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viernes, 30 de noviembre de 2012

Fue asesinada en Guerrero la Activista Juventina Villa Mojica

Guerrero acusa a activista de provocar su muerte; ONG responde con denuncia

Integrantes del Frente de Masas Populares del Estado de Guerrero indicaron que el gobierno del estado estaba advertido del riesgo que corría Juventina Villa, por lo que demandarán al gobernador Ángel Aguirre Rivero por acción y omisión.
Guerrero acusa a activista de provocar su muerte; ONG responde con denuncia 
Comunidad de La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero, durante éxodo que encabezó Juventina Villa en 2011, por la violencia en esa región. (Imagen La Jornada)
México.- La violencia contra activistas en Guerrero no da tregua, y la indignación es la primera reacción que se asoma cuando la respuesta de las autoridades a las agresiones es la impunidad. 
Organizaciones sociales que integran el Frente de Masas Populares del Estado de Guerrero indicaron que el gobierno del estado estaba advertido del riesgo que corría la ecologista Juventina Villa Mojica, asesinada el miércoles junto con au hijo de 10 años de nombre Rey Santana Villa en la comunidad de La Laguna, del municipio de Coyuca de Catalán. 
Por tal motivo, informaron que procederán legalmente ante las instancias internacionales contra el gobernador Ángel Aguirre Rivero por acción y omisión. 
Y es que el secretario de Gobierno, Humberto Salgado, culpó a la dirigente ecologista de provocar su asesinato y el de su hijo porque “se salió del perímetro de resguardo” en torno a ella. Sin embargo, se negó a especificar cuánto medía ese espacio. 
Desde Chilpancingo, Manuel Olivares Hernández, coordinador de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, una de las organizaciones del Frente, dijo que con el crimen de la ecologista y su hijo suman 20 asesinatos en la sierra de Coyuca de Catalán y Petatlán, la mayoría de la misma familia, cometidos por “grupos de la delincuencia organizada que controlan la zona para la siembra y trasiego de la droga”. 
En conferencia de prensa precisó: “Se avisó con tiempo al gobierno estatal de la situación que se vivía y la inminencia de que podrían asesinar a la señora Juventina Villa, porque había amenazas directas sobre ella. El gobierno fue omiso, tomó medidas precautorias a medias, porque cuando se le pidió que se sacara a la gente de La Laguna, no actuaron. Sin duda, estamos ante un gobierno deshumanizado, que menosprecia la vida de los campesinos y los indígenas”. 
Abundó que el gobierno estatal sólo envió 31 policías estatales para resguardar a la ecologista, pero esa medida “no fue suficiente”. 
Pero eso no es todo, pues el desempeño de los agentes durante la emboscada  a la ecologista causa algunas dudas, según la versión que dio el secretario de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, a las organizaciones sobre el crimen. 
Dijo que de ser real que cinco policías iban delante de la ecologista y cinco detrás rumbo a la cima del cerro donde buscaba señal de teléfono para llamar, por qué al momento de la emboscada no respondieron la agresión. 
Villa Mojica posiblemente antes de ser asesinada buscaba comunicarse con las organizaciones sociales para informarles que hasta ese momento, 13 horas, no llegaba la brigada que trasladaría a las familias de La Laguna a Puerto las Ollas, subrayó. 
El acuerdo indicaba que el miércoles por la tarde tenían con el gobierno del estado previsto que comenzara el éxodo de las familias de al menos cinco comunidades de la sierra de Coyuca de Catalán hacia Puerto las Ollas, recordó Olivares Hernández, quien destacó que no se explicaba cómo al momento del asesinato no había llegado a la comunidad la brigada de traslado. 
Ante este panorama, consideró que las familias deben trasladarse a albergues en Iguala y Chilpancingo, ya no en Puerto las Ollas, como se previó en un principio, porque no hay condiciones en toda la zona.
Temo por mis hijos
Villa Mojica estuvo en la Comisión de Derechos Humanos del Estado El 25 de septiembre pasado, Juventina Villa Mojica estuvo, donde ante el primer visitador del organismo, Hipólito Lugo Cortés, dijo: "tengo fundado temor y preocupación de lo que me pueda pasar a mí y a mis hijos".

Esa declaración quedó asentada en el expediente UVG/275/2012, que se abrió cuando pidió a los miembros de la comisión exigir a la Procuraduría del Estado un informe de las investigaciones de los asesinatos de 10 de sus familiares por parte de grupos armados.

"Al encontrarme tan temerosa, al igual que mis hijos y demás familiares, por sentirnos desprotegidos, con el propósito de poner a salvo la integridad física de la suscrita, y de mis hijos, pongo de manifiesto mi profundo temor y desesperación por todos los hechos violentos que he vivido en mi comunidad de La Laguna, y que han afectado de manera grave a mi familia", dijo Juventina a una mecanógrafa de la comisión durante su comparecencia.

Sin embargo, no era la primera vez que la líder ecologista había acudido a este organismo para exponer la situación de inseguridad que vivía.

"Fueron muchas veces que vino aquí a presentar denuncias por asesinatos de sus familiares, entre ellos el de su esposo, Rubén Santana Alonso", recordó el primer visitador, en entrevista con el diario Reforma.

Acaba sexenio sin siembra comercial de maiz transgenico

Lo logramos: acaba sexenio sin siembra comercial de maiz transgenico


http://cronicadesociales.files.wordpress.com/2011/01/sin-maiz-no-hay-pais.jpg?w=614 
Campaña Sin maíz no hay país  

Boletín de prensa, 29 de noviembre de 2012
La sociedad mexicana impidió que Calderón le cumpliera a Monsanto
¡Este sexenio paramos la siembra comercial de maíz
transgénico en nuestro campo!
  • A pesar del cúmulo de ilegalidades que perpetró el gobierno de Calderón para servirle a Monsanto no logró cumplir su cometido.
  • Gracias a la defensa desde el campo y la ciudad, apoyados por científicos sin intereses corporativos, Calderón y su Gabinete Monsanto no otorgaron los permisos para siembra de maíz transgénico en fase comercial.
  • El próximo gobierno deberá suspender de inmediato los permisos otorgados de manera ilegal.
Felipe Calderón Hinojosa no logró sumar a sus fechorías el haber entregado nuestro maíz a Monsanto, una de las empresas transnacionales más cuestionadas en el mundo por sus productos y prácticas. Calderón y los Secretarios Monsanto cometieron todas las ilegalidades posibles para lograr el compromiso que hizo con el Presidente de Monsanto en Davos, en 2009, en una cita acordada por el ex empleado de esa corporación, Bruno Ferrari, de abrir nuestro país a la siembra comercial de maíz transgénico,
Claramente lo señaló el Secretario de Agricultura en una reunión celebrada en enero de 2012 con científicos y diversas organizaciones. “Tienen razón, los riesgos son muchos, sin embargo hay muchos intereses.” No cabe duda, es muy grande el interés de esta empresa transnacional por apropiarse de este patrimonio de la humanidad, que los antiguos pobladores de nuestras tierras mesoamericanas le brindaron al mundo de manera generosa y gratuita.
Para cumplirle a Monsanto, a lo largo del sexenio, los Secretarios desmontaron los pocos mecanismos de bioseguridad que se establecieron, gracias al empuje de las organizaciones sociales, en la tan criticada Ley Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM). El Reglamento de la Ley, se publicó en 2008 sin tomar en cuenta medidas de bioseguridad, violando la Constitución y varios tratados y convenios internacionales, estableció regulaciones que no contiene la Ley para conceder con agilidad los permisos para transgénicos. Después, en marzo de 2009, se publicó una reforma al Reglamento de la LBOGM para anular el Régimen de Protección Especial del Maíz. Para terminar, el pasado 2 de noviembre, se publicó el Acuerdo por el que se determinan los centros de origen y centros de diversidad genética del maíz. Con ello, lejos de cumplir con el objetivo de proteger el centro de origen y diversidad genética del maíz, más bien lo que se busca es determinar las zonas en las que se podrían sembrar transgénicos.
Juan Elvira, Secretario de Medio Ambiente, será recordado como el peor secretario de su ramo y quien desatendió las opiniones de los órganos de consulta que integran la secretaría a su cargo. Tanto el Instituto Nacional de Ecología (INE), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), como la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) (1) han rechazado las solicitudes realizadas por las empresas. A pesar de ello, este funcionario ha mostrado claramente que sirve a los intereses de Monsanto emitiendo el Dictamen vinculante favorable que le otorga la última palabra en la definición de los permisos, de acuerdo a la Ley.
El Secretario Monsanto no consideró la información generada por el Proyecto Global de Maíces Nativos, que realizó la Conabio. Este proyecto es la investigación más relevante realizada en maíz en nuestro país en los últimos 50 años, con un costo de más 15 millones de pesos; entre las novedades encontradas destaca que “la diversidad en las variedades criollas (nativas) de maíz de cultivo es superior a lo que se creía que existía originalmente, antes del estudio (en particular de los estados del norte de México…” (2).
Este gobierno será recordado por atentar contra nuestra cultura y alimentación ancestral, como ya lo expresó el magnifico escritor Eduardo Galeano: “En el año 2009, el gobierno de México autorizó las siembras, experimentales y limitadas, de maíz trangénico. Un clamor de protesta se alzó desde los campos. Nadie ignoraba que los vientos se ocuparían de propagar la invasión, hasta que el maíz transgénico se convirtiera en fatalidad del destino…” (3).
Monsanto ha sido beneficiada de la mayor parte de los permisos concedidos por el gobierno mexicano para sembrar transgénicos, casi el 70% de las solicitudes de liberación al ambiente de OGMs en México en el periodo de 1988 al 2012, han sido promovidas por Monsanto, con diferentes nombres (4). Al iniciar 2012 entregaron permisos para siembra piloto de maíz transgénico. Después, el 6 de junio otorgaron el primer permiso comercial para soya transgénica,   el cual está suspendido por la demanda de amparo interpuesta por los apicultores del sureste mexicano.
El gobierno de Calderón se va, reconociendo que el marco jurídico de bioseguridad es incompleto y admitiendo de manera tácita su ilegalidad.
Sin embargo sigue la alerta pues Monsanto, Pioneer y Dow AgroSciences, empresas transnacionales que se han adueñado de la alimentación mundial, han hecho solicitudes para sembrar comercialmente maíces transgénicos en Sinaloa y en Tamaulipas por más de dos millones de hectáreas. Estas solicitudes muestran la prepotencia de las empresas en su operación, pues por una parte la superficie solicitada es mucho mayor que las áreas de siembra de estos estados, con lo cual se prevé el intento de desregular la siembra de maíz transgénico en México; por otra parte, pareciera una afrenta al “pueblo de maíz” solicitar sembrar, y con ello contaminar, el principal estado productor de maíz blanco de México –Sinaloa- con maíz NK603. Este tipo de maíz es precisamente el que fue utilizado en Francia por el Dr. Gilles-Eric Séralini para evaluar la salud de ratas alimentadas con diferentes cantidades de maíz transgénico, un polémico estudio cuyos resultados demostraron muerte prematura y cáncer en las ratas (5).
El próximo gobierno deberá actuar de manera responsable y detener todo permiso de siembra transgénica en México para garantizar nuestro derecho a una alimentación sana consignado en el Artículo 4o. de nuestra Constitución y preservar nuestra condición única de centro de origen y diversidad genética del maíz.
Más información: Adelita San Vicente 044 5526537700 / Cati Marielle 044 5518340045 / Mercedes López 044 55 54 26 29 42/ Víctor Suárez 044 5537074042
Notas:
1) CONABIO. 2012. Documento base sobre solicitudes de liberación comercial de maíz genéticamente modificado en México.  http://www.biodiversidad.gob.mx/genes/pdf/ConsideracionesGralesMaizGMComercial_fin.pdf
2) Galeano E., 2012. Los hijos de los días. México. Siglo XXI editores. P.327
3) CONABIO. 2012. Reporte sobre Análisis de Riesgo a la Biodiversidad por la liberación al ambiente de Organismos Genéticamente Modificados (OGMs)
4) Acevedo, et al, 2011. ¿Es el maíz transgénico lo qué realmente México necesita? Revista Nature. Volumen 29, Number 1. Enero. Pp. 23 y 24.
5) Séralini, G.-E., et al. 2012. Long term toxicity of a Roundup herbicide and a Roundup-tolerant genetically modified maize. FoodChem. Toxicol. http://dx.doi.org/10.1016/j.fct.2012.08.005

Nahuas de Jalisco piden policía comunitaria en Manantlán

 Informador Redacción / HJ
 
La asamblea en Ayotitlán. Habrá una segunda reunión para analizar la idea de crear una policía comunitaria. ESPECIAL
    • Autoridades locales aceptan solicitar vigilancia militar en la zona
Reciben al alcalde de Cuautitlán, diputados locales, Derechos Humanos y académicos de la UdeG para denunciar tala ilegal y desapariciones
“Estamos sufriendo y viendo un tiempo difícil, crítico, la verdad, cómo le quiero decir, ¡lamentable!”. Tanto, que los nahuas de la comunidad de Ayotitlán (Cuautitlán de García de Barragán, Jalisco) piden la presencia urgente de militares que inhiban el saqueo de hierro y maderas preciosas y la posibilidad de crear su propia policía comunitaria. Es verdad que la región de la Sierra de Manantlán ha vivido tiempos muy violentos, cuenta don Gaudencio Mancilla, líder nahua del Consejo de Mayores, “pero no’ bíamos sufrido eso de que se llevaran a nuestra gente”.
Don Gaudencio se refiere a la reciente desaparición del activista Celedonio Monroy, el pasado 23 de agosto —quien días antes había tratado de frenar la tala ilegal de madera rosamorada—, y de su hermano Agustín Mancilla Partida, hace casi cinco meses, hechos que motivaron la visita de los diputados locales Clemente Castañeda y Jaime Díaz; del alcalde de Cuautitlán de García de Barragán, Pedro Sánchez; e integrantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco y de la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas (UACI) de la Universidad de Guadalajara.
A la reunión, que se realizó esta semana en la comunidad de Ayotitlán y con resguardo de policías estatales y municipales, asistió la esposa de Celedonio Monroy, Blanca Estela González.
“Anteriormente llegaron madereros, robándose madera y saqueando, preguntábamos que qué permiso tenían del ejido, porque aquí todo se autoriza en Asamblea (la máxima autoridad de la comunidad) y no había ninguna autorización. Por ahí se vino el problema, recibimos amenazas y nosotros también estábamos en la lista. Les pedimos que se busque a Celedonio, no decimos que por ‘ai’ venga el hilo, a lo mejor es política, a lo mejor otra cosa, pero queremos saber dónde está y quiénes y cuántos se lo llevaron”, arrancó Gaudencio con la primera exigencia, que aparecía en el orden del día —en una cartulina verde— como la más importante, seguida del juicio agrario, la amenaza de la minería y la tala ilegal, la Comisión Estatal Indígena y la legislación indígena.
Entonces habló Blanca Estela. A su casa entró gente encapuchada, “prepotente”, agarraron a su esposo, lo golpearon, “a mí me encañonaron”. Y se lo llevaron… Y ahí empezó el suplicio que miles de familias sufren en este país: el de buscar a sus desaparecidos.
Empezó por la policía municipal. Por la estatal. Con los militares. En el Semefo. En otro municipio. En otro estado. Y nada. Se pensaron hasta brigadas comunitarias para buscarlo, “porque las autoridades nos han negado todo el apoyo, no lo quieren buscar; les pido que lo traten como gente, él no es un animal…”.
La mujer, con un crucifijo de madera en el pecho, aclaró que no busca culpables, que ella sólo quiere encontrar a Celedonio, a quien conoció en Colima, donde él estudió Ciencias Políticas con la idea de regresar a su comunidad.
Luego se levantó Miguel Monroy, se recargó en la pared donde hay una foto de los que refundaron en los años noventa la figura del Consejo de Mayores, con don Zeferino a la cabeza (quien antes de fallecer dejó el encargo de resolver el problema agrario a don Gaudencio Mancilla), y leyó un poco de la historia de Celedonio. De ahí en adelante salieron testimonios de las camionetas “raras” por la zona, especialmente por la casa de donde se llevaron a don Celedonio, de “corretizas” que les han dado, de atentados al comisariado de Bienes Comunales, de la desconfianza en los policías municipales y de que “hay el rumor” de que por ahí hay autoridades que saben quién se llevó a don Celedonio Monroy…
Don Gaudencio luego habló de que de sus tierras se han llevado mineral hasta en burro (este diario publicó el 24 de noviembre el problema de minería ilegal en la región) y que últimamente ya le entró gente armada al saqueo de maderas preciosas (un problema que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ha detectado en Nayarit y Jalisco, pero que ha frenado gracias al decomiso de este producto en el puerto de Manzanillo, con destino a China).
Por todo el contexto de impunidad y de incremento del espiral de violencia, los nahuas creen que es urgente la presencia de militares y, por qué no, de crear una policía comunitaria, como la que existe en Guerrero desde los años noventa. Las autoridades municipales dijeron sí a la presencia militar y, al segundo punto, pidieron una reunión para analizarlo con detalle. Don Gaudencio coincidió: “Es un tema a analizar, porque no es así a lo loco”.
Los diputados acordaron regresar. El alcalde de Cuautitlán de García de Barragán, Pedro Sánchez, se comprometió a brindar apoyo a la familia de Celedonio.
Gaudencio, antes de terminar la reunión, insistió en que la policía comunitaria es urgente, “por que qué tal que luego ya no esté…”.
—No diga eso, no diga eso, Gaudencio—, dijo Blanca Estela, la esposa de Celedonio Monroy.
FRASE
Yo lo quise convencer de que se fuera a trabajar a Colima, allá le ofrecían trabajo, pero no, él siempre terco que quería regresar a la sierra para trabajar con su gente. ¿Y para qué? ¿Para que ahora me lo quiten? Por eso les pido: ayúdenme a buscarlo…
Blanca Estela González, esposa de Celedonio Monroy.

lunes, 26 de noviembre de 2012

Van 41 personas fallecidas por contaminación del Río Santiago


Víctor Chávez Ogazón/El Occidental
A poco más de cuatro años del fallecimiento del niño Miguel Ángel López Rocha, después de caer en las aguas contaminadas del río Santiago, el recuento de los habitantes de la zona en ese punto de El Salto es de mil 356 personas afectadas en su salud en la zona, 428 de ellas con insuficiencia renal, 129 con cáncer y 18 con leucemia, 364 de ellas ya dejaron de existir. Raúl Muñoz, activista y quien ha hecho fuertes denuncias, asegura que sólo en el 2012 han fallecido 41 personas.
“Y seguimos contando….”, como lo afirma. Le preocupa, dice, “que los gobernantes entrantes y los partidos políticos aún no dan muestras de entender que la lucha por el derecho al agua es defender el derecho a la vida de todos”, señaló.

Luego denuncia: “Entendemos que los partidos políticos son franquicias que se manejan como si fueran negocios, donde las prerrogativas se quedan en manos del grupo en el poder, y en muy pocas ocasiones han acompañado la defensa del derecho al agua”, destacó.
Sin embargo, no encuentra respuesta sobre el por qué se han olvidado de El Salto. “Seguimos empeorando por la contaminación de nuestras aguas, todos los días tenemos que respirar un aire fétido, los gases que despide el tiradero de basura en los “laureles”, se suman con el desagradable y muy peligroso aroma a ácido sulfhídrico que despide el río Santiago y la presa del Ahogado”, denunció.
Recuerda cómo comenzó esto y lo que se ha hecho hasta ahora, aún no lo suficiente: “Estamos a pocos meses de que se cumplan cinco años de la muerte del niño Miguel Ángel López Rocha, y nada ha cambiado, se construyó una planta de tratamiento de aguas en la presa del Ahogado, a cinco kilómetros del río Santiago, en una zona donde no nos beneficia a los habitantes de El Salto y Juanacatlán. La terquedad casi criminal de los funcionarios públicos de la Semades, CEA y Conagua, nos demuestra una vez más que la simulación es el distintivo de esta clase política”, enfatizó.
EL RECUENTO DE LOS DAÑOS
Raúl Muñoz comentó que desde aquel 13 de febrero del 2008, día en que murió Miguel Ángel, se han dado a la tarea de contar… de contar los muertos.
“Hemos documentado mil 356 personas afectadas en su salud por tener que convivir con la contaminación de las aguas. Hasta el día de hoy han fallecido 364 personas por esas afectaciones, aún tenemos 428 con insuficiencia renal, algunas en fase terminal, 129 sufren de cáncer de varios tipos, 18 con leucemia. Y contando…”.
Refirió que casi se cumplen cinco años de impunidad: “De mentiras, de omisiones criminales, de cobardía. Cinco años de estar sufriendo la muerte de nuestro pueblo. ¡Cinco años de estar reclamando justicia! Esperamos que aquellos que nos ven y nos escuchan, entiendan nuestro reclamo. Si cada municipio tratara sus aguas sucias, nosotros y todos tendríamos un río limpio y hermoso.

jueves, 22 de noviembre de 2012

El gobierno estatal violenta el derecho de comuneros: INAH

• La Constitución les ampara para decidir sobre sus tierras, sotiene el investigador Rafael Sandoval
 
Reynoso Esparza recibió a comuneros y habitantes de Mezcala. Foto Héctor Jesús Hernández
Alejandro Velazco/La Jornada Jalisco.- Un grupo de comuneros de Mezcala acudió a Palacio de Gobierno a entregar una carta al titular del Ejecutivo estatal, Emilio González Márquez, para mostrar su inconformidad por la organización de las festividades tradicionales del pueblo, incluyendo algunas actividades que no se llevaban a cabo –como un evento con yates–, lo cual consideran una intromisión, esto sin tomar en cuenta al Consejo de Comuneros, que es la máxima ley en dicho territorio.
Los comuneros también lamentan las intenciones de colocar una caseta de cobro para ingresar a la Isla del Presidio y piden una explicación a González Márquez al respecto. Las misiva fue recibida por Mario Reynoso Esparza, funcionario de Asuntos del Interior y llevada a la Secretaría Privada del gobernador, posteriormente también fue entregada a la Secretaría de Cultura de la entidad, cuyo titular, Alejandro Cravioto, habría afirmado la instalación de la citada caseta, a decir de los comuneros.
Reynoso Esparza, quien parecía desconocer la historia de lucha que ha tenido el pueblo coca de Mezcala, ofreció una reunión para el próximo miércoles a las 11 horas, siempre y cuando, les dijo, tengan la disposición de trabajar en conjunto y “no sólo ver los problemas”.
A decir de Rafael Sandoval, investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), con estos eventos el gobierno estatal está violentando el derecho de los comuneros a decidir sobre sus tierras, garantía que les brinda el artículo 27 constitucional en lo que respecta a la Ley Agraria, que señala que todo territorio comunal regido por la Asamblea de Comuneros no puede tener intromisión por parte del gobierno.
“Es una violación a su situación de pueblo autónomo que tiene un gobierno tradicional y que está garantizado por la ley”, explicó.
Además, la intervención al patrimonio histórico de la Isla provocaría afectaciones, señaló, por lo que se debió consultar con los comuneros.
Un dictamen que elaboraron los peritos del INAH Cuaúhtemoc de Regil y Martha Leticia Ulloa desde el 2006, indica que no se pueden hacer alteraciones a la estructura patrimonial que existe en Mezcala, cosa que no se estaba cumpliendo con los trabajos de restauración que se realizaban en esas fechas.
Otro elemento que están violentando los gobiernos estatal y del municipio de Poncitlán es que la Asamblea de Comuneros decidió que la Isla de Mezcala estaría libre para que pudiera ser conocida y visitada por cualquier persona, ellos establecieron que no habría ningún tipo de cobro por conocer los monumentos históricos que alberga.
“La Isla de Mezcala está considerada como tierra comunal en dos documentos: en el documento que les expidió el gobierno federal en 1982 que es en donde se ratifica que es territorio comunal, y el otro documento importante es el título primordial, documento en el que la Corona Española les reconoce que es su tierra”, recordó Sandoval, situación que la Secretaría de Cultura no está considerando.

La intensificación del despojo en Jalisco y México. A 20 años de la reforma al artículo 27 constitucional

Foro: La intensificación del despojo en Jalisco y México. A 20 años de la reforma al artículo 27 constitucional


17 noviembre, 2012
Guadalajara, México
Resumen de algunos casos recientes en Jalisco

El despojo en doce pueblos de la barranca del río Santiago
Milpillas, San Lorenzo, Huaxtla, La Soledad, Ixcatán, Paso de Guadalupe, San José, Los Camachos, Ex hacienda del Lazo, San Isidro, San Esteban-Tateposco y Copala son algunos de los pueblos en la barranca del río Santiago que están luchando por evitar el despojo al que están siendo sometidos por parte del gobierno. Desde hace una década el gobierno y los empresarios decidieron ubicar varios basureros (tanto municipales como privados) en esa zona, con lo que “condenaron a muerte” a los ríos y sus alrededores, llenándolos de contaminantes y provocando la muerte de la flora y fauna autóctonas. También construyeron granjas de cerdos que generan una gran cantidad de materiales tóxicos que van a parar a los ríos, por lo que estos pueblos carecen ya de agua limpia para su consumo o el de sus animales. A pesar de los numerosos plantones, bloqueos y denuncias, el gobierno no hace nada por poner remedio a esta situación, por lo que los pueblos antes mencionados se unieron para luchar juntos contra los abusos de poder y amenazas que sufren sus pobladores.

La defensa del bosque El Nixticuil contra el despojo
El Nixticuil es uno de los dos últimos bosques originarios que quedan en Guadalajara; se extiende por más de 1,800 hectáreas de los cerros del Nixticuil y la Sierra de San Esteban y es un espacio natural que provee de agua a varias comunidades. La conquista de territorios como el Nixticuil se ha convertido en objetivo del capital; espacios como estos nos están siendo despojados y usados como nuevos medios de acumulación, para luego ser presentados como nuevas mercancías por los grandes corporativos inmobiliarios, que las hacen parecer como meros recursos y elementos decorativos de los espacios urbanos mercantilizados. En el 2005, como respuesta a un intento de construir sobre una parte del bosque, nació el Comité Salvabosque, un colectivo de varias familias que desde la cotidianeidad y de forma horizontal emprenden diferentes acciones para defenderlo de forma comunitaria. Desde entonces han realizado iniciativas de acción directa y de autodefensa, como el cuidado y restauración del propio bosque, mediante la agroecología, las reforestaciones y combatiendo incendios forestales para detener la urbanización. La difusión y denuncia de la situación mediante la creación de algunos medios autónomos muy sencillos de información y comunicación también es parte muy importante de esta lucha. Gracias a estas movilizaciones han logrado detener algunos proyectos del capital inmobiliario que han asediado al bosque a través del despojo “legal” que los poderosos hacen a través de las legislaciones ambientales del Estado, aunque todavía quedan muchos que siguen amenazando al bosque y a sus habitantes.

Resistencia del pueblo de Santa Cruz de las Flores, Tlajomulco de Zúñiga
El municipio de Tlajomulco ha pasado a ser una de las orillas de la ciudad de Guadalajara, bajo el dominio del mercado inmobiliario especulativo global/local; es uno de los municipios que ha registrado un mayor índice de crecimiento en pocos años, al margen de un esquema de ordenamiento y de formación de un tejido urbano. Pese a tener este municipio desde el año 2009 un Plan de Ordenamiento Ecológico y Territorial, se observa la omisión de medidas de protección del ambiente y de los recursos naturales de este entorno metropolitano. Los cambios en los usos del suelo, como en el caso del pueblo de Santa Cruz de las Flores, se han llevado a cabo, generalmente, a espaldas de las personas. Desde la década de los ochenta estos cambios han ido evolucionando, desde la explotación de bancos de material geológico, pasando por la instalación de empresas manufactureras y corredores industriales en los noventa y 2000 hasta la explosión inmobiliaria de crecimiento exponencial en el periodo del 2001 y 2006. Por este motivo, algunos de los pobladores decidieron ocupar sus parcelas con la siembra de maíz y regresar al conocimiento ancestral, y comenzar desde el principio, lo que ahora llaman producción agroecológica. La alternativa de la agroecología cobra sentido en el retorno a la antigua relación de nuestros antiguos con la naturaleza basada en el respeto de los ciclos de regeneración de los recursos naturales. 

Despojo y devastación ambiental en la zona metropolitana de Guadalajara
Cuando se habla de despojo y destrucción de bienes o recursos naturales se suele pensar que es algo propio de las zonas rurales. Sin embargo, dada la situación de las ciudades, se puede afirmar que es justamente en las ciudades en donde el despojo y la destrucción de los bienes naturales han tenido y tienen su mayor expresión. En Guadalajara el despojo ha sido permanente. La intervención del capital ha terminado por convertirla en otro paradigma de la sociedad del consumo depredador, víctima del “desarrollo”, la “civilización” y la “modernización”. La Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) está integrada por ocho municipios: Guadalajara, Tlaquepaque, Zapopan, Tonalá, El Salto, Juanacatlán, Tlajomulco de Zúñiga e Ixtlahuacán de los Membrillos y juntos hacen una extensión territorial de 2,733 kilómetros cuadrados y una densidad promedio de 1498.1 habitantes por km2. El crecimiento urbano e industrial de la ZMG se ha hecho sobre tierra ejidal, comunal o privada, pero altamente productiva de semillas y granos para alimento humano, y todo para construir casas habitación de mala calidad y grandes torres con departamentos y pisos de super lujo. Estos procesos han traído como consecuencia que en esta área metropolitana se registren serios problemas ambientales que resultan en una intensa modificación y destrucción de los ecosistemas regionales locales, deforestación y pérdida de áreas verdes, así como la contaminación del aire y del agua. 

Mezcala, en defensa de la tierra, la historia y la cultura
La estratégica ubicación del pueblo de Mezcala lo hace un lugar atractivo para los empresarios y su afán por la construcción de complejos turísticos. Sin embargo, sus habitantes, acostumbrados a la tierra comunal y a la lucha, no pretenden vender sus territorios ni permitir la invasión. En la actualidad ya están en lucha contra un “invasor” que se hizo con dos hectáreas sin que lo avale ningún documento de la comunidad que le dé derecho a ocupar esas tierras. También se enfrentan al despojo cultural e histórico que pretende el INAH, que quiere modificar la historia de la isla de Mezcala, ejemplo de resistencia del pueblo coca contra la invasión española. Ya hubo un intento de privatización, que la población logró detener. Para que toda su lucha tenga efecto, han ido por la vía legal, aunque saben que su fortaleza radica en su organización y en la conservación de su cultura y costumbres.

Los aguacateros y negocios de invernaderos en Tuxpan y el sur
El cultivo de aguacate en la comunidad de Tuxpan y el sur de Jalisco daña la tierra con pesticidas, escasea el agua de los mantos freáticos, infertiliza las tierras, enferma a los trabajadores por el uso de pesticidas y se cambia la siembra de maíz por el aguacate. Es esta agroindustria la que trajeron el Grupo Aguacatero Las Tarascas y el Grupo Aguacatero Los Volcanes, grupos que para lograr cultivar el aguacate obligan con amenazas y presión para que los ejidatarios renten sus tierras hasta por 25 años. En caso de que los ejidatarios se nieguen a rentar sus tierras se ven invadidos por los grupos aguacateros. El bajo precio del maíz, el alto costo de los fertilizantes y la falta de asesoría técnica para evitar las grandes plagas, también representan causas importantes por las que los ejidatarios se ven obligados a rentar sus tierras a los aguacateros. Entonces, los ejidatarios se ven amenazados, o en efecto terminan por ser contratados para trabajar sus propias tierras a 120 pesos diarios, exponiéndose a enfermedades por el uso intensivo de pesticidas. Paradise Services SA de CV; Driscolls Services SA de CV, Naturipe Farms Services entre otros productores de invernadero son otra amenaza para la comunidad de Tuxpan y los pueblos del sur de Jalisco. Son estas empresas las que bombardean las nubes para regular la lluvia, contaminan la tierra con pesticidas. Un muchacho del Santiago, municipio de Tecaltitlán murió de cáncer, llevaba diez años trabajando como fumigador. Las condiciones laborales que defienden estas empresas van desde las enfermedades por exposición prolongada a pesticidas, bajos salarios y horas extra mal pagadas hasta el hostigamiento laboral al que se resiste a trabajar horas extras y que la empresa decida cuándo se come y cuando no, sin existir un horario fijo. 

El Salto: las empresas despojaron del río a los pueblos
Los señores feudales muertos reencarnaron en nuestros pueblos como hacendados aplastadores, como industriales despojadores de los medios de subsistencia.”
Un Salto de Vida
Los pueblos tienen su propia historia, como es el caso de El Salto, asentado en las márgenes del Santiago. Río, que con paciencia milenaria trazó su cauce, creó paisajes de inigualable belleza, se desarrollaron en su lecho, especies endémicas que algunos tuvieron la extraordinaria suerte de conocer. El Río, fue camino, casa, alimento, diversión, patria, frontera, y asombro. En 1853, terratenientes construyen la presa Corona de donde surge el tajo de Atequiza, luego sería el canal que ahora conocemos y abastece de agua a la ciudad de Guadalajara. Cuando llegó la presa y los tajos de Zapotlanejo y Atequiza, le comenzaron a faltar cosas al río, se fue vaciando. De 1866 a 1896, en el Río Santiago particularmente en El Salto de Juanacatlán se dio uno de lo más importantes períodos de colonización industrial que culminaría con la instalación de la textilera “Compañía Industrial Manufacturera” en 1896. Sesenta y ocho años pasaron desde entonces hasta que Cianamyd se instaló en Atequiza produciendo suturas, cianuros, antibióticos. La llegada de Cianamyd marca el inicio de un segundo período que va desde 1958 hasta la década de los 70′s cuando nace el Parque Industrial Guadalajara, con cientos de industrias como Euzkadi, IBM, Holland Chemical, acereras y otros. El Río Santiago se convierte en un afluente BLA para ser contaminado y devastado por las empresas chicas y grandes que se llegaron a instalar, a tal grado que, en la década de los 90′s se instalaron alrededor de 400 empresas. Hoy en día, muchas de estas empresas han desaparecido, otras se han mudado y otras cambiaron su razón social pero todas ellas han dejado y dejan ahora un río muerto para los pueblos. 

La guerra por despojo en la costa
En la costa de Jalisco hay cinco municipios: Puerto Vallarta, Cabo Corrientes, Tomatlán, La Huerta y Cihuatlán. En todos ellos existen actualmente conflictos por la posesión de la tierra, debido a que los negocios capitalistas pretenden quedarse con las mejores playas y terrenos del lugar, y no dudan en emplear a las fuerzas del Estado para reprimir y criminalizar a sus habitantes. Muchas veces, estos procesos de despojo son impulsados incluso por el propio gobierno, sea local, municipal, estatal, etc., a quienes interesa promover los proyectos de infraestructura que ellos mismos impulsan. En la mayoría de los casos, utilizan la fuerza represiva para desalojar sin motivo a los habitantes de las localidades costeras, muy común últimamente por todo el país, pero cada vez más frecuente en los casos de despojos de tierras. Este proceso de despojo que se está llevando a cabo en la costa jalisciense ha provocado que el 82 por ciento de sus playas estén privatizadas. El caso de la Huerta es de los más graves, pues de 36 playas que tiene el municipio, únicamente tres están abiertas al público. El proceso de despojo en la costa de Jalisco, intensificado en los últimos quince años ha ido acompañado de presión y hostigamiento en contra de los habitantes de las playas y territorios codiciados por los empresarios turísticos, inmobiliarios, mineros o de la delincuencia organizada. Detrás de cada playa o territorio despojada, hay casos de demandas legales, encarcelamientos, que llegan incluso al destierro, la desaparición (como el caso de los compañeros de Cruz de Loreto José de Jesús Romero Quintero, Jorge Ruiz López y Rafael Espinosa Díaz, desaparecidos el 24 de marzo de 2011) y el asesinato (como en el caso de Aureliano Sánchez Ruiz, líder de las cooperativas pesqueras de la Costa Sur de Jalisco, el 13 de julio de 2011). 

El despojo en la comunidad indígena nahua de Ayotitlán.
Y sabíamos lo que dicen, que todo eso puede ser ilegal, pero como la gente requiere y siempre han dicho que el Consejo (de Mayores) es el que no quiere el desarrollo. Y yo les digo a la gente: yo no veo que es desarrollo. Para mí acabar con la naturaleza, acabar con la tierra, acabar con el bosque, acabar con el agua… yo no veo desarrollo, yo eso veo un despojo.”
 
Trabajadores del INAH: “No hay historia sin sujeto, ni cultura sin sujeto”.
La cultura y la historia se hacen desde la cotidianidad y la comunidad. Así, la defensa del territorio y la cultura no es más que una forma de hacer historia hoy [...]
Así, entendemos que la defensa de estos bienes nacionales implica, en la situación actual, la lucha contra el despojo del territorio y la cultura, pues no se pueden entender separadas, a menos que desconozcamos a los sujetos que las producen y a los que las han resguardado durante siglos.” El despojo generalizado y la privatización del patrimonio han llevado al gobierno federal a buscar maniatar a los investigadores del INAH y así, contrarrestar el cumplimiento de las funciones que marca la Ley Orgánica del INAH; cuidar que no se destruyan los bienes nacionales. La resistencia que los trabajadores están dando en el INAH Jalisco es detener e inhibir las políticas estatales de privatización del patrimonio histórico, es al mismo tiempo, inhibir y desarticular las condiciones de flexibilización laboral y despojo de su trabajo que se han impuesto en los últimos años. La materia del trabajo en el INAH implica la realidad que producen los sujetos en sus formas patrimoniales e históricas. Es así que los trabajadores del instituto tienen la necesidad de una conciencia histórica y política sobre el sujeto creador de cultura, el producto de su trabajo no son artefactos cosificados. “No hay historia sin sujeto, ni cultura sin sujeto” (Sandoval, 2012). Por otro lado, el despojo del territorio no solo implica a las zonas rurales pues las urbes también se encuentran dentro de este panorama. Las prioridades de quienes ejecutan la guerra del despojo, están decididas por los intereses trasnacionales que golpean a los pequeños y medianos comerciantes, al centro histórico y otros, con la construcción de grandes plazas comerciales y otras edificaciones (fraccionamientos, centros comerciales, infraestructura, industrias, etc.) que deforman a la ciudad, afectando la calidad de vida de los habitantes. 

Temacapulín defiende su territorio contra la presa El Zapotillo
Las comunidades de Temacapulín, Palmarejo y Acasico se localizan en la región denominada los Altos de Jalisco, a 132 kilómetros al noreste de Guadalajara. En estas tres comunidades viven alrededor de 1,500 personas que son afectados directos, y cerca de 15,000 afectados indirectos de los pueblos que habitan aguas abajo. Además de los más de 3,500 migrantes o hijos ausentes, que actualmente residen en grandes ciudades de Estados Unidos y México, pero cuyo domicilio permanente es en esos poblados a donde regresan con mucha frecuencia, envían divisas y recursos y tienen la voluntad de regresar. El Proyecto Presa El Zapotillo es impulsado por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y los gobiernos de los estados de Jalisco y Guanajuato, para abastecer de agua potable a la ciudad de León, en Guanajuato, la ciudad de Guadalajara y la región de los Altos en el estado de Jalisco. La presa comenzó a construirse, de manera ilegal, en 2009 por la empresa española FCC Construcción, La Peninsular Constructora y Grupo Hermes. Los habitantes de la zona; campesinos y pescadores, dependen de la agricultura, la pesca y la ganadería a pequeña escala, el comercio local y de las remesas que son enviadas por los hijos ausentes. El río Verde es un afluente que todo el año tiene agua y donde los pobladores solían pescar, pero ahora con el río contaminado, la pesca ha disminuido, sin embargo, el río sigue siendo parte de la vida de los pequeños propietarios y pobladores de estas tierras, quienes también usan el río para riego, para consumo humano y para la cría de animales. Si la presa El Zapotillo sigue adelante, cientos de personas perderán sus hogares, su sustento, su historia, su tranquilidad y sus vidas. Se inundarían los pueblos de Temacapulín, Acasico y Palmarejo y las tierras que los campesinos necesitan para sobrevivir, comunidades que han habitado durante siglos por lo que guardan un profundo vínculo espiritual con ellas. La obra, impulsada por la Comisión Nacional del Agua, ha sido concesionada a empresas mexicanas y trasnacionales, violando leyes y derechos fundamentales como son el derecho a la vivienda, a la alimentación, al desarrollo, al medio ambiente sano, a la seguridad jurídica, a la propiedad, sin que se haya consultado e informado debidamente a los afectados. La lucha ha emprendido diversas acciones jurídicas, desde juicios de amparo, denuncias penales, quejas, controversias constitucionales, periciales, etc. Sin embargo los gobiernos estatales y nacionales han hecho caso omiso, incluso a las recomendaciones internacionales. 

Juanacatlán, destrucción del bosque e invasión del Macrolibramiento
En Juanacatlán la propiedad de la tierra es principalmente ejidal y los caciques agrarios han controlado política y económicamente al municipio. En mayo de 1988, Aurelio Franco Torres como presidente del Ejido Juanacatlán y candidato a presidente municipal por el PRI, inició la destrucción del bosque El Papantón al fraccionar y repartir las aéreas comunales del ejido. Provocó el incendio más devastador de la zona que tenemos noticia y desató la fiebre del cultivo del agave y la compra-venta de terrenos ejidales; iniciándose la desaparición de los robles, especies de fauna silvestre, el acaparamiento y concentración de la tierra en unas cuantas personas. La urbanización suicida de la zona metropolitana de Guadalajara traspasó el Rio Santiago, en la última década el pulpo inmobiliario tocó el territorio de Juanacatlán, sus tentáculos ya están presentes en algunos fraccionamientos y amenazan con ocupar todo su territorio, cambiando los cultivos de maíz y trigo por casas infrahumanas. Con el Macrolibramiento de Guadalajara que actualmente se está construyendo, nuevamente le parten la M… a Juanacatlán. Engañan a los ejidatarios con la falsa idea del progreso, les pagan sus parcelas a precios miserables; a cambio dan facilidades a empresas transnacionales para transportar y comercializar sus productos, sin importarles que la autopista de cuota, aísle y devalúe parte importante de los ejidos. 

Apuntes para una radiografía sobre el despojo en Amacueca
A partir de la última orden de repartición de tierra a campesinos en México, iniciada en 1992 bajo la presidencia de Carlos Salinas de Gortari; muchos grupos organizados recibieron tierra a lo largo del país, y a través de la personalidad jurídica de la Unión Campesina Democrática (UCD). Uno de tantos grupos atendidos por la UCD para la repartición en el estado de Jalisco, fue el Grupo Campesino de Chiquilistlán, quien recibiera en 1997, la sesión del predio “La Loma” o “Lomas del Batán” en Amacueca, Jalisco; después que los ejidatarios del mismo lugar rechazaran este predio por considerarlo de baja calidad pues es tierra montosa. En el proceso de entrega y regularización del predio a los campesinos de Chiquilistlán, quien facilitaría la escrituración y había sido testigo de la entrega del predio, sería el representante legal de Demetrio y María Torres quien en ese momento eran propietarios del predio: Jorge Vera Luna. Transcurridos 5 años y ante el desconocimiento de los campesinos del proceso jurídico, la confianza depositada en el abogado y la posesión física de ellos en la tierra, su trabajo al sembrarla, cosecharla, criar ganado, construir pequeñas casas y la formación de algunas familias; Jorge Vera luna, se presenta ante los campesinos con una escritura de propiedad a su nombre y al de sus esposa Leonor, comenzando así el intento de despojo a los/as campesinos de la tierra que somos legítimos dueños. Así luchamos primero, como Grupo Campesino de Chiquilistlán y ahora como la Unión Campesina Zapatista del Sur (UCaZS)

Pueblo wixárika, historia de resistencia frente al despojo
Las comunidades wixárika, por su parte, han padecido la intensificación del despojo de sus tierras de parte de pequeños propietarios, ganaderos, taladores ilegales e incluso de proyectos del propio gobierno como son proyectos de electrificación, carreteros o turísticos ordenados por los gobiernos, sin el consentimiento de las comunidades wixárika. Una comisión de dirigentes wixaritaris se reunieron en 1994 con el gobernador Carlos Rivera Aceves para que resolviera la invasión de más de 30 mil hectáreas en sus territorios por parte de ganaderos y madereros de Nayarit y Colima. Le dieron de plazo un año para que resolviera sus problemas, o de otro modo se levantarían en armas: 18 años después los wixaritaris siguen esperando la respuesta. En cambio, lo que sí ha llegado son presiones y más despojos. Por esa razón indígenas huicholes y tepehuanos de Durango anunciaron alianzas para defender sus tierras en marzo de 2003; y en junio del mismo años llevaron a cabo un plantón en la sierra en defensa de su madera. En 2010 la comunidad wixárika de Tuapurie denunció ante el representante en México de la Alta Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Javier Hernández Valencia, que en 2008 padecieron la “imposición del ilegal tramo carretero Amatitán-Bolaños-Huejuquilla, con un largo expediente de actos delictivos perpetuados por instancias de gobierno, donde el acoso, persecución, presiones, falsificaciones de una presunta acta de asamblea en la que la comunidad daba su anuencia y una represión diversificada, ha sido la constante del conflicto. Además de la destrucción del lugar sagrado conocido como Paso del Oso, que quedó sepultado bajo toneladas de tierra”. Wixaritari de Santa Catarina y San Andrés Cohamiata denunciaron que el 15 de abril de 2010, policías de Huejuquilla dispararon sobre siete indígenas que viajaban e hirieron a dos personas. En respuesta a esta agresión, alrededor de 250 indígenas huicholes de la sierra norte de Jalisco tomaron la presidencia municipal de Huejuquilla el Alto. El agravio más reciente en contra de la comunidad wixárika por la apertura de una mina en Wirikuta, en Real de Catorce, San Luis Potosí, que es uno de los cinco sitios sagrados para este pueblo originario. El gobierno federal de Felipe Calderón Hinojosa otorgó 22 concesiones sobre 6,326 hectáreas del territorio sagrado, abriéndole paso a una mina de plata de la multinacional canadiense First Majestic Silver Corp. Pero la amenaza sobre este sitio sagrado continúa.
Pueblos de Jalisco en contra del Despojo / Noviembre de 2012

¡Apoyemos a la comunidad de Mezcala – NO a los festejos del Bicentenario de la lucha de la Isla de Mezcala con la exclusión de los comuneros.

ACCIÓN URGENTE – ¡Apoyemos a la comunidad de Mezcala – NO a los festejos del Bicentenario de la lucha de la Isla de Mezcala con la exclusión de los comuneros.


 
Noviembre 22, 2012
El territorio de Mezcala, incluida la isla, -ubicado en la Ciénaga de Chapala del Municipio de Poncitlán, Jalisco- está bajo el régimen comunal desde 1971, por resolución presidencial. La máxima autoridad es la Asamblea General de Comuneros, misma que está compuesta por 406 personas. Como pueblo originario, según los convenios internacionales vigentes en México, la opinión de esa comunidad es indispensable para cualquier cosa que intenten dentro de su territorio las autoridades federales, estatales o municipales, en el entendido que el despojo no puede ser sujeto a consulta alguna, porque los derechos existen para ser respetados.
     Pues bien, ahora que celebrarían el bicentenario del inicio de la lucha en su isla de Mezcala, la Asamblea se encuentra con que, sin haber sido consultada, sufre la imposición de unos festejos organizados por la Secretaría de Cultura y el Municipio de Poncitlán y la construcción, sin su consentimiento, de una “caseta de cobro y unos baños” en el embarcadero poniente de la isla; los comuneros se oponen a cualquier cobro, porque ellos son los dueños legítimos de ese territorio. Estos actos se suman a la agresión que la comunidad ha sufrido desde hace un tiempo de parte de un invasor que con apoyo de poderosos les tiene tomada por la fuerza una porción.
      Les han querido despojar de su isla. También les han querido despojar de su historia de resistencia, que ellos mantienen hoy en día, y encima: los despojan de su celebración. Con los festejos estatales el gobierno no sólo no ha entendido la lucha que pretende conmemorar sino que hace un nuevo agravio a esa Asamblea, a la gente de Mezcala. El colmo de la estulticia es organizar, entre otras cosas, una regata que no fue llamada, siquiera para tapar el ojo al macho, “insurgentes” sino descaradamente: gobernador, para que se sepa a quién quieren honrar al recordar una lucha popular, honesta y franca contra los poderes de entonces. Estos festejos impuestos son escandalosos, atentan contra la identidad de la población de Mezcala, contra su historia y su dignidad, estamos en presencia de los últimos pasos para consumar un despojo que desdice todos los discursos democráticos, todo el desarrollo que gobierno de Jalisco pregona. No vemos otra salida sino que el gobierno se desista de realizar, tanto los festejos como cualquier edificación.
ATENTAMENTE
Jorge Alonso, Jaime Preciado Coronado, Enrique Valencia, Miguel Bazdresch, José Bautista, Ivabelle Arroyo, Joaquín Osorio, Augusto Chacón
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Invitamos a la comunidad a unirse a un envío masivo de cartas dirigidas al Arq. Jesús Alejandro Cravioto Lebrija, Secretario de Cultura del Gobierno del Jalisco ( alejandro.cravioto@jalisco.gob.mx ), al LCP. Víctor Carrillo Muñoz, Presidente Municipal de Poncitlán, Jalisco (vcarrillocavi@yahoo.com.mx y  poncitlan@jalisco.gob.mx), así como a Lic. Emilio González Marquez, Gobernador del Estado de Jalisco ( emilio.gonzalez@jalisco.gob.mx)
Les dejamos aquí un machote, listo para firmarse.
Guadalajara, Jal. A 22 de Noviembre de 2012.
LCP. Víctor Carrillo Muñoz
Presidente Municipal de Poncitlán, Jalisco.
Presente.
Por este conducto queremos manifestarle nuestro rechazo a la realización de los festejos del Bicentenario de la lucha de la Isla de Mezcala con la exclusión de los comuneros de esta histórica localidad. El programa del festejo realizado por las autoridades del Ayuntamiento de Poncitlán y la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado, (entre las actividades se contempla La Regata “Copa Gobernador”) sin consultar a los comuneros, es una afrenta a la identidad del pueblo heroico de Mezcala.
Estos festejos impuestos son escandalosos,  atentan contra la identidad de la población de Mezcala, contra su historia y su dignidad;, estamos en presencia de los últimos pasos para consumar un despojo que desdice todos los discursos democráticos, que todo gobierno debe honrar. No vemos otra salida sino que su municipio se desista de realizar los festejos de este Bicentenario y respete la autonomía de los comuneros de Mezcala.
A t e n t a m e n t e

lunes, 12 de noviembre de 2012

Exigen a la mina Peña Colorada responda por ecocidio que causó


LA MINA es de hierro y desecha material ferroginoso tóxico.
Elsa Arenas/El occidental
El pasado 23 de septiembre la lluvia torrencial que se registró al sur del estado de Jalisco en sus límites con Colima propició el colapso de tres cortinas de contención de material de desecho de la mina Peña Colorada -la segunda más grande del país- ocasionando una “tragedia ecológica” dos tómbolas (aludes) de lodos contaminantes cayeron sobre cultivos, poblados, arbolado y ojos de agua de varios poblados nahuas, afectando a decenas de familias indígenas, quienes que desde hace 98 años están en conflicto por sus tierras usurpadas por caciques en la cuenca del río Marabasco.
El presidente de la Red Jaliscienses de Derechos Humanos AC, Óscar González Garín, ha presentado denuncias sobre el hecho al gobernador Emilio González Márquez, la Comisión Nacional del Agua, la Comisión Indígena, la Profepa, Semarnat, la Unidad Estatal de Protección Civil, CEDHJ “y hasta ahorita repito, no ha habido respuesta” lo que denota el grave desinterés ambiental de las autoridades sobre este ecocidio.
La tragedia no se ha hecho pública, a pesar de que tres poblados están amenazados con desaparecer y de las afectaciones ambientales graves que sufrió territorio jalisciense; y es que la mina es de hierro desecha material ferroginoso tóxico, todo lo que toca lo contamina, y el derrumbe de toneladas de lodo, tierra, árboles cayeron al río Marabasco del lado de Jalisco.
González Garín declaró que los afectados han sido 18 familias del poblado El Mameyito, ya que se contaminó el manantial de agua termal de donde se surtían de agua; 350 familias del poblado Las Maderas que perdieron sus brechas de pastoreo y quedaron semi incomunicados; una familia en Los Potros, tres casas en La Coconal aplastadas; cinco familias que perdieron todo en Las Parotas por lo que fueron reubicados sin ninguna pertenencia, aunque la mina pagó 350 mil pesos a don David Ramos de la Cruz, el señor más grande de edad y ejidatario de Ayotitlán, sin embargo en el documento estipulan que el señor se desiste de cualquier reclamación de daños, perjuicios, acción civil, penal, ambiental por los daños ocasionados por el siniestro y se compromete a irse de ese lugar que habitaba, “el señor no supo lo que firmó”, lamentó Óscar González.
“Recibió el cheque por salir del apuro, pero ¿40 años de vida laboral invertidos en tierras y cultivos valen realmente 350 mil pesos? ¿fue consultado en sus derechos? Nadie de los pobladores fue consultado, simplemente llegó la mina e hizo sus tiraderos mal hechos”, dijo el representante de los derechos humanos; por lo que no descarta la intención “criminal” de provocar que los tiraderos se cayeran para que la gente se fuera y sólo indemnizar a uno o dos, aseguró.
Y es que desde que la mina construyó sus represas de desechos, los indígenas pobladores vieron el riesgo que significaba y días antes de la tragedia se trasladaron río abajo.
Para Óscar González, Peña Colorada prefabricó el accidente para no indemnizar y desplazar a la gente a la fuerza; pues ahora la mina se ha posicionado de los terrenos afectados (801 hectáreas) con unos convenios firmados en julio y agosto con el ejido de Ayotitlán, donde el comisariado ejidal a través de una comisión negociadora establecieron acuerdo con representantes de Peña Colorada para acrecentar sus tiraderos del lado de Jalisco, pese a que la mina siempre ha dicho que está asentada en Colima.
Cabe recordar que la Red Jalisciense de Derechos Humanos AC trabaja en apoyo de 14 poblados nahuas en los límites con Colima, pertenecientes al ejido Ayotitlán y al ejido Plan de Méndez, al margen norte del río Marabasco; por lo que son conocedores de la problemática en la región.

Agroecología, por el rescate de la dignidad

Por Paloma Robles, Reporte Indigo   - Lunes 12 de noviembre de 2012 “Hubo consenso y se decidió que viniera el maíz morado, el maíz amarillo, el maíz rojo y el maíz blanco, y de esto se hicieron nuestros huesos, nuestra sangre, nuestra carne”, dice el Popol Vuh.  El campo mexicano se encuentra en una vorágine difícil de superar.
El control del mercado de los alimentos ha sometido a los campesinos a una dinámica de producción que parece dinamitar una forma de vida tradicional. Producir maíz de manera extensiva es un proceso caro, sacrificado y las ganancias son mínimas.En junio de este año, productores del estado tiraron más de ocho toneladas de maíz a las afueras de la Secretaría de Economía exigiendo el paro a la importaciones de maíz blanco proveniente de Sudáfrica.
Y es que, bajo el pretexto de las heladas de Sinaloa de 2010 y la sequía de Jalisco en 2011 y 2012, el gobierno mexicano permitió la entrada de más de un millón 516 toneladas de maíz blanco en plena temporada de cosecha.
Eso afectó a las economías de los productores pequeños pues ya no hubo mercado para colocar su producto.
De abril de 2011 a marzo de 2012 se habían invertido más de 424 millones de dólares para la compra de un millón 228 mil 817 toneladas de maíz blanco.
Sumado a lo anterior, la entrada de las siembras experimentales de transgénicos permitida por el Senado a empresas como Monsanto, ponen en mayor peligro la vida productiva del campo.
Las opciones se reducen, algunos prefieren rentar sus tierras al mejor postor, emigrar a la ciudad y dejar el campo como modo de vida.
Pero en ese contexto, existen algunos esfuerzos en el estado por mantener con dignidad la herencia de la tierra, abandonar los cultivos llenos de pesticidas y volver a lo tradicional.
Y es que en estos casos, los productos orgánicos son más que una moda o una forma sana de consumo: también es una forma de vida para campesinos jaliscienses que buscan dignificar su trabajo.
La lucha por el maíz
“Defendemos esto, porque no solo es la identidad de la gente, es nuestra independencia”, dice sin reparos Espiridión Fuentes, campesino del municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos mientras sostiene en sus manos una mazorca de su cosecha.
No es una mazorca común, es maíz blanco, ancho y grande que viene de Sinaloa, de donde también es originario el entrevistado.
Hace 12 años que Fuentes decidió abandonar el esquema de producción extensiva de maíz para dedicarse al campo de otra forma.
“Es injusto el proceso de comercialización de la agricultura; no tienes ganancias ni modo de vivir una vida más digna”, critica el productor asociado a la Red de Alternativas Sustentables Agropecuarias (RASA).
Esta organización de origen campesino, que tiene más de 12 años generando espacios para el intercambio de conocimientos de agricultura, opera en 24 municipios del estado.
Espiridión Fuentes critica la forma en que se han desarrollado las políticas del campo en México.
A su modo de ver, en los últimos 20 años se ha perdido la dignidad del trabajo del campesino.
Dice que ahora “se sufre de hambre” porque la gente se creyó el cuento de los monocultivos como negocio.
“Nosotros nos preguntamos cómo volver a ser agricultores, cómo volver a la tierra. No la tenemos que ver como la maquinita de dinero que nos cuentan que es, sino como un modo de vida, como un ser vivo que es indispensable para la vida de la gente”.
México es el país de origen del maíz. Se tienen registros de más de 200 tipos de granos.
Pero con la llegada de las especies híbridas en los últimos 20 años, las semillas nativas se han ido perdiendo.
El año pasado, el Senado permitió la siembra experimental de maíz transgénico en poco más de 2 millones de hectáreas en Sinaloa y Veracruz. Con ello, productores como Espiridión anticipan la desaparición del maíz criollo.
El gran conflicto sobre los transgénicos es que en la modificación del ADN, el grano del maíz ya no se reproduce. Solo da granos una vez y luego se muere. Y a esto se le llama autocastración.
Es así como las milpas pierden su valor, mientras que las tierras se deterioran temporada tras temporada.
La entrada de los transgénicos a México, según explica Fuentes, es una forma de control del mercado de los alimentos. Y con ello, de las sociedades enteras.
Las grandes empresas venden los granos patentados y eso incluye una tecnología (químicos, pesticidas, fertilizantes) con los que la planta crece.
También se necesita de agua abundante, “es una mentira la que nos hicieron creer que los transgénicos resisten a las sequías”, explica Espiridión Fuentes
Pero una vez cosechado, el maíz se vende a precios de mercado, hoy controlado por las importaciones, la tierra queda dañada, la economía de los agricultores no se repone mientras que la pobreza en el campo apremia.
La migración a la ciudad se vuelve una obligación y con ello el consumo de productos en grandes supermercados. Eso, en la lectura del campesino.
Ante este panorama, organizaciones como RASA han buscado generar espacios de agricultura orgánica, además de llevar registros de los granos que se producen en diversas regiones del país.
Cada año, en la red se hacen intercambios de granos. En 2012, en la parcela de los Fuentes fueron sembradas 35 variedades. Entre ellas, maíz blanco de Sinaloa, amarillo de Tamazula y rojo de Chiquilistlán, estos dos últimos de sabor dulce.
Maíz blanco del centro de Oaxaca, otros negros y rojos de la sierra Mixteca alta.
Maíz español, de color tinto intenso, y naranja de la sierra Huichola.

17-20 enero 2013: Encuentro de Pueblos de Mesoamérica

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La intensificación del despojo en Jalisco y México



La intensificación del despojo en Jalisco y México. A 20 años de la reforma al artículo 27 constitucional. FORO EL SÁBADO 17 DE NOVIEMBRE, auditorio Carlos Ramírez Ladewig, CUCSH, UdeG, 11:00 AM.
Participarán:
• Rubén Ávila Marín, abogado experto en asuntos agrarios
• Felipe Echenique, secretario general del Sindicato Nacional de investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (
INAH)
• Gloria Muñoz Ramírez, directora de Desinformémonos y colaboradora de La Jornada
• César Díaz, Unidad de Atención para las Comunidades Indígenas (UACI), UdeG
• Comité Salvabosque
• Pueblos de la barranca del río Santiago
• Pobladores de la costa de Jalisco
• Consejo Regional Wixárika

viernes, 9 de noviembre de 2012

Multiculturalidad

Apatíos, el mote perfecto para los jaliscienses

En varias entidades se considera que los tapatíos no se interesan por los temas sociales. Estadísticas revelan que esto tiene algo de cierto, pero no sólo en la capital, sino en buen parte de Jalisco
Los hombres de 15 a 24 años son los que menos participación ciudadana tienen; sin embargo, aunque los jaliscienses en general son poco activos en este ámbito, sí hay mucha disposición a colaborar en caso de emergencias

Héctor Escamilla/publimetro.com.mx
Los hombres de 15 a 24 años son los que menos participación ciudadana tienen; sin embargo, aunque los jaliscienses en general son poco activos en este ámbito, sí hay mucha disposición a colaborar en caso de emergencias Foto: Cortesía
Apatíos: apodo que frecuentemente se le da a los tapatíos, pues se considera que tienen poco interés en muchos temas que implicarían interactuar con otras personas. Aunque para muchos este mote es exagerado, las estadísticas revelarían que la apatía ciudadana es parte de la realidad, no sólo en Guadalajara, sino en el estado.
Según datos de diferentes dependencias, el jalisciense por lo general no tiene mucho interés en vincularse en organizaciones que busquen una meta común.
De acuerdo con el organismo Jalisco como Vamos, en 2011 el 74% señaló que no estaba asociado a alguna organización civil, mientras que para el 2012, es el 86% de la población quien rechaza vínculos con una ONG o del tipo civil.
Aquellos que sí participan, por lo general lo hacen en asociaciones del tipo religioso, seguido de los sindicatos y, muy atrás, las asociaciones de vecinos y colonos. Así, quienes participan en este tipo de asociaciones son apenas una de cada cinco personas.
Las personas mayores a 50 años edad y las mujeres son quienes demuestran mayor colaboración social. Estos datos son revelados por una encuesta de la Secretaría de Desarrollo Humano del Gobierno de Jalisco.
En este momento, en Jalisco, hay mil 500 organizaciones civiles; en más de la mitad la gente trabaja en ellas porque recibe un sueldo, ello según datos de Corporativa de Fundaciones AC, a través de un estudio realizado el año pasado.
Y si bien se podría pensar que el altruismo no es propio de los tapatíos: el 35% confiesa que ha ayudado cuando hay personas que han sufrido alguna tragedia.
Casos paradigmáticos: la gente se volcó a las calles con las explosiones del 22 de abril en el Sector Reforma o en 2011, la gente colaboró para llevar alimentos para los damnificados del huracán Jova.
En otras palabras, en ciertos casos, los tapatíos tienen mucha disposición para auxiliar a los demás.
Menos colaborativos
Según un estudio hecho por la Secretaría de Planeación en 2011, la gente en la Zona Metropolitana de Guadalajara colabora menos en su comunidad, comparado a otras regiones.
Por ejemplo, la región Sur y Centro de Jalisco son los que menos participan en actividades comunitarias, mientras que en la región Norte y Sierra Occidental, consideradas como las zonas más pobres de la entidad, la intervención ciudadana es mayor.
Es decir, entre menos recursos tiene la zona, más contribuye la gente en actividades sociales para mejorar su situación.
A los tapatíos tampoco les gusta manifestarse
2,500 protestas en calles del Distrito Federal durante 2011, restando aquellas de índole federal
82 manifestaciones hubo en Guadalajara; en este 2012, apenas 48
14% de la población tapatía trabaja en alguna causa u organización civil.
42% de esas personas que ayudan a ONG’s, los hacen sin recibir un sólo peso; el resto recibe una remuneración.
Apatíos, el mote perfecto para los jaliscienses

jueves, 8 de noviembre de 2012

Proyecto solar cuesta un tercio de La Yesca


Foto: Mariana Hernández
Especialistas apuestan por la generación de energía con paneles solares.
Agustín del Castillo/Milenio
Las hidroeléctricas y las termoeléctricas destruyen ecosistemas y desplazan poblaciones. El potencial de la energía solar es generar 50 veces la demanda nacional.
El costo ambiental y financiero de mantener el crecimiento energético ligado al petróleo y a las hidroeléctricas, que minimiza el enorme potencial del país en “energías renovables” —solar, eólica— es descomunal.
Por ejemplo, la presa hidroeléctrica La Yesca o Alfredo Elías Ayub, inaugurada el pasado 6 de noviembre por el presidente Felipe Calderón Hinojosa, representa el triple de costo de un proyecto de generación solar de similares dimensiones y potencial, y su impacto social y a la naturaleza es permanente, señalaron ayer el director del Centro Mexicano de Energías Renovables (Cemer), Víctor Hugo Rangel Hernández, y el promotor del proyecto fotovoltaico de Copala, en Zapopan, Genaro Martínez Delgadillo.
“Estamos haciendo un mal uso de nuestros recursos naturales; lo estamos viendo ya con el petróleo, tenemos otras fuentes de energía como pueden ser la solar y la eólica, o la energía de la biomasa; es el momento de hacer uso de ellas; Alemania está invirtiendo muchísimo aunque no tenga la exposición solar de nosotros”, destacó Rangel Hernández.
Es en buena medida por el peso de los intereses políticos y económicos ligados a la construcción de megaobras, admitió.
El caso de La Yesca es ilustrativo. “Según los datos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), generará 75 megawatts por hora, pero no aludieron a los efectos ambientales de un río alterado y los sociales, al ser desplazadas las personas de sus comunidades y que ni siquiera han acabado de entregarles las indemnizaciones correspondientes”, explicó Martínez Delgadillo.
A los ejidatarios desplazados se les entregó equipo para generar energía solar de calidad insuficiente, pero lo grave es que esta megapresa costó unos 15 mil millones de pesos, “el costo de su equivalencia en dinero para una planta fotovoltaica con similar producción es de un tercio de lo que costó La Yesca y un quinto en el tiempo de construcción”, subrayó.
El director del Cemer señaló que es clave invertir en investigación para aprovechar las fuentes alternativas de energía.
—Pareciera que la política energética va por un carril distinto a la preocupación por el cambio climático.
—De hecho, en la nueva agenda, supuestamente, va a haber cambios, pero al final, las energías renovables no las quieren tocar totalmente; va a haber cambios para Pemex, o sea, toda la parte de combustibles y de petróleo, pero no tocan el tema de las energías renovables, el presupuesto que se le está metiendo es muy bajo, es ridículo […] una de las razones es que esa gente dice, ‘tenemos petróleo, de qué nos preocupamos a 25 o 30 años, o incluso más, con los nuevos descubrimientos’… creo que mientras tengamos petróleo, la parte política no va a hacer mucho caso de los renovables.
—La CFE construye hidroeléctricas que son muy caras, con impactos ambientales brutales en algunos casos, y que está desplazando a mucha gente, ¿no debería ser la CFE uno de los líderes en el cambio del modelo?
—La CFE está trabajando en algunos proyectos, pero no apuesta a este tipo de energía; tiene un centro de investigación, pero yo siento que quiere aparentar, porque seguimos con las centrales termoeléctricas e hidroeléctricas, que son de un gran impacto ambiental.
México provee su electricidad de fuentes fósiles en 74 por ciento, de megapresas (22 por ciento) y geotermia (2 por ciento). El 2 por ciento restante es repartido en fuentes renovables, aunque el país tiene, en el caso de la energía solar, un potencial de generar 50 veces la demanda nacional, según la Semarnat.
Hoy, fallo contra megapresas
En el contexto de la preaudiencia: “Presas, Derechos de los Pueblos e Impunidad”, del capítulo mexicano del Tribunal Permanente de los Pueblos, esta mañana se presentará el fallo contra las megaobras El Zapotillo, Arcediano, La Yesca y Las Cruces, de la región occidental de México, en una conferencia de prensa en el Ex Convento del Carmen de esta ciudad.
La preaudiencia se desarrolló el 5 y 6 de noviembre en Temacapulín, comunidad afectada por la construcción de la presa El Zapotillo. “El objetivo de este evento fue denunciar la política sistemática de violación a los derechos de los pueblos campesinos e indígenas de México ante la construcción de presas y su relación con los tratados de Libre Comercio implementados en el país”, señalaron los organizadores.

Salen migrantes a las calles tapatías en busca de ayuda


Muchos migrantes buscan ayuda económica en cruceros donde por lo general antes no se  les veía; sin embargo,  también han  detectado a personas fingiendo ser migrantes para pedir dinero. Otros se quedaron varados en  Guadalajara y se encuentran en un estado de urgencia humanitaria, según un comunicado de FM4.
Héctor Escamilla/publimetro.com.mx
Muchos migrantes buscan ayuda económica en cruceros donde por lo general antes no se les veía; sin embargo, también han detectado a personas fingiendo ser migrantes para pedir dinero. Otros se quedaron varados en Guadalajara y se encuentran en un estado de urgencia humanitaria, según un comunicado de FM4. Foto: Cuartoscuro

Viajeros se alejan de la zona de de las vías del tren en busca de apoyo para continuar su viaje a EU
Guadalajara es para muchos migrantes un lugar para recuperarse física y económicamente antes de reemprender el viaje a los Estados Unidos. Con lo complejo que se ha vuelto la ruta oriental, los viajeros optan por usar el ferrocarril que pasa por Guadalajara hacia Nogales; sin embargo, primero hacen una escala en nuestras calles.
Muchos migrantes han encontrado en la mendicidad una forma de hacerse de dinero, mientras que para otros es la única forma de recuperarse, después de haber sido víctimas de la delincuencia o las autoridades, y a fin de no quedarse varados en nuestra metrópoli.
En las últimas semanas, decenas de viajeros, principalmente centroamericanos, se apostaron en importantes cruceros de la ciudad, buscando apoyo de los automovilistas. Ahora están en calles donde por lo general no se les veía. Argumentan que es para evitar ser víctimas de criminales que merodean cerca de las vías del tren, además que son áreas donde los mismos mexicanos migrantes se instalan para pedir dinero. Para evitar choques con ellos, los extranjeros mejor se van a otras rúas.
Hirám Abel Ángel Lara, académico de la UdeG y especialista en temas migratorios, destacó que la ciudad se ha vuelto una zona de paso, debido principalmente a los problema para cruzar por Tamaulipas y Nuevo León, que son áreas controladas por grupos criminales.
Usan Guadalajara para llegar a Nogales El especialista mencionó que el flujo migratorio por Guadalajara en realidad disminuyó, después de un alza en los pasados cuatro años, con su punto más alto en el 2010.
Dijo que durante varios años los migrantes que se establecen temporalmente en Guadalajara piden dinero en la zona cercana a las vías del tren en avenida Inglaterra, colonias como Jardines del Bosque o la propia colonia Moderna; sin embargo, ahora han buscando expandirse a otras avenidas importantes, donde pasan personas con mayor poder adquisitivo.
“Cuando los migrantes se instalan en cruceros hay dos tipos de posiciones: quienes los apoyan y quienes los rechazan.
No necesariamente piden dinero, a veces sólo con alimentación y ropa. En Guadalajara hay varios grupos de apoyo humanitario que están trabajando para apoyar a los migrantes, precisamente para evitar que se cometan abusos sobre ellos, quizá no los traficantes de personas, sino las propias autoridades; se han documentado casos en esta parte del país que cuerpos de seguridad abusan de ellos”.
El experto advirtió que en un futuro, bandas de traficantes podrían llegar a voltear a esta zona en un afán de utilizar o explotar migrantes y que pidan limosna para generarles ganancia, por lo que las autoridades deben estar al pendiente para protegerlos.

Tienden una mano amiga
A fin de apoyar a los migrantes en su paso por Guadalajara, el organismo FM4 Pasó libre creó un Centro de Atención en avenida Inglaterra en donde se asiste a los viajeros proporcionándoles alimentos, agua, ropa, medicinas y un espacio en donde puedan asearse y descansar durante algunas horas antes de reemprender el camino.
El CAM atiende en promedio a 15 transmigrantes por día, aunque en ciertas jornadas llegan a auxiliar hasta a 40 personas. Si te interesa apoyar puedes escribir a procuracion@fm4pasolibre.org

Apoyo al migrante
Los migrantes son personas con derechos que deben ser respetadas y no criminalizarlos, pues buscan un mejor futuro para ellos y sus familias. El organismo FM4 Paso Libre sugiere apoyar a los migrantes de la siguientes maneras:
• No dar dinero. Brindar comida y/o agua.
• Canalizarlos. Al Centro de Atención al Migrante de FM4 Paso Libre (Av. Inglaterra 280-B Col. Moderna) y/o otras instituciones de asistencia social.
• Organizarse. Con sus vecinos y parroquias, para dar apoyo de forma coordinada, informada y segura.

Entrevista
No nos molestan”

Lucía y Manuel piden dinero en una avenida tapatía; en dos días pretenden seguir su camino a EU.

¿Los han molestado las autoridades por ser migrantes?
Lucía: Hace poco nos pidieron los papeles…
¿Los dejaron en paz?
Lucía: Sí, nos dijeron que si no había reporte, pues no había nada malo.
¿Alguien los está apoyando o impulsando para que vengan a pedir a los cruceros?
Manuel: Nadie…
Lucia: No, eso lo hacemos desde que venimos de abajo.
¿Es la primera vez que van hacia el norte?
Lucía: Sí, es mi primera vez.
Manuel: Sí…
¿No han ido a buscar apoyo a los organismos que ayudan a los migrantes?
Manuel: Sí hemos ido.
Lucia: Lo que pasa es que abren a las 4:30 y nos bajamos del tren en la noche, ¿cómo esperamos todo un día para comer, si abren a las 4:30 y cierran a las seis?
Manuel: Andamos en la calle porque estamos en un país que no es de nosotros; una vez un policía sí me amenazó, que me la iba a pelar porque ya había matado a varios, pero era un racista.
¿Dónde fue?
Manuel: Allá frente a las vías por Inglaterra, por donde está una escuela de inglés.


Entrevista
Más seguro por acá
José, de 23 años, oriundo de Villanueva, Cortés, en Honduras, hará un nuevo intento por llegar a Estados Unidos. Ayer aún estaba en Guadalajara.

¿De dónde eres?
De Honduras…

¿Cuánto tienes viajando?
Tres meses.

¿Por qué en Guadalajara?, ¿qué haces en la calle?
Estamos más seguros aquí, porque allá para Piedras Negras hay muchos Zetas que lo molestan a uno.
¿Es la primera vez que viajas?
Ya son cinco veces… me han agarrado del otro lado.
¿Aquí la gente cómo te trata, coopera más contigo?
No, igual, nomás sacamos para comer…
¿Cuándo sigues el viaje?
Hoy (ayer) en la noche nos queremos ir, nomás que como tenemos que ir en el carguero, porque ya en el intermodal no nos dejan subir, porque va custodiado.
Ahorita que estás pidiendo en la calle, ¿es por tu cuenta?
Por nuestra cuenta…
Pero, ¿por qué se alejan de la vía?
El problema es que en la vía pasan muchos malandros y nos asaltan, también pasa mucho mexicano, mucha gente que anda pidiendo allá que son mexicanos y mejor nos alejamos para acá. Fijate que en las otras fronteras está más madreada y está más seguro por aquí.

sábado, 3 de noviembre de 2012

El abc de la pre audiencia de Presas, Derechos de los Pueblos e Impunidad


¿Qué es eso del TPP?
El Tribunal Permanente de los Pueblos (al que llamamos TPP) fue fundado en 1979. Se creó en Roma, Italia, por personas reconocidas internacionalmente. Tiene la misión de realizar eventos para que los pueblos opinen sobre las violaciones a los derechos humanos que comete el gobierno y las empresas de su país; es decir, genera eventos donde el pueblo es quien los juzga por su corrupción, impunidad y omisión ante las necesidades verdaderas que tenemos los pueblos y para que nos puedan escuchar diferentes instituciones nacionales e internacionales e intervengan por nosotros.
Desde 1979 diferentes organizaciones defensoras de derechos humanos hacen contacto con el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) para que se presenten en sus países. Es por esto,  que en octubre del año pasado se solicitó llevar a cabo en México y tener un juicio nacional en el 2014, donde se hará un juicio nacional del pueblo al gobierno y las empresas. Al TPP en México se le llama: Tribunal Permanente de los Pueblos-Capítulo México.
¿Y en México, qué vamos a juzgar?
En México vivimos una serie de problemas de violencia y violaciones a los derechos humanos porque se han firmado diversos acuerdos con Estados Unidos y Canadá, llamados: Tratados de Libre Comercio (TLC´s), para que se utilicen, vendan y exploten nuestros recursos naturales (agua, tierra, maíz, etc.,) y nuestra mano de obra barata para trabajar en sus empresas y negocios sin importar todas las afectaciones que nos causen. Para hacer que estos tratados se cumplan, el gobierno en contubernio con las empresas han hecho cambios a las leyes, han negociado acuerdos por nosotros y nosotras, vendido nuestros recursos naturales y sobre todo han actuado en total ilegalidad cuando se ha demostrado que incumplen con las leyes que nos protegen (a esto se le llama impunidad).
En México tenemos una gran cantidad de pueblos y grupos que luchamos porque vivimos diversas afectaciones y por eso se realizaremos  AUDIENCIAS de diferentes temáticas, mira:
  1. Violencia, impunidad y acceso a la justicia,
  2. Feminicidios y violencia contra las mujeres,
  3. Violencia contra los migrantes,
  4. violencia contra los Trabajadores y trabajadoras,
  5. Violencia contra el Maíz y la soberanía alimentaria,
  6. Devastación ambiental y derechos de los pueblos,
  7. Censura y desinformación contra los Medios de comunicación.
¿Qué es eso de la pre-audiencia del TPP?
Cada audiencia tiene su previo evento, al que llamamos: PRE-AUDIENCIA. Es en las pre-audiencias donde participa Temaca y todas las luchas del MAPDER para denunciar todas las consecutivas violaciones a los derechos humanos que el gobierno de México ha cometido contra nuestros pueblos campesinos e indígenas por la construcción de presas.
¿Y Temaca qué denunciará en la pre-audiencia?
En Temaca vivimos la amenaza de ser desplazados de nuestra comunidad, perder nuestro patrimonio, historia y cultura y la región de Los Altos de Jalisco se encuentra en riesgo de quedarse sin agua por la construcción de la presa El Zapotillo, porque:
  • El gobierno de México ha firmando Tratados de Libre Comercio (TLC´s) para garantizar a las empresas trasnacionales producir y comercializar  su mercancía libremente en el país. Es por esto, que el gobierno de Guanajuato necesita el agua del río Verde para que las industrias que se encuentran en su estado: Volswagen, Pirelli, Flexy, Emyco, entre otras, tengan agua para producir.
  • La CONAGUA y la CEA, siendo las instituciones responsables del agua en México, cambian las leyes para dar agua y energía a las empresas y por eso construyen presas de  abastecimiento o hidroeléctricas (en el caso de otros estados del país). Además, contratan a otras empresas para la construcción y distribución del agua: FCC, Abengoa, y La Peninsular del Grupo Hermes.
  • Los gobiernos de Jalisco y Guanajuato firman acuerdos en contubernio para brindar el recurso del estado, sin importar los daños que causan a nuestras comunidades y violan los derechos humanos de Temaca, además de que originan problemas ambientales para la región y el país. Amenazan y reprimen a quiénes protestan por estas injusticias y no respetan la ley.
¿Quiénes serán jueces de estas denuncias?
A la pre-audiencia le llamamos “Presas, Derechos de los Pueblos e Impunidad”.  Se llevará a cabo del 5 al 9 de noviembre en la comunidad de Temacapulín.
A este evento llegarán personas reconocidas internacionalmente, expertos abogados o abogadas, académicos y luchadores sociales incansables que escucharán el testimonio de Temaca y de las otras luchas del MAPDER para después emitir una recomendación a las autoridades nacionales e internacionales correspondientes. Elaborarán un documento para usarlo ante el gobierno mexicano e instituciones internacionales y continuar con la defensa de nuestro pueblo.
Programa -dar clic para ampliar-