los Otates, áreas que presentan las mayores
amenazas para su protección debido a la fuerte demanda de terrenos para
el desarrollo. Estas áreas presentan sitios bien conservados de bosque
tropical caducifolio, así como un amplio mosaico de otros usos como
agricultura, pastizales y vegetación secundaria”.
¿Qué es lo que sigue? Raquel Gutiérrez
Nájera, presidente del Instituto de Derecho Ambiental (Idea), y una de
las promotoras esenciales de la oposición al monorrelleno, destaca que
la dictaminación es tan contundente que a la CEA sólo le queda impugnar
mediante un juicio administrativo.
“Qué es lo que pasa, que es la segunda
vez que se los niegan […] para que el monorrelleno se pudiera poner en
Los Tempisques (sic), en la barranca, primero se necesita iniciar los
procedimientos administrativos para modificar la declaratoria de
protección de la zona, y los ordenamientos ecológicos estatal y local, o
sea, no es nada fácil”.
A su juicio, la CEA tiene la opción de
adquirir terrenos fuera de Zapopan y darles ese uso, o bien, contratar
una empresa que mueva los residuos, “pero esto difícilmente lo podrán
hacer aquí”, destacó.
Datos
Proyecto cuestionado
- Según la CEA, los biosólidos de la
planta de tratamiento de Aguaprieta son “un proyecto ambientalmente muy
positivo”, porque el biosólido es básicamente un mejorador de suelos,
pero es necesario advertir que la zonificación del área protegida en ese
sitio es con uso de aprovechamiento, y si bien, se desmontarán 7.5
hectáreas, al final del proceso se tendrá arbolado en 20 hectáreas.
- Son alrededor de 170 toneladas diarias
de ese material que se depositarán como fruto de la operación de una de
las plantas de saneamientos mayores de América Latina. La
experimentación con este mejorador de suelos abre la posibilidad de que
se venda en el mercado regional —donde abundan superficies agrícolas
agotadas por el uso de agroquímicos—, lo que derivará en que buena parte
de la sustancia sólo vaya de paso por el área.
- El gobierno del estado compró 80
hectáreas que conforman seis polígonos, ya está completamente pagada a
la Comunidad Indígena de Mezquitán, “ya se movieron de forma voluntaria,
con las indemnizaciones correspondientes, los habitantes del pueblito
que allí se encontraba, Tempisques, y el predio está listo para ser
usado, en apenas 20 hectáreas, para el proyecto del monorrelleno”, según
información de la gerencia jurídica de la CEA.
- La CEA asegura que no hay violaciones
al área protegida: “La totalidad de la zona está dentro de lo que se
conoce como área de aprovechamiento, no de conservación o restauración,
donde sí te permiten hacer proyectos de infraestructura; previamente se
adquirió la autorización de la Semades [Secretaría de Medio Ambiente
estatal] para impacto ambiental, y para las 7.5 hectáreas forestales se
está tramitando un cambio de uso de suelo forestal, ante la Semarnat
[Secretaría de Medio Ambiente federal]”, añade la dependencia.
- Así, justifica, “para la construcción y
operación del monorrelleno se tiene la aprobación de impacto ambiental
por parte del estado, que es el competente, y con la federación lo que
les compete es el cambio de uso de suelo de las zonas forestales,
después del estudio que se realizó”.
- Según el organismo, se ha demostrado
que el biosólido no es contaminante. 20 ha serán utilizadas para la
instalación del monorrelleno de la planta en Tempisques; 18 años de
operación, es el periodo útil del proyecto de saneamiento de aguas.
La CEA ya se inconformó
La Comisión Estatal del Agua (CEA) del
gobierno de Jalisco, ha interpuesto un recurso de revisión para que se
consideren elementos que según el organismo, no fueron tomados en cuenta
para elaborar el resolutivo firmado el pasado 30 de agosto.
“Conforme con el artículo 117 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, y el 35 de laLey General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente,
se entregaron respuestas a las dudas de la autoridad de forma que
consideramos adecuada, y con base en eso, el pasado 20 de septiembre se
interpuso el recurso de revisión, donde se argumenta que las dudas de la
autoridad están debidamente solventadas”, afirmó ayer la vocera de la
CEA, Jéssica González Alcalá.
Precisó que la superficie completa del
monorrelleno es de 19.2 hectáreas, pero sólo se solicitó cambio de uso
de suelo en 7.5 ha, porque 11.2 ha más tienen ya el uso agrícola y
serían compatibles con el uso del monorrelleno.
El monorrelleno de la planta de
tratamiento de Aguaprieta, en la barranca del río Santiago, se encuentra
dentro del área de protección hidrológica municipal que está vigente en
la ladera poniente de la cuenca, “pero la zonificación lo permite y
además, no contendrá materiales tóxicos o nocivos”, dijo el pasado mes
de marzo a MILENIO JALISCO el director de la unidad ejecutora de
abastecimiento y saneamiento de la CEA, Ricardo Robles Varela.
jueves, 20 de septiembre de 2012
El pueblo wixárika no será cómplice de las mineras
El acuerdo principal de la comunidad wixárika de San Sebastían Teponahuaxtlan es contundente: el rechazo tajante “a cualquier tipo de actividad minera, sea cual sea la modalidad o etapa de la misma”.
Gloria Muñoz Ramírez
Fotografía: Prometeo Lucero/desinformemonos.org
Fotografía: Prometeo Lucero/desinformemonos.org
Mesa del Tirador, Jalisco. Encubiertos
bajo cualquier identidad se internan en la sierra huichola, actúan como
delincuentes, sin decir exactamente sus intenciones, y se dedican a
recabar información, casi casa por casa, sobre los minerales que hay en
el territorio de la comunidad wixárika de San Sebastían Teponahuaxtlan y
Tuxpan de Bolaños, perteneciente a los municipios de Mezquitic y
Bolaños, en la mera frontera entre Jalisco y Nayarit.
Así llegan los empleados de las empresas
mineras que pretenden instalarse en estos parajes. Son ellos el primer
eslabón del trabajo sucio para empezar a marcar el terreno. El engaño o
la compra de información abierta es su método para que los pobladores
ancestrales de estas tierras les ofrezcan muestras y les indiquen rutas
de exploración. Es por esto que en su asamblea trimestral, los mil 636
wixaritari concentrados en la localidad de Mesa del Tirador, acordaron
“sancionar a miembros de la comunidad que promuevan o faciliten dichas
incursiones mineras; conforme al propio sistema normativo y formas
tradicionales de toma de decisiones”.
La amenaza
minera es tan grave que la asamblea decidió que “en caso de reincidencia
de estos actos”, los comuneros serás despojados de sus derechos
agrarios de forma definitiva, es decir, se les retirará el predio que
poseen.
El acuerdo principal es contundente: “La
asamblea general de comuneros rechaza tajantemente cualquier tipo de
actividad minera, se cual sea la modalidad o etapa de la misma”. Y a
partir de este punto se desglosan los demás acuerdos.
La asamblea se realiza los días 7, 8 y 9
de septiembre y hasta aquí llegan pobladores de las 36 localidades que
conforman San Sebastían Teponahuaxtlan. Se destaca la presencia de
cientos de jóvenes que llegan en grupo o con sus familias y se instalan
en los lugares destinados por los anfitriones.
Se trata de una reunión como las que se
sostienen cada tres meses para tratar desde asuntos financieros hasta
conflictos agrarios. En esta ocasión los puntos nodales son la amenaza
de las mineras y la presentación del Estatuto Comunal, que justo servirá
para normar los principios que habrán de regir para salvaguardar su
cultura.
Desde Mesa del Tirador, uno de los
pueblos de la comunidad Waut+a (conocida en castellano como San
Sebastián Teponahuaxtlan), se vislumbran las 28 mil hectáreas que estos
pueblos recuperaron entre el 2001 y 2005, y que conforman las más de 240
mil que Pedro de Haro, autoridad moral de los huicholes, logró que se
les reconocieran como tierras comunales en 1954, pues estaban invadidas
por los mestizos de Huajimic y de Puente de Comatlan. Aún con el
reconocimiento permanecieron invadidas hasta que en los setenta don
Trinidad Carrillo se fue a buscar a wixarikas que desde la revolución se
habían ido a vivir a las orillas del río Santiago. Los convenció de
regresar a ocupar sus tierras y fundaron entonces Mesa del Tirador.
Ahora, tan solo sobre el territorio
recuperado de San Sebastián, pesan tres concesiones mineras para
explotación de oro, plata y manganeso, por lo que, para defender sus
tierra y su cultura, la asamblea decidió “que es obligación de los
comuneros, comisarías tradicionales, autoridades tradicionales y
agrarias, vigilar y hacer del conocimiento al órgano de representación
comunal de cualquier indicio o anomalía detectada referente a la
minería”.
“Se trata de que en esta asamblea se vean
los problemas rezagados en nuestra comunidad. Todos tenemos la libertad
de hablar, con las mismas obligaciones y los mismos derechos, pues la
asamblea es de todos, no sólo de las autoridades, y es la oportunidad de
sacar nuestras inconformidades”, dice uno de los oradores en el inicio
de una de las tantas reuniones con las que se organizan estos pueblos
para sacar sus acuerdos, señala al inicio el comisario Octaviano Díaz.
La asamblea dictamina también sanciones
para los que vienen de afuera, como señala uno de los comuneros, pues
“son ellos los que traen la división a la comunidad”. Por eso, acordaron
sancionar a cualquier organización civil o institución gubernamental
“que promueva o facilite dichas incursiones mineras; conforme al propio
sistema normativo y formas tradicionales de toma de decisiones, así
mismo será desconocido de manera definitiva por la comunidad”.
“Me preocupa que algunos wixárika sean
cómplices de las mineras. No podemos permitirlo”, dice otro de los
comuneros, al tiempo que relata que un empresario intentó comprarlo
ofreciéndole la bicoca de 200 pesos por las muestras de minerales que le
entregara, o para servirle de guía. “Pero yo lo rechacé y lo turné a la
autoridad”, señala.
No todos los ofrecimientos son tan
magros. Trascendió que una empresa canadiense ofreció 30 millones de
pesos a la asamblea y 10 millones más al comisariado de bienes comunales
por permitir la exploración del territorio y el establecimiento de
minas.
El derecho a ser consultados es el
principal argumento en su defensa, pues, advierten, es una “obligación
inamovible de todas las autoridades mexicanas, consultar de manera libre
previa e informada, y en su caso la obtención del consentimiento de las
comunidades, sobre el uso y/o explotación de cualquier recurso natural
dentro de los territorios comunales”.
jueves, 13 de septiembre de 2012
Falta de voluntad política obliga a modificar acciones para sanear el Río Santiago
A
decir de Graciela González, de la asociación Un Salto de Vida, la
reconsideración en las formas de lucha es lo más difícil. Foto HéŽctor
Jesúœs Herná‡ndez
Alejandro Velazco/La Jornada Jalisco
“Nos hemos dado cuenta que el gobierno no
puede y no quiere resolver los problemas que nos afectan”, relatan
habitantes de El Salto, afectados por la contaminación del Río Santiago,
quienes pretenden replantearse las acciones colectivas para poder
subsistir en un territorio altamente dañado por la contaminación
industrial. Entre estas nuevas perspectivas de trabajo comunitario se
encuentran proyectos de agricultura y arte para mejorar la calidad de
vida con base en el trabajo de los propios vecinos.
En el marco del II Encuentro Internacional de Estudios Sociales y Región en
el Centro Universitario de la Ciénega (CUCi) de la Universidad de
Guadalajara (UdeG), integrantes de la Asamblea Regional de Afectados
Ambientales se reunieron y compartieron sus experiencias de afectaciones
de los pueblos de la barranca y por la contaminación del Santiago.
A decir de
Graciela González, de la asociación Un Salto de Vida, la reconsideración
en las formas de lucha es lo más difícil “porque empezamos desde la
desesperación, hacíamos cosas a como nos habían enseñado de que el
gobierno iba a resolver, al paso de los fregadazos y reconsideraciones
colectivas le vemos a ese entorno pocas posibilidades, porque hay poca
voluntad política”.
Los pueblos de la Barranca –Ixcatán,
Huaxtla, San Esteban, Milpillas, Ex Hacienda del Lazo, San Lorenzo, y
Ejido de Copala– no sólo comparten con El Salto la problemática
ambiental, sino también la visión de que la política actual está basada
en el dinero y no en la vida.
Por estos motivos han cambiado sus formas
de acción dentro de las comunidades, con procesos de reflexión al
interior, comenzando por ir a los barrios para representar los
diagnósticos que se tienen y brindar información.
En el caso de El Salto, desde hace varios
meses se están impartiendo cursos de agricultura urbana. “Estamos
buscando la manera de enseñarnos a sembrar, tener comida más confiable
que las que traen de las huertas con fertilizantes, para tener una
opción de vida”, relata la bióloga.
También se trabaja en la formación de un
vivero, “para poner verde a El Salto y Juanacatlán” y se han establecido
reuniones con artistas comunitarios que ayuden a expresar la denuncia
de la contaminación de otras maneras.
“Es difícil para los niños y jóvenes
soportar un discurso permanente, estamos buscando otras lógicas para
presentar el problema socioambiental, económico y político, que nos han
llevado toda esta destrucción de los pueblos”, indica Graciela.
También se están fortaleciendo en el
panorama jurídico los casos de las comunidades aglutinadas en la
Asamblea, para presentarlo en el Tribunal Permanente de los Pueblos –con
sede en Roma y que se encuentra en sesiones dentro del territorio
nacional–, “para evidenciar al Estado mexicano por hacer estas leyes
obsoletas y todo el modelo que da al traste a nuestras vidas”.
Por su parte, el poblado de San Francisco
Ixcatán, se enfoca más en el rescate de las costumbres del lugar para
crear arraigo entre los habitantes. Desde la fiesta de los tastoanes
hasta la elaboración de recetarios con comida típica de la zona, los
esfuerzos van en este sentido.
Como relató doña Sofía, pobladora de
Ixcatán, el trabajo con niños es muy importante, con ellos se elaboran
los disfraces tradicionales de las fiestas del pueblo a fin de rescatar
costumbres perdidas.
También se tiene un programa de
elaboración de hornos que trabajan con leña, con el cual se ha
beneficiado a 24 familias. Esto con el motivo de ahorrar en el consumo
de gas, además las estructuras cuentan con un sistema que no afecta la
salud de las familias y se utilizan maderas de la región.
El próximo año se desarrollará, comentó José Casillas, un trabajo para lograr la captación de agua de lluvias.
En cuanto a Huaxtla, que continúa con los
problemas por los lixiviados que caen de los basureros Picachos y
Hassar’s, los pobladores pretenden continuar con las acciones a fin de
que las plantas de tratamiento de ambos vertederos funcionen
correctamente y no viertan sus desechos al arroyo Milpillas.
Además se trabaja en huertos de mango y
maíz que no utilizan químicos, a fin de mejorar la alimentación y se
están buscando nuevas fuentes de agua limpia, pues el actual
ayuntamiento prometió construir un pozo profundo, el cual no se ha
comenzado.
Investigadores analizan problemática
En la primera jornada de este encuentro
internacional –que durará tres días– diversos expertos e investigadores
en el área del medio ambiente se dieron cita en el CUCi para dialogar
con alumnos de la universidad y afectados directos por la contaminación
del Santiago a fin de analizar las situaciones que existen en el estado
de problemas ambientales, además de alternativas agropecuarias a fin de
mejorar las condiciones alimenticias en la entidad.
Paulina Martínez, organizadora de las
mesas, resaltó la importancia de estos diálogos y que se den a conocer
las problemáticas entre los habitantes de zonas urbanas.
Entre los temas que se trataron, Jaime
Morales, habló sobre la recuperación de la agricultura familiar y el
consumo como un acto político, es decir, que conlleva a una reflexión
sobre a quién se le compra y qué es lo que están consumiendo.
Él considera que uno de los problemas
principales es la relación desigual que existe entre el campo y la
ciudad, la ciudad como depredadora de los recursos de campo, en donde
paradójicamente los productores son los más pobres.
También se habló de la pesca, en donde el
experto Antonio Corgos, hizo comparativos entre las ventajas de este
tipo de actividad sobre la pesca industrial, “en términos generales esta
última contamina más porque utiliza grandes cantidades de diesel y
vierte desechos en el mar, además la pesca industrial extrae especies
que no son de su interés y las desecha”.
El biólogo Gregory Nieves, hizo una
descripción de las especies endémicas de la barranca de Huentitán en
peligro de extinción, que representan una gran diversidad.
Indicó que los huertos tradicionales –que
enfrentan el problema de la contaminación del Río Santiago– ayudan al
equilibrio ecológico de la Zona Metropolitana de Guadalajara, por lo
cual, aseguró, deben recuperarse incentivando a los campesinos a través
de bonos por los servicios ambientales.
miércoles, 5 de septiembre de 2012
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