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lunes, 17 de diciembre de 2012

Urgen recursos a humedales

Diciembre 16, 2012

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Andrés Martínez  Mural  (16 diciembre 2012).- Para que los esfuerzos realizados desde hace cinco años por el Comité Estatal para la Protección Ambiental de los Humedales de Jalisco (CEPAHJ) puedan transformarse en resultados positivos, urge que el Gobierno Federal ponga de su parte y aporte los recursos necesarios.
De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable (Semades), para poder realizar las actividades de restauración, conservación e investigación que requieren los humedales que hay en la entidad, se necesita la conformación de una bolsa económica que lo financie. Según Antonio Ordorica Hermosillo, director de Planeación Ambiental y Desarrollo Sustentable de la dependencia estatal, al menos en el caso de los 13 humedales de importancia internacional que fueron inscritos en la Convención Ramsar, los recursos tendrían que venir de la Federación.
“Si el Estado Mexicano se comprometió con la Convención Ramsar, es en principio el Ejecutivo federal el que tendría que hacer frente a esos compromisos internacionales, en principio”, comentó.
“El gran tema es que no ha habido una bolsa económica para atender de manera estratégica las necesidades apremiantes de los humedales”.
El funcionario estatal destacó la importancia de destinar recursos para la conservación de los humedales, pues a diferencia del sexenio pasado, actualmente ya se cuenta con comités locales y programas de manejo en vías de ser publicados, que permitirían hacer un uso más eficiente del dinero.
“Ya hay una coordinación a nivel estatal con diferentes instituciones académicas, de la sociedad civil y de las propias instituciones gubernamentales, trabajando en objetivos comunes”, expresó.
“Se está dejando una base de organización local para que los instrumentos de los programas de manejo que vamos a empujar, que de verdad sean observados por los actores (…) estamos dejando muchas bases muy importantes para la nueva Administración”.
En noviembre pasado MURAL publicó que debido a la falta de recursos económicos y a que carecían de un cuerpo técnico o medidas especiales de conservación, 12 de los 13 humedales jaliscienses que están inscritos en la Convención Ramsar padecían por diversos tipos de problemas ambientales.
Entre otras cosas, los humedales registran contaminación industrial, doméstica y agrícola, así como deforestación, caza y pesca irregular, desvío de los cauces que los alimentan, así como asolvamiento e invasión del vaso lacustre.

sábado, 15 de diciembre de 2012

Cuento de Navidad. Los Zurdos

Rómpales su piñata a Nieto


Pue/Méx. Boletín de Prensa: Comunidad Indígena Totonaca de Olintla, Puebla, dice NO a proyecto hidroeléctrico


Foto ReddH
Boletín de prensa
Comunidad Indígena Totonaca de Olintla, Puebla,
dice NO a proyecto hidroeléctrico
14 de diciembre 2012, Puebla, Pue.
El 14 de abril de 2011 el gobernador Rafael Moreno Valle firmó el Convenio “Generación de energía limpia” con Javier García de Quevedo, presidente de Minera México. En dicho convenio se acordó la construcción de cuatro hidroeléctricas bajo el esquema de autoabastecimiento de energía eléctrica para la empresa minera con una inversión de 2 mil millones de pesos. El principal accionista de Grupo México es Germán Larrea, uno de los hombres más ricos de México.
A partir de julio del 2011 Grupo México inició actividades reconocimiento de terrenos y trazo de caminos en diversas comunidades indígenas de los municipios de Ahuacatlán, Olintla y Bienvenido sin haber presentado manifestaciones de impacto ambiental ni tener la autorización de los propietarios de los terrenos, cometiendo así el delito de daño a propiedad ajena y daños a la ecología.
Desde el mes de octubre, el presidente municipal de Olintla Héctor Arroyo Bonilla y el síndico municipal Domingo de Jesús Francisco Galndo, haciendo uso indebido de sus funciones, han presionado y amenazado a pobladores de la comunidad de Ignacio Zaragoza para que vendan sus tierras a la empresa y para que acepten el proyecto hidroeléctrico, llegaron incluso a amenazar al juez de paz de esa comunidad para que firmara un documento aprobando la construcción de la hidroeléctrica sosteniendo que de no hacerlo, el gobierno federal enviaría al ejército a la comunidad.
El 5 de diciembre una máquina tipo bulldozer pretendía entrar a Ignacio Zaragoza para abrir un camino hasta el río Ajajalpan pasando sobre las tierras de pobladores de la comunidad sin su autorización. Algunos pobladores se organizaron para detenerla, impidiendo su paso hasta el momento.
El 6 de diciembre el presidente municipal de Olintla con su cuerpo de policías llegó a exigir a Zaragoza que dejaran pasar la máquina, un policía amenazó a la gente con rociarles gas pimienta al no lograr convencer a los pobladores con palabras.
Ante estas situaciones pobladores de Ignacio Zaragoza interpusieron quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por la indebida actuación del presidente municipal y el síndico de Olintla, y denuncias penales por daños a propiedad ajena, abuso de autoridad y daños a la ecología.
Denunciamos que la pretendida construcción de tres hidroeléctricas sobre el río Ajajalpan, afectaría gravemente la vida de los pueblos totonacos al disminuir de manera drástica el caudal de agua del río la cual ha venido disminuyendo año con año, afectándose además, la fauna y flora de la región agravada por la capa vegetal que está siendo removida por la construcción de los proyectos.
Denunciamos también que otros dos proyectos hidroeléctricos están siendo promovidos por empresas privadas en la sierra norte, uno sobre el río Apulco en el municipio de Zacapoaxtla y otro sobre los ríos Zempoala y Ateno afectando los municipios de Xochitlán, Zapotitlán, Zoquiapan y Nauzontla.
Por tales motivos exigimos al gobierno Federal, Estatal y municipal:
1. La inmediata salida de la comunidad de Ignacio Zaragoza de la maquinaria con la que se pretende abrir un camino hasta el río Ajajalpan.
2. Garantizar la reparación de los daños ocasionados en los terrenos que han sido afectados por la empresa privada.
3. La cancelación de los proyectos hidroeléctricos en la Sierra Norte de Puebla, ya que lejos de ser proyectos que benefician a las comunidades a la larga, profundizarán la marginación pues producen graves daños ecológicos y sociales.
4. Respetar el derecho de las comunidades indígenas a ser consultadas de manera previa, libre e informada como lo estipula el Convenio 169 de la OIT ante cualquier proyecto que afecte sus vidas y el territorio donde viven.
5. Garantizar la seguridad de los compañeros que están ejerciendo su pleno derecho a defender sus tierras que son su principal medio de sustento.
Unidad Indigena Totonaca Nahua, Universidad de la tierra en Puebla, Unión de Cooperativas Tosepan Titataniskej, Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, Centro de Estudios Ecuménicos, Pastoral Social Sierra Norte de Puebla, Centro operacional de Vivienda y Poblamiento, Timomachtikan, Naku Skgoy, Centro de Estudios para el Desarrollo Rural, Red de Defensa de los Derechos Humanos (REDDH).
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Dignidad, Justicia, Libertad
Red de Defensa de los Derechos Humanos
REDDH
Facebook: reddh dh
Twitter: @Reddh_mex
Skype: reddh.mex

jueves, 13 de diciembre de 2012

La revista ‘Tukari’ expone a los nahuas


Guadalajara • El Ex Convento del Carmen aloja la exposición fotográfica Miradas a los nahuas de Ayotitlán, Jalisco, una serie de 97 imágenes de mediano y pequeño formato que es un trabajo colectivo de Sara König y Ramón Michelle Pérez.
La exposición surge como una extensión del trabajo que realiza la revista Tukari, una edición de la Coordinación de Vinculación y Servicio Social del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, la cual cuenta con cinco años de vida y se distribuye en las comunidades indígenas y en su sitio web: http://www.tukari.udg.mx.
Actualmente, en la Reserva Ecologica de la Sierra de Manantlán habita la comunidad más grande de nahuas en el estado, que cuenta aproximadamente, con 7, 400 habitantes que viven en 88 comunidades.
Esta comunidad ha sido explotada de los recursos naturales con los que cuenta. Los bosques y los yacimientos de hierro, oro y plata han llamado la atención de la minera transnacional Peña Colorada, propiedad de las transnacionales Ternium y Mittal Steel, quienes se encargan de extraer los metales.
La muestra fotográfica busca concientizar y dar a conocer la vida de los habitantes de esa zona y los problemas a los que se enfrentan.
“La exposición está pensada como si uno fuera a la comunidad, ingresara a la casa de uno de los miembros, tomara un café y diera miradas. La foto en gran formato es la del habitante y las pequeñas son fotos de detalle. Buscamos adentrarnos a la cotidianidad de la comunidad nahua, observar su riqueza natural y manifestar su problemática y la lucha que está haciendo la comunidad. En particular, el consejo de mayores nahuas, ha sido férreo para poder enfrentar la problemática con las empresas mineras y madereras”, comenta Ramón Michelle, director de la revista, en entrevista para MILENIO JALISCO. La exposición es una llamada de atención a las autoridades, porque el pasado 23 de octubre un comando irrumpió en la casa de Celedonio Monroy Prudencio, líder nahua, que se lo llevó y actualmente se encuentra desaparecido. La exposición estará en exhibición en la Ante Sala de la Capilla Elías Nandino del Ex Convento del Carmen hasta el 10 de febrero de 2013 y se puede visitar de martes a sábado de 11:00 a 20:30 horas y domingos de 11:00 a 20:00 horas.

El Río Santiago, emblema de Greenpeace en campaña contra intoxicación de los ríos



• Documentación oficial obtenida por el grupo revela que las autoridades saben del grado de contaminación en las cuencas
Manifestación de Greenpeace en México. Foto cortesía Greenpeace
Alejandro Velazco/La Jornada Jalisco.- Con actividades como recorridos con bicicleta en municipios por donde pasa el Río Santiago y la difusión del documental Un Salto de Vida, la organización internacional Greenpeace lleva a cabo la campaña Detox para exigir a las industrias que abandonen el uso de tóxicos en sus procesos de producción. En esta etapa, el colectivo se ha concentrado en empresas dedicadas a la industria de la moda, pues muchos proveedores de textiles utilizan tintes que contienen químicos que afectan los cuerpos de agua, la biodiversidad y la salud humana.
La organización internacional encontró que las maquiladoras Lavamex y Kaltex –proveedores de la corporación estadunidense Levi’s–, realizan descargas de contaminantes en sus plantas de Aguascalientes y Querétaro.
Con anterioridad, la asociación internacional ha logrado que empresas multinacionales como Zara (española) se unan al reto Detox y eviten el uso de químicos en sus prendas; ahora están enfocados en lograr que Levi’s se adhiera también a esta tarea por mantener ríos limpios.
El caso de la comunidad de El Salto ha sido usado como emblema para la campaña, tanto a nivel nacional como internacional, debido al espectáculo de contaminación industrial que representa el Río Santiago. El citado documental, dirigido por el cineasta Eugenio Polgovsky, ha servido para crear conciencia sobre lo que sucede en otras partes de México y el mundo.
El caso de Lavamex afecta la cuenca Lerma-Chapala-Santiago pues, según la investigación Hilos tóxicos: al desnudo la planta perteneciente al grupo Inisa, utiliza sustancias tóxicas con impactos peligrosos para el medio ambiente y a la salud, los cuales llegan al Río San Pedro, cuerpo de agua que desemboca en el Santiago.
Desde el año 2000, según la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se cuenta con un permiso de descargas de aguas residuales, sin embargo se detectaron dos tubos más que estarían de manera irregular descargando los residuos industriales de la mezclilla que sale de Lavamex.
El otro caso estudiado afecta la cuenca del río Pánuco. La planta Kaltex –la compañía textil más grande de Latinoamérica y que genera alrededor del 30% de la mezclilla en México– ubicada en San Juan del Río, Querétaro, tiene dos permisos oficiales para descargar sus vertidos, uno al río San Juan y otra descarga más pequeña a un campo. Las licencias están limitados a establecer máximos permisibles para los parámetros de contaminación general y ciertos metales pesados.
Ahí se encontró presencia de químicos dañinos –algunos similares a los de Lavamex–, y además se localizó un tubo de descarga residual directamente al río San Juan.
“El caso del río Santiago es sintomático del tipo de problemas que se enfrentan en muchas de las cuencas de ríos en México”, explica Greenpeace en su informe, lo cual hace que se utilice como símbolo de la campaña, relatando los problemas que este tipo de industrias causan, a través de los ojos de los activistas de la asociación Un Salto de Vida y la familia Enciso González.
Muchas de las fábricas ubicadas en El Salto descargan directamente en tuberías que llevan a cuerpos de agua que desembocan en el Río Santiago y que afectan la cuenca de El Ahogado, en donde se construyó la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del mismo nombre, altamente criticada por solamente tratar desechos orgánicos.
Según la Comisión Estatal del Agua, de las 32 empresas que están ubicadas en el Corredor Industrial El Salto solamente tres cumplen con el requisito de contar con sus propios mecanismos de saneamiento, y pese al grave problema apenas tres industrias han sido apercibidas (y denunciadas ante las autoridades de procuración de justicia) por descargas irregulares.
Desde Guadalajara, el grupo local de Greenpeace ha realizado acciones en las tiendas de la empresa en cuestión en diferentes plazas comerciales de la ciudad, a fin de informar a la ciudadanía sobre el problema que representa.
Así, el pasado domingo realizaron un tour en bicicleta en el municipio de Ocotlán, en donde frente al puente que cruza el Santiago mostraron su rechazo al uso de tóxicos en las prendas de moda de la transnacional Levi’s.
Los habitantes de El Salto han exigido de diversas maneras acciones contundentes por parte del gobierno, y al paso de los años los vecinos mueren, los niños nacen con enfermedades respiratorias, los casos de cáncer aumentan y las descargas continúan.
“Los lugareños no saben exactamente qué tubería contaminante pertenece a cada fábrica, ni los tóxicos que están arrojando, y mucho menos las marcas que están detrás de este sucio suceso. Sin embargo, los documentos gubernamentales que fueron desclasificados por Greenpeace revelan que los funcionarios estatales sí son conscientes de las enfermedades que la contaminación química está dejando a su paso en México”, explica Pierre Terras, coordinador de la campaña de Tóxicos de Greenpeace México, en la presentación del documental que narra la historia de lucha de una comunidad.

lunes, 10 de diciembre de 2012

Abordan en foro el despojo en México a 20 años de la reforma del artículo 27

 

En el marco del 29 aniversario de la conformación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se llevó a cabo el foro, en donde se trataron problemáticas actuales del estado de Jalisco en conjunto con especialistas en el tema a fin de “reflexionar sobre las consecuencias que acarreó la reforma en 1992 y compartir experiencias”.

Los participantes, investigadores y afectados, coincidieron en que en los últimos 20 años se han intensificado las prácticas del despojo a causa de “las reformas neoliberales”, pues se permite privatizar tierras que anteriormente eran comunales y ejidales para que empresas nacionales y transnacionales realicen proyectos de intervención para obtener recursos.

José Casillas, moderador de la mesa de diálogo y representante de los Pueblos de la Barranca del Río Santiago afectados por los vertederos Picachos y Hassar’s, explicó que se han identificado al menos siete intereses a los que se enfrentan las comunidades que sufren despojo: Los intereses del capitalismo turístico en la costa, los negocios inmobiliarios en zonas urbanas, el capitalismo industrial, la intensificación reciente del capitalismo minero, los negocios agro-ganaderos, los proyectos de infraestructura de los gobiernos al servicio de la acumulación de capital y la incorporación del narcotráfico y la delincuencia organizada.

De este último punto, señaló, se han presentado nuevas formas “para arrebatarnos tierras ejidales o comunales, ríos o cuerpos de agua, montes, playas, bosques, espacios públicos y bienes comunes”, que van emparejadas al crecimiento de la delincuencia que se transforma en grupos paramilitares que amenazan, persiguen, detienen y asesinan “a quienes resisten el despojo”.

Un caso muy claro, señaló  la periodista Gloria Muñoz Ramírez, es lo que sucede en Cherán. En donde los talamontes llegaron a terminar con el 80 por ciento de sus bosques, posteriormente los habitantes vieron la necesidad de organizarse de manera autónoma desde 2011 contra cualquier tipo de despojo, por lo que paramilitares han hostigado a la comunidad.

Según Muñoz, si se ve un mapa de la militarización de México, los sitios de despliegue de fuerzas militares concuerdan con lugares en los que se pretenden construir grandes proyectos y en los que existen conflictos con poblaciones que luchan por sus derechos.
Para el experto en derecho agrario, Rubén Ávila Marín, las leyes se hacen para beneficiar a los poderosos, y la citada reforma al artículo 27 provocó una serie de despojos en contra de los “originales propietarios de las tierras”, ante los cuales muchos movimientos han prosperado en la recuperación de tierras, pero otros no.

César Díaz, de la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas (UACI) de la Universidad de Guadalajara, relató el caso de la Sierra de Manantlán, en donde los indígenas nahuas de la comunidad de Ayotitlán han perdido sus tierras por la explotación de la empresa Peña Colorado de los yacimientos de hierro.

Explicó que el ex gobernador Marcelino García Barragán, “permitió a las madereras norteamericanas iniciar un despojo”. Y en 1963, asegurando que sus títulos virreinales eran falsos, las autoridades les otorgaron el derecho de constituirse como ejido con 50 mil hectáreas de las cuales solamente se les entregaron 31 mil, sin hacerse la reposición hasta estos días.

Otro caso presentado, el cual ha provocado movilizaciones en los últimos años, fue la invasión al bosque de El Nixticuil-San Esteban-El Diente. De 2005 a la fecha se han documentado 10 proyectos que afectarían la zona protegida: siete son inmobiliarios (con empresas con figuras políticas como el priista Raymundo Gómez Flores y la familia Vázquez Aldana); un centro de investigación de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG); y dos proyectos gubernamentales que sería la ampliación de un tanque del SIAPA y una avenida para los fraccionamientos que ya han invadido la zona.

Los desarrolladores han provocado incendios forestales a fin de facilitar el cambio de uso de suelo, como ha señalado en diferentes ocasiones el comité; Sofía Herrera recordó las 21 conflagraciones de los últimos ocho años.

Por otro lado, la costa de Jalisco también se ha visto afectada por los intereses comerciales. 280 kilómetros de litorales de los 351 con que cuenta Jalisco están concesionados, advirtió Salvador Magaña, quien relató los desalojos en Chamela (marzo de 2010), Tenacatita (agosto de 2010) y la privatización de Careyitos (2012), con sus respectivas violaciones a los derechos humanos, más las amenazas y asesinatos que se han registrado de quienes se han opuesto a esos proyectos.

De forma similar el pueblo wiaxárika, representado en el foro por Santos de la Cruz Carrillo, presidente del comisariado de Bancos de San Hipólito, ha sufrido la reducción de sus tierras y las afectaciones por la minería y las empresas agroindustriales.

Santos relató respecto a la invasión del sitio sagrado Wirikuta que pretenden hacer las mineras, y del que se anunció que la empresa First Majestic no invadiría las zonas sagradas, el 75% sigue concesionado y solamente se retiraron 45 mil hectáreas del área protegida.

Felipe Echenique, secretario general del sindicato de investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), relató cómo desde el sexenio presidencial de Miguel de la Madrid se comenzó a tener la idea de los bienes nacionales como productos que podían ser explotados, afectando la identidad de los pueblos originarios.

Esto sería, relató, otra forma de despojo y destrucción de los sitios arqueológicos que deberían ser conservados y no utilizados por particulares que lucran con ellas, y recordó el caso de Chichen Itzá con los conciertos que ha ofrecido la gobernadora Ivonne Ortega.
Por último, los ponentes, que sostuvieron un diálogo con los asistentes, manifestaron su preocupación por la desaparición de Celedonio Prudencio Monroy, de Ayotitlán, secuestrado el 23 de octubre de 2012; y de los pescadores de Cruz de Loreto, José de Jesús Romero Quintero, Jorge Ruiz López y Rafael Espinosa Díaz, desaparecidos el 24 de marzo de 2011.

“Exigimos además el esclarecimiento y castigo a los responsables del asesinato del líder de las cooperativas pesqueras de La Huerta, Aureliano Sánchez Ruiz, abatido el 13 de julio de 2011; exigimos el cese de las agresiones contra los dirigentes de las comunidades wirárika; de los compañeros de El Salto, Temacapulín, Ayotitlán, Cajamapa, Ixcatán, Atmajac de Brizuela y otros representantes de todos los pueblos que luchan contra el despojo”, expresó José Casillas.

Escenario de la depredación de la tortuga marina

Playa La Gloria, Jalisco, escenario de la depredación de la tortuga marina (Fotorreportaje)

• Autoridades coludidas con saqueadores, dejan desprotegidas a las siete especies que llegan a anidar a La Gloria, Jalisco
Fotorgrafías: Arturo Campos Cedillo. Texto: La Jornada Jalisco

Hace apenas unos años La Gloria era un paraje solitario, donde las tortugas golfinas salían de las aguas tempestuosas con una lentitud acorde con su historia de millones de años.
 Estos dinosaurios marinos, a aletazos parsimoniosos emergían en cualquier desplome de ola como una paradoja a la violencia del mar, y caminaban por la arena empinada hasta llegar a unos 20, 30 metros de la orilla, para cavar solitarias el círculo de su nido de malas madres que partían dejando hasta cien huevos sepultados a su suerte.
  Los únicos testigos fortuitos eran los especialistas o los estudiantes y ambientalistas que llegaban a este lugar para realizar actividades tendientes a la conservación del quelonio.
 Menos frecuente era la presencia de los saqueadores de huevos, hombres o perros, aunque sus estragos también eran evidentes con la muerte en promedio de 1.5 tortugas en tiempos de arribazón, una temporada de casi seis meses entre agosto y enero.
Hoy la mayor evidencia es que los quelonios tendrán que buscarse nuevos lugares para desovar. La presión inmobiliaria en un ejido que dejó de serlo y ahora se dividió en propiedades privadas, es evidente.
 Una pequeña laguna antes semivirgen ubicada a 200 metros del campamento tortuguero, último brazo de un estero de mangles portentosos que se ve más allá, es ahora sitio de recreo para kayak rentados, para que turistas que llegan a disfrutar como tobogán las laderas que caen al vaso de agua se vayan y dejen su basura. Palapas rodean el lugar que parece emergido de un cuento de los mares del Sur, pero también algunas cabañas hasta con tinacos de plástico salieron de la nada, en franca agresión contra el paisaje.

Colonos molestos por trabajos en Aviación exigen la renuncia del director de Obras Públicas de Zapopan

• El regidor Augusto Valencia consideró que existen suficientes motivos para exigir cambios en el área de Obras Públicas

Analy S. Nuño/La Jornada Jalisco.- Vecinos afectados por las obras de ampliación de la avenida Aviación exigieron al alcalde de Zapopan, Héctor Robles Peiro la destitución del director de Obras Públicas municipal, José Castellanos González, debido a que se ha incumplido la fecha de entrega de los trabajos que se han alargado por más de 18 meses.
Luego de llevar a cabo un recorrido por las obras inconclusas, habitantes de los fraccionamientos de la zona así como el coordinador de los regidores de Movimiento Ciudadano (MC) en Zapopan, Augusto Valencia López, exigieron que el ayuntamiento informe a detalle sobre la obra, que en la etapa de socialización se prometió quedaría concluida en seis meses.
“Se ha quedado corto el proyecto, en el inicio del proyecto se había mencionado que iban a ser ocho carriles, al día de hoy vemos que son tres carriles por lado y la conclusión de la obra no está ni siquiera a la mitad”, refirió el representante de la sociedad de colonos de Solares Residencial, Guillermo Hernández.
A decir de los colonos de la zona, entre las irregularidades destaca la falta de banquetas, alumbrado público, la omisión en la ciclovía y la tala de al menos 50 árboles que las autoridades se comprometieron a reforestar.
“Prácticamente es una zona olvidada, hay muchos problemas, estamos pidiendo que esta nueva administración voltee a ver todos los problemas y que nos den solución”, indicó un vecino de Jardín Real, quien refirió que de no tener respuesta, llevarán a cabo otras acciones de presión.
Por su parte, el regidor Augusto Valencia, luego de sostener un diálogo con los afectados, consideró que existen suficientes motivos para exigir cambios en el área de Obras Públicas así como para que la administración municipal tome cartas en el asunto y multe a la empresa encargada del proyecto que ha incumplido con los tiempos de entrega.
“Es necesario que la administración municipal reflexione sobre la posibilidad de hacer cambios sustantivos en la Dirección de Obras Públicas ante el hecho de que los vecinos son rehenes de la corrupción. Si un proyecto con el que los seducen les prometen que se los van ejecutar en seis meses y al año y medio sigue la obra y no hay un avance claro para su conclusión, tendría que remover al director de Obras Públicas, él quedó de concluirla en noviembre pasado, sancionar a las empresas y posibles actos de corrupción, cuánto va a terminar costando la obra, no sabemos”, expuso.
Valencia López aseguró que se mantendrá alerta a los avances en la obra a fin de valorar las acciones jurídicas que puedan emprenderse ante el incumplimiento de los trabajos en la construcción vial.

viernes, 7 de diciembre de 2012

“Las autoridades nos niegan apoyo, no lo quieren buscar”

diciembre 7, 2012
Celedonio Monroy Prudencio, desde el pasado 23 de octubre, fue secuestrado por un grupo de hombres encapuchados en su domicilio, ubicado en un caserío cercano a Telcruz, una de las cabeceras del ejido de Ayotitlán de la comunidad de Loma Colorada, municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco; hasta ahora se desconoce su paradero.
Monroy Prudencio es un indígena nahua que representa a su comunidad ante el Consejo de Mayores en Ayotitlán. Se ha destacado por ser un defensor de su territorio en contra de empresas madereras y talamontes clandestinos que operan armados dentro de la Reserva de la Biósfera Sierra de Manantlán.
Nació en la comunidad de Los Sauces el 3 de marzo de 1975. Egresó en 2005 de la licenciatura en Administración Pública por la Universidad de Colima. Como estudiante se distinguió por su activa participación en la institución educativa. Fue jefe de grupo en la carrera, integrante, en varias ocasiones, de los comités de Sociedad de Alumnos de la Federación de Estudiantes Colimenses (FEC) en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, también formó parte de la Asociación Nacional de Estudiantes de Ciencias Políticas y Administración Pública (ANECOAP). Se ha desempeñado en diferentes secretarías del Comité Directivo de la Juventud Popular Revolucionaria de la CNOP del PRI. En la recién concluida administración municipal de Cuautitlán de García Barragán formó parte del Consejo Estatal Indígena, en representación de la comunidad Loma Colorada.
Activistas y defensores de derechos humanos, además de los Congresos de Jalisco y Colima, han enviado exhortos a las autoridades estatales y federales para que se conozca del paradero del luchador social. El pasado 22 de noviembre, el pleno del Congreso local aprobó solicitarle al procurador, Tomás Coronado Olmos, acelere la investigación sobre la desaparición. Además, se formó una Comisión Especial para dar seguimiento a este caso, la cual presentó un informe ayer (ver Ciudad y Región, página 11).
En la misiva que hace un mes las organizaciones civiles hicieron pública, piden al gobernador Emilio González Márquez, a la Procuraduría General de la República, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco y la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Habitantes denuncian contaminación por lixiviados en Arroyo Milpillas

• Ni el tiradero de Picachos ni el de la empresa Hasar´s están exentos de irregularidades, aseguran
Los habitantes comparten una serie de fotografías que aseguran han tomando como registro de la contaminación en la zona . Foto Cortesía pobladores de Milpillas
(Guadalajara).- Habitantes de las cercanías del Arroyo Milpillas señalan que las declaraciones hechas por el titular de la Dirección General del Ecología de Zapopan, Miguel Prado, son falsas, con respecto a la contaminación producida por los lixiviados del tiradero de la empresa Hasar´s.
Señalan que “En fecha reciente hemos escuchado a Miguel Prado, decir que los lixiviados no son tóxicos, ni inflamables, ni corrosivos, por lo tanto no son peligrosos, en cambio los estudios de laboratorio certificado que sacamos en noviembre de 2009 dicen lo contrario, los lixiviados contienen por encima de la norma cromos totales, cianuro, arsénico y mercurio” aseguran.
Ante esto “no hemos escuchado el pronunciamiento de ninguna autoridad como la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (PROEPA) que depende de la Semades del gobierno de Jalisco ni de la empresa Hasar´s” reiteran.
Exigen que la empresa se haga responsable por el daño ecológico que ocasionan al Arroyo Milpillas y a las aves, peces, mamíferos, ganado, árboles frutales y demás especies que habitan alrededor.
Señalan que el tiradero municipal de Picachos, que se encuentra aun lado de Hasar´s, no está excento de estas irregularidades y denuncian que todos sus lixiviados se van al subsuelo, a las corrientes subterráneas de agua que le dan de beber a la barranca y sus pueblos.
Los habitantes comparten una serie de fotografías que aseguran han tomando como registro de la contaminación en la zona en la parte norte del basurero de Hasar´s y con quien aseguran tener firmado un convenio desde el 14 de octubre de 2009 que dice: “no se tirarán lixiviados a ninguna hora del día ni de la noche a la cuenca del Arroyo Milpillas”.
Finalizan asegurando que de forma ilegal queman los desechos por la madrugada.

Regidores denunciarán a responsables de daño ambiental en Picachos

• Ediles de AN y MC muestran tres videos del vertedero como pruebas de la contaminación
Augusto Valencia de Movimiento Ciudadano advirtió que sus homólogos priístas podrían estar incurriendo en algún grado de complicidad. Foto: HéŽctor Jesúœs Hern‡ández
Analy S. Nuño.- Los regidores de oposición en Zapopan interpondrán denuncias por delitos ambientales contra quien resulte responsable por la filtración de lixiaviados al subsuelo en el vertedero de Picachos.
El anuncio lo hicieron en rueda de prensa los integrantes de la fracción de Acción Nacional (PAN) en conjunto con el coordinador de los ediles de Movimiento Ciudadano (MC), Augusto Valencia López, un día después de que el ayuntamiento llevó a cabo un recorrido de supervisión por el relleno sanitario, durante el cual el director de Ecología, Miguel Prado Aguilar garantizó que los líquidos que se generan en el vertedero “ni son peligrosos ni están contaminados”.
Como pruebas de la filtración de lixiviados y la omisión del ayuntamiento para atender la problemática, el regidor panista Juan Ramón Ramírez Gloria mostró tres vídeos: uno da cuenta de la situación del vertedero hace dos semanas, el segundo muestra trabajos improvisados de relleno de las zonas por donde pasan los lixiviados y el tercero del recorrido realizado el pasado lunes donde se indica que no hay derrame de lixiviados.
Por ello, a consideración del panista, la autoridad está siendo rebasada en el tema pero no quiere reconocer la situación por “intereses oscuros”.
“El lugar ya estaba cubierto con tierra o basura, eso no quiere decir que aunque no se hayan advertido en el recorrido las filtraciones porque ya estan cubiertas, que no haya una cuestión grave. La razón de que no contaminan la dice un integrante del ayuntamiento que obvio va a proteger intereses. No queremos ir en cacería de brujas o cortar cabezas, sino de manera responsable demandar estos hechos que son graves”, expuso.
De su lado, el regidor panista José Antonio de la Torre afirmó que la fracción “no solapará a nadie”, por lo que las denuncias quedan abiertas a funcionarios de administraciones pasadas como el ex alcalde blanquiazul, Juan Sánchez Aldana, debido a que en su gestión el tiradero presento irregularidades graves que derivaron en su clausura en tres ocasiones.
“Nosotros lo hemos dicho claramente, como partido estaremos presentando las denuncias contra quien resulte responsable, aquí nosotros no vamos a solapar a nadie”, aseveró.
Por su parte, Valencia López consideró que es necesario analizar la actuación de la fracción del PRI que se opuso a presentar denuncias por delitos ambientales, pues a su decir podrían estar incurriendo en algún grado de complicidad.
Paralelamente, los regidores de Acción Nacional en conjunto con la fracción de Movimiento Ciudadano exhortaron al alcalde Héctor Robles Peiro a que gire los oficios pertinentes para solicitar que se realicen estudios técnicos al subsuelo y fijar responsabilidades, pues a su consideración Prado Aguilar ha sido omiso en el tema y aun así fue ratificado en el cargo.

CEA denunciará penalmente a tres empresas en El Salto

• Conectaron su drenaje al colector pluvial que desemboca en el arroyo El Ahogado, reduciendo 15 años el tiempo de vida de la insfraestructura
Alejandro Velazco.- La Comisión Estatal del Agua (CEA) interpondrá una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) y denuncias ambientales contra las empresa VIMIFOS, IMI Electronic y Salz Gitter, ubicadas en el Parque Industrial de El Salto, por conectar su drenaje al colector pluvial que desemboca en el arroyo de El Ahogado de manera irregular.
“En la infraestructura pluvial hemos detectado una serie de descargas irregulares (cuatro) a un conductor pluvial, los 365 días del año tiene una descarga continua”, explicó Héctor Castañeda Náñez, director de Cuencas y Sustentabilidad de la dependencia estatal, quien refirió que desde el pasado octubre se realizaron las investigaciones que arrojaron dicho resultado.
Ayer por la mañana, personal de la CEA acompañó al notario público Javier Alejandro Macías Preciado, a realizar un acta que diera fe de los hechos, para así poder proceder legalmente contra las industrias.
Castañeda Náñez señaló que por culpa de estas descargas “el arroyo de El Ahogado no ha mejorado la calidad del agua”, pese al funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de El Ahogado.
La comisión es responsable del abastecimiento de agua para servicios y procesos de 32 empresas ubicadas en el corredor industrial, además presta el servicio de tratamiento de aguas con restos orgánicos.
Sin embargo, las corporaciones deben contar con sus propios mecanismos de tratamiento cuando generan aguas con desechos industriales. De las 32 empresas, solamente tres cumplen con este requisito.
“Las demás han sido omisas en el tratamiento de sus aguas residuales”, señaló.
En las denuncias que serán presentadas se pedirá que las empresas paguen la reparación de los daños que han provocado a la infraestructura del colector pluvial, pues con esto redujeron su tiempo de vida de 30 a 15 años.
Será en la próxima semana cuando se comience el proceso en la PGR y ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua), así como en las procuradurías estatal y federal de Protección al Ambiente (Proepa y Profepa, respectivamente).

miércoles, 5 de diciembre de 2012

Muerte y devastación en el Milpillas, Zapopan

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A los medios de comunicación
A los defensores de los derechos humanos ambientales
Al pueblo de Jalisco y México

En fecha reciente hemos escuchado al titular de la Dirección General del Ecología de Zapopan Miguel Prado, que los lixiviados "no son toxicos, ni inflamables, ni corrosivos", por lo tanto "no son peligrosos", los estudios de laboratorio certificado  que sacamos en noviembre de 2009 dicen lo contrario, los lixiviados contienen por encima de la norma cromos totales, cianuro, arsénico y mercurio, empero de la empresa Hasar´s, de sus voceros y dueños, no hemos escuchado nada, tampoco de la autoridad en la materia en el estado, la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (PROEPA) que depende de la SEMADES del gobierno de Jalisco.

Señores de la prensa que replican lo que dice la autoridad sin confirmar los datos, aquí les estamos compartiendo una buena cantidad de fotos que fueron tomadas recientemente en su mayoría en la parte norte del basurero de Hasar´s (de propiedad privada) y con quien tenemos firmado un convenio desde el 14 de octubre de 2009 que dice: que no tirarán lixiviados a ninguna hora del día y ni de la noche a la cuenca del río Milpillas.  Las fotos dicen y prueban que si lo hacen, ahí esta la realidad a la vista, además de que de manera impune, ilegal y desvergonzada bañan con lixiviados las montañas de basura, o queman los desechos en la madrugada como ya lo hemos consignado.

Señor Fernando Montes de Oca y Dominguez, titular de PROEPA, le quedan unos meses antes de que su partido se vaya del gobierno estatal, ¿por qué no se reivindica y cumple lo que  ha dicho en al menos cinco veces frente a nosotros, que está "para que se cumpla la ley ambiental"? Usted sabe que ambos basureros, el de Hasar´s y Picachos ya cumplieron su vida útil y que deben reubicarse de inmediato y para nunca más, colocar estos depósitos en donte tiene origen una cuenca como ahora ocurre.

Por ello reiteramos que esta empresa (Hasar´s) debe pagar por la estela de muerte que sigue provocando en la cuenta del Rio Milpillas, aves, peces, roedores, mamíferos, ganado, arboles frutales, especies de plantas raras, especies de plantas en exitición y enfermedades a los campesinos que vivimos en la zona, sin contar los perjuicios que ocasionan los lixiviados rio Satiago abajo y hasta el mar.

Queremos señalar que Picachos el basurero municipal, tampoco está exento de irregularidades, como por ejemplo, que aun carece de un sistema integral de captación y conducción de lixiviados para su tratamiento, por eso la autoridad municipal no sabe cuánto liquido de la basura se produce cada día, simplemente no conoce el dato porque no se capta y conduce a la planta de tratamiento. ¿a dónde se va ese lixiviado? se va al subsuelo, a las corrientes subterraneas de agua que le dan de beber a la barranca y sus pueblos. Lo mismo ocurre en los basueros cerrados de Copalita y el Taray, urge se les de mantenimiento, se capten y traten los lixiviados que generan. El otro prietote en el arroz, son los fraccionamientos ubicados en el valle de Tesistán, que no tratan sus descargas residuales y que afectan el arroyo de Copala-Los Camachos, Agua Prieta, Río Blanco y el Rio La Soledad.

Ahora es tiempo de estiaje, pero como ha ocurrido otros años, las cabañuelas están por llegar y, de nuevo, veremos escurrir en bastedad las aguas cafesosas por nuestra cuenca del Milpillas. Ya lo platicamos entre los pueblos, los expertos así lo señalan, los basureros deben ser reubicados, no hay otra salida. Nosotros esperamos justicia ambiental, pago de daños, que se hagan las obras sociales conveniadas y el castigo a quienes siguen matando la vida impunemente.

Ni ambientalistas, ni ecologistas, somos pueblos en resistencia.

3 de diciembre de 2012

Enlaces de la Asamblea Regional de Afectados Ambientales, pueblos de la barranca del río Santiago

lunes, 3 de diciembre de 2012

Frente en Defensa de Wirikuta expresa su posición ante suspensión judicial del decreto de la Reserva de la Biósfera


http://kaosenlared.net/media/k2/items/cache/3594c290fb76f42d1da9d6f5495d7a9a_XL.jpghttp://frenteendefensadewirikuta.org/
Ante los recursos jurídicos interpuestos en contra del procedimiento de decreto de la Reserva de la Biósfera de Wirikuta, mismos que han derivado en una suspensión dictada por el Juez Tercero de Distrito de la ciudad de San Luis Potosí, que obliga al Ejecutivo Federal a detener momentáneamente la emisión del Decreto.
Señalamos lo siguiente:
1. Los derechos de los campesinos y ejidatarios de la zona deben ser respetados y el Frente en Defensa de Wirikuta junto a las autoridades wixaritari que lo encabezan hemos hecho muchas gestiones ante la autoridad federal para que estos sean respetados a cabalidad y que la Reserva de la Biosfera contemplada para Wirikuta debe significar bienestar para los habitantes de la región y de las generaciones futuras.
2. Que los amparos interpuestos en contra del citado procedimiento están basados en una serie de argumentaciones falsas promovidas por el gobierno municipal de Catorce, junto con la empresa minera First Majestic Silver a través de una deshonesta campaña de desinformación, basada en mentiras deliberadas y sin ningún sustento.
3. Es falso que el decreto de la Reserva de la Biósfera este destinado a al despojo, destrucción y privación de las tierras ejidales
4. Es falso que sus terrenos ejidales vayan a ser expropiados para ser entregados al gobierno federal, estatal o la COFEMER.
5. Por el contrario la autoridad federal,  en buena medida por las gestiones de las autoridades wixárika, ha hecho los cambios al proyecto original necesarios para garantizar al mismo tiempo el progreso de los habitantes originarios y el cuidado de la ecología y la salud, seriamente amenazados por los proyectos mineros.
Denunciamos que lo que está detrás de esa campaña de desinformación el interés de las empresas mineras por explotar las riquezas minerales de esas tierras, destruyendo los importantes ecosistemas que constituye el territorio de Wirikuta y que promover la confrontación social es una estrategia usada recurrentemente por las empresas mineras.
Señalamos que las condiciones de pobreza y migración en Wirikuta son graves y son por el abandono en que se ha tenido a esas comunidades y ejidos campesinos por parte de las políticas de desarrollo impuestas en la región, que han apostado por fragmentar el territorio sagrado para entregarlo en forma de tierra barata, minerales, agua y biodiversidad al mejor postor, sin tomar siquiera en cuenta a las poblaciones que ocupan el territorio sea de manera agraria o ceremonial.
Ha quedado comprobada con el mayor rigor científico la inviabilidad de los grandes proyectos mineros que ambicionan las riquezas minerales existentes en el subsuelo de Wirikuta, así como de los proyectos agroindustriales pues ambas alternativas afectan los mantos acuíferos ya sobreexplotados, además de la grave contaminación, deforestación y erosión que han dejado los proyectos mineros desarrollados con anterioridad.
Reiteramos nuestras exigencias:
1. Que sea elevada la protección del Territorio ceremonial de Wirikuta a rango federal; saludando las medidas adoptadas para decretar la modalidad de Reserva de la Biósfera en una superficie de 191 mil hectáreas.
2. Que sea prohibida de manera definitiva la actividad minera en cualquiera de sus modalidades.
3. Que sean prohibidas las actividades agroindustriales.
4. Que la Reserva de la Biosfera debe respetar completamente tanto los derechos culturales de nuestro pueblo wixárika, como los de los habitantes de la región a mejores niveles de vida que los tan destructivos que ofrecen los intereses de la megaindustria.
Continuaremos con la lucha jurídica en todas las formas posibles, siempre de manera pacífica y partiendo de un respeto irrestricto a los pueblos campesinos que habitan Wirikuta, a sus derechos humanos y su territorio.
Nos mantendremos atentos a los acontecimientos en torno a las medidas adoptadas por el nuevo gobierno federal, así como el transcurrir de los procedimientos jurídicos.
ATENTAMENTE
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2012
FRENTE EN DEFENSA DE WIRIKUTA TAMATSIMA WAHA’A

viernes, 30 de noviembre de 2012

Fue asesinada en Guerrero la Activista Juventina Villa Mojica

Guerrero acusa a activista de provocar su muerte; ONG responde con denuncia

Integrantes del Frente de Masas Populares del Estado de Guerrero indicaron que el gobierno del estado estaba advertido del riesgo que corría Juventina Villa, por lo que demandarán al gobernador Ángel Aguirre Rivero por acción y omisión.
Guerrero acusa a activista de provocar su muerte; ONG responde con denuncia 
Comunidad de La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero, durante éxodo que encabezó Juventina Villa en 2011, por la violencia en esa región. (Imagen La Jornada)
México.- La violencia contra activistas en Guerrero no da tregua, y la indignación es la primera reacción que se asoma cuando la respuesta de las autoridades a las agresiones es la impunidad. 
Organizaciones sociales que integran el Frente de Masas Populares del Estado de Guerrero indicaron que el gobierno del estado estaba advertido del riesgo que corría la ecologista Juventina Villa Mojica, asesinada el miércoles junto con au hijo de 10 años de nombre Rey Santana Villa en la comunidad de La Laguna, del municipio de Coyuca de Catalán. 
Por tal motivo, informaron que procederán legalmente ante las instancias internacionales contra el gobernador Ángel Aguirre Rivero por acción y omisión. 
Y es que el secretario de Gobierno, Humberto Salgado, culpó a la dirigente ecologista de provocar su asesinato y el de su hijo porque “se salió del perímetro de resguardo” en torno a ella. Sin embargo, se negó a especificar cuánto medía ese espacio. 
Desde Chilpancingo, Manuel Olivares Hernández, coordinador de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, una de las organizaciones del Frente, dijo que con el crimen de la ecologista y su hijo suman 20 asesinatos en la sierra de Coyuca de Catalán y Petatlán, la mayoría de la misma familia, cometidos por “grupos de la delincuencia organizada que controlan la zona para la siembra y trasiego de la droga”. 
En conferencia de prensa precisó: “Se avisó con tiempo al gobierno estatal de la situación que se vivía y la inminencia de que podrían asesinar a la señora Juventina Villa, porque había amenazas directas sobre ella. El gobierno fue omiso, tomó medidas precautorias a medias, porque cuando se le pidió que se sacara a la gente de La Laguna, no actuaron. Sin duda, estamos ante un gobierno deshumanizado, que menosprecia la vida de los campesinos y los indígenas”. 
Abundó que el gobierno estatal sólo envió 31 policías estatales para resguardar a la ecologista, pero esa medida “no fue suficiente”. 
Pero eso no es todo, pues el desempeño de los agentes durante la emboscada  a la ecologista causa algunas dudas, según la versión que dio el secretario de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, a las organizaciones sobre el crimen. 
Dijo que de ser real que cinco policías iban delante de la ecologista y cinco detrás rumbo a la cima del cerro donde buscaba señal de teléfono para llamar, por qué al momento de la emboscada no respondieron la agresión. 
Villa Mojica posiblemente antes de ser asesinada buscaba comunicarse con las organizaciones sociales para informarles que hasta ese momento, 13 horas, no llegaba la brigada que trasladaría a las familias de La Laguna a Puerto las Ollas, subrayó. 
El acuerdo indicaba que el miércoles por la tarde tenían con el gobierno del estado previsto que comenzara el éxodo de las familias de al menos cinco comunidades de la sierra de Coyuca de Catalán hacia Puerto las Ollas, recordó Olivares Hernández, quien destacó que no se explicaba cómo al momento del asesinato no había llegado a la comunidad la brigada de traslado. 
Ante este panorama, consideró que las familias deben trasladarse a albergues en Iguala y Chilpancingo, ya no en Puerto las Ollas, como se previó en un principio, porque no hay condiciones en toda la zona.
Temo por mis hijos
Villa Mojica estuvo en la Comisión de Derechos Humanos del Estado El 25 de septiembre pasado, Juventina Villa Mojica estuvo, donde ante el primer visitador del organismo, Hipólito Lugo Cortés, dijo: "tengo fundado temor y preocupación de lo que me pueda pasar a mí y a mis hijos".

Esa declaración quedó asentada en el expediente UVG/275/2012, que se abrió cuando pidió a los miembros de la comisión exigir a la Procuraduría del Estado un informe de las investigaciones de los asesinatos de 10 de sus familiares por parte de grupos armados.

"Al encontrarme tan temerosa, al igual que mis hijos y demás familiares, por sentirnos desprotegidos, con el propósito de poner a salvo la integridad física de la suscrita, y de mis hijos, pongo de manifiesto mi profundo temor y desesperación por todos los hechos violentos que he vivido en mi comunidad de La Laguna, y que han afectado de manera grave a mi familia", dijo Juventina a una mecanógrafa de la comisión durante su comparecencia.

Sin embargo, no era la primera vez que la líder ecologista había acudido a este organismo para exponer la situación de inseguridad que vivía.

"Fueron muchas veces que vino aquí a presentar denuncias por asesinatos de sus familiares, entre ellos el de su esposo, Rubén Santana Alonso", recordó el primer visitador, en entrevista con el diario Reforma.

Acaba sexenio sin siembra comercial de maiz transgenico

Lo logramos: acaba sexenio sin siembra comercial de maiz transgenico


http://cronicadesociales.files.wordpress.com/2011/01/sin-maiz-no-hay-pais.jpg?w=614 
Campaña Sin maíz no hay país  

Boletín de prensa, 29 de noviembre de 2012
La sociedad mexicana impidió que Calderón le cumpliera a Monsanto
¡Este sexenio paramos la siembra comercial de maíz
transgénico en nuestro campo!
  • A pesar del cúmulo de ilegalidades que perpetró el gobierno de Calderón para servirle a Monsanto no logró cumplir su cometido.
  • Gracias a la defensa desde el campo y la ciudad, apoyados por científicos sin intereses corporativos, Calderón y su Gabinete Monsanto no otorgaron los permisos para siembra de maíz transgénico en fase comercial.
  • El próximo gobierno deberá suspender de inmediato los permisos otorgados de manera ilegal.
Felipe Calderón Hinojosa no logró sumar a sus fechorías el haber entregado nuestro maíz a Monsanto, una de las empresas transnacionales más cuestionadas en el mundo por sus productos y prácticas. Calderón y los Secretarios Monsanto cometieron todas las ilegalidades posibles para lograr el compromiso que hizo con el Presidente de Monsanto en Davos, en 2009, en una cita acordada por el ex empleado de esa corporación, Bruno Ferrari, de abrir nuestro país a la siembra comercial de maíz transgénico,
Claramente lo señaló el Secretario de Agricultura en una reunión celebrada en enero de 2012 con científicos y diversas organizaciones. “Tienen razón, los riesgos son muchos, sin embargo hay muchos intereses.” No cabe duda, es muy grande el interés de esta empresa transnacional por apropiarse de este patrimonio de la humanidad, que los antiguos pobladores de nuestras tierras mesoamericanas le brindaron al mundo de manera generosa y gratuita.
Para cumplirle a Monsanto, a lo largo del sexenio, los Secretarios desmontaron los pocos mecanismos de bioseguridad que se establecieron, gracias al empuje de las organizaciones sociales, en la tan criticada Ley Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM). El Reglamento de la Ley, se publicó en 2008 sin tomar en cuenta medidas de bioseguridad, violando la Constitución y varios tratados y convenios internacionales, estableció regulaciones que no contiene la Ley para conceder con agilidad los permisos para transgénicos. Después, en marzo de 2009, se publicó una reforma al Reglamento de la LBOGM para anular el Régimen de Protección Especial del Maíz. Para terminar, el pasado 2 de noviembre, se publicó el Acuerdo por el que se determinan los centros de origen y centros de diversidad genética del maíz. Con ello, lejos de cumplir con el objetivo de proteger el centro de origen y diversidad genética del maíz, más bien lo que se busca es determinar las zonas en las que se podrían sembrar transgénicos.
Juan Elvira, Secretario de Medio Ambiente, será recordado como el peor secretario de su ramo y quien desatendió las opiniones de los órganos de consulta que integran la secretaría a su cargo. Tanto el Instituto Nacional de Ecología (INE), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), como la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) (1) han rechazado las solicitudes realizadas por las empresas. A pesar de ello, este funcionario ha mostrado claramente que sirve a los intereses de Monsanto emitiendo el Dictamen vinculante favorable que le otorga la última palabra en la definición de los permisos, de acuerdo a la Ley.
El Secretario Monsanto no consideró la información generada por el Proyecto Global de Maíces Nativos, que realizó la Conabio. Este proyecto es la investigación más relevante realizada en maíz en nuestro país en los últimos 50 años, con un costo de más 15 millones de pesos; entre las novedades encontradas destaca que “la diversidad en las variedades criollas (nativas) de maíz de cultivo es superior a lo que se creía que existía originalmente, antes del estudio (en particular de los estados del norte de México…” (2).
Este gobierno será recordado por atentar contra nuestra cultura y alimentación ancestral, como ya lo expresó el magnifico escritor Eduardo Galeano: “En el año 2009, el gobierno de México autorizó las siembras, experimentales y limitadas, de maíz trangénico. Un clamor de protesta se alzó desde los campos. Nadie ignoraba que los vientos se ocuparían de propagar la invasión, hasta que el maíz transgénico se convirtiera en fatalidad del destino…” (3).
Monsanto ha sido beneficiada de la mayor parte de los permisos concedidos por el gobierno mexicano para sembrar transgénicos, casi el 70% de las solicitudes de liberación al ambiente de OGMs en México en el periodo de 1988 al 2012, han sido promovidas por Monsanto, con diferentes nombres (4). Al iniciar 2012 entregaron permisos para siembra piloto de maíz transgénico. Después, el 6 de junio otorgaron el primer permiso comercial para soya transgénica,   el cual está suspendido por la demanda de amparo interpuesta por los apicultores del sureste mexicano.
El gobierno de Calderón se va, reconociendo que el marco jurídico de bioseguridad es incompleto y admitiendo de manera tácita su ilegalidad.
Sin embargo sigue la alerta pues Monsanto, Pioneer y Dow AgroSciences, empresas transnacionales que se han adueñado de la alimentación mundial, han hecho solicitudes para sembrar comercialmente maíces transgénicos en Sinaloa y en Tamaulipas por más de dos millones de hectáreas. Estas solicitudes muestran la prepotencia de las empresas en su operación, pues por una parte la superficie solicitada es mucho mayor que las áreas de siembra de estos estados, con lo cual se prevé el intento de desregular la siembra de maíz transgénico en México; por otra parte, pareciera una afrenta al “pueblo de maíz” solicitar sembrar, y con ello contaminar, el principal estado productor de maíz blanco de México –Sinaloa- con maíz NK603. Este tipo de maíz es precisamente el que fue utilizado en Francia por el Dr. Gilles-Eric Séralini para evaluar la salud de ratas alimentadas con diferentes cantidades de maíz transgénico, un polémico estudio cuyos resultados demostraron muerte prematura y cáncer en las ratas (5).
El próximo gobierno deberá actuar de manera responsable y detener todo permiso de siembra transgénica en México para garantizar nuestro derecho a una alimentación sana consignado en el Artículo 4o. de nuestra Constitución y preservar nuestra condición única de centro de origen y diversidad genética del maíz.
Más información: Adelita San Vicente 044 5526537700 / Cati Marielle 044 5518340045 / Mercedes López 044 55 54 26 29 42/ Víctor Suárez 044 5537074042
Notas:
1) CONABIO. 2012. Documento base sobre solicitudes de liberación comercial de maíz genéticamente modificado en México.  http://www.biodiversidad.gob.mx/genes/pdf/ConsideracionesGralesMaizGMComercial_fin.pdf
2) Galeano E., 2012. Los hijos de los días. México. Siglo XXI editores. P.327
3) CONABIO. 2012. Reporte sobre Análisis de Riesgo a la Biodiversidad por la liberación al ambiente de Organismos Genéticamente Modificados (OGMs)
4) Acevedo, et al, 2011. ¿Es el maíz transgénico lo qué realmente México necesita? Revista Nature. Volumen 29, Number 1. Enero. Pp. 23 y 24.
5) Séralini, G.-E., et al. 2012. Long term toxicity of a Roundup herbicide and a Roundup-tolerant genetically modified maize. FoodChem. Toxicol. http://dx.doi.org/10.1016/j.fct.2012.08.005

Nahuas de Jalisco piden policía comunitaria en Manantlán

 Informador Redacción / HJ
 
La asamblea en Ayotitlán. Habrá una segunda reunión para analizar la idea de crear una policía comunitaria. ESPECIAL
    • Autoridades locales aceptan solicitar vigilancia militar en la zona
Reciben al alcalde de Cuautitlán, diputados locales, Derechos Humanos y académicos de la UdeG para denunciar tala ilegal y desapariciones
“Estamos sufriendo y viendo un tiempo difícil, crítico, la verdad, cómo le quiero decir, ¡lamentable!”. Tanto, que los nahuas de la comunidad de Ayotitlán (Cuautitlán de García de Barragán, Jalisco) piden la presencia urgente de militares que inhiban el saqueo de hierro y maderas preciosas y la posibilidad de crear su propia policía comunitaria. Es verdad que la región de la Sierra de Manantlán ha vivido tiempos muy violentos, cuenta don Gaudencio Mancilla, líder nahua del Consejo de Mayores, “pero no’ bíamos sufrido eso de que se llevaran a nuestra gente”.
Don Gaudencio se refiere a la reciente desaparición del activista Celedonio Monroy, el pasado 23 de agosto —quien días antes había tratado de frenar la tala ilegal de madera rosamorada—, y de su hermano Agustín Mancilla Partida, hace casi cinco meses, hechos que motivaron la visita de los diputados locales Clemente Castañeda y Jaime Díaz; del alcalde de Cuautitlán de García de Barragán, Pedro Sánchez; e integrantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco y de la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas (UACI) de la Universidad de Guadalajara.
A la reunión, que se realizó esta semana en la comunidad de Ayotitlán y con resguardo de policías estatales y municipales, asistió la esposa de Celedonio Monroy, Blanca Estela González.
“Anteriormente llegaron madereros, robándose madera y saqueando, preguntábamos que qué permiso tenían del ejido, porque aquí todo se autoriza en Asamblea (la máxima autoridad de la comunidad) y no había ninguna autorización. Por ahí se vino el problema, recibimos amenazas y nosotros también estábamos en la lista. Les pedimos que se busque a Celedonio, no decimos que por ‘ai’ venga el hilo, a lo mejor es política, a lo mejor otra cosa, pero queremos saber dónde está y quiénes y cuántos se lo llevaron”, arrancó Gaudencio con la primera exigencia, que aparecía en el orden del día —en una cartulina verde— como la más importante, seguida del juicio agrario, la amenaza de la minería y la tala ilegal, la Comisión Estatal Indígena y la legislación indígena.
Entonces habló Blanca Estela. A su casa entró gente encapuchada, “prepotente”, agarraron a su esposo, lo golpearon, “a mí me encañonaron”. Y se lo llevaron… Y ahí empezó el suplicio que miles de familias sufren en este país: el de buscar a sus desaparecidos.
Empezó por la policía municipal. Por la estatal. Con los militares. En el Semefo. En otro municipio. En otro estado. Y nada. Se pensaron hasta brigadas comunitarias para buscarlo, “porque las autoridades nos han negado todo el apoyo, no lo quieren buscar; les pido que lo traten como gente, él no es un animal…”.
La mujer, con un crucifijo de madera en el pecho, aclaró que no busca culpables, que ella sólo quiere encontrar a Celedonio, a quien conoció en Colima, donde él estudió Ciencias Políticas con la idea de regresar a su comunidad.
Luego se levantó Miguel Monroy, se recargó en la pared donde hay una foto de los que refundaron en los años noventa la figura del Consejo de Mayores, con don Zeferino a la cabeza (quien antes de fallecer dejó el encargo de resolver el problema agrario a don Gaudencio Mancilla), y leyó un poco de la historia de Celedonio. De ahí en adelante salieron testimonios de las camionetas “raras” por la zona, especialmente por la casa de donde se llevaron a don Celedonio, de “corretizas” que les han dado, de atentados al comisariado de Bienes Comunales, de la desconfianza en los policías municipales y de que “hay el rumor” de que por ahí hay autoridades que saben quién se llevó a don Celedonio Monroy…
Don Gaudencio luego habló de que de sus tierras se han llevado mineral hasta en burro (este diario publicó el 24 de noviembre el problema de minería ilegal en la región) y que últimamente ya le entró gente armada al saqueo de maderas preciosas (un problema que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ha detectado en Nayarit y Jalisco, pero que ha frenado gracias al decomiso de este producto en el puerto de Manzanillo, con destino a China).
Por todo el contexto de impunidad y de incremento del espiral de violencia, los nahuas creen que es urgente la presencia de militares y, por qué no, de crear una policía comunitaria, como la que existe en Guerrero desde los años noventa. Las autoridades municipales dijeron sí a la presencia militar y, al segundo punto, pidieron una reunión para analizarlo con detalle. Don Gaudencio coincidió: “Es un tema a analizar, porque no es así a lo loco”.
Los diputados acordaron regresar. El alcalde de Cuautitlán de García de Barragán, Pedro Sánchez, se comprometió a brindar apoyo a la familia de Celedonio.
Gaudencio, antes de terminar la reunión, insistió en que la policía comunitaria es urgente, “por que qué tal que luego ya no esté…”.
—No diga eso, no diga eso, Gaudencio—, dijo Blanca Estela, la esposa de Celedonio Monroy.
FRASE
Yo lo quise convencer de que se fuera a trabajar a Colima, allá le ofrecían trabajo, pero no, él siempre terco que quería regresar a la sierra para trabajar con su gente. ¿Y para qué? ¿Para que ahora me lo quiten? Por eso les pido: ayúdenme a buscarlo…
Blanca Estela González, esposa de Celedonio Monroy.

lunes, 26 de noviembre de 2012

Van 41 personas fallecidas por contaminación del Río Santiago


Víctor Chávez Ogazón/El Occidental
A poco más de cuatro años del fallecimiento del niño Miguel Ángel López Rocha, después de caer en las aguas contaminadas del río Santiago, el recuento de los habitantes de la zona en ese punto de El Salto es de mil 356 personas afectadas en su salud en la zona, 428 de ellas con insuficiencia renal, 129 con cáncer y 18 con leucemia, 364 de ellas ya dejaron de existir. Raúl Muñoz, activista y quien ha hecho fuertes denuncias, asegura que sólo en el 2012 han fallecido 41 personas.
“Y seguimos contando….”, como lo afirma. Le preocupa, dice, “que los gobernantes entrantes y los partidos políticos aún no dan muestras de entender que la lucha por el derecho al agua es defender el derecho a la vida de todos”, señaló.

Luego denuncia: “Entendemos que los partidos políticos son franquicias que se manejan como si fueran negocios, donde las prerrogativas se quedan en manos del grupo en el poder, y en muy pocas ocasiones han acompañado la defensa del derecho al agua”, destacó.
Sin embargo, no encuentra respuesta sobre el por qué se han olvidado de El Salto. “Seguimos empeorando por la contaminación de nuestras aguas, todos los días tenemos que respirar un aire fétido, los gases que despide el tiradero de basura en los “laureles”, se suman con el desagradable y muy peligroso aroma a ácido sulfhídrico que despide el río Santiago y la presa del Ahogado”, denunció.
Recuerda cómo comenzó esto y lo que se ha hecho hasta ahora, aún no lo suficiente: “Estamos a pocos meses de que se cumplan cinco años de la muerte del niño Miguel Ángel López Rocha, y nada ha cambiado, se construyó una planta de tratamiento de aguas en la presa del Ahogado, a cinco kilómetros del río Santiago, en una zona donde no nos beneficia a los habitantes de El Salto y Juanacatlán. La terquedad casi criminal de los funcionarios públicos de la Semades, CEA y Conagua, nos demuestra una vez más que la simulación es el distintivo de esta clase política”, enfatizó.
EL RECUENTO DE LOS DAÑOS
Raúl Muñoz comentó que desde aquel 13 de febrero del 2008, día en que murió Miguel Ángel, se han dado a la tarea de contar… de contar los muertos.
“Hemos documentado mil 356 personas afectadas en su salud por tener que convivir con la contaminación de las aguas. Hasta el día de hoy han fallecido 364 personas por esas afectaciones, aún tenemos 428 con insuficiencia renal, algunas en fase terminal, 129 sufren de cáncer de varios tipos, 18 con leucemia. Y contando…”.
Refirió que casi se cumplen cinco años de impunidad: “De mentiras, de omisiones criminales, de cobardía. Cinco años de estar sufriendo la muerte de nuestro pueblo. ¡Cinco años de estar reclamando justicia! Esperamos que aquellos que nos ven y nos escuchan, entiendan nuestro reclamo. Si cada municipio tratara sus aguas sucias, nosotros y todos tendríamos un río limpio y hermoso.

jueves, 22 de noviembre de 2012

El gobierno estatal violenta el derecho de comuneros: INAH

• La Constitución les ampara para decidir sobre sus tierras, sotiene el investigador Rafael Sandoval
 
Reynoso Esparza recibió a comuneros y habitantes de Mezcala. Foto Héctor Jesús Hernández
Alejandro Velazco/La Jornada Jalisco.- Un grupo de comuneros de Mezcala acudió a Palacio de Gobierno a entregar una carta al titular del Ejecutivo estatal, Emilio González Márquez, para mostrar su inconformidad por la organización de las festividades tradicionales del pueblo, incluyendo algunas actividades que no se llevaban a cabo –como un evento con yates–, lo cual consideran una intromisión, esto sin tomar en cuenta al Consejo de Comuneros, que es la máxima ley en dicho territorio.
Los comuneros también lamentan las intenciones de colocar una caseta de cobro para ingresar a la Isla del Presidio y piden una explicación a González Márquez al respecto. Las misiva fue recibida por Mario Reynoso Esparza, funcionario de Asuntos del Interior y llevada a la Secretaría Privada del gobernador, posteriormente también fue entregada a la Secretaría de Cultura de la entidad, cuyo titular, Alejandro Cravioto, habría afirmado la instalación de la citada caseta, a decir de los comuneros.
Reynoso Esparza, quien parecía desconocer la historia de lucha que ha tenido el pueblo coca de Mezcala, ofreció una reunión para el próximo miércoles a las 11 horas, siempre y cuando, les dijo, tengan la disposición de trabajar en conjunto y “no sólo ver los problemas”.
A decir de Rafael Sandoval, investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), con estos eventos el gobierno estatal está violentando el derecho de los comuneros a decidir sobre sus tierras, garantía que les brinda el artículo 27 constitucional en lo que respecta a la Ley Agraria, que señala que todo territorio comunal regido por la Asamblea de Comuneros no puede tener intromisión por parte del gobierno.
“Es una violación a su situación de pueblo autónomo que tiene un gobierno tradicional y que está garantizado por la ley”, explicó.
Además, la intervención al patrimonio histórico de la Isla provocaría afectaciones, señaló, por lo que se debió consultar con los comuneros.
Un dictamen que elaboraron los peritos del INAH Cuaúhtemoc de Regil y Martha Leticia Ulloa desde el 2006, indica que no se pueden hacer alteraciones a la estructura patrimonial que existe en Mezcala, cosa que no se estaba cumpliendo con los trabajos de restauración que se realizaban en esas fechas.
Otro elemento que están violentando los gobiernos estatal y del municipio de Poncitlán es que la Asamblea de Comuneros decidió que la Isla de Mezcala estaría libre para que pudiera ser conocida y visitada por cualquier persona, ellos establecieron que no habría ningún tipo de cobro por conocer los monumentos históricos que alberga.
“La Isla de Mezcala está considerada como tierra comunal en dos documentos: en el documento que les expidió el gobierno federal en 1982 que es en donde se ratifica que es territorio comunal, y el otro documento importante es el título primordial, documento en el que la Corona Española les reconoce que es su tierra”, recordó Sandoval, situación que la Secretaría de Cultura no está considerando.

La intensificación del despojo en Jalisco y México. A 20 años de la reforma al artículo 27 constitucional

Foro: La intensificación del despojo en Jalisco y México. A 20 años de la reforma al artículo 27 constitucional


17 noviembre, 2012
Guadalajara, México
Resumen de algunos casos recientes en Jalisco

El despojo en doce pueblos de la barranca del río Santiago
Milpillas, San Lorenzo, Huaxtla, La Soledad, Ixcatán, Paso de Guadalupe, San José, Los Camachos, Ex hacienda del Lazo, San Isidro, San Esteban-Tateposco y Copala son algunos de los pueblos en la barranca del río Santiago que están luchando por evitar el despojo al que están siendo sometidos por parte del gobierno. Desde hace una década el gobierno y los empresarios decidieron ubicar varios basureros (tanto municipales como privados) en esa zona, con lo que “condenaron a muerte” a los ríos y sus alrededores, llenándolos de contaminantes y provocando la muerte de la flora y fauna autóctonas. También construyeron granjas de cerdos que generan una gran cantidad de materiales tóxicos que van a parar a los ríos, por lo que estos pueblos carecen ya de agua limpia para su consumo o el de sus animales. A pesar de los numerosos plantones, bloqueos y denuncias, el gobierno no hace nada por poner remedio a esta situación, por lo que los pueblos antes mencionados se unieron para luchar juntos contra los abusos de poder y amenazas que sufren sus pobladores.

La defensa del bosque El Nixticuil contra el despojo
El Nixticuil es uno de los dos últimos bosques originarios que quedan en Guadalajara; se extiende por más de 1,800 hectáreas de los cerros del Nixticuil y la Sierra de San Esteban y es un espacio natural que provee de agua a varias comunidades. La conquista de territorios como el Nixticuil se ha convertido en objetivo del capital; espacios como estos nos están siendo despojados y usados como nuevos medios de acumulación, para luego ser presentados como nuevas mercancías por los grandes corporativos inmobiliarios, que las hacen parecer como meros recursos y elementos decorativos de los espacios urbanos mercantilizados. En el 2005, como respuesta a un intento de construir sobre una parte del bosque, nació el Comité Salvabosque, un colectivo de varias familias que desde la cotidianeidad y de forma horizontal emprenden diferentes acciones para defenderlo de forma comunitaria. Desde entonces han realizado iniciativas de acción directa y de autodefensa, como el cuidado y restauración del propio bosque, mediante la agroecología, las reforestaciones y combatiendo incendios forestales para detener la urbanización. La difusión y denuncia de la situación mediante la creación de algunos medios autónomos muy sencillos de información y comunicación también es parte muy importante de esta lucha. Gracias a estas movilizaciones han logrado detener algunos proyectos del capital inmobiliario que han asediado al bosque a través del despojo “legal” que los poderosos hacen a través de las legislaciones ambientales del Estado, aunque todavía quedan muchos que siguen amenazando al bosque y a sus habitantes.

Resistencia del pueblo de Santa Cruz de las Flores, Tlajomulco de Zúñiga
El municipio de Tlajomulco ha pasado a ser una de las orillas de la ciudad de Guadalajara, bajo el dominio del mercado inmobiliario especulativo global/local; es uno de los municipios que ha registrado un mayor índice de crecimiento en pocos años, al margen de un esquema de ordenamiento y de formación de un tejido urbano. Pese a tener este municipio desde el año 2009 un Plan de Ordenamiento Ecológico y Territorial, se observa la omisión de medidas de protección del ambiente y de los recursos naturales de este entorno metropolitano. Los cambios en los usos del suelo, como en el caso del pueblo de Santa Cruz de las Flores, se han llevado a cabo, generalmente, a espaldas de las personas. Desde la década de los ochenta estos cambios han ido evolucionando, desde la explotación de bancos de material geológico, pasando por la instalación de empresas manufactureras y corredores industriales en los noventa y 2000 hasta la explosión inmobiliaria de crecimiento exponencial en el periodo del 2001 y 2006. Por este motivo, algunos de los pobladores decidieron ocupar sus parcelas con la siembra de maíz y regresar al conocimiento ancestral, y comenzar desde el principio, lo que ahora llaman producción agroecológica. La alternativa de la agroecología cobra sentido en el retorno a la antigua relación de nuestros antiguos con la naturaleza basada en el respeto de los ciclos de regeneración de los recursos naturales. 

Despojo y devastación ambiental en la zona metropolitana de Guadalajara
Cuando se habla de despojo y destrucción de bienes o recursos naturales se suele pensar que es algo propio de las zonas rurales. Sin embargo, dada la situación de las ciudades, se puede afirmar que es justamente en las ciudades en donde el despojo y la destrucción de los bienes naturales han tenido y tienen su mayor expresión. En Guadalajara el despojo ha sido permanente. La intervención del capital ha terminado por convertirla en otro paradigma de la sociedad del consumo depredador, víctima del “desarrollo”, la “civilización” y la “modernización”. La Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) está integrada por ocho municipios: Guadalajara, Tlaquepaque, Zapopan, Tonalá, El Salto, Juanacatlán, Tlajomulco de Zúñiga e Ixtlahuacán de los Membrillos y juntos hacen una extensión territorial de 2,733 kilómetros cuadrados y una densidad promedio de 1498.1 habitantes por km2. El crecimiento urbano e industrial de la ZMG se ha hecho sobre tierra ejidal, comunal o privada, pero altamente productiva de semillas y granos para alimento humano, y todo para construir casas habitación de mala calidad y grandes torres con departamentos y pisos de super lujo. Estos procesos han traído como consecuencia que en esta área metropolitana se registren serios problemas ambientales que resultan en una intensa modificación y destrucción de los ecosistemas regionales locales, deforestación y pérdida de áreas verdes, así como la contaminación del aire y del agua. 

Mezcala, en defensa de la tierra, la historia y la cultura
La estratégica ubicación del pueblo de Mezcala lo hace un lugar atractivo para los empresarios y su afán por la construcción de complejos turísticos. Sin embargo, sus habitantes, acostumbrados a la tierra comunal y a la lucha, no pretenden vender sus territorios ni permitir la invasión. En la actualidad ya están en lucha contra un “invasor” que se hizo con dos hectáreas sin que lo avale ningún documento de la comunidad que le dé derecho a ocupar esas tierras. También se enfrentan al despojo cultural e histórico que pretende el INAH, que quiere modificar la historia de la isla de Mezcala, ejemplo de resistencia del pueblo coca contra la invasión española. Ya hubo un intento de privatización, que la población logró detener. Para que toda su lucha tenga efecto, han ido por la vía legal, aunque saben que su fortaleza radica en su organización y en la conservación de su cultura y costumbres.

Los aguacateros y negocios de invernaderos en Tuxpan y el sur
El cultivo de aguacate en la comunidad de Tuxpan y el sur de Jalisco daña la tierra con pesticidas, escasea el agua de los mantos freáticos, infertiliza las tierras, enferma a los trabajadores por el uso de pesticidas y se cambia la siembra de maíz por el aguacate. Es esta agroindustria la que trajeron el Grupo Aguacatero Las Tarascas y el Grupo Aguacatero Los Volcanes, grupos que para lograr cultivar el aguacate obligan con amenazas y presión para que los ejidatarios renten sus tierras hasta por 25 años. En caso de que los ejidatarios se nieguen a rentar sus tierras se ven invadidos por los grupos aguacateros. El bajo precio del maíz, el alto costo de los fertilizantes y la falta de asesoría técnica para evitar las grandes plagas, también representan causas importantes por las que los ejidatarios se ven obligados a rentar sus tierras a los aguacateros. Entonces, los ejidatarios se ven amenazados, o en efecto terminan por ser contratados para trabajar sus propias tierras a 120 pesos diarios, exponiéndose a enfermedades por el uso intensivo de pesticidas. Paradise Services SA de CV; Driscolls Services SA de CV, Naturipe Farms Services entre otros productores de invernadero son otra amenaza para la comunidad de Tuxpan y los pueblos del sur de Jalisco. Son estas empresas las que bombardean las nubes para regular la lluvia, contaminan la tierra con pesticidas. Un muchacho del Santiago, municipio de Tecaltitlán murió de cáncer, llevaba diez años trabajando como fumigador. Las condiciones laborales que defienden estas empresas van desde las enfermedades por exposición prolongada a pesticidas, bajos salarios y horas extra mal pagadas hasta el hostigamiento laboral al que se resiste a trabajar horas extras y que la empresa decida cuándo se come y cuando no, sin existir un horario fijo. 

El Salto: las empresas despojaron del río a los pueblos
Los señores feudales muertos reencarnaron en nuestros pueblos como hacendados aplastadores, como industriales despojadores de los medios de subsistencia.”
Un Salto de Vida
Los pueblos tienen su propia historia, como es el caso de El Salto, asentado en las márgenes del Santiago. Río, que con paciencia milenaria trazó su cauce, creó paisajes de inigualable belleza, se desarrollaron en su lecho, especies endémicas que algunos tuvieron la extraordinaria suerte de conocer. El Río, fue camino, casa, alimento, diversión, patria, frontera, y asombro. En 1853, terratenientes construyen la presa Corona de donde surge el tajo de Atequiza, luego sería el canal que ahora conocemos y abastece de agua a la ciudad de Guadalajara. Cuando llegó la presa y los tajos de Zapotlanejo y Atequiza, le comenzaron a faltar cosas al río, se fue vaciando. De 1866 a 1896, en el Río Santiago particularmente en El Salto de Juanacatlán se dio uno de lo más importantes períodos de colonización industrial que culminaría con la instalación de la textilera “Compañía Industrial Manufacturera” en 1896. Sesenta y ocho años pasaron desde entonces hasta que Cianamyd se instaló en Atequiza produciendo suturas, cianuros, antibióticos. La llegada de Cianamyd marca el inicio de un segundo período que va desde 1958 hasta la década de los 70′s cuando nace el Parque Industrial Guadalajara, con cientos de industrias como Euzkadi, IBM, Holland Chemical, acereras y otros. El Río Santiago se convierte en un afluente BLA para ser contaminado y devastado por las empresas chicas y grandes que se llegaron a instalar, a tal grado que, en la década de los 90′s se instalaron alrededor de 400 empresas. Hoy en día, muchas de estas empresas han desaparecido, otras se han mudado y otras cambiaron su razón social pero todas ellas han dejado y dejan ahora un río muerto para los pueblos. 

La guerra por despojo en la costa
En la costa de Jalisco hay cinco municipios: Puerto Vallarta, Cabo Corrientes, Tomatlán, La Huerta y Cihuatlán. En todos ellos existen actualmente conflictos por la posesión de la tierra, debido a que los negocios capitalistas pretenden quedarse con las mejores playas y terrenos del lugar, y no dudan en emplear a las fuerzas del Estado para reprimir y criminalizar a sus habitantes. Muchas veces, estos procesos de despojo son impulsados incluso por el propio gobierno, sea local, municipal, estatal, etc., a quienes interesa promover los proyectos de infraestructura que ellos mismos impulsan. En la mayoría de los casos, utilizan la fuerza represiva para desalojar sin motivo a los habitantes de las localidades costeras, muy común últimamente por todo el país, pero cada vez más frecuente en los casos de despojos de tierras. Este proceso de despojo que se está llevando a cabo en la costa jalisciense ha provocado que el 82 por ciento de sus playas estén privatizadas. El caso de la Huerta es de los más graves, pues de 36 playas que tiene el municipio, únicamente tres están abiertas al público. El proceso de despojo en la costa de Jalisco, intensificado en los últimos quince años ha ido acompañado de presión y hostigamiento en contra de los habitantes de las playas y territorios codiciados por los empresarios turísticos, inmobiliarios, mineros o de la delincuencia organizada. Detrás de cada playa o territorio despojada, hay casos de demandas legales, encarcelamientos, que llegan incluso al destierro, la desaparición (como el caso de los compañeros de Cruz de Loreto José de Jesús Romero Quintero, Jorge Ruiz López y Rafael Espinosa Díaz, desaparecidos el 24 de marzo de 2011) y el asesinato (como en el caso de Aureliano Sánchez Ruiz, líder de las cooperativas pesqueras de la Costa Sur de Jalisco, el 13 de julio de 2011). 

El despojo en la comunidad indígena nahua de Ayotitlán.
Y sabíamos lo que dicen, que todo eso puede ser ilegal, pero como la gente requiere y siempre han dicho que el Consejo (de Mayores) es el que no quiere el desarrollo. Y yo les digo a la gente: yo no veo que es desarrollo. Para mí acabar con la naturaleza, acabar con la tierra, acabar con el bosque, acabar con el agua… yo no veo desarrollo, yo eso veo un despojo.”
 
Trabajadores del INAH: “No hay historia sin sujeto, ni cultura sin sujeto”.
La cultura y la historia se hacen desde la cotidianidad y la comunidad. Así, la defensa del territorio y la cultura no es más que una forma de hacer historia hoy [...]
Así, entendemos que la defensa de estos bienes nacionales implica, en la situación actual, la lucha contra el despojo del territorio y la cultura, pues no se pueden entender separadas, a menos que desconozcamos a los sujetos que las producen y a los que las han resguardado durante siglos.” El despojo generalizado y la privatización del patrimonio han llevado al gobierno federal a buscar maniatar a los investigadores del INAH y así, contrarrestar el cumplimiento de las funciones que marca la Ley Orgánica del INAH; cuidar que no se destruyan los bienes nacionales. La resistencia que los trabajadores están dando en el INAH Jalisco es detener e inhibir las políticas estatales de privatización del patrimonio histórico, es al mismo tiempo, inhibir y desarticular las condiciones de flexibilización laboral y despojo de su trabajo que se han impuesto en los últimos años. La materia del trabajo en el INAH implica la realidad que producen los sujetos en sus formas patrimoniales e históricas. Es así que los trabajadores del instituto tienen la necesidad de una conciencia histórica y política sobre el sujeto creador de cultura, el producto de su trabajo no son artefactos cosificados. “No hay historia sin sujeto, ni cultura sin sujeto” (Sandoval, 2012). Por otro lado, el despojo del territorio no solo implica a las zonas rurales pues las urbes también se encuentran dentro de este panorama. Las prioridades de quienes ejecutan la guerra del despojo, están decididas por los intereses trasnacionales que golpean a los pequeños y medianos comerciantes, al centro histórico y otros, con la construcción de grandes plazas comerciales y otras edificaciones (fraccionamientos, centros comerciales, infraestructura, industrias, etc.) que deforman a la ciudad, afectando la calidad de vida de los habitantes. 

Temacapulín defiende su territorio contra la presa El Zapotillo
Las comunidades de Temacapulín, Palmarejo y Acasico se localizan en la región denominada los Altos de Jalisco, a 132 kilómetros al noreste de Guadalajara. En estas tres comunidades viven alrededor de 1,500 personas que son afectados directos, y cerca de 15,000 afectados indirectos de los pueblos que habitan aguas abajo. Además de los más de 3,500 migrantes o hijos ausentes, que actualmente residen en grandes ciudades de Estados Unidos y México, pero cuyo domicilio permanente es en esos poblados a donde regresan con mucha frecuencia, envían divisas y recursos y tienen la voluntad de regresar. El Proyecto Presa El Zapotillo es impulsado por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y los gobiernos de los estados de Jalisco y Guanajuato, para abastecer de agua potable a la ciudad de León, en Guanajuato, la ciudad de Guadalajara y la región de los Altos en el estado de Jalisco. La presa comenzó a construirse, de manera ilegal, en 2009 por la empresa española FCC Construcción, La Peninsular Constructora y Grupo Hermes. Los habitantes de la zona; campesinos y pescadores, dependen de la agricultura, la pesca y la ganadería a pequeña escala, el comercio local y de las remesas que son enviadas por los hijos ausentes. El río Verde es un afluente que todo el año tiene agua y donde los pobladores solían pescar, pero ahora con el río contaminado, la pesca ha disminuido, sin embargo, el río sigue siendo parte de la vida de los pequeños propietarios y pobladores de estas tierras, quienes también usan el río para riego, para consumo humano y para la cría de animales. Si la presa El Zapotillo sigue adelante, cientos de personas perderán sus hogares, su sustento, su historia, su tranquilidad y sus vidas. Se inundarían los pueblos de Temacapulín, Acasico y Palmarejo y las tierras que los campesinos necesitan para sobrevivir, comunidades que han habitado durante siglos por lo que guardan un profundo vínculo espiritual con ellas. La obra, impulsada por la Comisión Nacional del Agua, ha sido concesionada a empresas mexicanas y trasnacionales, violando leyes y derechos fundamentales como son el derecho a la vivienda, a la alimentación, al desarrollo, al medio ambiente sano, a la seguridad jurídica, a la propiedad, sin que se haya consultado e informado debidamente a los afectados. La lucha ha emprendido diversas acciones jurídicas, desde juicios de amparo, denuncias penales, quejas, controversias constitucionales, periciales, etc. Sin embargo los gobiernos estatales y nacionales han hecho caso omiso, incluso a las recomendaciones internacionales. 

Juanacatlán, destrucción del bosque e invasión del Macrolibramiento
En Juanacatlán la propiedad de la tierra es principalmente ejidal y los caciques agrarios han controlado política y económicamente al municipio. En mayo de 1988, Aurelio Franco Torres como presidente del Ejido Juanacatlán y candidato a presidente municipal por el PRI, inició la destrucción del bosque El Papantón al fraccionar y repartir las aéreas comunales del ejido. Provocó el incendio más devastador de la zona que tenemos noticia y desató la fiebre del cultivo del agave y la compra-venta de terrenos ejidales; iniciándose la desaparición de los robles, especies de fauna silvestre, el acaparamiento y concentración de la tierra en unas cuantas personas. La urbanización suicida de la zona metropolitana de Guadalajara traspasó el Rio Santiago, en la última década el pulpo inmobiliario tocó el territorio de Juanacatlán, sus tentáculos ya están presentes en algunos fraccionamientos y amenazan con ocupar todo su territorio, cambiando los cultivos de maíz y trigo por casas infrahumanas. Con el Macrolibramiento de Guadalajara que actualmente se está construyendo, nuevamente le parten la M… a Juanacatlán. Engañan a los ejidatarios con la falsa idea del progreso, les pagan sus parcelas a precios miserables; a cambio dan facilidades a empresas transnacionales para transportar y comercializar sus productos, sin importarles que la autopista de cuota, aísle y devalúe parte importante de los ejidos. 

Apuntes para una radiografía sobre el despojo en Amacueca
A partir de la última orden de repartición de tierra a campesinos en México, iniciada en 1992 bajo la presidencia de Carlos Salinas de Gortari; muchos grupos organizados recibieron tierra a lo largo del país, y a través de la personalidad jurídica de la Unión Campesina Democrática (UCD). Uno de tantos grupos atendidos por la UCD para la repartición en el estado de Jalisco, fue el Grupo Campesino de Chiquilistlán, quien recibiera en 1997, la sesión del predio “La Loma” o “Lomas del Batán” en Amacueca, Jalisco; después que los ejidatarios del mismo lugar rechazaran este predio por considerarlo de baja calidad pues es tierra montosa. En el proceso de entrega y regularización del predio a los campesinos de Chiquilistlán, quien facilitaría la escrituración y había sido testigo de la entrega del predio, sería el representante legal de Demetrio y María Torres quien en ese momento eran propietarios del predio: Jorge Vera Luna. Transcurridos 5 años y ante el desconocimiento de los campesinos del proceso jurídico, la confianza depositada en el abogado y la posesión física de ellos en la tierra, su trabajo al sembrarla, cosecharla, criar ganado, construir pequeñas casas y la formación de algunas familias; Jorge Vera luna, se presenta ante los campesinos con una escritura de propiedad a su nombre y al de sus esposa Leonor, comenzando así el intento de despojo a los/as campesinos de la tierra que somos legítimos dueños. Así luchamos primero, como Grupo Campesino de Chiquilistlán y ahora como la Unión Campesina Zapatista del Sur (UCaZS)

Pueblo wixárika, historia de resistencia frente al despojo
Las comunidades wixárika, por su parte, han padecido la intensificación del despojo de sus tierras de parte de pequeños propietarios, ganaderos, taladores ilegales e incluso de proyectos del propio gobierno como son proyectos de electrificación, carreteros o turísticos ordenados por los gobiernos, sin el consentimiento de las comunidades wixárika. Una comisión de dirigentes wixaritaris se reunieron en 1994 con el gobernador Carlos Rivera Aceves para que resolviera la invasión de más de 30 mil hectáreas en sus territorios por parte de ganaderos y madereros de Nayarit y Colima. Le dieron de plazo un año para que resolviera sus problemas, o de otro modo se levantarían en armas: 18 años después los wixaritaris siguen esperando la respuesta. En cambio, lo que sí ha llegado son presiones y más despojos. Por esa razón indígenas huicholes y tepehuanos de Durango anunciaron alianzas para defender sus tierras en marzo de 2003; y en junio del mismo años llevaron a cabo un plantón en la sierra en defensa de su madera. En 2010 la comunidad wixárika de Tuapurie denunció ante el representante en México de la Alta Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Javier Hernández Valencia, que en 2008 padecieron la “imposición del ilegal tramo carretero Amatitán-Bolaños-Huejuquilla, con un largo expediente de actos delictivos perpetuados por instancias de gobierno, donde el acoso, persecución, presiones, falsificaciones de una presunta acta de asamblea en la que la comunidad daba su anuencia y una represión diversificada, ha sido la constante del conflicto. Además de la destrucción del lugar sagrado conocido como Paso del Oso, que quedó sepultado bajo toneladas de tierra”. Wixaritari de Santa Catarina y San Andrés Cohamiata denunciaron que el 15 de abril de 2010, policías de Huejuquilla dispararon sobre siete indígenas que viajaban e hirieron a dos personas. En respuesta a esta agresión, alrededor de 250 indígenas huicholes de la sierra norte de Jalisco tomaron la presidencia municipal de Huejuquilla el Alto. El agravio más reciente en contra de la comunidad wixárika por la apertura de una mina en Wirikuta, en Real de Catorce, San Luis Potosí, que es uno de los cinco sitios sagrados para este pueblo originario. El gobierno federal de Felipe Calderón Hinojosa otorgó 22 concesiones sobre 6,326 hectáreas del territorio sagrado, abriéndole paso a una mina de plata de la multinacional canadiense First Majestic Silver Corp. Pero la amenaza sobre este sitio sagrado continúa.
Pueblos de Jalisco en contra del Despojo / Noviembre de 2012